Este es un espacio de periodismo de análisis y opinión, desarrollado por Hernán Narbona Véliz, Poeta y Escritor chileno. Administrador Público, Licenciado en Relaciones Internacionales, Columnista de diversos medios, miembro de Periodistas Frente a la Corrupción.
Lo que se juega en la elecciones presidenciales del 19 de
Diciembre de 2021, es dar un paso seguro hacia la construcción de un país menos
desigual, en el derrotero que la ciudadanía se ha dado a través del proceso
constituyente, conquistado con un gran sacrificio de miles de jóvenes, cegados, mutilados, encarcelados sin
un juicio justo, reprimidos por agentes del Estado, en plena “democracia”. La
otra alternativa es retroceder, legitimar un modelo de privilegios y seguir
atados a la Constitución de 1980, dictada en dictadura y que ha articulado un capitalismo
salvaje y depredador de la naturaleza.
Es
por eso que la ciudadanía se ha remecido, buscando mover a las urnas a todas
las personas que aspiran a la libertad, a recuperar dignidad y convivir en paz
y justicia social. De la otra orilla aparece el autoritarismo, el negacionismo
de las violaciones a los DDHH en dictadura y democracia, la libertad a
criminales de lesa humanidad y la imposición de un Estado represivo que
destruirá los avances logrados en términos de equidad de género y
reconocimiento a los primeros pueblos. La libertad que ofrece el candidato de
ultraderecha es ficticia, es sumisión, es destruir el sentido de colectivo.
En
este remezón que ha significado que Kast haya salido, en primera vuelta, con la
primera mayoría relativa como candidato de la derecha, las fuerzas sociales, el
progresismo, incluso la mayoría de personeros de la ex Concertación, se han
sumado al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, cerrando filas frente a
la amenaza que significaría la instalación de un nuevo Bolsonaro en Chile.
La
ciudadanía se resiste a claudicar ante el negacionismo de la ultraderecha y reivindica
la Memoria, la
libertad de expresar las ideas, de profesar un credo, de convivir en armonía con el medio ambiente y
en plena diversidad biológica, la libertad de asociación, de soñar, de fundar familia, de crear,
de disponer de alimentos limpios de manipulación genética, de
desarrollar sus talentos, de ser felices,
de compartir con tolerancia y respeto los espacios públicos.
En
este minuto histórico, se ha venido a la Memoria, esa historia larga de
masacres conque la oligarquía ha aplastado todos aquellos momentos en que vio
amenazados sus privilegios. Está aún en carne viva la tragedia del período
dictatorial de Pinochet, con miles de desaparecidos, ejecutados, torturados,
exiliados, exonerados políticos; se ha vivido el silencio y la amnesia impuesta
por el poder, en penosa y vergonzosa colusión con muchos ex revolucionarios de
los 70. Sólo la elección de un Presidente que respete los DDHH y se comprometa
con ellos en toda su dimensión, permitirá curar gradualmente esas heridas
abiertas.
El
sufragio vuelve a ser en esta decisiva segunda vuelta presidencial, el arma cívica
de los pueblos. Pero
hay un 50% de abstención y esto ha sido la caja negra, la incertidumbre que estresa
hoy a la población progresista. Por ello, se ha tratado de despertar de su
abulia, descreimiento y desesperanza aprendida, a ese 50% de chilenos que no ha
participado en las elecciones, que ha regalado a otros su soberanía.
En
el contexto global estas elecciones en Chile son muy importantes. Porque Chile
fue desde la dictadura el laboratorio donde se aplicó el neoliberalismo en su
expresión más descarnada, saqueando y minimizando al Estado, mercantilizando
los derechos sociales, eliminando a la disidencia, cooptando a la política con
el dinero. Ese sistema dominante impuesto por la fuerza de una dictadura, está
hoy defendiéndose, cerrando filas las fuerzas conservadoras detrás de José
Antonio Kast, con una sola premisa: defender sus privilegios. Y, es ésta, la vía
democrática que la sociedad civil, las organizaciones y movimientos sociales se
ha dado para desmontar ese inhumano modelo y lo está haciendo a través del
sufragio, el domingo 19.
Con
el triunfo rotundo que se espera logre Gabriel Boric, Chile asegurará que el proceso
constituyente fluya con tranquilidad y sin las vallas que le puso el gobierno
de Piñera. Si gana Boric, Chile sepultará un período de ignominia de 48 años,
recobrando un ánimo de esperanza, para caminar en toda nuestra diversidad a la
recuperación de la República, con sentido de bien común, protección de la
naturaleza y respeto mutuo, tolerancia y libertad.
Libres
con dignidad o esclavos sometidos a ideologías oficiales, un gran dilema que nos llama a
participar, a desplegar una mirada
crítica y romper la indiferencia, la ignorancia y la obsecuencia. Comprometer
una lucha constante contra la mentira y la corrupción, cualquiera sea la investidura o color del que
la realice. Es lo que se juega en Chile este 19 de diciembre de 2021, concurramos
a votar con la convicción de ser libres y ser parte de la Tierra que debemos
respetar.
Fiscalización: voluntad política para hacer cumplir la ley
En los procesos de modernización
del Estado, en el próximo gobierno de Gabriel Boric, se deberá trabajar en el
fortalecimiento de los organismos fiscalizadores, reorientando sus energías con
mayor eficacia, coordinación y descentralización, como un primer paso hacia un
Estado Responsable, que retome las riendas del control fiscal, actuando en una
economía mixta que evite la concentración económica y combata la evasión.
Alcanzar la necesaria mayor
recaudación, que permita sustentar el mayor gasto público que requerirá asegurar
los derechos sociales, como salud,
vivienda, educación, seguridad social, no debiera depender sólo de cambios
legislativos, que de suyo representan un proceso complejo, sino partir desde la
Presidencia de la República ordenando una gestión pública que rompa paradigmas,
que termine con los compartimentos estancos en el ámbito de la Administración
Pública, con un propósito de coherencia y eficacia. En este sentido, el
Ejecutivo podrá articular una política fiscalizadora transversal que, con el
liderazgo del primer mandatario y Jefe de Estado, decrete que los organismos
fiscalizadores complementen sus competencias para enmendar situaciones que
limitaron, en el marco del Estado Subsidiario, su autonomía y su potencial como
Servicios Fiscalizadores. Lo que es un sentir de los trabajadores de Hacienda,
es que exista una voluntad política manifiesta para dejar que se ejerza con
idoneidad técnica y moral la función pública que la ley les fija, añadiendo la
coordinación y complementación a través de planes maestros contra la evasión
tributaria.
El gobierno debe lograr que la energía fiscalizadora
se concentre y despliegue profesionalmente, desde el 11 de marzo en adelante, para
aplicar la energía fiscalizadora del Estado, con toda la legalidad vigente, en
aquellas áreas en que los trabajadores de Hacienda conocen y que son ámbitos que
permiten la elusión o evasión de impuestos y que han generado espacios de
omisión fiscalizadora o falta de rigurosidad en la fiscalización ejercida.
El próximo gobierno democrático
deberá colocar las mayores energías en una gestión eficaz de los organismos
fiscalizadores, la cual, al mismo tiempo, deberá ser coherente y
descentralizada. Trasladar capacidades de fiscalización a los espacios
regionales, sería una medida de carácter emblemático, evitando con ello que
existan cúpulas centrales, que toman decisiones respecto a planes de fiscalización
y auditorías que ocurren en los territorios. Exigir que se tribute donde se
produce sería una medida en esta dirección.
Será el deber del próximo
Gobierno viabilizar los principios que se
fije en la Convención Constitucional, en materia de ingresos fiscales. Ello exige
recuperar la capacidad del Ejecutivo en cuanto liderar y conducir al Estado a
esta dimensión fiscalizadora que garantice que los Derechos Sociales, hasta
ahora mercantilizados, puedan ser asegurados con una mirada de bien común.
El sentimiento de compromiso de
los funcionarios públicos dependerá de que sientan que existe voluntad política
real por imponer la ética y la transparencia en la función fiscalizadora,
entendiendo que se les dejará aplicar la ley y llegar a fondo en el objetivo de
la fiscalización, sin que los grupos de presión, el tráfico de influencias,
detenga, distorsione o entrabe la labor de los equipos fiscalizadores. Este
aspecto es crucial si se aspira a un cambio ético en la gestión pública y una revalidación
de la función pública al servicio de los intereses de Estado y no de los
gobiernos de turno.
Poder cumplir con esa misión,
exigirá reformular esta dimensión de Estado Probo y Fiscalizador, que genere
los ingresos al erario público, con una
gestión coherente, transparente y equitativa en todos los ámbitos del aparato
público.
Gabriel Boric lo expresó en
distintos debates: sabrá escuchar y las políticas públicas las formulará
escuchando a los trabajadores. En esta línea, el futuro Presidente de Chile
debe saber que los trabajadores de Hacienda esperan ponerse al servicio de los
grandes intereses de Estado que se definan en la Convención Constitucional.
El Estado al que aspiramos debe
conducir la inserción internacional del país y esto implica revisar a fondo las
asimetrías que enfrenta una economía centrada en las exportaciones primarias
como la minería, erradicando las malas prácticas con que se ha manejado el
extractivismo, sin responsabilidad
ambiental, eludiendo o evadiendo el debido pago de tributos.
Una fiscalización aduanero
tributaria eficaz, que aplique con inteligencia y rigurosidad las leyes y
tratados internacionales que el Estado de Chile ha suscrito, uniendo
competencias del Servicio Nacional de Aduanas y del SII, permitiría fiscalizar el
comercio exterior en defensa del interés nacional, lo que podría llevar,
incluso sin subir los impuestos, sino determinándolos con rigurosidad, a un
aumento importante en la recaudación.
Proponer un Estado que en su rol
Fiscalizador haga cumplir, ni más ni menos , la ley significa recuperar la
legitimidad y asegurar la autonomía efectiva de los organismos fiscalizadores,
exigiéndoles complementariedad y unidad de dirección, para alcanzar una mirada
coherente de Estado, en defensa del interés fiscal, evitando la fuga de divisas
y la evasión. Necesariamente, poder reorientar al país hacia un Estado de
Derechos, requiere una política fiscalizadora eficaz y eso parte logrando una
gestión pública fiscalizadora bien orientada, que erradique cajas negras y la
corrupción asociada.
Jaime Contreras Páez (1947-2010) fue Doctor
en Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina y su tesis doctoral versó
sobre el pensamiento de Friedrich August von Hayek. En el undécimo aniversario
de su abrupta partida, mientras dictaba clases de Ética Social en la Escuela de
Sociología de la Universidad de Valparaíso, el lunes 6 de diciembre de 2010, se
realizó una ceremonia de conmemoración, para
iniciar el rescate de su historia y su
legado.
Jaime Contreras Páez estudió sus
humanidades en el Colegio Experimental Rubén Castro y prosiguió sus estudios de
Filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso. Desde su regreso a Chile, en
los noventa, en su cátedra dejó al desnudo el pensamiento deshumanizado y
materialista del modelo neoliberal, usando para ello el profundo conocimiento de
quien fuera su inspirador ideológico, Friedrich von Hayek. El acto de
conmemoración destacó el pensamiento político anti neoliberal de Contreras Páez
y se cerró con un compromiso “la lucha contra el neoliberalismo, continúa”.
Según el Doctor
Jaime Contreras Páez , en el pensamiento de Hayek hay una fragmentación del
hombre, sólo importa “lo económico”, lo que impide tratar los problemas socio-económicos
en su globalidad, en su contexto, en su complejidad. La sociedad es vista como
una suma de individuos. Visión difícilmente aceptable cuando se recorre la historia
del pensamiento de occidente. Individuo y sociedad forman un todo indisociable,
en interacción permanente y la individuación sólo es posible en sociedad.
En su tesis, el Doctor Jaime
Contreras Páez señala el desacuerdo de Hayek con los artículos 22 al 28 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos artículos se refieren al
derecho a la seguridad social, a un trabajo y un salario digno, a la protección
contra el desempleo, al derecho al descanso y a vacaciones periódicas pagadas,
a un nivel de vida adecuado y a la educación gratuita. Además, para Hayek los
fines , los planes , las acciones tienen un carácter individual, ni social ni
común.
El año 1994, de regreso a Chile, dictamos
en equipo los Seminarios “Los Jóvenes en el Proyecto Exportador” en la PUCV y “El
pensamiento de Hayek y las Negociaciones Internacionales” en la Universidad de
Magallanes. En estos programas, el objetivo era ver cómo los planteamientos de
Hayek empapaban la acción del Estado, imponiendo su carácter de subsidiario y propiciando
la traslación de competencia a un espacio supranacional, donde priman los
intereses corporativos a escala global. El Estado abandona en la escalada
neoliberal, sus objetivos fundacionales de protección social de sus habitantes y
queda sometido a un orden económico globalizado en el cual la concentración de
la riqueza ha sido la tónica.
La propuesta que planteábamos era
de resistencia al individualismo hayeksiano, promoviendo, como alternativa al
materialismo neoliberal y su capitalismo salvaje, las experiencias asociativas que
han permitido competir mejor en los espacios ampliados, llámese cooperativas,
consorcios, joint ventures en su amplia gama. Las alternativas asociativas en el
ámbito económico internacional constituyeron una acción marginal, propiciada
especialmente por el mundo de las organizaciones no gubernamentales. En los 90
se estaba reestructurando el Comercio Mundial y en ese tiempo, yo integraba el Centro Interamericano de
Comercialización, CICOM, que fue un proyecto de la Fundación Getulio Vargas, de
Brasil, y de la OEA, para prestar
asistencia técnica a los gobiernos, las cámaras y las universidades para
fortalecer su capacidad negociadora, y
sumar capacidades de gestión para salir a los mercados ampliados, generando
proyectos exportadores, con economías de escala y bases comunitarias y asociativas.
Esta propuesta la difundimos en toda la región latinoamericana y del Caribe y quedó
plasmada en el libro que escribimos en equipo 3 consultores, Daniel Avaro,
Marilda Rosado y yo, más el Director de CICOM, el Doctor Juan Luis Colaiácovo. El
libro que editó Machi Editores, “Joint Ventures y Otras Formas de Cooperación
Empresarial”, fue el instrumento para
una praxis distinta a la ideología dominante.
En estas circunstancias,
trabajamos en colaboración con Jaime Contreras Páez, por eso pudimos
complementar una visión crítica de Hayek, con sus dogmas de fe dominantes, demostrando
que otra forma de relaciones económicas a escala humana y justa es posible, que
el neoliberalismo es depredador por esencia, pues busca dominar, imponerse,
destruir, absorber, concentrar.
Ese capitalismo salvaje se estaba instalando en
Chile, de verdad un laboratorio de ensayo a disposición de esta ideología desde la dictadura cívico militar, con la complicidad intelectual de conspicuos ex políticos
revolucionarios, y, por eso, lo que exponía Jaime Contreras al desnudar a Hayek
en su profundo materialismo, se traducía en verdades incómodas, pero
indesmentibles, porque estaban dichas por el propio Hayek, desde su filosofía y
pensamiento.
Cuando conmemoramos la partida de
este profesor consecuente, invisibilizado por la academia oficial, siento, como
su compañero de ruta, la premura por mostrar a los chilenos su Tesis y su
práctica de vida, en total consecuencia con sus principios. Porque el Doctor
Jaime Contreras Páez fue el único académico que se atrevió a adherir a la causa
mapuche, sumándose a la huelga de hambre, la que cumplió allí, en las aulas, en
el mismo salón de honor de la Escuela de Sociología, donde, dictando clases,
recibiría el infarto fulminante del 6 de diciembre de 2010.
Sin embargo, la muerte es
derrotada por la palabra y por el ejemplo que ha dejado Jaime Contreras Páez,
porque siempre se planteó valiente contra el modelo, sobre todo cuando los más
callaban y muchos se mimetizaban como camaleones con el neoliberalismo imperante.
En ese sentido, la obra del
Doctor Jaime Contreras Páez amerita ser rescatada como insumo educacional de
las nuevas generaciones, porque llevar a la práctica sus ideas es necesario y,
hoy, más necesario que nunca. Cuando con Jaime analizábamos el aterrizaje
práctico del pensamiento neoliberal, en momentos en que toda disidencia a ese
dogma económico era silenciada por el sistema, desde la tribuna académica
pudimos presentar una posición contestaria a esta doctrina dominante,
demostrando que la colaboración, la complementación, la cooperación, la lealtad
y los equilibrios justos, son conceptos que se pueden plasmar en una interrelación
positiva para todos los actores de un conflicto de intereses.
Y esta cosmovisión
de democracia profunda, debemos fortalecerla con trabajos intelectuales de la
talla del Doctor Jaime Contreras Páez, para que empape los nuevos tiempos que
Chile está construyendo. Otro mundo es posible, la lucha continúa.
Hernán
Narbona Véliz, Corresponsal Diario La Razón.cl en Valparaíso
Conversamos con la médico cirujano, Juanita Fernández Álamos, activista ambiental y de DDHH, que ha apoyado a MUZOSARE, Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, en su lucha por recuperar sus derechos a un ambiente sano.
En el contexto de un noticia, LOS NIÑOS CONTAMINADOS POR PLOMO Y ARSÉNICO EN ARICA, que ha visibilizado una tragedia y un verdadero crimen que ha cometido el Estado de Chile, al autorizar la edificación de viviendas en un área aledaña a un vertedero de residus tóxicos.
Las Mamitas del Plomo, con sus niños , niñas y adolescentes contaminados, con enfermedades como el autismo que ellas han relevado en sus poblaciones.
En este contesto, la Dra. Fernández expne la necesidad de consagrar en la Nueva Constitución un Estado de Derechos, de las personas y de la Naturaleza.
Además, plantea la urgencia de avanzar en el proceso constituyente porque la gente quiere conocer los resultados,. Presisamente hoy , en Rado Universidad de Chile, Jaime Bassa se refería a esta necesidad de instalar una urgente estrategia comunicacional que contrapese las campañas de desprestigio a la Convención, marcando los avances reales a la comunidad nacional. El momento político que se vive es crucial porque pone en riesgo la Constituyente. La Convención goza de legitimidad suficiente y lo que se quiere es empezar a ver avances en el producto esperado.
Hernán Narbona Véliz, Diario La Razón.cl , 07.dic.2021
Hablo
en este artículo desde los adultos mayores que fuimos la Generación de los 60 y
70. Hemos cruzado 5 décadas y hoy nos estremece la sola probabilidad de que el
terrorismo de Estado vuelva a instaurarse, esta vez, increíblemente, por la vía
electoral, por la campaña del terror y por la abstención de más de la mitad de
los ciudadanos que no entienden lo que nos estamos jugando el 19 de diciembre. La
cultura de la muerte hoy amenaza y allí sabemos que mueren las libertades
públicas y se impone una neo-esclavitud. No queremos eso para nuestros nietos y
tataranietos.
Frente
a una realidad de concentración de la riqueza y de precarización, los sectores
medios ciudadanos se deben responsabilizar de conformar, en gran medida, esa
mitad de los chilenos que se han abstenido en las elecciones, lo que significó
regalar espacios precisamente al duopolio que compartía similares malas
prácticas y servían expresa o tácitamente al modelo instaurado en dictadura. Esos
sectores “apolíticos” no se pronunciaron y su karma hoy es haber resignado su
soberanía, sin intentar siquiera corregir un sistema que ha venido en una
escalada de abusos, de concentración de la riqueza y depredación territorial.
El individualismo y el consumismo llevaron a esa despolitización o pérdida de
consciencia de los sectores medios, a personas que se centraron en un “sálvese
quien pueda”, alejándose de la vida cívica. Los sectores medios han estado
ocupados en sobrevivir al borde siempre de la pobreza, sobre endeudados,
convertidos en consumidores, normalizando el abuso,creyendo poder morigerar el capitalismo salvaje
para hacerlo menos abusivo y entendiendo, recién a partir de la explosión
social de octubre 2019, que ello pasa por cambiar el modelo y la constitución de
la dictadura que lo ha blindado para perpetuar la dominación de una minoría.
Los
sectores jóvenes que hoy representa la candidatura de Gabriel Boric, son
sectores medios que hoy lideran y ganaron su espacio en una larga lucha, representan
el grupo etario cercano a los 40 años, que vivieron casi niños los ochenta, y
crecieron en este placebo de democracia de los noventa, en esta transición que
duele y avergüenza. Son jóvenes que se abrieron camino como outsiders del sistema
binominal, en donde un puñado de militantes se movían cínicamente entre el
Estado y las Corporaciones, compartiendo amablemente el poder con la derecha.
Eso,
en la mirada de los jóvenes pingüinos, fue bajar la oreja, ser obsecuentes y
ciegos a lo que se jugaba. Aceptar un orden que ha estado amarrado al saqueo de
los fondos previsionales, al perdón de la deuda subordinada a la banca, a la privatización
del agua, las carreteras, al financiamiento ilegal de la política.
De
eso estamos hablando, de un sistema basado en la injusticia y la fuerza de las
armas que sirve a los sectores dominantes. Contra ese sistema se levantaron los
movimientos estudiantiles por una educación sin lucro, lo movimientos No Más
AFP por pensiones dignas, el movimiento feminista en contra de una sistema
patriarcal; los movimientospor
recuperación del agua, en contra del extractivismo depredador, de las zonas de
sacrificio o de la invasión inmobiliaria que destruye los barrios. Nos
referimos a una explosión social multifacética en contra de una democracia
deformada, subyugada y mentirosa, en donde los eufemismos sirven para practicar
la corrupción descaradamente, a diestra y siniestra. Contra la Constitución del
80,que legó el régimen militar y que ha
ordenado la vida política con la perversa amarra de los 2/3, con los partidos
políticos jugando esas reglas institucionales, aggiornados, pragmáticos e instrumentales,
practicando el clientelismo, cuidando sus cuotas de poder y olvidando sus
principios.
Defender
y estar al servicio de la Convención Constitucional debe ser nuestro norte. Rescatar
al Estado del cuoteo político, significa dignificar a los trabajadores públicos
de carrera, ejerciendo un liderazgo que conduzca al aparato público hacia objetivos
estratégicos que signifiquen nuevas prioridades, en un enfoque de bien común y como
garante de los derechos sociales que hasta ahora el modelo ha mercantilizado.
Como
ciudadanos debemos asumir la acción política efectiva, para ser realmente
actores de esta nueva etapa de la historia. La democracia participativa debe
articularse con los movimientos sociales ingresando a la política, como
anfiteatro donde se toman las decisiones y, en este sentido, asegurar
gobernabilidad al nuevo gobierno, sustento social para la participación desde
los territorios, levantando nuevos representantes políticos que provengan de las
organizaciones sociales. Hasta ahora los políticos tradicionales amurallaron su
feudo para impedir que dirigentes sindicales o sociales pudieran participar. En
forma práctica los movimientos sociales han pasado al sitial político para
salvar esa barrera de entrada. Despejar esas restricciones significará sanear
el sistema político, en el mismo sentido que reducir las remuneraciones de esos
servidores públicos a los niveles generales de la administración del Estado. Con
esos lineamientos profundos se puede dejar atrás la política amañada, de
cocinas y secretismo, que desde lo social hemos repudiado. Hay que sumarse a la
arena política para lograr que esas reglas tramposas se desmantelen para que
las fuerzas sociales puedan irrumpir plenamente para un nuevo sistema,
participativo y transparente.
Vivimos
hoy en Chile y el mundo una profunda crisis moral y ecológica, que ha cuestionado
todas las estructuras de poder mundial, nacional y local, con una presión
global en donde intereses supranacionales ejercen su influencia y poder fáctico.
Cuando la democracia representativa no les sirve, no tienen remilgos en usar la
fuerza y esa es hoy la amenaza que
enfrentamos, porque en esa mirada autoritaria y excluyente, mueren las
libertades públicas y surge la neo-esclavitud. No queremos eso para nuestros
nietos y tataranietos.
Soy parte
de esa generación del 70, que vivió el sueño de los mil días, con todo el
idealismo y entrega de la adolescencia y juventud, que fuimos protagonistas de un período doloroso de la historia; y puedo decir
que fuimos una generación con irreparables pérdidas, que sufrimos el terrorismo
de Estado, que asesinó a tantos de los nuestros, una generación impactada por
la persecución y el exilio. Hoy, frente a la amenaza de una ultraderecha que
tiene el ánimo de repetir el período criminal de la dictadura, vemos la
necesidad de plantearnos para rescatar a Chile de este retroceso, para defender
lo avanzado y plasmar en una nueva Constitución Política del Estado de Chile un
nuevo trato, para una convivencia en paz, con mayor justicia social, en armonía
con la naturaleza, para comprometernos como sociedad con la defensa del
planeta.
Los
abuelos, políticamente activos y que nos levantamos temprano a votar, somos esa
generación del 70 y estamos de pie por una democracia profunda y participativa,
que termine con el imperio de la codicia y el miedo en Chile y por ello votamos
Esperanza.
El diagnóstico es duro en materia
de seguridad pública. El Instituto Nacional de Estadísticas indica en el
Informe Anual de Estadísticas Policiales de 2019 que el 86,2% de los casos
policiales a cargo de Carabineros no concluye en detenciones. Que, del total de
denuncias a la PDI, un 58,2% corresponde a Delitos de Mayor Connotación Social.
Existe una cifra negra del delito que alcanza al 64,9% y la percepción
ciudadana de que los delitos han aumentado alcanza un 76,8%.
Todos los indicadores apuntan a
que Chile sufre desprotección en las comunas de mayor densidad y de menores
recursos. Ha existido una objetiva y creciente falta de eficacia por parte del
Gobierno de Sebastián Piñera, que fue elegido, precisamente, por su promesa de
campaña, de terminar con la delincuencia, la cual se ha desbordado y aumentado
en su violencia, ocupando territorios urbanos en todo Chile. Sobre este tema, existen
diagnósticos diferentes, en los programas de los dos candidatos presidenciales
en carrera para la segunda vuelta.
La variable corrupción es parte medular
de la falta de seguridad en Chile. Que la plana mayor de Carabineros haya sido
imputada por malversación de recursos públicos; que lo propio haya ocurrido en
el Ejército y, en el caso reciente, con el Ex Director general de la PDI, ha constituido
una serie de hechos en los que se ha faltado a la probidad , afectando la moral
institucional a todo nivel.
Cuando, frente al financiamiento
ilegal de la política, se desplegó en el gobierno de Michelle Bachelet una
operación conducente a frenar las causas por delitos tributarios que se habían
configurado a partir de los hechos investigados, se coartaron las facultades de
la Fiscalía para investigarlos, enviando el Director de SII los casos a la vía administrativa
de regularización, pese a haberse configurado delitos tributarios. Esto no deja
de pesar en la memoria de los funcionarios de SII, quienes, de manera
profesional y acuciosa, evidenciaron la emisión de facturas ideológicamente
falsas, para justificar financiamientos ilícitos e impropios que recibían los políticos
de SQM, PENTA y Corpesca.
La corrupción transversal, el
tráfico de influencias, debilitó la legitimidad de las instituciones imbricadas
en esta operación de encubrimiento y con esto se dio un golpe de gracia a los
principios de integridad que la Constitución y las leyes determinaban para
quienes ejercen funciones públicas. Sin
lugar a dudas, este proceso oscuro llevó a la impunidad en materia de delitos
económicos y debilitó la autonomía y las facultades fiscalizadoras de organismos
como el Servicio de Impuestos Internos, lo cual, en definitiva, dejó en total
falencia al Estado que debe regular y aplicar la legalidad vigente. Esta
variable, repito, ha sido relevante en las causas profundas del estallido
social de octubre 2019, ya que incrementó el descontento social frente a la
corrupción estructural y transversal observada.
Por su parte, la propuesta
democrática de Boric se centra en la recuperación de los espacios públicos,
entregando un rol protagónico a la ciudadanía organizada y a las autoridades
locales y regionales, Alcaldes y Gobernadores. Llegar a una coordinación eficaz
del Estado, habrá de significar un esfuerzo mayúsculo de liderazgo para alinear
a distintos organismos públicos en una misión clara y potente, como lo sería el
desmantelamiento financiero de las bandas criminales, con una eficacia que
resulte de la acción colaborativa y coordinada de instituciones públicas que
hoy permanecen como estancos, dentro de competencias limitadas por el poder
político de turno.
En este orden de ideas, en este
aspecto de seguridad ciudadana, el Gobierno de Boric deberá focalizar las
energías en el problema de fondo del narcotráfico, cual es el financiamiento
del mismo y los instrumentos de lavado de activos que va asociado a estos delitos.
Pero, deberá tener para ello, una férrea voluntad política para eliminar las
malas prácticas que limitan la autonomía o distorsionan la función
fiscalizadora del Estado.
Se lee en el Programa de Gobierno
de Gabriel Boric la urgencia en recuperar los espacios públicos y, con ello, se
habla de asegurar un accionar participativo en los territorios. Para proteger a
los pobladores de las bandas enquistadas en los barrios, se deberá reenfocar a
Carabineros a su rol clásico de servidores públicos que deben proteger a la población.
Esto significará una redistribución de sus efectivos en todos los barrios y
comunas del país.
Sin la demagogia recurrente de
incrementar el número de policías, el objetivo central de un gobierno
democrático será gestionar, con una fuerte coordinación, los organismos que
tienen injerencia y competencias para atacar este flagelo. Territorializar el
ataque a los carteles establecidos en Chile, requerirá la participación
proactiva de la ciudadanía, de los Alcaldes y Gobernadores. Y en la coordinación
de instituciones, se deberá sumar esfuerzos en forma colaborativa y desburocratizada.
En este esfuerzo prioritario deberán estar los Servicios de Aduanas e Impuestos
Internos con sus cuerpos especializados , la Unidad de Análisis Financiero, la
Agencia Nacional de Inteligencia, el Ministerio Público, la PDI, entre otros, generando
equipos integrados para dirigir de manera unificada la prevención y persecución
de estos ilícitos.
A nivel de los funcionarios
públicos existe una gran expectativa en que, con una nueva impronta de gestión
pública, el Estado deje de ser un coto de caza que se distribuye entre los
partidos en un perverso cuoteo político, que lleva a la incorporación de
operadores sin experiencia ni competencia, ocupando niveles directivos en
desmedro de funcionarios de carrera. El gran potencial para cumplir con este
interés de Estado es empoderar a las instituciones, respetando su autonomía
fiscalizadora, devolviéndoles las facultades cercenadas por el efecto corrupción
reseñado. Esto daría una gran potencia y legitimidad a la lucha profunda y real
contra el narcotráfico.
Hernán Narbona Véliz, Diario La Razón.cl, 28.11.2021
RÍO DE JANEIRO – El gobierno de Brasil ocultó por tres semanas que la deforestación de la Amazonia brasileña aumentó 21,97 por ciento el último año y acentuó una tendencia que amenaza con echar a perder los esfuerzos por contener el recalentamiento planetario.
El informe del estatal Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE, en portugués) con los datos del año amazónico terminado en julio, e iniciado en agosto de 2020, tiene fecha del 27 de octubre, pero el gobierno solo lo divulgó el jueves 18 de noviembre.
Evitó así que el desastre deteriorara más aún la credibilidad del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, ya derrochada por casi tres años de acciones antiambientales, en la antesala de la 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la convención sobre el cambio climático, celebrada en Glasgow, entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre.
Jaime Contreras Páez estudió sus Humanidades en el Colegio Experimental Rubén Castro y escribía sus artículos de periodismo escolar como JACOPA. Estudió en la UCV y fue exonerado después del golpe de Estado.
Gana una beca en 1982 y viaja a Europa con su compañera, Myriam Villarroel, en un amor que perdurará por 30 años. Fue profesor de Filosofía en la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso y falleció abruptamente, de un infarto fulminante, la mañana del 6 de diciembre de 2010.
Habiendo sido un académico y político de profunda consecuencia, adhirió ese mismo año a la huelga de hambre que sostenían loncos del pueblo mapuche, la que realizó en la Escuela de Sociología de la UV.
Su Tesis Doctoral en la Universidad Católica de Lovaina La Nueva, Bélgica, versó sobre Friedrich Hayek, en una visión profundamente crítica del materialismo deshumanizante neoliberal.
Diario La Razón.cl conversa con su viuda y compañera de 30 años, además dirigente social, Myriam Villarroel, quien ha seguido con su legado. Anuncia que el 6 de diciembre de 2021, se realizará un memorial virtual, al que se convocará a los ex-alumnos de Jaime, a sus condiscípulos, compañeros y amigos, que quieran expresar sus sentimientos en esta conmemoración de su amado compañero.
COP 26: Debemos frenar el
extractivismo depredador
Por Hernán Narbona Véliz
En noviembre, el Reino Unido será
anfitrión, en Glasgow, Escocia, de la
COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de
2021. Se desarrollará en el Scottish
Event Campus, bajo la presidencia del político británico Alok Sharma. Luego del
fracaso de la COP25, el 2019, que originalmente se debía realizar en Santiago
de Chile, y que, por la explosión social de octubre, terminó realizándose en
Madrid, hubo un año de suspensión por la pandemia del Covid 19.
Se llega a Glasgow 2021, con la
comprobación cercana, de desastres naturales, largamente anunciados, que arrasaron
regiones de Alemania, Bélgica, Holanda y Francia, en meses recientes.
Situaciones desgarradoras que dan cuenta de la urgencia que enfrentamos. La
juventud es la que mejor percibe esta herencia negra que le está dejando la
civilización actual.
Las expectativas de acuerdos concretos en esta próxima
Conferencia no son auspiciosas, sino más bien de escepticismo. El modelo global
está anclado aún a los combustibles fósiles y los gobiernos no han dado el
ancho en sus compromisos ambientales, primando en la política la influencia
descarada de un extractivismo depredador. Pero, pese al pesimismo, de cualquier
manera, la COP 26 será una instancia crucial, a la que se llega con la
evidencia global de una crisis climática creciente y desatada, que pone en alto
riesgo la vida en el planeta. Un dato duro lo ha entregado el reciente informe
de la Organización Meteorológica Mundial: el número de catástrofes se ha
quintuplicado en los últimos 50 años. La temperatura va subiendo y sus efectos
se han demostrado en gigantescos incendios, temperaturas cercanas a los 50°C en
Siberia, derretimiento en el Ártico, huracanes y tormentas sucesivas en el
Caribe y el Golfo de México, mega sequías. Todas estas catástrofes derivan del
calentamiento global y la alteración de los ciclos naturales.
El objetivo de la COP 26 es garantizar la supervivencia de
las generaciones futuras, manteniendo las temperaturas globales lo más cerca
posible de 1,5°C de calentamiento para el año 2100. Son las generaciones del
futuro las que sufrirán las consecuencias de las decisiones que se tome hoy.
“La reunión COP26 es la oportunidad para que se ponga a
los niños en el centro de las políticas y acciones climáticas” ha señalado
la UNICEF, que está impulsando la Declaración Intergubernamental sobre la
Infancia, la Juventud y la Acción Climática.
Describir los escenarios que enfrenta el planeta, puede
sonar apocalíptico. Basta con señalar que la humanidad vierte una camionada
plástico por segundo a los océanos, que se están alterando las corrientes
marinas, que los arrecifes de coral se han ido reduciendo, que el nivel del mar
está subiendo, que los glaciares, reservorios de agua, y las selvas tropicales,
han sufrido la incursión contaminante de la minería del oro. En nuestra propia realidad,
apreciamos cómo los monocultivos de pinos y eucaliptus han destruido el bosque
nativo, que los paltos han secado los territorios que antes ocupaba la
agricultura campesina. Todas evidencias de los efectos ecocidas de un modelo
deshumanizado, depredador y cortoplacista que la ciudadanía planetaria presiona
por cambiar.
En su origen, tres décadas atrás, el movimiento
ambientalista tuvo su base social e ideológica mayoritariamente en las élites
ilustradas, profesionales que dieron nacimiento a diversas Fundaciones u
Organizaciones No Gubernamentales, con el propósito de intervenir en la toma de
decisiones políticas respecto al medio ambiente, logrando históricamente una
importante cuota de poder político, como lo han sido en Europa los partidos
Verdes. En nuestra realidad, el movimiento
social ha levantado, desde la base social, una demanda prioritaria por
recuperación del agua como un Derecho Humano y el término de las zonas de
sacrificio. En Chile, el principal movimiento ambientalista nacional, MODATIMA,
Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, surgió en
Petorca, de la lucha heroica contra la usurpación, robo o saqueo del agua en el
territorio. La lucha de MODATIMA contra los poderes fácticos del extractivismo
agrícola y sus monocultivos, trascendió a nivel internacional, a través del
activista ambiental, Rodrigo Mundaca, Ingeniero Agrónomo, actual Gobernador de
Valparaíso, que resultó elegido en primera vuelta, con una mayoría abrumadora.
Las Mujeres también han liderado la lucha ambientalista, destacando el
Movimiento de Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, MUZOSARE, que
defienden los territorios de Quintero, Ventanas, Puchuncaví de la contaminación
permanente de las Termoeléctricas y Refinerías de esa zona e sacrificio.
La conciencia verde es hoy transversal, en términos de proponer
un eco-Estado, en armonía con la Naturaleza. En este proceso constituyente, la
sintonía de los pueblos de Chile con la Naturaleza, es un elemento decisivo que
empapa el espíritu que habrá de tener la Nueva Constitución, lo que augura un
compromiso potente del Estado de Chile con las decisiones que se tomen en la
COP26.
Suscribir el Acuerdo de Escazú, el mismo que Piñera no ha querido
suscribir, debiera ser uno de los primeros pasos que se debiera dar Chile, para
fortalecer el interés general de defensa y preservación de territorios que se
declaren de reserva ecológica.
Es emblemático que la Convención Constitucional se haya
declarado en Emergencia Climática, expresando con ello el compromiso que habrá
de tener la Nueva Constitución con el cambio estructural del modelo,
extractivista depredador, para avanza en otro estilo de convivencia, que
priorice la vida por encima de los intereses económicos, generando Desarrollo a
escala humana, con sustentabilidad efectiva.
Lo que se discuta en la COP 26 lo seguiremos de cerca porque
es parte de un proceso global, conducente al término de la era del crecimiento
ilimitado, para entrar en una era de recuperación de este planeta generoso, que
la codicia exacerbada de poderes supranacionales está destruyendo. Como
civilización de este Siglo XXI, debemos abandonar el carbón, el petróleo, el
plástico y sus secuelas de muerte y devastación. Los niños lo están exigiendo y
no nos queda tiempo.
Chile y su Nueva Constitución, una realidad
que el mundo querrá conocer.
Una noticia motivó
esta columna: la recuperación de la película “Un verano feliz”, que rescata la
experiencia de Turismo Juvenil y Turismo Social, desarrollado por la Dirección
de Turismo, en el gobierno del Presidente Salvador Allende, cuando se
construyeron los albergues juveniles en ciudades costeras y miles de niños del
campo con sus familias pudieron conocer el mar. Con orgullo, puedo señalar que
participé como joven profesional de ese proyecto, atesorando vivencias que me
marcaron para siempre, entendiendo que el turismo es un instrumento de paz y la
recreación, un derecho.
Pensando ahora en reactivar
el turismo después de la actual pandemia, como forma de motivar un debate que
nos permita hacer de la recreación un espacio de fraternidad, conocimiento y
emprendimientos, pienso que, en el mundo, en distintos momentos, se ha cruzado
por hechos políticos y sociales críticos, que, lejos de paralizar la actividad
turística, la dinamizaron y transformaron, apareciendo nuevas motivaciones para
el intercambio, nuevos destinos y rutas, nuevos intereses especiales impensados.
Fue el caso de la caída del
muro de Berlín, o la Reforma de París de Mayo de 1968, o ese sueño de los mil
días, la vía chilena democrática al socialismo, que generó una gran atracción
mundial entre 1971 y 1973. Como lo fuera también la recuperación democrática de
los 90, pos dictaduras en Uruguay, Argentina y Chile, que provocaron un enorme movimiento
turístico, académico y político, en especial de europeos que venían a analizar
la nueva realidad de América del Sur. En este Siglo XXI el turismo académico y
de intercambio se intensificó tras causas ambientales y de pueblos originarios,
como el conflicto en la Araucanía y la realidad del pueblo mapuche, que son
experiencias que se han convertido en focos de interés mundial.
Sobre la base de esas
experiencias, me atrevo a afirmar que, después de la pandemia, se viene una
nueva forma de turismo receptivo en Chile, para seguir el, nuevamente inédito,
proceso político y social hacia una nueva constitución.
Se aprecia que, al vivirse en
la conectividad de la globalización, con redes sociales que no tienen fronteras,
la explosión social que vive el país desde el 18 de octubre de 2019,
repercutirá en un cambio del tipo de turista que llegará al país, generándose importantes
corrientes de viajeros de intereses especiales, que buscarán seguir en forma
directa un proceso constituyente que ha tenido impacto mundial: el camino
recorrido para ratificar un clamor popular y dar a Chile una Nueva
Constitución.
El visitante que se perfila
es una persona con cultura cívica, con actividad en periodismo o en ciencias
políticas y sociales, que buscará a través de un acercamiento a cabildos,
conversatorios, coloquios, pasantías en organizaciones sociales, seminarios
especializados, seguir de cerca este proceso, ya que, a nivel internacional, se
lee como una refundación republicana, como un movimiento socio político inédito,
en cuanto a participación femenina, profundización democrática y participación
popular.
La inteligencia del sector
turismo para dar contenido a programas de intereses especiales, dependerá de la
mente abierta de empresarios innovadores, para establecer alianzas con las
comunas, con las organizaciones sociales, con universidades, gremios, colegios
profesionales, organizaciones sociales, comunidades de pueblos originarios, para
poder levantar propuestas que sean de debate cívico, con miradas diversas y
multidisciplinarias y con conocimiento de ese Chile que no se promueve en
instancias oficiales, porque renace en la base social, con la política brotando
en los colectivos y con nuevos movimientos políticos y sociales, con los antiguos
partidos en crisis de legitimidad, por sus propias conductas cupulares.
Del mismo modo, la alta
probabilidad que existe de poner fin en Chile al modelo depredador de los
monocultivos, con una nueva cosmovisión respecto a la Naturaleza, potenciará el
ecoturismo, con grandes corrientes de intercambio hacia comunidades que emprendan
procesos de recuperación de sus territorios, dando lugar a nuevos intereses
especiales, científicos y de cooperación, que podrán significar una expansión e
innovación en los servicios turísticos asociados para viabilizar flujos de
visitantes.
Si se asume en el sector Turismo
y toda su cadena de valor, estar frente a una etapa auspiciosa en oportunidades,
se debiera coordinar a los operadores con las comunidades locales, las comunas
y barrios, en una nueva impronta. Incorporando las medidas sanitarias
aprendidas, se podrá ofrecer al mundo una nueva oferta turística, que incorpore
un cambio cultural frente a los bienes naturales, la recuperación del agua y
los territorios, con las comunas y barrios como protagonistas del cambio que
estamos viviendo. Este clima de construcción de una nueva forma de
relacionarnos, podrá hacer de Chile un foco de atracción que multiplicará las
opciones de colaboración entre organizaciones sociales de diversos países, que
busquen conocer y participar de la experiencia social que se generará a partir
de la Nueva Constitución.
Se vienen acciones de
turismo receptivo de intereses especiales, que dinamizarán la actividad de los
innovadores. Mostrar a los visitantes el proceso cívico histórico y único que
estamos viviendo, con todas las facetas que ello implica, será una tendencia en
el turismo receptivo, pos pandemia, por lo mínimo durante los próximos 5 años.
La industria del turismo podrá ser un importante factor de desarrollo sustentable
para Chile, dejando atrás al extractivismo depredador, en sintonía con las
tendencias mundiales que apuntan a frenar y revertir el cambio climático.
Hernán Narbona Véliz, Diario La Razón.cl, 24.10.2021
El “Reglamento General de la Convención Constitucional” aprobado por el Pleno de la Convención
Constitucional en su sesión del 29 de septiembre,
consta de 5 Títulos:
Principios y normas generales,
Estatuto de las y los
Convencionales Constituyentes,
Estructura Orgánica de la Convención
Constitucional,
Iniciativa, debate, tramitación y votación de las normas constitucionales,
y
Reforma del reglamento, archivo y disposiciones finales.
Los otros reglamentos son de Ética; Participación y Consulta
Indígena; Participación Popular.
Imagen: Ron Reiring a través de Flickr, CC-BY-SA-2.0
#PandoraPapers @larazon_cl
Uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Centroamérica, Alemán, Cordero, Galindo & Lee, volvía a entrar en modo de control de daños.
Estados Unidos había acusado a los gerentes de un banco europeo privado de aceptar comisiones exorbitantes para ayudar a los clientes a lavar $ 4.2 mil millones en dinero saqueado. Esos clientes incluían a exfuncionarios de alto rango de la compañía petrolera nacional de Venezuela, una institución plagada de corrupción en un país en caos, junto con otros con estrechos vínculos con el gobierno.
La firma, conocida como Alcogal, tenía motivos para alarmarse: algunos de los venezolanos involucrados en el escándalo también eran sus clientes. Les había creado sociedades fantasma en el extranjero.
Siguiendo un libro de jugadas muy gastado, la firma panameña rápidamente reunió un equipo para manejar la emergencia y decidió renunciar como agente registrado de muchas de las empresas. Impulsando la decisión: “El impacto de las noticias negativas” y “el nivel de riesgo que representan estas empresas por las personas que las integran”, según un informe interno en español de 2015.
Para un bufete de abogados de alto poder que representa a empresas como Citibank y Pfizer, la creación de empresas para ex miembros del gobierno venezolano podría considerarse un riesgo demasiado grande de ayudar inadvertidamente al lavado de dinero.
Pero Alcogal no llegó a desempeñar un papel de liderazgo en la industria de la evasión fiscal y la protección de activos al rechazar a los clientes riesgosos.
Alcogal ha servido a figuras involucradas en algunos de los escándalos de corrupción más notorios en la historia reciente de América Latina.
Durante las últimas tres décadas, Alcogal se ha convertido en un imán para los ricos y poderosos de América Latina y más allá que buscan ocultar su riqueza en el extranjero, muestra una nueva filtración masiva de registros corporativos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación . Los registros se conocen como Pandora Papers .
La firma actuó como intermediario corporativo para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según muestran los registros. Su lista de clientes ha incluido presidentes panameños, uno de los principales contendientes presidenciales en las elecciones hondureñas del próximo mes, el presidente de Ecuador e incluso el rey de Jordania.
En total, casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en los registros filtrados estaban vinculados a Alcogal.
Alcogal también ha servido a figuras involucradas en algunos de los escándalos de corrupción más notorios en la historia reciente de América Latina, incluida la operación global de soborno del gigante brasileño de la construcción Odebrecht SA (ahora conocida como Novonor), el escándalo de corrupción del fútbol internacional conocido como Fifagate y el presunto saqueo. de los bienes públicos venezolanos.
La investigación de Pandora Papers se basa en más de 11,9 millones de registros confidenciales de bufetes de abogados y proveedores de servicios extraterritoriales. Más de dos millones de archivos procedían de Alcogal. El ICIJ obtuvo los registros y los compartió con más de 150 organizaciones de noticias de todo el mundo.
Casi dos años de informes de más de 600 periodistas arrojan una luz sin precedentes sobre una economía sombría disponible solo para aquellos con el dinero o las conexiones para acceder a ella. Empresas como Alcogal impulsan esa economía, ayudando a los clientes adinerados a encontrar refugios para ocultar su dinero, a veces de los recaudadores de impuestos y de los investigadores criminales. La gente corriente suele pagar el precio.
Los Pandora Papers brindan información sobre más de 14,000 entidades offshore en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creados por Alcogal en nombre de más de 15,000 clientes, en su mayoría desde 1996.
En una carta al ICIJ, Alcogal dijo que la incorporación de la empresa "es solo un aspecto" de sus servicios legales y que opera en "pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos". La firma "realiza una diligencia debida mejorada en un cliente que se determina que es un cliente de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o servicio", dijo.
Los registros filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas fantasma en Panamá y otras jurisdicciones a pedido de Banca Privada d'Andorra, un banco privado con sede en un pequeño principado europeo entre Francia y España. Algunos fueron posteriormente utilizados supuestamente para desviar fondos en el esquema de corrupción pública venezolana, según muestran los registros.
Más tarde, el gobierno de los Estados Unidos incluyó al banco en la lista negra como una "preocupación principal de lavado de dinero".
La mayoría de las empresas se disolvieron y Alcogal renunció a algunas de ellas poco después de que se hiciera pública la lista negra en 2015.
También a pedido de Banca Privada d'Andorra, Alcogal estableció dos empresas fantasma que luego supuestamente utilizó Odebrecht para canalizar $ 30 millones en sobornos para obtener contratos de obras públicas en Panamá. Parte del dinero fluyó a los hijos del entonces presidente panameño Ricardo Martinelli, testificaron los denunciantes. Los hijos fueron acusados el año pasado y los fiscales recomendaron recientemente que Martinelli, quien ha tenido vínculos personales con algunos fundadores de Alcogal, también sea acusado. Los Martinellis niegan las acusaciones.
El ex presidente de Panamá Juan Carlos Varela Rodríguez. Imagen: Paul Marotta / Getty Images
Los registros muestran que en 2000 y 2001, Alcogal registró dos empresas en las BVI propiedad de Juan Carlos Varela, su hermano, su padre y otros asociados. Varela se desempeñó como vicepresidente de Martinelli y lo sucedió como presidente de Panamá en 2014. Tres meses después de la presidencia de Varela, una revisión interna de Alcogal encontró acusaciones de que su campaña presidencial fue financiada, en parte, con dinero lavado de juegos ilegales en línea. La revisión señaló que la campaña de Varela negó las acusaciones, que se basaron en publicaciones de los medios, y Alcogal concluyó que no requerían más investigación.
En 2017, Varela admitió que durante su campaña a la vicepresidencia recibió donaciones de Odebrecht, una empresa brasileña en el centro de una de las mayores investigaciones de corrupción de América Latina, pero negó que el dinero fuera un soborno. Varela dijo al ICIJ que las donaciones de campaña se hicieron de acuerdo con la ley y fueron denunciadas a las autoridades electorales.
Las autoridades panameñas también han recomendado que Varela, quien dejó el cargo en 2019, sea acusado en el caso Odebrecht.
En 2006, la firma de abogados registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas SA. Al año siguiente, todas menos una de las 10,000 acciones fueron transferidas a Nasry Juan “Tito” Asfura, según muestran los registros. Asfura, entonces comisionado de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones nacionales hondureñas del próximo mes.
El año pasado, el fiscal general hondureño pidió a un tribunal anticorrupción que juzgara a Asfura, quien ahora es el alcalde de Tegucigalpa, por presunta malversación de fondos municipales, pero la Corte Suprema decidió no enviar el caso a juicio. A través de un vocero, Asfura les dijo a los socios del ICIJ Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Contracorriente que él no es dueño de la empresa offshore y no tiene inversiones offshore. El banco que ayudó a Asfura a crear Karlane dijo a los periodistas que la empresa había sido utilizada para comprar tierras a la familia de Asfura y otras personas en Tegucigalpa para desarrollar un centro de negocios allí.
Alcogal dijo que renunció a las empresas identificadas en la investigación de Odebrecht y colaboró plenamente con las autoridades. No hizo comentarios sobre Varela o Asfura, u otros clientes, citando leyes de confidencialidad y "deberes éticos para con nuestros clientes".
Sobre el banco andorrano, decía: "No teníamos ningún motivo para sospechar que BPA Andorra prestaba servicios bancarios a algunos clientes cuestionables".
Para los abogados y agentes financieros, se supone que la investigación de los clientes potenciales es una de las principales prioridades. Los estándares bancarios y legales internacionales requieren que firmas profesionales como Alcogal sopesen cuidadosamente el riesgo de que inadvertidamente puedan estar ayudando al lavado de dinero u otros delitos antes de aceptar a un cliente en primer lugar. Pero a veces, según muestran los registros, Alcogal no estaba seguro de quién era el propietario de las empresas que estableció. A veces permitía a los bancos y otras empresas que enviaban negocios a su manera retener esa información, confiando en que habían hecho un buen trabajo investigando al cliente.
En 2015, por ejemplo, las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas solicitaron información del propietario y registros de diligencia debida para una empresa llamada Firelli International Limited. Alcogal respondió que no podía cumplir plenamente con la solicitud porque no había recopilado esa información antes de establecer la empresa. Además, su cliente intermediario, un banco en Miami, no entregaría los documentos necesarios.
Alcogal pudo identificar a través de sus registros y “fuentes externas de bases de datos” a un destacado accionista: José María Marín, el deshonrado ex presidente de la Federación Brasileña de Fútbol. Marín había sido arrestado un mes antes en relación con Fifagate, un caso de fraude que involucraba sobornos por derechos a importantes torneos de fútbol. Más tarde, documentos judiciales en los Estados Unidos revelaron que usó la cuenta bancaria de la empresa fantasma para recibir millones de dólares en sobornos. Marín fue condenado a cuatro años de prisión en 2018.
Alcogal le dijo a ICIJ que renunció como agente registrado de Firelli "de acuerdo con nuestras políticas y la ley aplicable".
La firma dijo que actualmente no incorpora empresas, fideicomisos o fundaciones para un cliente que no revela la identidad del beneficiario final. Las nuevas leyes en las jurisdicciones donde opera, incluidas las BVI y Panamá, requieren que mantenga esta información registrada, dijo.
A pesar de que ayudó a mantener una flota de empresas fantasma para clientes notorios, Alcogal buscó distanciarse de su excompetidor caído en desgracia, Mossack Fonseca, cuyos registros filtrados impulsaron la investigación de los Papeles de Panamá de 2016 de ICIJ . Después del escándalo, Alcogal compiló una presentación titulada “Desmitificando el mundo offshore” que enfatizaba las reformas y apuntaba a mejores evaluaciones de Panamá por parte de organizaciones internacionales contra el lavado de dinero, según muestran los nuevos registros.
En un foro de desayuno organizado un año después por un grupo comercial de BVI, Ayana Liburd, directora de la filial de BVI de Alcogal, se quejó de que los bancos estaban agrupando a Alcogal y otros en la industria con Mossack Fonseca, "en el mismo cubo".
Un análisis de ICIJ de los registros de Pandora Papers encontró que a raíz de las revelaciones de los Panama Papers, al menos 113 empresas cambiaron su agente registrado de Mossack Fonseca a Alcogal.
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'La honestidad no tiene precio'
A principios de la década de 1980, Jaime Alemán, un joven abogado e hijo de un ex embajador de Panamá en Washington, buscaba hacerse un nombre.
Después de graduarse de la facultad de derecho de la Universidad de Duke y trabajar en el departamento legal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, DC, Alemán regresó a casa en 1981 para trabajar para el bufete de abogados de su padre. Pero no estaba contento con el pago y cuánto tiempo tomarían nuevos abogados como él para ascender en la escala corporativa, según sus memorias de 2014, Honesty is Priceless.
Las memorias y los archivos filtrados transmiten a un abogado ambicioso con una ética de trabajo feroz, que se levanta a las 4 am para leer el periódico, responder correos electrónicos y hacer ejercicio. Entre los archivos se encuentran notas meticulosas que Alemán se escribió a sí mismo como ayuda para la memoria que detalla los rasgos personales de un nuevo contacto o los detalles de una interacción. “Le di ron y se puso feliz. Tráiganle un poco más ”, dice uno sobre un caddie en un club de golf de Maryland.
Después de trabajar brevemente como asesor legal del presidente panameño Nicolás Ardito Barletta, Alemán reclutó en 1985 a otros tres abogados : Carlos Cordero, Anibal Galindo y Jorge Federico Lee, y fundó Alcogal.
La firma estuvo en el negocio del secreto desde el primer día.
Alcogal cobró a sus primeros clientes, un grupo de empresarios nicaragüenses, 25.000 dólares para establecer las llamadas sociedades anónimas, escribió Alemán en sus memorias.
La creación de este tipo de empresas, escribió, es un "negocio maravilloso" que permite a los bufetes de abogados cobrar tarifas anuales por actuar como agentes registrados , una función administrativa que les obliga a manejar algunos documentos legales y reglamentarios. Las empresas podrían cobrar tarifas adicionales para que sus propios empleados aparezcan en los documentos de incorporación como gerentes, escribió Alemán. De esa manera, el verdadero propietario quedó oculto al público.
“El cliente simplemente se fue a Suiza (o Luxemburgo, Andorra, Hong Kong, etc.), abrió una cuenta bancaria numerada para la cual el beneficiario era una corporación panameña, que a su vez operaba totalmente en secreto, y no tenía obligación de pagar impuestos en ninguno de los dos. Suiza o Panamá ”, explicó Alemán en su libro. "Las autoridades del país del cliente no tenían idea de que estos fondos existían, por lo que no podían cobrar impuestos sobre ellos".
Lo que Alemán describió es la base de la economía extraterritorial : la creación de empresas fantasmas en jurisdicciones con impuestos bajos o nulos con la propiedad enmascarada por directores suplentes sin un papel sustantivo en la empresa.
Es un negocio de volumen, escribió Alemán. Cuantas más empresas se establezcan proveedores offshore, mayores serán las ganancias.
También es un negocio arriesgado. Los clientes que buscan el secreto a menudo tienen algo que ocultar. Tal fue el caso en la década de 1990, cuando Alcogal creó al menos cinco sociedades offshore que luego se descubrió que habían sido utilizadas por Augusto Pinochet, el dictador de Chile de 1973 a 1990. En el momento de su muerte en 2006, Pinochet enfrentaba cargos por crímenes de lesa humanidad. y el robo de millones de dólares de fondos públicos.
En los documentos judiciales, Alemán reconoció que su bufete de abogados había creado las empresas, pero dijo que en ese momento no sabía que estaban relacionadas con Pinochet. Alemán dijo que su firma descubrió la conexión en 2004 y decidió renunciar como agente registrado. Alcogal tiene “una política muy clara de no brindar servicios a empresas que posiblemente estén vinculadas a actividades ilícitas”, dijo en un comunicado judicial.
