Mañana, 4 de julio 2022, será un día histórico.

Mañana será un día histórico.

Culmina el proceso constituyente con la entrega al Presidente de la República de la propuesta de Nueva Constitución. Democráticamente, por primera vez en la historia republicana, el pueblo soberano redacta a través de 154 representantes y con un alto quorum de 2/3, una Constitución que permite dejar atrás la del dictador, escrita por Jaime Guzmán y un grupo reducido de abogados designados por Pinochet, e impuesta a sangre y fuego, imponiendo una destrucción del Estado dejándolo en su mínima expresión ya que todas las industrias fundadas por el Estado pasaron a manos privadas, cómplices del dictador.

Mañana se estará en el comienzo del fin de la transición, ya que por 30 años el modelo se mantuvo y se profundizó con los gobiernos sucesivos, que claudicaron ante el poder económico y no tuvieron voluntad política para realizar cambios profundos.

Este texto constitucional recupera un Estado responsable que asegure los DDHH y Derechos Sociales que hasta ahora se han mercantilizado, dejándolos como objetos de negocios. Hablamos de seguridad social, educación, salud, vivienda. Hablamos de garantizar el derecho al agua, que será inapropiable y distribuirá por medio de permisos, priorizando el consumo domiciliario.

En esta Constitución se establece una descentralización efectiva, con capacidad de regiones y municipalidades para manejar presupuestos y asignarlos con participación ciudadana.

Se consagra el principio de Probidad, que establece que los corruptos no podrán ejercer cargos públicos o de representación popular. Si esos corruptos son parte de la Defensa Nacional serán degradados y perderán los beneficios del cargo.

Es mucho lo que habrá que conversar sobre el texto que se entrega mañana. Se abre un período de conversaciones que deberá basarse en el texto y no en tergiversaciones interesadas. Pero lo que puedo resumir es que con esta Constitución se abre un camino de recuperación de la Naturaleza que ha sido depredada por la codicia. Porque la Constitución asume la crisis climática mundial y compromete defender el planeta en todos los foros internacionales.

Chile crea una democracia real, plural, que reconoce la diversidad de las primeras naciones y consagra un Estado Unitario cuyo territorio es indivisible y e él los distintos pueblos e identidades confluyen en respeto y colaboración.

Finamente destaco que la Constitución consagra tres Defensorías que conforman un contrapoder para terminar con los abusos. Me refiero a las Defensorías de la Niñez, del Pueblo y de la Naturaleza. Quedará atrás el oprobio del Sename. Los DDHH serán efectivamente protegidos y quiénes dañen la Naturaleza y sus ecosistemas deberán pagar y restaurar el daño cometido.

Como chileno, respetuoso de la Patria, como sobreviviente de un sueño que fue roto por la muerte y la mentira, como hombre de Estado, como escritor y periodista independiente, comprometido con la Integridad y la Justicia, saludo este día 4 de Julio este momento de inflexión, este momento en que la mujer y .el hombre libres comienzan a llenar las grandes alamedas, para concretar el sueño colectivo de Paz Social con Justicia Social. Por los hijos, nietos sus descendientes, mañana será el nuevo comienzo. ¡Viva Chile!

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DEFENSORÍA CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS Y LA NATURALEZA ¿Por qué se generó esta propuesta transversal desde la sociedad civil?

DEFENSORÍA CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS Y LA NATURALEZA

¿Por qué se generó esta propuesta transversal desde la sociedad civil?

La propuesta de una Defensoría Constitucional de los Pueblos y la Naturaleza, que 21 organizaciones de la sociedad civil presentamos el 22 de diciembre ante la Convención Constitucional logró el patrocinio de 9 convencionales, lo que permitirá su debate. A efectos de propiciar desde la sociedad civil un conocimiento cabal y un seguimiento ciudadano a esta propuesta, dejamos, como gestores coordinadores de la misma, esta columna de opinión en las redes sociales.

La Nueva Constitución que se está generando en la Convención Constitucional consagrará un catálogo de Derechos, pero, simultáneamente deberá establecer las formas concretas para poder garantizar tales derechos.

Nuestra propuesta no entra a la discusión del catálogo de derechos, sino que apunta a lograr que la Constitución pueda, en su sala de máquinas, crear un organismo que vigile el respeto y fiel cumplimiento de la norma constitucional, en materia de Derechos Humanos, Sociales, Ambientales y de la Naturaleza. La misión de la Defensoría será evitar que tales derechos queden en letra muerta, al asumir la fiscalización de los demás poderes del Estado y de los agentes económicos privados que actúen en el ámbito de esos derechos.

 En estos términos, nuestra propuesta significa un cambio histórico en la concepción clásica del Ombudsman escandinavo, toda vez que éste está concebido como un organismo unipersonal, nombrado por el Ejecutivo con anuencia del Parlamento, lo que limita esencialmente su autonomía y legitimidad. Mal podría ese Defensor controlar o fiscalizar a quien lo designa. Por otra parte, sus funciones han sido de mediación y buenos oficios, en aras de una supuesta “autoridad moral”.

En definitiva, la experiencia muestra evidencias cercanas, donde ese Defensor es cooptado por los gobiernos de turno como una entidad irrelevante y decorativa que sirve como pacificador social y, mediáticamente,  para lavar la imagen de gobiernos autoritarios. Es lo que no queremos para Chile, porque están a la vista los penosos resultados del INDH frente a la explosión social de octubre 2019 y la represión consecuente, en donde se manipularon cifras de víctimas de daño ocular, se restringió la calificación de los casos de abusos, llegando a un repudio extendido de la opinión pública por la obsecuencia demostrada frente al gobierno. En el mismo orden de ideas, tenemos el caso patético de los abusos a niños en el SENAME, donde la Defensoría de la Niñez, pese al esfuerzo personal de su Directora, no ha logrado llegar al fondo de un sistema donde los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se han mercantilizado y el abuso sigue ocurriendo en total impunidad.

Para asegurar que se instale en Chile una sincera cultura de respeto a los DDHH no sirven entidades temáticas febles, sin autonomía, facultades ni presupuesto adecuado. Eso sólo le sirve a los gobiernos para demostrar a nivel internacional que se está haciendo algo. Es lo mismo que un Servicio Nacional del Consumidor que funciona como amortiguador de reclamos, con mediaciones inconducentes que jamás han logrado denunciar delitos económicos contra los consumidores. Por todo lo anterior, lo que se propone es un organismo permanente y autónomo de la administración de Estado que tenga una función fiscalizadora del cumplimiento y respeto a las normas constitucionales y las derivadas de tratados internacionales, en materia de derechos humanos.

Al inicio de este siglo se creó una ONG para impulsar el Defensor del Pueblo en Chile en el sistema público y siempre los intentos quedaron en vía muerta o bien fueron tergiversados, dándoles un carácter de oficina de reclamos y orientación a las personas que reclamaran. Una oficina sin ninguna atribución real para ejercer cambios de conducta en situaciones reclamadas. En perspectiva, hemos entendido que jamás el modelo iba admitir un organismo que lo fiscalizara en serio. Esas experiencias del Ombudsman en Chile fueron frustrantes. Como también lo ha sido su rol decorativo en España o Colombia. Defensores unipersonales, sin atribuciones efectivas, son un lavado de imagen para el poder político de turno, por más se busque justificarlos como “los hombres buenos”, con “carisma”, funcionales al statu quo.

Persistir en un Ombudsman, defensor del pueblo, unipersonal, decorativo, manteniendo otras defensorías temáticas parciales, significa, además, no entender que los Derechos Humanos son integrales y existe un principio de indivisibilidad respecto a ellos. La persona, por otra parte, no puede separarse de la Naturaleza, como tampoco puede separarse el agua de la tierra o la cultura de la natura. La cosmovisión que está en el fondo de nuestra propuesta reivindica en la nueva Constitución una relación inseparable del ser humano con la naturaleza, sus ciclos y sus ecosistemas. La defensa de la Vida se expresará en este organismo nuevo y permanente del Estado, teniendo a su cargo, de manera vigilante, científica, multidisciplinaria, todo el espectro de derechos garantidos en la constitución, con una visión inter generacional, de largo plazo.

La Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza que se propone es integral y sistémica, pues, abarca la defensa de todos los derechos incorporando los derechos de la naturaleza, en una connotación adelantada que se hace cargo de la cosmovisión de los pueblos originarios, en donde no hay una separación entre la actividad del hombre y la armonía con la naturaleza; el respeto a la vida en todos sus aspectos es fundamental y esto sintoniza con la crisis climática que está viviendo el planeta y que afecta gravemente a Chile.

Pero, además, la propuesta tiene racionalidad orgánica y económica. Primero, porque este organismo profesional será legítimo en su dirección, a cargo de Consejeros Regionales de las Defensorías, generados por elección popular; y, segundo, como organismo permanente, tendrá una planta de funcionarios, generada por concurso público con la incorporación de los funcionarios de los organismos que serán incorporados por la Defensoría. En los conversatorios sostenidos a lo largo de décadas, se han recogido todos los aportes y miradas, lo que permite asegurar viabilidad para lograr cimentar este nuevo organismo en la futura institucionalidad. A partir de los territorios se podrá elegir el Consejo Directivo Nacional y esto es profundamente democrático, totalmente transparente y evita que la gestión pueda ser influida desde los otros poderes, cuestión que no ocurre con el Defensor unipersonal, que puede ser cooptado por grupos de presión o por el poder que lo designa.

La propuesta de Defensoría Constitucional de los Pueblos y la Naturaleza sintoniza perfectamente con la concepción de un Estado Regional, Pluricultural y Plurinacional, en donde la gestión se lleve en el ámbito del territorio, con una interrelación permanente con las organizaciones que eligen  a los Consejeros Defensores territoriales.

Finalmente, en su misión de alcanzar en la sociedad chilena una cultura de respeto irrestricto a los Derechos Humanos, Sociales, Ambientales y de la Naturaleza,  la Defensoría tendrá una misión educativa y la facultad para dictaminar la correcta aplicación por parte de los organismos públicos, de las normas en estas materias, vale decir, velar por una  coherencia en las resoluciones e instructivos, impidiendo que la discrecionalidad administrativa haga perder el espíritu de dichas disposiciones constitucionales.

Que el organismo sea autónomo y tenga una capacidad de funcionar como organismo permanente del Estado, significa que tendrá personería de Derecho Público, con patrimonio propio, con una Ley Orgánica que la propia Constitución enmarque en ciertos principios, para asegurar que se respete su concepción constitucional. Racionalmente, se postula generar un sistema de defensoría potente, autónomo, con facultades fiscalizadoras, que absorberá las actuales defensorías temáticas, las que serán áreas funcionales dentro de la nueva orgánica. Se busca, precisamente, encasillar a ese personal que ha venido trabajando en forma precaria, en esta nueva Defensoría potente, incorporados a una planta funcionaria a través de un concurso, con cargos servidos en propiedad, en los que podrán gozar de fuero y de expectativas de carrera funcionaria, de lo cual hoy carecen. Con esto se asegura la autonomía e independencia frente a las presiones políticas de cualquiera de los demás poderes del estado o de otros poderes fácticos.

Por eso, cuando hablamos de Defensoría Constitucional de los Pueblos y la Naturaleza, hablamos de un sueño colectivo que parte desde la cosmovisión de pueblos que construimos paz social, en territorios que recuperan armonía con la Naturaleza; de la racionalidad de una orgánica legítima, transparente y democrática; de un presupuesto viable, de una misión con basamento científico, ético y político. Por lo tanto, creemos que es el camino que Chile deber seguir, sin desviarse hacia alternativas que sigan ofreciendo una débil y manejable institucionalidad.

Si decidimos por esta Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza, estaremos generando un hito en los procesos de profundización democrática. Chile marcará un camino de empoderamiento de la sociedad civil. Para que otra era avance y que las nuevas generaciones puedan recuperar la armonía con la Naturaleza en todo su esplendor y como parte consciente de ella.

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Hernán Narbona Véliz, Administrador Público, Secretario Mesa Coordinadora DDHH Valparaíso, Periodista, Corresponsal Diario La Razón.cl,

Juanita Fernández Álamos, Médico Cirujano, Asesora de MUZOSARE, Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, Activista Social DDHH, Ambientales y de la Naturaleza.

Valparaíso, 13 de febrero de 2022

Una mirada libre a nuestro entorno

Doña Tere y Don Agustín contra la Convención

Doña Tere y Don Agustín contra la Convención

Hemos conocido esta semana de los insultos que Teresa Marinovic hizo a la Convención y a los convencionales, en el exabrupto que llenó las redes sociales. Por otro lado, a través del Mercurio, Agustín Squella ha salido, una vez más, pontificando acerca de la necesidad de reflexión y autocrítica en la Convención.

Qué duda cabe que los poderes fácticos e institucionales están histéricos. El proceso constituyente enfrenta la procacidad visceral de un personaje que está ahí con la misión de destruir lo que se haga; y, simultáneamente, está recibiendo los embates del gatopardismo ilustrado, que presiona por mantener los pivotes del sistema intocables, con la complicidad, en ambas situaciones, de los medios oficiales, la prensa, radio y televisión de propiedad de los grupos económicos.

El efecto es que los medios instalan el escándalo y lograr quitarle atención a los avances y acuerdos que se van logrando en las distintas Comisiones y que comienzan a esbozar ese país por el cual se manifestó en las urnas el 80% de la ciudadanía. La  tergiversación cotidiana de los hechos no es casual, sino articulada y metódica, sirviendo abiertamente a los intereses de sus dueños.

Aparece engolada y mercurial la petición de autocrítica de Agustín Squella, todo apuntando a dejar en tela de juicio la redacción de principios que formulan nuevas relaciones interculturales, aspirando al respeto a la Vida, a la Naturaleza y sus ecosistemas. Con su posición de soberbia y el respaldo permanente del Mercurio, Squella se suma con una procacidad de fondo, elegante pero igualmente grosera, a poner en tela de juicio los debates de la Convención, buscando manipular a la opinión pública, desprestigiando tales acuerdos porque atentan contra los poderes instituidos. Al final, las dos situaciones demuestran que hay convencionales insertos con el solo fin de frenar los acuerdos sociales, admitiendo cambios cosméticos, que preserven el neoliberalismo, cambios para que nada cambie.

Los grupos económicos, la Corte Suprema, el Senado, el Tribunal Constitucional, han expresado con descaro su preocupación frente a los avances soberanos de la Convención. Cuando se toma acuerdo a nivel de Comisión de la necesaria anulación que se debe hacer al Código de Aguas para poder considerar al Agua como un derecho humano y un bien de uso público, salta Ignacio Walker rasgando vestiduras e invocando un Plan B, que sería a todas luces sedicioso, porque sería patear el tablero y volver a nostalgias golpistas. En su columna de opinión, en el Mostrador, el constituyente, Patricio Fernández Chadwick, siembra dudas, planteando el supuesto desorden que habría en la Convención, dejando esa suspicacia negativa que, en definitiva, sirve a los del Rechazo.

Definitivamente, la élite se atrinchera y no asume que la ciudadanía se pronunció por cambios profundos al modelo y, a medida que se van estructurando acuerdos para una nueva forma de relacionarnos como sociedad, salen descontrolados a sacarles la madre a los convencionales o a llamar desde El Mercurio a la sensatez, al orden, a la autocrítica. Los poderosos salen a expresar, sin tapujos, su profundo sentir, que es defender a toda costa sus privilegios. Los episodios comentados, el de doña Teresa y don Agustín, son parte de una estrategia, para frenar el avance del cronograma, ralentizando el proceso de toma de decisiones, con distractores mediáticos que no permitan el debate cívico ciudadano, sino sembrar la chimuchina y dentro de ella, la mentira.

 La Convención tiene que defenderse de quinta columnistas que fueron instalados en ella por la ultraderecha o la ex Concertación, con ánimo gatopardista. A medida que se avanza, se van explicitando posiciones, se va viendo quien atornilla al revés o quien cae en el juego mediático farandulero. Pero, pese a todo, se va avanzando, llegándose con distintas aproximaciones a puntos medulares y transversales. El proceso colectivo fluye con legitimidad y legalidad. Nadie cae en la trampa de que pudiere haber más plazo, nadie se distrae con circos preconstruidos por los operadores mencionados.

Debemos salir de la trampa mediática que tergiversa y distrae. El poder instituido tratará de evitar que nos movilicemos y que sigamos actuando con actitud vigilante. Autoconvoquémonos de manera colaborativa, en un compromiso militante por la nueva constitución, todos los ciudadanos, periodistas, comunicadores sociales, medios alternativos, para ir conociendo y apoyando cada paso que se dé, para preparar intensamente un Apruebo Informado. Tenemos la convicción de poder sentar los cimientos para un país diferente, entendiendo que ello será protagonizado por las nuevas generaciones. Por eso, la desinformación debe ser neutralizada con la acción proactiva de los colectivos, de las mayorías. Próximamente en nuestros sindicatos, cabildos y organizaciones sociales tendremos a convencionales para conversar y comprender cada párrafo que se vaya acordando. Debemos centrarnos en lo importante: el plebiscito de salida.

La Convención Constitucional debe ponerse anteojeras y tapones en los oídos para que nada la distraiga de su cronograma.

Hernán Narbona Véliz, Corresponsal Diario La Razón.cl, 10 de febrero, 2022

Una mirada libre a nuestro entorno.

Gabriel Boric, con la fuerza de la razón y la ética

Avanzamos en la segunda mitad de enero del 2022 y se espera esta semana el nombramiento del gabinete del Presidente Gabriel Boric. Si la esperanza fue el sino de su elección presidencial, el joven Presidente electo ha demostrado en este mes de Moneda chica, que cada paso lo ha dado con mesura, empatía e inteligencia,

La desesperación ha cundido en la derecha y principalmente en Piñera, quien, con medidas de última hora, ha pretendido tender un campo minado a la gestión de la coalición triunfadora.

Uno de los gestos iniciales a destacar del Presidente electo, fue el saludo que entregó a la Convención Constitucional, a su mesa dirigida por Elisa Loncon y  Jaime Bassa,  justo antes que se produjera el cambio de mando para la segunda etapa del proceso constituyente. Este gesto, profundamente político, marcó el sitio dónde se juega el largo plazo de Chile. Paralelamente, en ENADE, el presidente electo marcaba su total respaldo al proceso constituyente y su responsabilidad con los temas urgentes que requiere la crisis social y económica, y que su gobierno debe atender con medidas urgentes e inmediatas y la colaboración de todas y todos. 

En ese sentido, la ciudadanía ha expresado su emoción por el carisma que irradia este joven político de nuevo cuño. Que asumirá con la más alta votación histórica que cualquier otro mandatario y que, por más que intenten las encuestas tramposas, financiadas por los grupos de poder, sembrar dudas o incertidumbre frente a las medidas que pueda tomar Gabriel Boric, ha sido imposible para la ultraderecha entender que su tiempo va de salida y que son otros los aires que están limpiando el horizonte multicultural de la patria.

En medio de una alta emotividad, erradicar los egoísmos, el sectarismo y todas esas formas mañosas de administrar el poder, operadores políticos incluidos, se levanta como una señal relevante para pasar de la esperanza a la convicción, a una adhesión participativa, proactiva y vigilante de los chilenos sencillos, que desde los territorios  esperan que se concrete a grandes trazos una política social y económica distinta.

Se esperan señales claras e inequívocas de que se erradicará la corrupción estructural, que se apuntará al bien común, a la protección de la naturaleza y a la dignidad de las personas. Que, si habrá que esperar por demandas históricas, se hará sin mentiras y sin que se mantengan los privilegios odiosos de quienes han usado siempre el poder para su beneficio.

 Desde distintas instituciones,  los trabajadores del sector público han hecho saber su voluntad de servir con lealtad al Estado. Que están disponibles para recuperar  gestión pública con integridad, en la medida que terminen los cotos de caza, el cuoteo de parcelas que desvirtúan  una mirada de bien común. 

Los trabajadores  públicos han vivido décadas de intromisión y de malas prácticas, donde el tráfico de influencias pasa a llevar a los funcionarios  de carrera, postergados por las máquinas del gobierno de turno. Si se recupera facultades y espacios para poder trabajar honestamente, en función del bien común,  ello significará levantar banderas invisibles para respaldar la esperanza.

Una forma distinta de hacer política, en lo inmediato, será terminar con los delegados presidenciales y entregar facultades a los gobernadores regionales. Porque significará descentralizar al Estado, desmontando las redes de poder qué se articulaban vía Senadores, a partir de una mirada centralista, en dónde los territorios eran avasallados por los caudillos de turno, qué eran los que ocupaban literalmente los espacios de la administración del estado con nepotismo, amiguismo y clientelismo.

La transparencia es un valor fundamental para recuperar un comportamiento ético en la función pública y esto requerirá una profunda consistencia entre el discurso y la acción, superando los errores y vicios de la vieja política, lo que habrá de significar  rigurosidad para cortar de cuajo toda mala práctica, abuso, negligencia o atisbo de corrupción.Sin caer en una caza de brujas, es necesario qué la ciudadanía se sienta empoderada y que permanezca movilizada y vigilante frente al actuar de las instituciones.

Que  se fortalezca la prensa independiente en todas sus expresiones, redistribuyendo los presupuestos en publicidad estatal o municipal, podrán ser medidas que muestren el cambio de dirección en la conducción del Estado, de manera tal, que se detecte situaciones irregulares, qué atenten contra del interés general.

 Los pasos que dé el gobierno entrante, serán la señal virtuosa para consolidar lo que fuera una esperanza al votar, en un ánimo positivo de participación popular, con responsabilidad y mesura. Entendiendo desde la ciudadanía la gradualidad necesaria, asegurando cada paso, con el diálogo, la escucha atenta y la acción propositiva y consciente de los pueblos organizados.

Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente. Diario La Razón.cl  17.01.2022

Hacia un Sistema Autónomo de Defensoría de los Pueblos de Chile y la Naturaleza.

 En la concepción de un ente que asegure el ejercicio y respeto de los Derechos Humanos y Sociales, chocan, la visión tradicional, que sigue parámetros de Derecho comparado y  concibe al Defensor del Pueblo como una persona que sólo influye por persuasión para que la vulneración termine, con la visión progresista que concibe la Defensoría como un organismo colegiado, fiscalizador, autónomo, empoderado, capaz de denunciar conductas irregulares o impropias que incumplan una normativa, irrespetando Derechos de personas o comunidades.

La historia nos ha mostrado que los derechos que establece una Constitución pueden quedar en letra muerta y ser simplemente decorativos. No queremos que eso vuelva a ocurrir con la nueva Constitución. En tanto instrumento jurídico que norma las relaciones de poder y establece las bases de la convivencia social, la Nueva Constitución equivale a contar con una caja de herramientas para establecer derechos, deberes y mecanismos de participación. En consecuencia, debe incorporar herramientas que defiendan a los pueblos de la invisibilidad, los atropellos, la explotación, del despojo de su dignidad e incluso hasta de su exterminio por la depredación del ambiente.

En nuestra experiencia, no es suficiente contar con un catálogo de derechos si no se instaura una institución estatal autónoma, descentralizada, dotada de poder y facultades, generada desde la base misma que actúe como garante de esos derechos.

No queremos más frases bonitas que suenan lindo pero que son letra muerta en la realidad.

En el proceso constituyente se ha comenzado a sincerar la historia de Chile, ésa que las élites han ocultado, invisibilizado o tirado bajo las alfombras de los palacios oficiales. En la Convención Constitucional, a través de la Comisión de Derechos Humanos, se han recibido experiencias, propuestas  y expectativas de organizaciones sociales y de pueblos que han sido abusados, maltratados por la institucionalidad, que han sufrido políticas públicas de exterminio,  con el uso de la fuerza represiva del Estado para implantar la usurpación de territorios, irrespetando y violando los tratados de paz suscritos por el propio Estado.

Entre los muchos testimonios, cabe detenerse en el que entregó Eduardo Morris, en nombre de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos, quien en una exposición de 10 minutos resumió el alcance de la maquinaria golpista que instaló a partir del 11 de septiembre la Armada de Chile, en Valparaíso, con tres buques cárcel, facilitados por la Interoceánica, y varios centros de detención y tortura, en los que también se usó el buque escuela Esmeralda, donde fuera asesinado el cura obrero  Miguel Woodward. El testimonio de Eduardo Morris expresó convicción desde el dolor profundo de haber perdido a su hermano menor, Mario Morris Barrios, funcionario de Aduanas, 27 años,  quien fuera asesinado sin juicio previo, por la caravana de la muerte, que lo sacó de Pisagua para su ejecución, en octubre de 1973, encontrándose sus restos en una fosa recién el año 1990. Eduardo Morris expresó en su alocución, en forma magistral, lo que se ha configurado como la cultura de la muerte en nuestra sociedad, en una conducta reiterativa de represión, que declara como enemigos a todos quienes piensen distinto a los grupos dominantes.

Frente a esa constatación, Chile enfrenta la imperiosa necesidad de llegar a la paz social curando las heridas de su historia y ello significa lograr primeramente la Verdad, estableciendo el paradero de los detenidos desaparecidos. El segundo paso es generar en la sociedad acciones de reparación a las personas y familias afectadas por la acción de agentes del Estado y, por último, se debe asegurar la no repetición de esas violaciones, lo que conlleva instaurar en la sociedad una cultura de respeto a los DDHH. En ese orden de ideas, una nueva Constitución que garantice el ejercicio de los Derechos Humanos y Sociales, deberá no solo fijar un catálogo de ellos, sino también jerarquizar en dicha enunciación el Derecho a la Vida en un Ambiente Sano, lo que debe estar por encima del Derecho a la iniciativa privada, dándole a la Nueva Constitución esa nueva impronta que debe empapar como concepción integral el nuevo pacto social que de ella derive.

Y, para asegurar el respeto y el ejercicio pleno de los Derechos consagrados, se propone instalar dentro del cuerpo constitucional un nuevo organismo permanente y autónomo de la Administración del Estado que sea fiscalizador de los demás poderes del Estado en término de vigilar, prevenir y exigir la corrección de acciones de entes públicos, o privados colaboradores de una función pública, que generen vulneraciones a los derechos de las personas y las comunidades.

Clásicamente, la experiencia del Ombudsman en países europeos o de la región latinoamericana, ha sido incorporar en la institucionalidad un Defensor del Pueblo, que es nombrado por acuerdo del Parlamento, para que actúe en atención a los reclamos que formulen personas que se sientan vulneradas en sus derechos, realizando gestiones de persuasión, que se podrían describir como “buenos oficios”, los que buscan alcanzar una solución a través de la influencia ética del Defensor,  pero sin contar éste con facultades fiscalizadoras y de investigación efectivas como para exigir correcciones o exigir sanciones a quienes estén, por acción u omisión, causando tales vulneraciones. Esta figura unipersonal del Ombudsman, debe ser admisible para el poder instituido que aprueba su nombramiento y su margen de maniobra dependerá de su carisma y ocupación, pues no cuenta con un equipo de trabajo estable, que le dé soporte como institución,  ya que sus colaboradores serían de exclusiva confianza y no funcionarios permanentes que puedan dar continuidad a los temas que aborde el Defensor o Defensora.

Desde el punto de vista político, esa figura unipersonal del Defensor del Pueblo, que es nombrado con el beneplácito de algún poder del Estado, pierde desde su génesis, la autonomía necesaria para actuar con imperio en la defensa de afectados por un actuar que no se ajuste a Derecho . En la práctica, establecer un Ombudsman sin facultades fiscalizadoras, es simplemente instalar un organismo sin peso específico, que puede ser manipulable y funcional al gobierno de turno que participa en su nombramiento.

En rigor, para una Defensoría Popular autónoma a los poderes del Estado, se necesita que quede consagrada en la Constitución y contar con un rango legal comparable al del Banco Central o de la Contraloría General de la República. Por tanto, en la Constitución se debe consagrar su rango de organismo permanente, autónomo, con personería de Derecho Público y patrimonio propio.

El caso evidente se ha dado en el actuar reciente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha demostrado su debilidad en la defensa de las víctimas de la explosión social de octubre 2019, cuando ha debido variar los criterios para contar el número de vulneraciones graves con mutilación o trauma ocular. La causa de ello ha sido su dependencia del gobierno de turno y el poder del binominalismo y cuoteo que enmarca su funcionamiento.

En esta concepción de un ente que asegure el ejercicio y respeto de los Derechos Humanos y Sociales, chocan la visión tradicional, que sigue parámetros de Derecho comparado y  concibe al Defensor del Pueblo como una persona que sólo influye por persuasión para que la vulneración termine, con la visión progresista que concibe la Defensoría como un organismo colegiado, fiscalizador, autónomo, empoderado, capaz de denunciar conductas irregulares o impropias que incumplan una normativa, irrespetando Derechos de personas o comunidades.

Asumiendo lo trascendente del momento constituyente, frente a una realidad de abusos y desde el sentido común, diferentes organizaciones sociales han planteado la necesidad de una Defensoría Popular, que no se convierta en una mala copia de la experiencia internacional, es decir, en una institución de Ombudsman débil o manipulable por el poder político. No se quiere una Oficina de Reclamos que busque con buena voluntad soluciones a los casos puntuales que se le presenten. Se ha visto en la reciente represión que se observó en Colombia, que el Ombudsman ha resultado  decorativo para lavar la imagen del accionar abusivo del gobierno. Se ha visto además, cómo la Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO,  ha emitido una declaración en apoyo a Sergio Micco, cuando él ha sido cuestionado por su actuar obsecuente por los propios funcionarios del INDH,  es decir,  respaldando la FIO un comportamiento que se aleja precisamente del principio de independencia que debe tener un Defensor del Pueblo.

Organismos sociales que han tenido décadas en defensa de las víctimas de la dictadura y de los abusos ambientales que han dado lugar a las zonas de sacrificio, están pidiendo a los convencionales que se instaure en la Constitución una Defensoría Popular ( Del Pueblo o De los Pueblos) como un organismo permanente y autónomo de la administración del Estado, que tenga fuertes facultades fiscalizadoras para prevenir distorsiones y promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos. Esto significaría la capacidad de prevenir acciones inconsistentes en los proyectos de ley, investigar, conocer de reclamos, denunciar y exigir de los demás poderes las correcciones para alcanzar un actuar que sea coherente con el respeto a los derechos que consagre la constitución. Se señala, además, que la Defensoría Popular tenga la capacidad para proponer reformas legales que permitan salvar vacíos legales en la protección de la ciudadanía frente a abusos de poder.

Al concebirse la Defensoría Popular como un organismo que tiene dentro de su misión velar por los Derechos Humanos en su amplio espectro, debería también encargarse de establecer Protocolos de Reparación a las Víctimas, siguiendo en ello los lineamientos del Consejo de la ONU para los DDHH. Esto significaría que el Estado, a través de esta institución, canalizaría las acciones reparatorias de restitución. Compensación e indemnización a las víctimas, de manera transparente y equitativa, sin que ellas deban seguir el tortuoso camino judicial para lograr una incierta reparación. La reparación que está pendiente como deuda histórica, podría hacerse fluida y justa por la vía administrativa de la Defensoría Popular.

Ese organismo permanente debería tener personería jurídica de derecho público y contar con patrimonio propio, absorbiendo y reemplazando a organismos como el INDH y la Defensoría de la Niñez. Su Dirección se concibe como un Consejo Colegiado, que se genera desde la sociedad civil, en ejercicio de la soberanía popular, por elección directa de consejeros en las Defensorías Territoriales, entre los cuales se designa un delegado  a integrar el Consejo Directivo, que es donde se conduce la institución y se definen sus políticas, con total independencia del poder político. Es decir, se replica el ejercicio que se ha dado en la Convención Constitucional, generando el organismo desde la base social, sin que deba contar con el beneplácito de ningún otro poder del Estado.

Como Jefe de Servicio a cargo de la Defensoría Popular, existiría un Director Ejecutivo, responsable administrativo del organismo, que sería Jefe de Servicio de una planta multidisciplinaria de funcionarios dedicados en forma exclusiva a ejecutar la misión que definirá la Constitución e implementará la Ley Orgánica correspondiente.

Ese Jefe de Servicio o Director Ejecutivo de la Defensoría Popular debiera ser seleccionado por concurso público, como autoridad a cargo de un plantel de funcionarios de carrera, profesionales de distintas especialidades, concordantes con la gama de derechos a proteger; los que tendrán funciones exclusivas y gozarán de inamovilidad. En este nuevo organismo se integrarían los funcionarios de INDH, de la Defensoría de la Niñez, los que pasarían a formar parte del plantel de la Defensoría Popular. El área de Derechos Ambientales y de la Naturaleza como sujeto de Derechos, constituirá, sin duda, uno de los espacios innovadores que una Defensoría del Pueblo deberá asumir en su misión constitucional. La Ley Orgánica que cree este organismo deberá quedar mandatada en el cuerpo constitucional con una definición comprensiva de los derechos a salvaguardar, incluyendo nuevos derechos, en actual evolución, que serán relevantes para las futuras generaciones.

En la redistribución del poder que se discutirá en la Convención Constitucional, instaurar con rango constitucional la Defensoría del Pueblo en los términos comentados, significa generar un contrapoder que, desde la sociedad civil, pueda reducir las asimetrías estructurales y asegurar que no se repitan las violaciones y abusos, que los actores políticos logren alcanzar comportamientos coherentes con un Estado de Derechos. En materia de promoción de una cultura transversal de respeto a los DDHH y sociales, la Defensoría Popular se estaría haciendo cargo de una tarea titánica, cual es actuar vigilante para que el Estado en su propio funcionamiento erradique las malas prácticas, como el clientelismo, el cuoteo, el secretismo, para avanzar también en una redimensión de la convivencia cívico militar, de la interrelación de ciudadanía e institucionalidad. La labor de una Defensoría Popular apuntaría a alcanzar equilibrios de poder, para delimitar los espacios de convivencia en respeto y equidad, erradicando los abusos en todos los ámbitos de la vida en sociedad.

Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente, Fundación Diario La Razón, 30.09.2021

 Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente. 20.09.2021

 

Una mirada libre a nuestro entorno

El Pelao Vade, un golpe a la esperanza

Fue impactante, la última paletada para sepultar lo que fuera la Lista del Pueblo. Ya todos los convencionales independientes agrupados en esa propuesta, habían renunciado a ella. Pero esta noticia entregada por La Tercera hacía añicos una declamada nueva forma de hacer política.

 Quise reposar la noticia 24 horas, no escribir con la cabeza hirviendo, tratar de morigerar mis juicios, pero entendiendo que ello no puede significar relativizar un hecho repudiable, que atenta contra lo único válido que hemos logrado construir: el proceso constituyente.

Porque la irrupción de la Lista del Pueblo respondía a un sentimiento colectivo de repudio a las élites que habían concordado administrar el sistema por 30 años y lo que  hizo el Pelao Vade fue una manipulación de masas agobiadas de individualismo, sedientas de confianza, vapuleadas por casi cinco décadas de violencia e ignominia.

Y me permito ser auto referente como generación del 70.  Siempre he dicho que la traición desde tus cercanos es más dolorosa y letal que las heridas que recibas en la lucha contra tus adversarios. Por eso, como periodismo independiente, siempre he expresado mi dura denuncia a aquellos que, antes o durante la dictadura, se ubicaron a tu lado y lo hicieron para venderte; el soplonaje, las listas negras dan cuenta histórica de ello. Justo ayer partió de este mundo Miguel Estay Reyno, el Fanta, que fuera declarado culpable como autor material en el Caso Degollados, uno de esos monstruos que entregó a sus compañeros comunistas a la tortura, la muerte y la desaparición, la bestia que se convierte en un ícono de la traición y la cobardía.

Reiteradas veces hemos tratado de explicar la emoción que se sufre frente a una traición cometida por un cercano. Es un dolor que arranca las vísceras, porque en principio no se asume, no se puede creer que alguien a quien apreciabas o amabas te defraude o te robe. Esta es la sensación que hemos sentido millones de chilenos que trabajamos en los 80 para recuperar una democracia real, que teníamos una utopía y que nos dimos cuenta, al transcurrir la transición, que nuestros compañeros se sentaron con los victimarios a consolidar el modelo neoliberal, que fueron obsecuentes a la dictadura, al tiempo que marginaban a los conflictivos, hacían quebrar sus diarios y revistas escritas desde las trincheras populares, se codeaban y hacían sus alianzas estratégicas con los grupos económicos que habían saqueado las empresas del Estado, protegiéndolos, de últimas, con el silencio por 50 años de los testimonios recogidos por la Comisión Valech.

Como el sentimiento brota de la experiencia, para quienes hemos vivido la lucha contra el cáncer en un ser querido, haber compartido angustiado su lucha valiente, para superar radiaciones y quimios que desgarraban su cuerpo, ver a esa persona sufrir en silencio, recuperarse heroica, sin una queja, sin jamás victimizarse, en fin, cuando se ha vivido de cerca esa epopeya, conocer del hecho en que un desalmado haya usado la enfermedad del cáncer para victimizarse, para obtener adhesión a su campaña y  además sacar dividendos con las tantas rifas en que se rió de  la buena fe, estrujando la  solidaridad de miles de personas pobres pero generosas; cuando se comprueba esa degradación moral,  esa frialdad para manipular, disculpen, pero, desde la experiencia de haber conocido el cáncer de cerca, esa mentira, en lo personal, no admite comprensión, explicaciones ni menos justificaciones.

No se puede relativizar, mezclar por compasión en lo personal, esta estafa a la fe pública con otros hechos peores, porque no se trata de jugar a los empates. Porque el dolor es que uno de los tuyos haya traicionado tu confianza. Porque no se debe relativizar el daño que ha producido al proceso de reencuentro colectivo, a esta lucha desgastante de David contra Goliat que estamos dando, en pos de un sueño que se afirma con alfileres como una bandera de esperanza.

Porque veníamos de 30 años en los que esa esperanza nos la robaron, como ya he dicho, esos otros traidores que se vistieron de izquierdistas, manejando sus intereses corporativos con la derecha. Veníamos de la corrupción entronizada, veníamos resecos de un individualismo a la vena y buscábamos volver a creer. Y allí está el daño que ha provocado el Pelao Vade y, reconociendo que integró una Primera Línea que merece el mayor respeto, por eso mismo esto ha sido arrebatarnos ese puñado de confianza que veníamos levantando con esfuerzo, porque veíamos en él a una persona jugada, que mostraba esa alternativa esperanzadora del recambio en la política.

Por eso, el daño ha sido profundo, nos ha remecido, y nos ha permeado como un ácido que corroe lo colectivo. Objetivamente, acá debe haber otras personas que participaron de la mentira, porque hubo un montaje publicitario engañoso que no puede haber sido casual,  que colocó a Rojas Vade en medio de plaza Dignidad como un líder anónimo, que, de pronto, se  catapultó desde ese espacio combatiente, como un pseudo héroe popular.

Como la mentira tiene pata corta, el Pelao Vade fue quizás una bomba de tiempo y este golpe periodístico de la Tercera apuntó a la línea de flotación de la Convención Constitucional y eso tampoco ha sido casual. Salir del shock exige tomar decisiones oportunas y claras, para seguir navegando turbulencias con la transparencia como bandera.

Periodismo Independiente, Hernán Narbona Véliz

 

Una mirada libre a nuestro entorno

La Lista del Pueblo, de lo emocional a la realidad

La Lista del Pueblo, de lo emocional a la realidad

Hay en la Memoria colectiva frases que nos han marcado. Recuerdo el lema del Paris de Mayo 1968: “Seamos realistas, pidamos lo imposible”, o la de Lenin: “Si la realidad no está de acuerdo con la teoría, tanto peor para la realidad”. Ambas han sido arengas que han apuntado a lo abstracto, a las ideas, a las emociones, ambas han resultado movilizadoras, viscerales y preclaras ante un momento de cambios. Sin embargo, abruptamente la realidad se impone, lapidaria de sueños, porque refleja el ejercicio frío y descarnado del poder. Es así como, los revolucionarios de los 60 terminaron invocando el pragmatismo y defendiendo obsecuentes sus parcelas o maceteros de poder.

En el libro Letras Anarquistas, Artículos periodísticos y otros escritos inéditos compilados por Carmen Soria, Editorial Planeta, 2005, se puede leer un brillante artículo de Manuel Rojas referido a la Revolución de Octubre, donde la mirada crítica a los hechos históricos que sucedieron a la toma del poder y defenestración del zarismo, se impone sobre las emociones que generó  ese instante puntual donde los bolcheviques elevaban la bandera revolucionaria. La frase de Lenin, señala Manuel Rojas (Revista Babel, 1944) , se le revierte en la práctica  y es la realidad la que desmantela las teorías y muestra en toda su crudeza la construcción del Estado totalitario, que se aleja de la propuesta política socialista original.

En la explosión social de Octubre 2019, el pueblo chileno se movilizó por cambios profundos, con una Primera Línea resistiendo una feroz represión que sólo ha sido comparable con los peores momentos de la dictadura de Pinochet, disputando como un hito la Plaza de la Dignidad, generando una carga emocional nacional, que atribuyó a ese espacio un gran simbolismo. Al fragor de las emociones y mística de esa disputa, que culminó con el retiro de la estatua de Baquedano de ese sitio, generó el reencuentro de personas, de dirigentes sociales y agrupaciones ciudadanas diversas en un colectivo emergente, con un común denominador de no militancia en partidos políticos del binominalismo histórico. Y, a partir de allí, lo inmediato fue conformar un grupo para participar en el proceso constituyente, lo que alcanzó éxito en la elección de los convencionales como Lista del Pueblo.

Sin embargo, el choque con la realidad fue tener que afrontar la articulación coherente de ese colectivo horizontal, reacio a subordinarse con disciplina a líderes conductores, grupos que han sido asambleístas por esencia, sin capacidad orgánica para ordenarse para una capitalización de ese poder alcanzado. La vociferancia difusa, la dispersión de temáticas a relevar en los discursos, provocó que en la Lista del Pueblo no llegaran a conformar un colectivo político coherente, que confluyera en una sola voz y en un planteamiento sustantivo. Esto ocurrió, a mi juicio, porque la realidad les exigía actuar como movimiento político, como un partido que razonablemente busca consolidar un espacio de poder, lo que entraba en contradicción con ese discurso esgrimido, de repudio al actuar de los partidos políticos. Y esto es algo que alcanza ribetes fundamentalistas, casi dogmáticos, por completo irracionales, si lo que se busca es construir un fortalecimiento del Apruebo, que apunta a una sociedad diferente a la actual, a partir del nuevo texto constitucional.

 

 El enfoque pasional de plaza Dignidad y el triunfo consecuente de la Lista del Pueblo, aterrizó en la realidad del trabajo constituyente, donde ha habido que superar diversos escollos, colocados intencionadamente para hacerlo fracasar. En esa nueva mística interna, en un trabajo de 8 semanas, se ha llegado a un borrador de Reglamento para la Convención Constitucional, y este proceso exigió diálogo, participación ciudadana y una prudente toma de distancia de la política contingente, que sigue su propio carril y su propia dinámica mediática.

En este período, los constituyentes elegidos como independientes de la Lista del Pueblo se han integrado al proceso intenso de la Convención Constitucional, alejándose expresamente muchos de ellos de la contingencia política y de los hechos tortuosos que han tenido como foco la Lista del Pueblo. Sin entrar en detalles, el episodio de haber nominado en una asamblea como candidato presidencial al dirigente sindical minero, Cristian Cuevas, para quitarle el piso casi de inmediato, dejándolo, en definitiva, fuera de la papeleta de noviembre, al no haber alcanzado los patrocinios necesarios en el SERVEL; a lo que se suma el nombramiento o respaldo dado a otro candidato, Diego Ancalao. Esto último ha reventado mediáticamente con la bajada de Diego Ancalao por parte del SERVEL, con una denuncia de haberse inscrito con uso de firmas falsas ante un notario que había fallecido.

En un par de semanas han ocurrido estas dos situaciones bochornosas, que sellan una muerte política de un movimiento surgido de la épica de la revuelta, desde esa emocionalidad, que fue un exitoso instrumento e acceso al proceso constituyente, pero que ha caído entrampado en la realidad de disputa del poder, cayendo en lo mismo que repudiaban en su vociferancia. Lo que debiera llevarlos a una profunda reflexión para poder superar los errores cometidos.

 Es así como, la Lista del Pueblo ha mostrado patéticamente la inmadurez política de muchos de sus dirigentes, desmoronándose como castillo de naipes por sus debilidades conceptuales y orgánicas, por la falta de un padrón interno, convertida en una suerte de barra brava, donde todos actúan desde la épica de la revuelta social de octubre, pero sin asumir las responsabilidades que significa haber logrado este momento histórico que estamos viviendo. Sin darse cuenta de que es una oportunidad histórica, que su actuación errática ha puesto en riesgo.

Los hechos comentados impactan en la fe pública como una duda profunda y razonable de la coherencia y consecuencia de los movimientos sociales que surgen de las emociones, de los estados de ánimo, tales como el desencanto, el agobio, la rabia, el resentimiento o la desesperanza aprendida, al momento de tener la posibilidad de ejercer el poder, impulsando un nuevo orden en la convivencia.

Es entonces, cuando la política exige el diálogo, la construcción de equilibrios, de límites necesarios para asegurar que nadie abuse de posiciones de privilegio. Este ejercicio profundo es el que vemos en desarrollo en la Convención Constitucional y creemos que la realidad que se construya, dejará sólo como mal recuerdo los episodios comentados, quizá como evidencia cultural  de haber normalizado una política sucia, dentro de un modelo individualista, lo que ha calado en la sociedad, motivo por lo cual, soñar lo colectivo es de difícil práctica y requiere actuar en lo personal, con profunda convicción democrática. Lecciones que debiéramos reflexionar para respaldar este proceso constituyente en desarrollo.

Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente, #SomosPoderConstituyente, 27.08.2021.

Una mirada libre a nuestro entorno

Cuidemos la Convención Constitucional

 

Fuimos un 80% de los que votamos en el Plebiscito de Octubre 2020, los que expresamos la voluntad soberana de escribir una Nueva Constitución a través de una Convención Constitucional,  en la que se eligiera el total de los convencionales constituyentes por elección popular.

 

El 15 y 16 de mayo se realizó esa elección de constituyentes y mayoritariamente fueron las listas de independientes las que impusieron un nuevo derrotero para Chile. 

 

Desde las élites políticas esto ha sido traumático, pues a partir de esa derrota reiterada, se asume en los partidos políticos del binominalismo, los mismos que amistosamente habían acomodado las piezas para seguir monopolizando la representación popular, que su tiempo había concluido.

 

La tozudez de la clase política, significó que muchos connotados políticos salieran del Parlamento para intentar incorporarse a la Convención Constitucional. Los partidos del Rechazo intentaron lograr ese tercio maldito que les permitiera vetar los cambios,  llevando el proceso constituyente a la vía muerta. Pero fracasaron en su intento y quedaron atrincherados en una treintena de convencionales dedicados en su mayor parte a frenar y desprestigiar el proceso iniciado el 4 de julio.

 

La reacción está usando toda su capacidad mediática para enlodar el proceso, generando noticias distractivas, que denigran y farandulizan el trabajo que se ha venido realizando, destacando por su virulencia, las vociferantes intervenciones y ataques de Cubillos y Marínovic.

 

Nada de esto es casual. Junto con el manejo oscuro del presupuesto asignado para el funcionamiento de la Convención,  la improvisación en la instalación de los elementos y equipamiento básico para su funcionamiento, se han ido sumando la generación agresiva de dichos agravantes y de amenazas en contra de Elisa Loncón, la Presidenta de la Convención. 

 

Pero también ha habido fuego amigo, que surge de destempladas voces de la Lista del Pueblo, que han resistido abrir la mesa a la presencia minoritaria del grupo de derecha o Rechazo, creyendo que aislarlos era lo correcto  sin darse cuenta que eso podría deslegitimar el proceso constituyente, arriesgando con ello el plebiscito de salida y, porqué no, una asonada golpista desde la ultraderecha.

 

Esta posición infantilista del grupo de independientes de la Lista del Pueblo, provocó que dos  convencionales mujeres se descolgaran de esa coalición por no estar de acuerdo en usar la ley del Talión.

 

Elisa Loncón convocó a un diálogo desde el amor, donde se asuma la responsabilidad de estar  creando un mejor país para nuestros niños.  El mensaje ético prendió y la mesa integró a constituyentes del Rechazo, sabiendo que, en la deliberación,  son las ideas y la razón  las que van legitimando el proceso, en decisiones que van sustentadas en argumentos y acordadas al final democráticamente. Se aprecia en esta estrategia una inteligencia democrática que invoca la razón  y no la fuerza.

 

La Convención avanza en la preparación de su Reglamento y se ha ganado mucho tiempo, pese a las zancadillas que ha puesto el stablishment.  Tratar de blindar a la Convención de la contingencia ha sido otro desafío de la Mesa, toda vez que la política partidaria sigue enfrascada en la competencia electoral, en las primarias legales y privadas, en las listas parlamentarias y la elección presidencial de noviembre. 

 

En los medios oficiales esto ha servido para bajarle el perfil a la Convención en la agenda noticiosa. Lo cual puede ser malo porque instala como relevante algo que juega sus descuentos, haciendo creer a la opinión pública que esto es lo importante, a la par que se presenta el proceso constituyente como desordenado, improductivo e innecesario si sigue vigente este otro escenario electoral tradicional.

 

Pero, a la vez, esta tendencia mediática puede hacerle bien a la Convención Constitucional en la medida que deja avanzar con menos ruidos e interferencias a las Comisiones,  colocando las reglas para ir tomando decisiones a medida que avanza el trabajo de equipo. Pero, es necesario que se genere una comunicación fluida, directa y fehaciente de la Convención con las organizaciones sociales y territoriales, para que los medios oficiales no desinformen con chimuchina los avances del proceso constituyente. 

 

Las fuerzas reaccionarias están colocando todos sus recursos para bloquear los cambios y preservar sus privilegios, la ultraderecha está provocando con esbirros que destruyen murales y memoriales a las víctimas de la explosión social del18 de Octubre de 2019. Todo el sistema se colude en agudizar la situación de abuso e injusticia y a esa provocación, lamentablemente, responden desde la emoción visceral, los grupos que tienen encima el dolor porque son los que han ofrecido sus vidas y sus ojos para abrir este camino que termine con la Constitución de la dictadura.

 

Hoy, defender el proceso constituyente es patriótico y revolucionario, es poder desmontar por la vía pacífica y democrática una dictadura que trascendió al dejar enquistados en la sociedad un modelo y una cultura individualista. Los partidos políticos han sido cooptados por el dinero. Pero, hoy hablamos de refundar el país, colocar la vida, la razón y la justicia como norte de este camino.

 

En este propósito, asumiendo que caminamos en un campo minado, sabedores de que el poder nos ve como sus enemigos, desde la base social, desde nuestro puesto de trabajo y convivencia, no nos traguemos sus noticias falsas. Codo a codo, espalda con espalda, unamos fuerza y espíritu para apoyar a nuestros constituyentes,  cerrando filas en los cabildos, en los colegios profesionales,  en las comunidades escolares, en los barrios y campos, para ir cada día escribiendo un párrafo más de este sueño colectivo, donde todos estamos invitados.

 

Hernán Narbona Véliz

Somos Poder Constituyente, Periodismo Independiente 31 de julio 2021.

 

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