El programa
de Kast, soslaya el fenómeno de corrupción de las policías, busca profundizar
en la doctrina de seguridad interior del Estado, criminalizando toda protesta
social y ofreciendo legalidad para excesos policiales que transgreden
convenciones internacionales en materia de DDHH. La propuesta democrática de Boric se centra en la recuperación de los
espacios públicos, entregando un rol protagónico a la ciudadanía organizada y a
las autoridades locales y regionales, Alcaldes y Gobernadores, con una
coordinación eficaz del Estado, para alinear a distintos organismos públicos en
una misión clara y potente, como lo sería el desmantelamiento financiero de las
bandas criminales
El diagnóstico es duro en materia
de seguridad pública. El Instituto Nacional de Estadísticas indica en el
Informe Anual de Estadísticas Policiales de 2019 que el 86,2% de los casos
policiales a cargo de Carabineros no concluye en detenciones. Que, del total de
denuncias a la PDI, un 58,2% corresponde a Delitos de Mayor Connotación Social.
Existe una cifra negra del delito que alcanza al 64,9% y la percepción
ciudadana de que los delitos han aumentado alcanza un 76,8%.
Todos los indicadores apuntan a
que Chile sufre desprotección en las comunas de mayor densidad y de menores
recursos. Ha existido una objetiva y creciente falta de eficacia por parte del
Gobierno de Sebastián Piñera, que fue elegido, precisamente, por su promesa de
campaña, de terminar con la delincuencia, la cual se ha desbordado y aumentado
en su violencia, ocupando territorios urbanos en todo Chile. Sobre este tema, existen
diagnósticos diferentes, en los programas de los dos candidatos presidenciales
en carrera para la segunda vuelta.
La variable corrupción es parte medular
de la falta de seguridad en Chile. Que la plana mayor de Carabineros haya sido
imputada por malversación de recursos públicos; que lo propio haya ocurrido en
el Ejército y, en el caso reciente, con el Ex Director general de la PDI, ha constituido
una serie de hechos en los que se ha faltado a la probidad , afectando la moral
institucional a todo nivel.
Cuando, frente al financiamiento
ilegal de la política, se desplegó en el gobierno de Michelle Bachelet una
operación conducente a frenar las causas por delitos tributarios que se habían
configurado a partir de los hechos investigados, se coartaron las facultades de
la Fiscalía para investigarlos, enviando el Director de SII los casos a la vía administrativa
de regularización, pese a haberse configurado delitos tributarios. Esto no deja
de pesar en la memoria de los funcionarios de SII, quienes, de manera
profesional y acuciosa, evidenciaron la emisión de facturas ideológicamente
falsas, para justificar financiamientos ilícitos e impropios que recibían los políticos
de SQM, PENTA y Corpesca.
La corrupción transversal, el
tráfico de influencias, debilitó la legitimidad de las instituciones imbricadas
en esta operación de encubrimiento y con esto se dio un golpe de gracia a los
principios de integridad que la Constitución y las leyes determinaban para
quienes ejercen funciones públicas. Sin
lugar a dudas, este proceso oscuro llevó a la impunidad en materia de delitos
económicos y debilitó la autonomía y las facultades fiscalizadoras de organismos
como el Servicio de Impuestos Internos, lo cual, en definitiva, dejó en total
falencia al Estado que debe regular y aplicar la legalidad vigente. Esta
variable, repito, ha sido relevante en las causas profundas del estallido
social de octubre 2019, ya que incrementó el descontento social frente a la
corrupción estructural y transversal observada.
El
programa de Gabriel Boric, en materia de Seguridad Ciudadana, se focaliza en
hacer más eficaz la acción de las policías, apuntando a una reformulación
estructural de las mismas, para orientar sus energías al combate del delito
principal que agobia a la población, el narcotráfico y sus redes. Frente a lo
mismo, el programa de Kast, soslaya el fenómeno de corrupción de las policías,
busca profundizar en la doctrina de seguridad interior del Estado,
criminalizando toda protesta social y ofreciendo legalidad para excesos
policiales que transgreden convenciones internacionales en materia de DDHH.
Kast señala que el gobierno actual ha sido débil en ejercer sus atribuciones,
justificando así la represión y la
militarización de la Araucanía, ofreciendo potenciar más el brazo represivo del
Estado.
Por su parte, la propuesta
democrática de Boric se centra en la recuperación de los espacios públicos,
entregando un rol protagónico a la ciudadanía organizada y a las autoridades
locales y regionales, Alcaldes y Gobernadores. Llegar a una coordinación eficaz
del Estado, habrá de significar un esfuerzo mayúsculo de liderazgo para alinear
a distintos organismos públicos en una misión clara y potente, como lo sería el
desmantelamiento financiero de las bandas criminales, con una eficacia que
resulte de la acción colaborativa y coordinada de instituciones públicas que
hoy permanecen como estancos, dentro de competencias limitadas por el poder
político de turno.
En este orden de ideas, en este
aspecto de seguridad ciudadana, el Gobierno de Boric deberá focalizar las
energías en el problema de fondo del narcotráfico, cual es el financiamiento
del mismo y los instrumentos de lavado de activos que va asociado a estos delitos.
Pero, deberá tener para ello, una férrea voluntad política para eliminar las
malas prácticas que limitan la autonomía o distorsionan la función
fiscalizadora del Estado.
Se lee en el Programa de Gobierno
de Gabriel Boric la urgencia en recuperar los espacios públicos y, con ello, se
habla de asegurar un accionar participativo en los territorios. Para proteger a
los pobladores de las bandas enquistadas en los barrios, se deberá reenfocar a
Carabineros a su rol clásico de servidores públicos que deben proteger a la población.
Esto significará una redistribución de sus efectivos en todos los barrios y
comunas del país.
Sin la demagogia recurrente de
incrementar el número de policías, el objetivo central de un gobierno
democrático será gestionar, con una fuerte coordinación, los organismos que
tienen injerencia y competencias para atacar este flagelo. Territorializar el
ataque a los carteles establecidos en Chile, requerirá la participación
proactiva de la ciudadanía, de los Alcaldes y Gobernadores. Y en la coordinación
de instituciones, se deberá sumar esfuerzos en forma colaborativa y desburocratizada.
En este esfuerzo prioritario deberán estar los Servicios de Aduanas e Impuestos
Internos con sus cuerpos especializados , la Unidad de Análisis Financiero, la
Agencia Nacional de Inteligencia, el Ministerio Público, la PDI, entre otros, generando
equipos integrados para dirigir de manera unificada la prevención y persecución
de estos ilícitos.
A nivel de los funcionarios
públicos existe una gran expectativa en que, con una nueva impronta de gestión
pública, el Estado deje de ser un coto de caza que se distribuye entre los
partidos en un perverso cuoteo político, que lleva a la incorporación de
operadores sin experiencia ni competencia, ocupando niveles directivos en
desmedro de funcionarios de carrera. El gran potencial para cumplir con este
interés de Estado es empoderar a las instituciones, respetando su autonomía
fiscalizadora, devolviéndoles las facultades cercenadas por el efecto corrupción
reseñado. Esto daría una gran potencia y legitimidad a la lucha profunda y real
contra el narcotráfico.
Hernán Narbona Véliz, Diario La Razón.cl, 28.11.2021
