Principios Básicos para Una Nueva Constitución
El plebiscito del 25 de Octubre es parte de la respuesta de los partidos políticos para recuperar la iniciativa perdida ante el movimiento social el 18-O y darle respaldo a Piñera para terminar su mandato. Sin embargo, también se ha convertido en la primera oportunidad que tienen los chilenos para rechazar, en las urnas, la ilegítima constitución de Pinochet-Lagos.
El proceso constitucional, impuesto tras el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, representa el intento de la clase política de quitarle el protagonismo al movimiento social, que ha venido exigiendo el término del modelo desde el 18 de octubre de 2019 a lo largo de todo el país, en un proceso constituyente donde es el pueblo soberano autoconvocado el que está buscando el modo en que la sociedad chilena se organice económica, política e institucionalmente.
Es la sociedad civil y sus organizaciones de clase, con sus jóvenes mutilados y encarcelados, con su solidaridad en las ollas comunes, con su resistencia a los designios de la oligarquía instalada en el gobierno, con sus aportes y sacrificios para superar la pandemia del COVID-19, con su historia de movilizaciones contra el modelo de los abusos, quienes deben dar contenido a una Nueva Constitución.
En ese contexto, la Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos reitera su declaración del 16 de noviembre de 2019 (1) y llama a votar el 25 de octubre, como debe hacerlo en cada votación todo ciudadano consciente de sus deberes cívicos, y a marcar APRUEBO una Nueva Constitución entendiendo que el mandato popular apuntará a definir una sociedad basada en la solidaridad y en los derechos sociales, que garantice el desarrollo soberano de Chile con respeto por todos los Pueblos que conforman la Nación, por el Medio Ambiente y la Naturaleza.
Esa Nueva Constitución no surgirá del proceso constitucional en desarrollo, sin una decidida, sostenida y potente intervención del pueblo, para imponer sus demandas y exigencias a la clase política, a los partidos del Acuerdo por la Paz y a los Convencionales que resulten electos.
Por ello, la Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos invita a las organizaciones sociales, a los pueblos organizados, a los jóvenes de la Primera Línea, a los cabildos que debatieron durante el alzamiento popular, a los colegios profesionales, a los académicos, a los estudiantes, a los movimientos que tienen reivindicaciones propias, a los movimientos y partidos políticos antineoliberales, a los independientes con consciencia social, a pronunciarse sobre los contenidos que debe tener una Nueva Constitución y a declararlos públicamente para que sirvan de hoja de ruta a quienes deberán pronunciarse sobre ellos.
En aras de levantar una plataforma de convergencia cívica, consideramos que una Nueva Constitución debe recoger las prioridades que evidenció la consulta de diciembre 2019 en 225 comunas de Chile y, en sus principios de humanismo y justicia social, recoger la Propuesta Constitucional de Salvador Allende (2) y consagrar algunas definiciones básicas como las que, a continuación, proponemos:
1. Un Estado Responsable, sustituirá al actual Estado Subsidiario. Su misión primordial será la protección de la Vida y garantizar los Derechos Sociales, entendiendo por tales Alimentación, Seguridad Social, Salud, Educación, Trabajo, Acceso al Agua, Entorno Ecológico libre de contaminación, Cultura, Vivienda, Deportes y Recreación, Equidad de Género y Protección de la Infancia.
Los Derechos Sociales no podrán tener el carácter de mercancía ni se les podrá explotar con fines comerciales.
2. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todos los recursos naturales del aire, suelo y subsuelo del país.
Será de su exclusiva responsabilidad la protección y utilización racional y sustentable de ellos. También podrán ser nacionalizados los bienes de producción que el Estado declare de importancia estratégica o preeminente para la vida económica, social o cultural del país. La participación privada, en sociedades conjuntas con el Estado, no excederá el 49% de las acciones.
Los minerales extraídos serán refinados e industrializados en su totalidad en el país. Se iniciará de inmediato un proceso de desprivatización en condiciones que serán establecidas con transparencia, capacidad de auditoría, seguimiento y poder revocatorio de las regiones y la sociedad civil, en donde se asiente cada proyecto.
3. Un Estado Plurinacional, con una profunda vocación de paz e integración regional, que consagre los derechos de los pueblos originarios a mantener sus tradiciones, costumbres y cosmovisión, a obtener del Estado reparaciones que resuelvan deudas históricas y a integrarse como aporte al desarrollo sustentable del país.
4. Un Estado Fiscalizador que combata la evasión y fije una política tributaria progresiva que aplique mayor carga tributaria a los sectores y estamentos de más altos ingresos, para lograr como objetivo de mediano plazo una equidad tributaria.
Se sancionarán la corrupción, la usura, la especulación, la concentración monopólica y los delitos económicos con pena severa de cárcel y la muerte civil. Cuando estén involucrados estamentos castrenses, se agregará degradación y destitución.
Se repondrán y fortalecerán las atribuciones y competencias del SII, Servicio Nacional de Aduanas, Contraloría General de la República y Municipalidades, para iniciar acciones judiciales, cuando identifiquen algún ilícito aduanero, tributario, corrupción o delito económico. La Sociedad Civil tendrá capacidad de actuar y se consagrará la institución del Defensor del Pueblo, en distintas materias, que defenderá a las personas y las Organizaciones Sociales cuando se vean afectados sus intereses.
5. Economía democrática. Su objetivo central será satisfacer las necesidades y requerimientos del pleno ejercicio de los Derechos Sociales indicados en el punto 1.
Tendrán reconocimiento constitucional la propiedad estatal, social, comunitaria, privada y mixta. Como un principio de regionalización y de desarrollo de los espacios locales, un porcentaje de la tributación de las industrias estratégicas se destinará directamente a las Comunas en las que ellas se asienten o desarrollen su actividades productivas, comerciales o logísticas. Se recuperarán el ferrocarril y el cabotaje marítimo para el transporte de carga.
Se establecerá un sistema bancario de fomento que contemple la recuperación del Banco del Estado como organismo regulador y a CORFO como entidad que promueva la actividad económica de los sectores pequeños y medianos.
El mercado financiero tendrá el carácter de industria estratégica y estará regulado por el Estado, el Banco Central mantendrá su autonomía priorizando las estrategias de desarrollo de largo plazo del país.
6. Un Estado Soberano en un mundo multipolar.
Se fortalecerán la cooperación y la integración regional latinoamericana, promoviendo proyectos colaborativos de integración física, industrialización, turismo, ciencia y tecnología.
La Legislación nacional se ajustará automáticamente a la normativa internacional que derive de los tratados, convenciones y otros acuerdos que Chile firme y ratifique. Será obligación del Poder Legislativo fiscalizar el cumplimiento de la adecuación normativa o reglamentaria para cumplir con esta disposición constitucional.
Chile actuará con plena soberanía usando las cláusulas de salvaguardia y renegociando acuerdos comerciales para proteger el interés nacional.
7. La organización política se sustentará en la División de los Poderes.
El sistema electoral será representativo, los dirigentes sociales podrán ser candidatos a cargos de representación, los partidos deberán acreditar su representatividad, transparentar su patrimonio y deberán presentar su declaración de intereses. Las organizaciones sociales podrán presentar candidatos independientes sin desventajas electorales.
El Poder Legislativo será ejercido por un Congreso Unicameral con plenos poderes para iniciar acciones legislativas.
Se consagrará la participación de la sociedad civil, con exigencia de rendición de cuentas a las autoridades y mecanismos revocatorios a los representantes populares, permitiendo, además, que la sociedad civil tenga iniciativa legislativa.
El plebiscito será la herramienta dirimente para las cuestiones de interés general, tanto a nivel nacional como comunal.
8. Seguridad nacional y orden público.
El Estado chileno nunca será agresor ni participará en la ocupación militar de otro estado. El Estado chileno no tiene enemigos internos.
Las FFAA estarán subordinadas al poder civil, dependerán del Ministerio de Defensa y serán no deliberantes. Tendrán la capacidad suficiente para garantizar la seguridad nacional frente a agresiones militares externas. Podrán apoyar las labores de desarrollo comunal y de superación de las crisis generadas por catástrofes naturales. En estas labores no podrán portar armamento de guerra ni de disuasión. No podrán emplear sus armamentos contra la población del país bajo ninguna circunstancia.
Carabineros de Chile será reemplazado por un cuerpo policial no militarizado para garantizar que la sociedad civil pueda ejercer sus derechos con seguridad y orden. Será un órgano de protección ciudadana y no represor. Dependerá del Ministerio del Interior.
La PDI será un órgano profesional para investigar todo tipo de delitos, coadyuvante del Poder Judicial y dependiente del Ministerio de Justicia.
9. Naturaleza y Entorno Ecológico.
El Estado recuperará el control del Agua como bien de uso público, asegurando el vital recurso para el consumo humano y la agricultura campesina a escala pequeña y sostenible, procurando la autarquía y seguridad alimentaria, libre de transgénicos. La desprivatización del agua será automática y sin indemnización.
El Estado promoverá el empleo de energías limpias y su exportación en los espacios de integración regional del cono sur.
Serán prohibidas las Zonas de Sacrificio. Las industrias contaminantes tendrán un año de plazo para ajustar sus índices a los estándares internacionales, los que serán fiscalizados por entidades públicas. Transcurrido ese plazo serán cerradas y sus trabajadores indemnizados e incorporados a procesos de reconversión laboral. El Estado deberá realizar censos sanitarios para evaluar el impacto en la salud de la población, asumiendo las reparaciones a las comunidades afectadas.
El bosque nativo será de propiedad exclusiva del Estado, su protección y recuperación serán un deber prioritario y no podrá ser objeto de operaciones comerciales. La desprivatización será automática y sin indemnizaciones. Se eliminará el subsidio forestal que ha enriquecido a los grupos económicos y destruido el bosque nativo y la flora endógena.
Serán recuperadas las tierras usurpadas a los pueblos originarios y les serán devueltas con ajuste al Derecho Internacional.
El Estado garantizará el desarrollo armónico, sustentable y descentralizado del territorio, con planificación participativa y un fortalecimiento de las regiones.
10 El Estado asegurará la libertad de prensa y la libre expresión.
El Estado asegurará la libertad de expresión y su ejercicio será un derecho inalienable de las personas y comunidades. Se consagrará la libre expresión desterrándose la censura oficial, directa o indirecta. Se regulará la propiedad de los medios de comunicación, prohibiendo que éstos sean controlados y se concentren en grupos corporativos que limiten la libertad de prensa y el pluralismo ideológico o religioso. Se defenderá la libertad de la Internet y las redes sociales.
11. Un Estado efectivamente Laico, que asegure la libertad de culto consagrando una efectiva separación de las Iglesias del Estado. En materia valórica, se consagrará la libertad personal responsable, la tolerancia y la no discriminación. Se protegerá la privacidad de las personas y la convivencia cultural en diversidad. Ningún credo o grupo podrá desviar el sentido neutral del Estado ni presionar por privilegios discriminatorios.
MESA COORDINADORA POR LOS DERECHOS HUMANOS
Valparaíso, septiembre, 2020.
1 http://www.mesacoordinadoraddhh.cl/los-pueblos-de-chile-exigen-respeto/
2 http://www.mesacoordinadoraddhh.cl/constitucion-del-73-sangria-editora/
