No somos
enemigos
En la guerra que
inventaron, en septiembre de 1973, las fuerzas golpistas decretaron el Estado
de Guerra Interna, mediante el Decreto Ley N°5 de 12.09.1973. Con esa medida,
se implantó la obediencia férrea y vertical a las órdenes superiores, so pena
de fusilamiento; además, se estableció una situación de riesgo que se tradujo
en sobresueldos a los uniformados. Esta situación duró hasta 1978. Desde el 4
de septiembre de 1970, EEUU había instruido impedir la asunción de Salvador
Allende a la Presidencia de Chile. Desde ese minuto se inició el complot y hubo
aliados locales que la Memoria tiene muy presentes, porque constituyen un
sector de civiles que, habiéndose beneficiado y colaborado con el régimen
militar, nunca han reconocido su participación y responsabilidad en dicho golpe
de estado.
Esa conspiración,
según lo que ha revelado el propio gobierno norteamericano en el Pinochet
File, había fracturado el principio de
no deliberación que debían respetar las fuerzas armadas, subordinadas al poder
civil. Mártires de la doctrina militar de respeto a la Constitución y las
leyes, fueron el General René Schneider, el General Carlos Prats, el Edecán
Arturo Araya Peeters, el conscripto Miguel Nash.
Las Fuerzas
Armadas, haciendo suya la doctrina de Seguridad Nacional insuflada en la
Escuela de las Américas en el marco de la guerra fría, siguieron las órdenes
transmitidas por Nixon y Kissinger, irrespetaron la Constitución de 1925 que
habían jurado respetar.
La ultra derecha,
con su cara visible en el Movimiento Patria y Libertad, la derecha
parlamentaria aglutinada en el Partido Nacional más el sector conservador de la
DC, recibieron recursos de la CIA para desestabilizar el gobierno de la Unidad
Popular. El gobierno popular postulaba un camino institucional y democrático al
socialismo, el mismo que se vio trabado, desde su triunfo electoral. El 25 de
octubre de 1970, la ultraderecha atentó y asesinó al Comandante en Jefe del
Ejército, General René Schneider, frente a lo cual la Democracia Cristiana
apoyó el nombramiento de Allende, pero le exigió la suscripción del Pacto de
Garantías Democráticas denominado Estatuto de Garantías Constitucionales.
Posteriormente, se vivió una vorágine, en la cual cada intento de acercamiento
de la Unidad Popular al sector progresista de la DC, se vio frenada por algún
crimen político. El del Ministro Edmundo Pérez Zujovic, ocurrido en junio de
1971, dejó a la derecha freista sin el contrapeso del sector progresista, que
intentaba un acuerdo con el gobierno de Allende y que impulsaban Radomiro
Tómic, Bernardo Leighton y el propio Edmundo Pérez Zujovic. El sector de
derecha, encabezado por Eduardo Frei Montalva primó en el PDC y los personajes
que se sumaron al complot, según información de los archivos desclasificados de
la CIA, fueron, entre otros, Andrés Zaldívar, Juan de Dios Carmona, Juan
Hamilton, José Piñera Carvallo y Patricio Aylwin Azócar
Al interior del
gobierno popular, que enfrentaba el boicot de la oposición, se sumaban el
desabastecimiento, el paro de los camioneros, la violencia creciente en las
calles y una indisciplina pertinaz de sectores del Partido Socialista y del
MAPU Garretón, que sobrepasaban los lineamientos presidenciales y con sus
acciones en poco ayudaban a frenar la espiral de violencia. La ultraderecha
tocó cacerolas, tiró trigo a los cuarteles para que las FFAA dieran el golpe.
La Unidad Popular en las elecciones municipales de 1972 superó el 52% de
adhesión, en septiembre Allende llamaría a un plebiscito para distensionar la
caldera, pero frente a ello, se apresuró el golpe. Desde el 11 de septiembre de
1973, se impuso la Doctrina de Seguridad Nacional y los militares representados
en la Junta de Gobierno, proclamaron el Estado de Guerra Interna a partir de lo
cual se justificaron todas las atrocidades que afligieron al pueblo chileno,
marcando además la preponderancia de lo castrense por sobre la civilidad,
adjudicando, de ahí en más, a los militares privilegios que los convirtieron en
instrumento para un plan externo generado en el EEUU.
Fue así como las
Fuerzas Armadas tomaron el poder en 1973 y, sin tener un plan nacionalista en
lo económico, adoptaron el que les ofreció Jorge Cahuas y su equipo, formados
en la Escuela de Chicago, discípulos de Milton Friedman, convirtiéndose los
militares, a partir de allí, en custodios de un modelo neoliberal impuesto a
sangre y fuego y auxiliado cada vez que se requirió, por recursos públicos.
Se vendió al
mundo el exitismo de un modelo generador de riqueza, se pregonó el fin de la
historia, pero lo real es que el neoliberalismo no generó nuevas empresas, sino
sólo traspasó a manos privadas el patrimonio público generado a partir de los
años 40, a través de CORFO, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. La falacia
de que el mercado libre es el generador de crecimiento y que el chorreo
transmitiría los beneficios al resto de la población, se comprobó en la crisis
de 1982, cuando se alcanzó un 30% de desempleo reconocido. Esa crisis fue el
profundo fracaso del modelo, pues, luego de 5 años de libertinaje financiero,
se produjeron históricos fraudes crediticios, que se implementaban a través de
empresas de papel, con préstamos auto otorgados, sin respaldo, lo que llevó a
la quiebra de toda la economía. El salvavidas del modelo y del régimen militar
en medio de protestas, vino desde el Estado, que desde 1983 en adelante,
aplicando pragmatismo keynesiano, compró a la banca quebrada toda su deuda, inyectándole
5 mil millones de dólares, en lo que se llamó la deuda subordinada. Se impuso a
la gente el sistema de las AFP, excepto para las FFAA; se dictó la ley de
concesión plena para impedir las nacionalizaciones de compañías mineras y se
crearon subsidios para las exportaciones no tradicionales. Luego, en los
ochenta vino el saqueo de lo público y todas las empresas de servicios que eran
del Estado, telefónica, eléctricas, puertos, salitre y yodo, transporte,
metalurgia, fueron intervenidas y traspasadas a precios viles a los
“interventores”. En ese período quienes criticábamos el modelo éramos
denostados como los gasfíteres. Después de la lucha de los 80 por la
recuperación democrática, la civilidad en los 90, sufrió la gran estafa
histórica de parte de las élites que llegaron para negociar la transición a la
democracia.
En un inteligente
repliegue estratégico, plebiscito de 1988 mediante, las Fuerzas Armadas
aseguraron que se mantuviera incólume el modelo económico, logrando instalar
como contraparte una social democracia chilensis, pragmática y obsecuente, que
se entregó a tales objetivos, lo que significó excluir y marginar del proceso a
líderes genuinos de la civilidad de los 80 y todos los equipos profesionales
críticos, los que fueron sacados del escenario político, mientras se negociaba
con secretismo una transición amañada y gatopardista, que fue corrompiendo a la
clase política, dividiendo para reinar.
En 1981, cuando
se había implantado el sistema previsional de capitalización individual, las
fuerzas de la Defensa Nacional habían sido excluidas y mantuvieron su mismo
sistema de reparto. En la transición, el ruido de sables por la investigación
de los pinocheques justificó la desmovilización social y la profundización de
un modelo basado en el consumo, en el individualismo y la competencia, alejando
cualquier figura asociativa que sonara a colectivo o comunismo. La máxima
obsecuencia se apreció cuando líderes socialistas y demócrata cristianos
corrieron a Londres a defender al ex dictador y Senador designado, Augusto
Pinochet.
La profundización
del modelo, a cargo de gobiernos de la Concertación significó abrir la minería
a multinacionales que pudieron a partir de allí, exportar concentrados y
tributar sobre renta efectiva, lo que ha significado un constante saqueo de
valiosos recursos naturales, facturaciones subvaloradas y una tributación
tendiente a cero; en el primer gobierno de la Concertación, se entregó a SQM y
Rockwood el litio del Salar de Atacama; en los gobiernos sucesivos, Frei,
Lagos, Bachelet, se estableció un oscuro sistema de concesiones de puertos,
carreteras, sanitarias, que significó suscribir contratos leoninos para el país
y la ciudadanía, con sobreprecios convenidos y que cínicamente llamaban
sobresueldos necesarios, mientras se hacía gárgaras con la transparencia y con el correcto
funcionamiento de las instituciones. Hitos de esta decadencia quedaron
reflejados en los procesos de MOP GATE y MOP CIADE, en los escándalos de
Inverlink, de la ley de Pesca que se
dictó literalmente desde las empresas a parlamentarios cohechados. Después se
conoció del financiamiento ilegal de la política, en los casos Penta y SQM, las
colusiones de papel tissú, de los pollos, de las farmacias, teniendo como
sanción, clases de ética; la aprobación de termoeléctricas a petcoke y sus
zonas de sacrificio; Codelco pactando con los
de MinMetals el uso de paraísos fiscales para reducir los retornos
reales; el crédito universitario CAE traspasado a la banca a intereses de
usura; la malversación de fondos públicos en el Ejército y en Carabineros, que
ha involucrado a altos mandos en una corrupción estructural; todo un extenso
prontuario de las instituciones, con una clase política que recibe
remuneraciones y asignaciones que son las más elevadas dentro de la OCDE y que,
adicionalmente, recibe dineros ilegales de las empresas; tráfico de
influencias, prevaricación en la Justicia; grupos empresariales coludidos con
los políticos para enviar a la vía muerta los delitos tributarios, manipulando
al SII o a la Fiscalía para dejar en la vía muerta los episodios de aportes
ilegales, cohecho y facturas ideológicamente falsas; todo lo reseñado y mucho
más, circulando dentro de la alta cocina y la burbuja de la élite, todos con
tejado de vidrio y en un empate continuo que ha sido percibido por décadas por
la opinión pública, que los ubica como los peor evaluados.
Súmese a lo
descrito el deterioro moral que se ha vivido de decadencia y corrupción moral
en las Iglesias Católica y Evangélica, lo que ha llevado en Chile a un
descontento transversal y un sentido de decadencia ética en toda la sociedad
chilena, que produce un efecto cultural de alto riesgo, como lo es percibir que
“si tanto roban los de arriba, que roben los de abajo no es ni pecado venial”.
La corrupción transversal provoca situaciones de repudio visceral, de
impotencia y desprotección, donde no hay en quién confiar.
Revisar lo que
nos ha pasado como nación y entender el estado de ánimo que ha culminado en el
reventón social en que estamos inmersos, es útil para avizorar salidas
posibles.
El mito de
izquierdas y derechas ha sido demolido por la corrupción transversal que los ha
caracterizado. En el actual gobierno, la opción de reprimir y sembrar miedo no
ha sido eficaz, porque la sociedad ha tocado fondo y en esa situación extrema
el agobio y la ira elimina los límites de la seguridad personal. Una sociedad
agredida a diario sale a romper el sistema, los más sensatos proponen canales,
cabildos abiertos, asambleas, proyectos de una nueva constitución. Pero también
están en la calle los más castigados por este orden social, esos que viven el
presentismo, desertores de la escuela a edad temprana, producto de familias
fallidas, “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan, muchos reclutados por
el microtráfico, sometidos a un Estado paralelo que rige con sus leyes y ritos
propios la marginalidad. Jóvenes sin expectativas de nada, que se desahogan
aprovechando las oportunidades para dañar lo que aparece como símbolo del
sistema. Los jóvenes conscientes de las causas profundas de su situación actual
y la de su padres, son la reserva cívica de Chile; pero esos otros, vulnerables
social y emocionalmente, deben ser acogidos con una actitud adecuada,
entendiendo con empatía que su violencia es respuesta retardada a años de
maltrato social, porque ser pobres en una sociedad de consumo llena de
vidrieras de lujo, es más terrible que serlo en la pobreza digna, obrera y
solidaria de 50 años atrás.
Cuando observo la
realidad social de esos jóvenes marginados, me recuerda la rebelión contra el
automóvil en la cintura de París, en poblaciones marginales que explotan en una
ira contra el sistema incendiando miles de automóviles, que ese sector ve como
identitario del sistema al cual no pertenecen porque no los dejan pertenecer.
Como consecuencia
del desgobierno que se ha dado en Chile en las últimas dos semanas, se cayeron
las reuniones internacionales de APEC y COP25.
Respecto a esta
última, existía la esperanza de medidas que dieran señales de compromiso
oficial frente a lo ambiental. Se hablaba de cerrar la Refinería de
Codelco-Ventanas, de eliminar termoeléctricas a carbón, de cerrar la mina
invierno en Punta Arenas, de cambiar el Código de Aguas para devolver su
propiedad al Estado y poner fin a la especulación; atacar con energía jurídica
el robo de agua por parte de empresas agropecuarias en desmedro de las
comunidades rurales, como las de La Ligua y Petorca. Por lo tanto, que el foco
ambiental se vaya de Chile, nos somete a una mayor probabilidad de que el abuso
en lo ambiental y la codicia sigan imperando.
Como corolario de
esta crónica, puedo señalar que, con similar energía y sueños de justicia
social que me movían 50 años atrás, cuando como joven profesional participé en
el proceso de los mil días en Chile y escribía desde esa tribuna crónicas
encendidas de utopías, así he vivido también estas dos semanas de movilización
social, aportando la palabra y la fe, desde el modesto espacio de la generación
del 70 a la que pertenezco, para apoyar a los valientes jóvenes que abrieron
estos espacios de esperanza, para poner fin a tanto cinismo político, abuso y
violencia represiva. Del mismo modo, he llamado a aislar la acción de vándalos
que termina siendo funcional a la represión que ha sufrido la legítima protesta
social, a la que desde el poder se ha pretendido criminalizar.
En los cabildos y
asambleas, en las redes sociales, en los sindicatos y gremios, en las juntas
vecinales, “todos somos todos”, reencontrándonos de nuevo como en los ochenta,
por el término de tanto abuso, por la construcción colectiva de una nueva
Constitución que abra caminos a la paz social, a la equidad en la distribución
del ingreso, al desarrollo de las personas con igualdad de oportunidades.
Desde mi
profesión, desde las Ciencias Políticas, puedo decir que la expectativa que
tenemos los chilenos es recuperar un Estado que se haga cargo de sus
obligaciones, que asegure los derechos básicos de la población, que ejerza su
autoridad para fiscalizar y sancionar a los que evaden y erradicar la
corrupción dentro de sus funcionarios. Una sociedad de pie, fiscalizando a las instituciones y auditando el gasto
público, en comunas, regiones y a nivel central. Políticos que trabajen en sus
cargos, a condición de hacerlo bien y rendir cuentas, pudiendo ser removidos
cuando incumplan. Políticos que sean reales servidores públicos, con una
remuneración acorde con su cargo, regida por la Escala Única de Sueldos del
Sector Público. Políticos con pertenencia a Partidos Políticos que defiendan
ideas y no sean verdaderas agencias de empleo o sociedades anónimas. Y que
puedan ser candidatos al Parlamento los dirigentes sociales, llámese
sindicalistas, dirigentes gremiales, ambientales, educadores, terminando con el
nefasto monopolio que esos Partidos acordaron para preservar sus privilegios.
En Chile No
Estamos en Guerra. Aunque insistan la oligarquía, la plutocracia y sus
pretorianos en considerarnos sus enemigos. El único enemigo al que atacaremos
siempre será la Corrupción, venga de donde venga.
01 Noviembre
2019
Periodismo
Independiente, Hernán Narbona Véliz, @hnarbona en Twitter.
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