Qué duda
cabe de estar viviendo un momento histórico crucial, la oportunidad única por
décadas, de alcanzar un cambio profundo en la organización política del Estado
de Chile, lo que ha de significar alcanzar una sociedad que se centre en los
Derechos del Hombre, desmantelando los enclaves de la dictadura y el
neoliberalismo, yendo a la redacción de una nueva Constitución Política y un
nuevo trato.
La
necesidad de ponernos de acuerdo, desde la sociedad civil, exige deponer
dogmatismos, fundamentalismos ideológicos o religiosos, para crear los
parámetros básicos, un mínimo común, que permita caminar con esfuerzo colectivo
hacia una sociedad del bien común. Esta expresión, el Bien Común, es la
preminencia del interés general por sobre los intereses particulares. Quizá sean
el individualismo o el sectarismo proselitista, las grandes piedras del tope
que se debe superar para alcanzar la necesaria sensatez. Pero lo usual es que
ello provenga de la gente de a pie, que viene luchando por décadas por
recuperar soberanía, antes que de cúpulas partidarias.
El poder
popular requiere ser participativo desde la base, pero, al mismo tiempo, comprometido
con principios democráticos sólidos, para que sea el disenso una forma de
llegar a acuerdos mínimos sólidos y fructíferos para todos, sin caer en totalitarismos
que demuelen cualquier proyecto de unidad. Fijar y comprometerse a un bien
mayor, exige puntualizar cuáles son esos pisos mínimos y jugarse en el proceso
constituyente por alcanzarlos. Hay que entender que estamos en un aprendizaje
colectivo, donde se debe superar la desinformación, el fuego amigo, los
personalismos sectarios, en definitiva, muchas malas prácticas del poder para
implantar medidas gatopardistas, que hemos conocido en múltiples instancias de
mesas o comisiones de trabajo, en los últimos 30 años.
En este ánimo de unidad, se propone una serie
de principios constitucionales que vertebren un Acuerdo Ciudadano Mínimo para
el Apruebo Nueva Constitución en Octubre 2020. Propongo como reflexión el
siguiente conjunto de medidas fundacionales para una sociedad democrática
centrada en el respeto a los derechos humanos y del medio ambiente.
1. Consagrar un Estado
Democrático, comprometido con la protección de la Vida, que asegure como
derechos humanos fundamentales la Salud, la Seguridad Social, la Educación, la
preservación del Medio Ambiente.
2. El Estado Responsable
sustituirá al Estado Subsidiario. Impulsará el desarrollo armónico del
territorio y la sustentabilidad de los recursos naturales, realizando gestión
económica en el marco de una economía mixta y planificación participativa, actuando
en forma directa o asociado con el sector privado.
3. El Estado de Chile se
declarará multinacional, reconociendo la chilenidad como un mosaico de
etnias, consagrando los derechos de los pueblos originarios a mantener su
cosmovisión y obtener reparaciones territoriales e integrarse en armonía al
desarrollo armónico del país.
4. El Estado establecerá un
sistema de seguridad social mixto o de reparto, que entregue pensiones
dignas, con la creación de un organismo público autónomo, técnico, con aporte
tripartito del Estado, del empleador y del trabajador. El destino del ahorro
interno de los fondos previsionales podrá ser colocaciones en los mercados de
capitales, capital de riesgo para proyectos asociativos o cooperativos, las
pequeñas y medianas empresas y las personas.
5. El Estado recuperará el
control del Agua y fijará políticas públicas para alcanzar seguridad
alimentaria, recuperar agricultura campesina, el bosque nativo y el
ferrocarril, generar autonomía energética con energías limpias, promover la
industrialización del cobre y el litio en el país.
6. El Estado recuperará la
Salud Pública, optimizará el uso de pabellones quirúrgicos en hospitales
públicos, el Estado invertirá en el recurso humano propio y dejará de canalizar
recursos a clínicas privadas. Se expandirán farmacias populares y la producción
de medicamentos genéricos.
7. El Estado fortalecerá la
educación pública, desde el jardín a la Universidad. Se sincerará el tema
educacional y se recuperará el rol del Mineduc para fijar políticas de
educación. Se cerrarán carreras que sean un fraude a la juventud y las
familias. Se promoverá la educación técnica. La Superintendencia de Educación
Superior fiscalizará el sistema privado exigiéndole que funcione sin fines de
lucro. La educación municipalizada volverá a quedar centralizada en Mineduc con
un Magisterio de carrera y dignificado en su jerarquización.
8. El
Estado Fiscalizador combatirá la evasión. Se fortalecerá las funciones
fiscalizadoras de la Contraloría, del Servicio de Impuestos Internos y del
Servicio Nacional de Aduanas. Se modificará el Código penal para fijar penas de
cárcel a los delitos de corrupción y delitos económicos, agregando la muerte civil de por vida del
sentenciado. Agregar también degradación y destitución.
9. El Estado promoverá un
Economía del Bien Común y de Integración Regional, promoviendo desde las
políticas públicas el emprendimiento, con la creación de empresas pequeñas y
medianas, cooperativas, comercio detallista, servicios, turismo, autogestión,
integración física y cultural con América del Sur. Se procurará generar
incentivos para que la gente se radique en las regiones y se desahogue la
megalópolis de Santiago.
10. En materia valórica se
plantea la libertad personal responsable. El Estado será efectivamente Laico
y ningún credo o grupo podrá desviar el sentido neutral del Estado ni presionar
por privilegios discriminatorios.
Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente,
Escritor, Administrador Público, Licenciado en Relaciones Internacionales, Especialista
en Modernización Aduanera y Negociaciones Internacionales.
Valparaíso, Agosto 17, 2020.
