¡Compañero Presidente, nos creemos el cuento!

¡Compañero Presidente, nos creemos el cuento!

Escribo esta columna propositiva teniendo presente la invitación del Presidente Gabriel Boric, en su primer discurso desde la Moneda, en el que planteó que los cambios se harán con nosotros, con el pueblo de a pie, llamando a una participación responsable de la ciudadanía, para ser parte del camino de largo plazo que Chile afronta.

Recogiendo el guante, pensando en la necesidad de dar pasos sólidos que demuestren que este Gobierno tiene la voluntad política de cumplir de manera consecuente con lo que importa a la ciudadanía. Creo que es el momento en que se deben poner en práctica las facultades que invisten a nuestro Presidente de la República, en términos de usar su poder institucional para avanzar en todos los espacios que son de competencia del Ejecutivo, sin que requiera una gestión legislativa.

En este sentido, pienso que se puede avanzar en medidas efectivas, que pueden tener un alto impacto,  atendiendo sus urgencias objetivas y también la percepción y ánimo de la gente, pasando de la esperanza inicial  a una confianza cierta, sustentada en la comprobación de decisiones concretas del gobierno, que apuntan en la dirección esperada.

A modo de ejercicio, observando áreas en las cuales, a  través de Decretos del Ejecutivo, se podría enmendar situaciones que han perjudicado a las personas,  apunto las siguientes propuestas, convencido que esto puede extenderse por la vía administrativa a otros temas que también se pueden abordar.

·         En materia de cálculo de las pensiones, es de conocimiento público que las AFP usan una tabla de esperanza de vida, que toma 110 años y bastaría decretar que se vuelva a utilizar la tabla del INE, que llega a 85 años, para una mejoría inmediata de las pensiones. Fundación Sol y Felices y Forrados han propuesto esta medida en los últimos años.

 

·         En materia de Subsidio Forestal, el DL 701/1974 cuenta con cuatro reglamentos que complementan sus contenidos, que son Decretos Supremos N° 259 de 1980; 192, 193 y 1.341 de 1998. Por una norma reglamentaria, en el marco de la emergencia climática y la mega sequía, el Gobierno podría dar un gran golpe de timón en materia de subsidio a la reforestación y protección de dunas, orientando, con un Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura,  el subsidio a las comunidades locales que desarrollen la recuperación de  bosque nativo y de bosque esclerófilo, para frenar la sequía en sus territorios. El bosque esclerófilo es un tipo de vegetación mejor adaptada a largos periodos de sequía y calor. Cortar el subsidio histórico a monocultivos de pinos y eucaliptos, de consecuencias depredadoras para la tierra, sería una señal potente para cortar el flujo de recursos públicos a dos grupos económicos, Matte y Angelini, que han profitado de este subsidio, inventado por Ponce Lerou y mantenido incólume desde esa fecha, con prácticamente nula fiscalización asociada.

 

·         En materia de organismos fiscalizadores de Hacienda, donde se ubican SII, Aduanas y Tesorería, se propone recuperar una impronta descentralizadora que fortalezca los Servicios en las diferentes regiones. Estos Servicios operan en regiones con mucha mayor complementación y es oportuno darles ese espacio para planificar colaborativamente su accionar. Para ello, se sugiere fortalecer las Direcciones Regionales y ampliar sus facultades, exigiendo que los llamados Grandes Contribuyentes tributen y sean fiscalizados en las regiones donde se produce el hecho económico. Estas medidas, que sólo dependen de la voluntad política del Ejecutivo, contarían con el respaldo de los funcionarios y daría una señal sólida para una participación proactiva y de un compromiso anti evasión.

 

·         En materia Habitacional, la industria inmobiliaria ha concentrado los subsidios , vale decir todas las políticas de viviendas sociales son subsidios que van a las inmobiliarias, lo que excluye la autoconstrucción o la construcción cooperativa. Un Decreto del Minvu podría eliminar esta limitante y canalizar los subsidios a soluciones habitacionales gestadas por las personas o colectivos organizados en cooperativismo o autoconstrucción. Después del gran incendio de Valparaíso, se intentó esta solución asociativa, pero el sistema ha mercantilizado totalmente la solución habitacional. Por ende, el Ministerio de Vivienda, rompiendo cajas negras, podría rescatar la experiencia histórica de Chile, que viene de los 60 en esta materia, lo que ayudaría a la solución social de los campamentos. Un asunto también  de competencia del Ejecutivo.

 

·         En materia del Ministerio de Bienes Nacionales, sería posible reasignar inmuebles o terrenos que están subutilizados por algunos organismos o instituciones, para que sean utilizados por otros servicios públicos. Pienso en edificios como el antiguo Hospital Naval de Valparaíso, ubicado en Playa Ancha, que hoy no funciona y que podría ponerse a disposición del Servicio de Salud regional para atenuar el déficit de hospitales de la ciudad de Valparaíso, que  ha perdido en las últimas décadas, alrededor de 5 establecimientos.

 

·         En materia medio ambiental y de salud pública, siguiendo estudios y criterios científicos, se podría regular la norma de contaminantes llevándola a estándares internacionales, lo cual también es materia abordable con actos administrativos y un Decreto Supremo que enmarque la adecuación reglamentaria a tales parámetros.

 

Los puntos que he identificado este artículo, desde una percepción ciudadana, son ejemplos de  ámbitos en los que el Ejecutivo podría  avanzar si se lo propone, es decir si existe la voluntad política de abordarlos y capacidad profesional y técnica en los equipos designados para implementarlos. Se debe superar la inercia del sistema, en la cual el Ejecutivo sólo administra lo que hay, sin alterar nada sustantivo. Los cambios propuestos no tendrían que esperar una discusión legislativa, pues son de resorte presidencial y pueden marcar la diferencia de gestión que la ciudadanía espera.

Cambios que es factible alcanzar, con impacto social positivo porque apuntan al interés general y van en beneficio directo o indirecto de los habitantes de Chile.

Hernán Narbona Véliz, Corresponsal Diario La Razón.cl. Secretario de la Mesa Coordinadora de DDHH de Valparaíso. 14.03.2022.

Una mirada libre a nuestro entorno

Narcotráfico: hacia un Estado Fiscalizador Efectivo

El programa de Kast, soslaya el fenómeno de corrupción de las policías, busca profundizar en la doctrina de seguridad interior del Estado, criminalizando toda protesta social y ofreciendo legalidad para excesos policiales que transgreden convenciones internacionales en materia de DDHH. La propuesta democrática de Boric se centra en la recuperación de los espacios públicos, entregando un rol protagónico a la ciudadanía organizada y a las autoridades locales y regionales, Alcaldes y Gobernadores, con una coordinación eficaz del Estado, para alinear a distintos organismos públicos en una misión clara y potente, como lo sería el desmantelamiento financiero de las bandas criminales

 

El diagnóstico es duro en materia de seguridad pública. El Instituto Nacional de Estadísticas indica en el Informe Anual de Estadísticas Policiales de 2019 que el 86,2% de los casos policiales a cargo de Carabineros no concluye en detenciones. Que, del total de denuncias a la PDI, un 58,2% corresponde a Delitos de Mayor Connotación Social. Existe una cifra negra del delito que alcanza al 64,9% y la percepción ciudadana de que los delitos han aumentado alcanza un 76,8%.

Todos los indicadores apuntan a que Chile sufre desprotección en las comunas de mayor densidad y de menores recursos. Ha existido una objetiva y creciente falta de eficacia por parte del Gobierno de Sebastián Piñera, que fue elegido, precisamente, por su promesa de campaña, de terminar con la delincuencia, la cual se ha desbordado y aumentado en su violencia, ocupando territorios urbanos en todo Chile. Sobre este tema, existen diagnósticos diferentes, en los programas de los dos candidatos presidenciales en carrera para la segunda vuelta.

La variable corrupción es parte medular de la falta de seguridad en Chile. Que la plana mayor de Carabineros haya sido imputada por malversación de recursos públicos; que lo propio haya ocurrido en el Ejército y, en el caso reciente, con el Ex Director general de la PDI, ha constituido una serie de hechos en los que se ha faltado a la probidad , afectando la moral institucional a todo nivel.

Cuando, frente al financiamiento ilegal de la política, se desplegó en el gobierno de Michelle Bachelet una operación conducente a frenar las causas por delitos tributarios que se habían configurado a partir de los hechos investigados, se coartaron las facultades de la Fiscalía para investigarlos, enviando el Director de SII los casos a la vía administrativa de regularización, pese a haberse configurado delitos tributarios. Esto no deja de pesar en la memoria de los funcionarios de SII, quienes, de manera profesional y acuciosa, evidenciaron la emisión de facturas ideológicamente falsas, para justificar financiamientos ilícitos e impropios que recibían los políticos de SQM, PENTA y Corpesca.

La corrupción transversal, el tráfico de influencias, debilitó la legitimidad de las instituciones imbricadas en esta operación de encubrimiento y con esto se dio un golpe de gracia a los principios de integridad que la Constitución y las leyes determinaban para quienes ejercen funciones públicas.  Sin lugar a dudas, este proceso oscuro llevó a la impunidad en materia de delitos económicos y debilitó la autonomía y las facultades fiscalizadoras de organismos como el Servicio de Impuestos Internos, lo cual, en definitiva, dejó en total falencia al Estado que debe regular y aplicar la legalidad vigente. Esta variable, repito, ha sido relevante en las causas profundas del estallido social de octubre 2019, ya que incrementó el descontento social frente a la corrupción estructural y transversal observada.

El programa de Gabriel Boric, en materia de Seguridad Ciudadana, se focaliza en hacer más eficaz la acción de las policías, apuntando a una reformulación estructural de las mismas, para orientar sus energías al combate del delito principal que agobia a la población, el narcotráfico y sus redes. Frente a lo mismo, el programa de Kast, soslaya el fenómeno de corrupción de las policías, busca profundizar en la doctrina de seguridad interior del Estado, criminalizando toda protesta social y ofreciendo legalidad para excesos policiales que transgreden convenciones internacionales en materia de DDHH. Kast señala que el gobierno actual ha sido débil en ejercer sus atribuciones, justificando  así la represión y la militarización de la Araucanía, ofreciendo potenciar más el brazo represivo del Estado.

Por su parte, la propuesta democrática de Boric se centra en la recuperación de los espacios públicos, entregando un rol protagónico a la ciudadanía organizada y a las autoridades locales y regionales, Alcaldes y Gobernadores. Llegar a una coordinación eficaz del Estado, habrá de significar un esfuerzo mayúsculo de liderazgo para alinear a distintos organismos públicos en una misión clara y potente, como lo sería el desmantelamiento financiero de las bandas criminales, con una eficacia que resulte de la acción colaborativa y coordinada de instituciones públicas que hoy permanecen como estancos, dentro de competencias limitadas por el poder político de turno.

En este orden de ideas, en este aspecto de seguridad ciudadana, el Gobierno de Boric deberá focalizar las energías en el problema de fondo del narcotráfico, cual es el financiamiento del mismo y los instrumentos de lavado de activos que va asociado a estos delitos. Pero, deberá tener para ello, una férrea voluntad política para eliminar las malas prácticas que limitan la autonomía o distorsionan la función fiscalizadora del Estado.

Se lee en el Programa de Gobierno de Gabriel Boric la urgencia en recuperar los espacios públicos y, con ello, se habla de asegurar un accionar participativo en los territorios. Para proteger a los pobladores de las bandas enquistadas en los barrios, se deberá reenfocar a Carabineros a su rol clásico de servidores públicos que deben proteger a la población. Esto significará una redistribución de sus efectivos en todos los barrios y comunas del país.

Sin la demagogia recurrente de incrementar el número de policías, el objetivo central de un gobierno democrático será gestionar, con una fuerte coordinación, los organismos que tienen injerencia y competencias para atacar este flagelo. Territorializar el ataque a los carteles establecidos en Chile, requerirá la participación proactiva de la ciudadanía, de los Alcaldes y Gobernadores. Y en la coordinación de instituciones, se deberá sumar esfuerzos en forma colaborativa y desburocratizada. En este esfuerzo prioritario deberán estar los Servicios de Aduanas e Impuestos Internos con sus cuerpos especializados , la Unidad de Análisis Financiero, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Ministerio Público, la PDI, entre otros, generando equipos integrados para dirigir de manera unificada la prevención y persecución de estos ilícitos.

A nivel de los funcionarios públicos existe una gran expectativa en que, con una nueva impronta de gestión pública, el Estado deje de ser un coto de caza que se distribuye entre los partidos en un perverso cuoteo político, que lleva a la incorporación de operadores sin experiencia ni competencia, ocupando niveles directivos en desmedro de funcionarios de carrera. El gran potencial para cumplir con este interés de Estado es empoderar a las instituciones, respetando su autonomía fiscalizadora, devolviéndoles las facultades cercenadas por el efecto corrupción reseñado. Esto daría una gran potencia y legitimidad a la lucha profunda y real contra el narcotráfico.   

Hernán Narbona Véliz, Diario La Razón.cl, 28.11.2021

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