¡Ay, Señor... y nos creemos democráticos¡

31/08/05

Hernán Narbona Véliz

En medio de la vorágine de un período pre-electoral, cuesta encontrar espacios para un debate de fondo. El gobierno ha querido demostrar que estaría concluyendo la transición, pero persisten aún muchos hitos que producen descontento en la ciudadanía. Se podrá decir que desde la fundación de la República existió una clase aristocrática dominante, que con grandes movimientos sociales los sectores populares y medios pudieron abrir espacios para hacer sentir sus intereses. Que por dieciséis años se volvió atrás en esas conquistas sociales y que luego, por otros dieciséis, la ciudadanía se ha quedado esperando, en medio de discursos de progresismo, una democracia real, en donde existan equilibrios y se pueda convivir en armonía, de manera equitativa y humana.

Fortalecer el sistema democrático en Chile pasaría por diferentes vectores. El necesario cambio del sistema político binominal, de manera que se evolucione a un sistema electoral proporcional, es uno de los más apuntados. Otro aspecto relevante, derivado del mismo binominalismo, es la necesidad de descentralizar la política, respetando las identidades locales. La realidad que se mantiene es de centralización política y que se explica como el manejo cupular de las decisiones de representación popular al interior de los partidos políticos, por parte de un mínimo grupo de militantes. Esas minorías – en relación al electorado- ejercen el poder de nominar todos los candidatos a representantes populares, ya sea para concejales, para alcaldes, para consejeros regionales, para parlamentarios o para Presidente de la República. Es casi imposible que un independiente pueda competir. El poder se concentra entonces en un mínimo número de personas que militan en los partidos reconocidos. El reclamo social por un sistema proporcional no ha sido escuchado por la clase política, ya que el statu quo la beneficia y le permite lograr cuotas permanentes de poder, que podrían perder en una competencia abierta.

Otro factor que se suma a lo anterior es el abstencionismo y la no inscripción de más de 2 millones de personas en los registros electorales y alrededor de 1 millón de chilenos que viven fuera del país, que tampoco pueden participar en los comicios presidenciales. Democratizar efectivamente la sociedad pasa por la incorporación de los que hoy se marginan, pero por sobre todo por una forma diferente de gobernar que convenza a los automarginados. Se trata de intentar la recuperación de la dignidad en los barrios, cimentando un nuevo poder popular, que asuma las riendas de los problemas y sus soluciones, de manera cooperativa, uniendo voluntades. De paso, al hablar de poder popular es necesario quitarle el elemento confrontacional de lucha de clases que tuvo 40 años atrás, para ubicarlo en la conquista de soberanía por parte de las personas en los barrios, asociaciones poblacionales, gremiales, en los barrios y comunas.

La participación ciudadana es otro de los puntos claves para la profundización democrática. En muchos organismos se confunde participación con información. Se ha avanzado en términos de facilitar trámites o mantener sitios web de información. La diferencia cualitativa con realidades como la de la Unión Europea, es que ellos tienen una entronizada cultura de participación popular que significa que publican sus libros verdes, como documentos de trabajo para la amplia discusión de la gente de los distintos países de la Comunidad, y tienen una importante consideración de esa retroalimentación al momento de decidir. En Chile, en esto de la participación ciudadana, en muchos casos no se ha jugado limpio y ha habido Alcaldes que han sido expertos en el caciquismo y que han movilizado a activistas rentados en los concejos municipales, para demostrar que el pueblo está presente y así forzar medidas de manera autocrática. La falta de canales formales para la participación ciudadana, que sean confiables frente a la hegemonía de los alcaldes, ha significado que deban ser los propios ciudadanos los que se organicen para defender el interés colectivo, articulando redes de colaboración a nivel nacional e internacional.

Es clara la diferencia entre informar y participar. Porque se puede poner en vitrina mucha información, pero en forma unidireccional, sin canales efectivos para que los ciudadanos retruquen, critiquen y aporten. Esto también constituye una tarea pendiente, ya que el virus del autoritarismo caló en la cultura política y se hace palpable en múltiples niveles, con un doble estándar que se debiera erradicar para hablar de democracia real.

El tema del control ciudadano de los actos públicos es otra variable que causa urticaria en muchos políticos. Retrocediendo a la Edad Media algunos han pretendido que la ciudadanía no pueda fiscalizar las decisiones de las autoridades. Sería lo mismo que negar la libertad de expresión que es la savia misma de un sistema democrático. Y en Chile, en diversos frentes, el de la ciudadanía, los derechos humanos y el periodismo, ha habido intentos cavernícolas que querían imponer el silencio y el secreto como forma de neutralizar a los subversivos de la palabra y las ideas, contestatarios de la voz oficial.

Es a duras penas que se ha podido parar legislaciones en pos del oscurantismo y sólo con la acción de una sociedad civil movilizada se ha ido avanzando en la exigencia de transparencia e integridad de los poderes públicos. Un punto clave en términos de soberanía popular, para defender al ciudadano de las decisiones públicas o privadas que vayan en perjuicio de la comunidad, es la institución del Ombudsman o Defensor del Pueblo, que ha funcionado en muchos países y que acá en Chile ha quedado archivado por falta evidente de voluntad política para instituirlo.

El Defensor del Pueblo sería un organismo con capacidad legal para fiscalizar los actos públicos, evitar las arbitrariedades, el secretismo, la inequidad. El Defensor del Pueblo ha sido manejado por la vía de una Comisión Presidencial, se ha ofrecido incorporarlo en las Agendas para la Probidad, pero, finalmente, ha quedado postergado, quizá porque se convertiría en un natural canal de expresión ciudadana frente a decisiones que perjudiquen el bien común.

Muchas tareas pendientes que demuestran que si queremos caminar hacia una democracia real, hay mucho camino aún por recorrer.

Fiscalización y voluntad política
Hernán Narbona Véliz


Un tema que debiera ser emplazado a los candidatos presidenciales. ¿Cuál es su voluntad política en relación al fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora del Estado sobre el mercado y de la ciudadanía sobre los actos del Estado?

Adam Smith señaló que siempre que dos o más personas se unían en pos de un interés común, terminaban perjudicando el interés general. Por su parte, el Banco Mundial viene insistiendo desde los noventa, en la necesidad de un Estado moderno, capaz de fiscalizar los actos económicos del mercado, con las actuales herramientas tecnológicas pero , por sobre todo, a través de funcionarios públicos competentes y honestos, como forma de procurar un sano funcionamiento de los mercados y para procurar una mayor equidad en la distribución de la riqueza en las sociedades.

Estas premisas que en dos momentos históricos alertan contra el peligro de la concentración económica y abogan por un Estado que fiscalice efectivamente los hechos económicos, son de absoluto sentido común y no fueron proferidas ni por Karl Marx ni por Jacques Maritain. Se trata de un mínimo sentido común y es una idea fuerza que busca hoy insertar correcciones de fondo a un sistema para nada transparente, en donde el peso político de los grupos económicos y financieros ha permeado peligrosamente al Estado, debilitando ex profeso la capacidad de la Administración de actuar en forma independiente y eficaz en su cometido fiscalizador. De paso, estas distorsiones atentan contra el espíritu mismo de una libre concurrencia, ya que, presiones y vinculaciones mediante, se termina buscando ventajas especiales que seguramente terminan perjudicando el interés general.

Es tanto así que, en muchas situaciones, el Estado ha renunciado voluntaria y conscientemente al deber de fiscalizar. Los estudios de impacto ambiental, los proyectos de inversión directa que terminan sin tributarle al Estado ante una pasividad inexplicable de entrar a auditar tales operaciones. Las condonaciones de deudas a grupos económicos asombran cuando por otro lado el Estado manifiesta su pobreza de recursos. Es increíble que frente a un incendio forestal o cualquier contingencia no existan recursos suficientes; es patético, pero real, que los funcionarios públicos en muchas instituciones deben pagar por sus equipamientos para poder cumplir mínimamente sus funciones; es inconcebible que muchas acciones de control deban resignarse ante la falta de recursos logísticos para realizarlas.

Si se recogiesen las reiteradas propuestas de la ANEF, Asociación Nacional de Empleados Fiscales, por condiciones laborales que ayuden a trabajar mejor, de manera que los costos de la modernización se vean compensados con creces por una mayor recaudación y por la eliminación de fugas en un sistema que está lleno de ellas, se podría apreciar que el personal estable de la Administración Pública está dispuesto a asumir compromisos de mejoramiento de gestión, concentrando energías en esos flancos débiles en donde se han venido haciendo evidentes las debilidades del Estado al fiscalizar.

Cuando enfrentamos un período pre-electoral, los servidores públicos y la ciudadanía esperarían, sobre todo de los programas presidenciales que se adjudican el progresismo, la expresión de compromisos políticos que rompan con el statu quo actual.

¿Está dispuesta la clase política a reducir el superávit fiscal y en vez de simplemente pre-pagar deuda externa, destinar recursos suficientes a a la Administración Pública, en términos de sinceramiento de las plantas, de mejoramiento del equipamiento y de recursos para efectuar fiscalizaciones más efectivas? ¿Primarán en la clase política consideraciones de Estado, que signifiquen reglas de probidad y transparencia que de veras se cumplan, para no admitir que los lobbies por debajo de la mesa, debiliten o anulen la fiscalización?

¿Estaría dispuesta la clase política a dar un gran impulso a la modernización del Estado, suscribiendo con los funcionarios de carrera compromisos de gestión que vayan perfilando un Estado más responsable que pueda arbitrar en pos de una sociedad más equitativa?

A los funcionarios públicos de carrera, por impacto de situaciones oscuras en las que no participaron ni pudieron evitar, les ha caído el peso de nuevas normas que apuntan a la probidad. Siendo bienvenidas dichas medidas, en especial las que apuntan a premiar el mérito, las mismas deberían apuntar y concentrarse en los niveles políticos que acceden al Estado por corto plazo y muchas veces con intereses y estilos diferentes a lo que la legalidad marca para el sano funcionamiento de las instituciones públicas.

Por lo tanto, los funcionarios del Estado se suman a la ciudadanía para que se elimine el secretismo en los actos del Estado, porque esa transparencia protegerá precisamente las actuaciones en derecho de los funcionarios y evitará que por presiones de cualquier índole se pierda la independencia en el control y la fiscalización. Además, si se fortalece la capacidad de los agentes públicos, es un indispensable contrapeso disponer de un Defensor del Pueblo que funcione con independencia y respaldo legal.

En el área pública hay consenso en que la modernización es un objetivo transversal urgente. Lo único que se preguntan los servidores públicos es para qué ¿para hacer las cosas bien, con todo el respaldo político de las autoridades o sólo para llegar hasta donde sea políticamente correcto?
27/08/05

¿Política de Impunidad?

Una semana para recordar en diciembre…

Hernán Narbona Véliz

21/08/05

Una serie de decisiones tomadas por el Presidente Lagos han sorprendido y desconcertado a los chilenos. El Presidente de la República ha propuesto como integrante de la Corte Suprema al Ministro Rubén Ballesteros, lo que ha tenido fuertes cuestionamientos por su participación como juez en los consejos de guerra de la dictadura; Tesorería General de la República rebajó en un 40% las multas que la Superintendencia de Valores y Seguros había aplicado en el caso Chispas a José Yuraszeck y su equipo; finalmente, la opinión pública conoció del indulto presidencial al asesino de Tucapel Jiménez, Manuel Contreras Donaire.

Para entender el impacto de estos hechos, quiero resaltar lo que significaron los tribunales de guerra en que participó el Ministro René Ballesteros, lo que explica el desencanto profundo de las personas que fueron víctimas de esa etapa oscura, por la nominación propuesta por el Presidente de la República.

Conversé con un colega Administrador Público que, habiendo sido condenado sin un justo proceso por el régimen militar, sigue 32 años después, despojado de sus derechos políticos, impedido de trabajar en cargos públicos. Justo cuando el gobierno de la Concertación proponía al magistrado Ballesteros para la Corte Suprema, este compatriota presentaba una solicitud formal al Senado de la República, concretamente a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, reclamando que se le restituyan sus derechos ciudadanos.

Este chileno tuvo el estatus de prisionero de guerra y fue juzgado por tribunales militares en tiempo de guerra. Con desencanto comprueba, como muchos chilenos, que la impunidad se ha impuesto. Durante la dictadura, la justicia actuó aplicando normas jurídicas de mayor rigor, impuestas en forma arbitraria o con claros fines de represión política, como la ampliación de las penas o las restricciones en el derecho a defensa impuestas por el tiempo de guerra. Esta declaración de Estado de Guerra se decretó el 12 de septiembre de 1973 por el DL Nº 5 de la Junta Militar, sin existir las hipótesis de hecho que justificasen tal declaración y sin el consiguiente reconocimiento de las garantías establecidas en los Convenios de Ginebra para los acusados de delitos supuestamente considerados en dicha categoría. Es así como este chileno, como muchos más en su condición, sufrió situaciones durísimas, como extensiones de los períodos de detención sin requerirse la presentación de los detenidos ante los tribunales, extensiones de los períodos de incomunicación y otras limitaciones al derecho a defensa y a las garantías del debido proceso. De esto se trata el cuestionamiento a René Ballesteros, a una actitud de obsecuencia durante el régimen de dictadura, que lo inhabilitaría éticamente para acceder a la Corte Suprema.

En relación al indulto del asesino de Tucapel Jiménez, el sentimiento de los chilenos es que se evidencia en estas medidas un gran desequilibrio en las políticas de Estado.

Se argumenta de parte del gobierno que se ha querido dar una señal en relación a la responsabilidad de los mandos medios que recibieron órdenes. Pero si así fuese ¿cómo se explica que la Comisión Valech se niega a que se pueda esgrimir en juicio lo declarado por las víctimas? ¿Por qué se impuso un secreto por 50 años que sólo favorece a los torturadores, que aseguran impunidad no sólo de por de vida sino por varias generaciones? El desequilibrio en las medidas adoptadas por la Concertación es notorio si se observa el aspecto económico, ya que además de imponer un silencio a la Comisión Valech, las reparaciones han sido paupérrimas, sin siquiera alcanzar a los hijos o nietos de los torturados.

Paradójicamente, se han aprobado este mes importantes reformas constitucionales, pero se mantuvo el binominalismo que asegura a las elites el reparto del poder. Como símbolo casi mediático, se hace polvo al dictador y su familia, procesándolos por fraude tributario, pero sin que haya sido capaz la justicia, por 16 años, de prontuariarlo, como corresponde a cualquier delincuente. Hoy el general no tiene quien le escriba y termina siendo el pato de la boda para celebrar el “término de la transición” algo que para la gente de a pie suena a que ahora la derecha económica tiene otros cancerberos, más eficaces, que pueden vender hasta su madre por un cupo en el poder.

Michelle Bachelet se ha declarado desconcertada, rechazando el indulto a Manuel Contreras Donaire. Pero su capacidad de maniobra es estrecha porque está condicionada por el partido transversal que se ha mantenido en el poder por 16 años y que no quiere ceder espacios a nuevas caras. Por ello, las críticas que esboza Bachelet hacia Lagos no son todo lo categóricas como para ayudarle a recuperar terreno en la opinión pública, consternada por los hechos. Recordemos que el Presidente de la ANEF calificó como un descriterio y una afrenta la medida de indulto.

En el sector público cunde el descontento. El gobierno demuestra, para ellos, una creciente debilidad en la defensa del patrimonio público. Se ha condonado 32 millones de dólares a quienes actuaron en su beneficio y se hicieron de ganancias por más de mil millones de dólares, con cargo a turbias maniobras de privatización de empresas públicas. Paralelamente un estudio demuestra que hay más de 7 mil chilenos en situación de calle, que con unos pocos millones de dólares tendrían una solución definitiva. Se duda de la voluntad política del gobierno para decidir a favor de la clase media. Los funcionarios públicos están demandando del gobierno soluciones al drama previsional; exigen la ampliación de las plantas de los servicios; reivindican el fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora del Estado para reducir la evasión tributaria. Esos empleados fiscales que se movilizaron en pos de estas demandas, recibieron un golpe bajo, una bofetada, al conocerse que en un juicio emblemático, por el atroz crimen ordenado por el Estado, del dirigente de la ANEF, Tucapel Jiménez, el asesino condenado, termina indultado por el Presidente de la República.

Miembros de la propia Concertación han lamentado las medidas comentadas y han señalado que ha sido una semana negra para los derechos humanos. Algo que aparece como una señal de agotamiento más del bloque gobernante, que está sumido en una sorda pugna por los cupos en el Congreso. Unirse tras los cálculos electorales no alcanza para estructurar una alianza de gobierno y esta semana quizás se haya evidenciado en Chile que esta política alejada de principios está agotada. Las deudas históricas siguen pendientes, los cuerpos de los detenidos desaparecidos no han sido ubicados; la reparación no sólo ha sido simbólica sino que ha sido humillante para las víctimas y sus familias. La soberbia y la farándula nos han querido vender la idea de que la transición terminó. En diciembre se verá si los chilenos comulgan con ruedas de carreta.

A nadie debe interesar lo que hagas en tu dormitorio, pero…

13/08/05

Cuando convoqué a la creación de la Asociación de Heterosexuales Anónimos no pensé que iba a causar tanto impacto. http://www.granvalparaiso.cl/columnistas/narbona/narbona34.htm

Dentro de las muchas notas de adhesión a la creación del AHA -una agrupación de una especie en peligro de extinción- Asociación de Heterosexuales Anónimos, recibí también algunas veladas o expresas imputaciones de intolerante. Recordé entonces los alimentos transgénicos, esos que nos quieren vender sin una etiqueta clara y que se distribuyen con una publicidad engañosa, ya que se omite describir para el consumidor la manipulación genética que permite producirlos y también los efectos eventualmente peligrosos para quienes los consumen. Llevando esto al plano de las definiciones sexuales, la naturaleza es pródiga en diversidad de especies y frutos y sólo dos géneros motivan el orden natural del mundo.

Sin embargo, lo real es que ser heterosexual es hoy casi como decir “soy adicto”, expresándose la palabra incluso con sentimiento de culpa. Semi serio, el artículo que escribí en noviembre de 2003, tuvo una acogida increíble. Vuelvo sobre el punto porque la idea de retomar en la opinión pública una voz hetero ha ido avanzando y el sentimiento generalizado de mujeres y hombres, que se mantienen con sus hormonas e inclinación sexual en forma inequívoca, es hoy una expresión de invasión, de sentirse agredidos por una presión mediática de las autodenominadas “minorías sexuales”. Los heterosexuales están hoy prácticamente arrinconados por una ola mediática global que quiere hacer ver como natural la opción homosexual, llegándose en esa tendencia a convencer a parlamentos de diversos países para que se apruebe “el matrimonio gay” y “la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales”.

Un tema que corresponde a la esfera privada de las personas, sus orientaciones sexuales, se ha puesto en pantalla con un voyerismo mercantil exacerbado. No se discute que puedan tener parejas homosexuales acuerdos societarios de ayuda mutua, pero no un matrimonio como lo consagra la ley civil. Se ha sacado un tema del ámbito privado para esgrimirlo como un tema público, generándose grupos de poder que presionan sobre el Estado para obtener medidas que den cuenta de la peculiar inclinación sexual que mantienen – y que es absolutamente respetable en la esfera de la vida privada- buscando legislaciones que relativizan la importancia de una pareja heterosexual bien constituida, en su rol de padres, para la sana formación de los hijos.

Apenas alguien toca el tema, poderosos grupos de interés saltan al ruedo para descalificar a quien opine en contrario a sus planteamientos. Se busca confundir a la opinión pública mezclando el tema sexualidad con otros aspectos de la vida en comunidad. Se pretende imponer la falacia de que los géneros son más de dos. Que discutir aquello, significa ser fundamentalista, intolerante, momio, fascista, enano dictador,

El punto va más allá, porque se pretende hacer sinónimo de progresismo y de pensamiento liberal, aceptar y no sólo tolerar comportamientos impropios. Esto cae en un peligroso relativismo. Por antonomasia, entonces, no se podría luchar por la justicia, por los derechos humanos, por la profundización democrática, sin entrar a incorporar las reivindicaciones que tienen que ver con la vida sexual privada de esas minorías, que no se conforman con que se las tolere sino que buscan aceptación social.

Un asunto de diversidad es tolerar al distinto, pero muy diferente es consagrar su condición como natural, si no lo es. La empatía, la capacidad generosa de entender al otro, no puede significar que el otro te agreda con su accionar público y es lo que está ocurriendo hoy con algunos homosexuales, que insisten en colocar como tema público algo que debe quedar discretamente en el dormitorio. Del mismo modo es chocante que una pareja heterosexual se ponga a ventilar sus intimidades por la tele o que publique en Internet sus relaciones sexuales. Esto es una desviación independiente de quien lo haga.

Aunque es algo de tanta obviedad que resulta casi ridículo decirlo: la ley natural establece un padre, una madre, un hombre y una mujer y de allí los hijos. ¿De donde han sacado que ser progresista o revolucionario significa incorporar al orden social transgresiones que pueden ser toleradas en el ámbito de la libertad personal y la privacidad, pero nunca ser consagradas o promovidas a través de las leyes?

Disculpen, si haya debido reiterar que los heteros existimos desde que el mundo es mundo, que puede haber habido ciclos de patriarcado o matriarcado; que se puede haber vivido machismos asquerosos y feminismos panfletarios, igual de negativos; que en definitiva, independientemente de los gustos en el dormitorio, hay malas o buenas personas. Pero, lo real es que el mundo está estructurado en dos géneros y punto.

Que no podemos quedar en silencio cuando vemos que se busca imponer por la vía legal y por la presión mediática, aquello que rompe lo natural. Yo puedo tolerar situaciones que me incomodan, respetar que otros vivan su vida privada sin agredir con ella a nadie; defiendo su derecho a privacidad, pero de ahí a tener que aceptar respecto al matrimonio, la familia, los niños, una actitud que contraria la naturaleza como una situación que debe ser promovida por la ley, hay una sideral distancia.

Chile: políticos con fines de lucro y ciudadanos activos
12 de agosto de 2005

• Hace poco un par de amigas francesas me pedían una explicación sobre la política chilena. No lograban entender que en Chile la política está encriptada, que debe leerse entre líneas y que, como decía Oscar Andrade, hay muchos que manejan con la izquierda y cobran con la derecha.

La situación electoral en Chile resulta difícil de entender para los extranjeros. En esta campaña presidencial y parlamentaria, en el marco de un sistema binominal perverso, se han venido dando durísimas luchas internas en los dos bloques oficiales, para ingresar nombres a la plantilla de diciembre. Claro, basta con quedar dentro del ruedo para tener una alta probabilidad de ser electo, ya que la minoría puede mantener escaños con muy pocos votos reales, simplemente porque a la mayoría no le alcanzaron los suyos para doblar.

En verdad son tres bloques los que compiten: la Alianza por Chile, que combina la derecha ortodoxa, vinculada a militares en retiro y civiles que fueron protagonistas del régimen de Pinochet, con influencia fuerte de católicos conservadores, y una derecha de corte liberal que se ubica con mayor propiedad como centro derecha. Frente a esta oposición, la coalición gobernante, Concertación de Partidos por la Democracia, integrada por partidos instrumentales que durante 16 años – el mismo tiempo que duró el régimen militar- han servido para mantener en el poder a un grupo transversal que ha rotado en el interesante carrusel del poder y que no quieren abandonar la calesita premiada. Por fuera de la Concertación se encuentran los sectores excluidos por el binominalismo, sin representación parlamentaria que conforman el Juntos Podemos Más.

En la Alianza, la derecha llevará dos candidatos hasta la primera vuelta y se ha dado una competencia muy dura de la UDI con Renovación Nacional. Este último partido ha levantado como candidato a Sebastián Piñera, de cuna social cristiana, exitoso empresario, alejado del pinochetismo desde los ochenta, pero logrando en su vida llegar a ser un hito del modelo neoliberal imperante. La Unión Democrática Independiente, UDI, cuyos orígenes están marcados por su directa participación en el gobierno militar, ha tenido en la última década con su socio RN, una actitud prepotente y excluyente, frente a lo cual, Piñera pretende pasarle la factura. Él fue víctima de complots, de seguimientos, de pinchazos a su celular, de presiones de corte mafioso para que abandonara la arena política a favor de candidatos de la UDI. Eso lo ha dejado como un candidato admisible incluso para fuerzas de izquierda y con bajo índice de rechazo en las encuestas. Piñera, superando ya a Lavín, está apostando a la segunda vuelta y en su discurso demuestra ese grado de independencia que le ha dado su éxito empresarial y sus vínculos transversales. La UDI persiste en el empeño de intentar hacer correr a un cansado candidato. Joaquín Lavín ya muestra fatiga de materiales y cae en cada encuesta que surge, ostentando el más alto índice de rechazo, con casi un 60% de encuestados que por ningún motivo votarían por él.

En la Concertación el panorama no es menos estresante. Cuatro fuerzas, el PPD, Partido por la Democracia, el PS, Partido Socialista, el PDC, Partido Demócrata Cristiano y el PRSD, Partido Radical Social Demócrata, confluyen detrás de una candidata única, Michelle Bachelet, que ha alcanzado en las encuestas una intención de voto que ronda el 45% dependiendo la encuesta que se tome.

La cúpula de la DC, dirigida por Adolfo Zaldívar, sacrificó a Soledad Alvear para obtener una mejor planilla parlamentaria y, así, la DC es un partido instrumental más al cual se le critica el abandono de sus principios, inspirados en la doctrina social de la Iglesia. Su inclinación hacia la derecha es creciente y eso hace temer a personas como Trivelli, ex Intendente de Santiago, que se disgreguen sus votos para apoyar a Piñera.

Cuando Lavín era el adversario se apreciaba que Bachelet tenía una carrera corrida y ganaba en primera vuelta. Sin embargo, el fenómeno Piñera ha pesado objetivamente y la posibilidad de una segunda vuelta está plenamente vigente. Sin embargo, detrás de la campaña de Michelle Bachelet aparecen diferentes vectores, que no responden a ninguna etiqueta simplista, sino que representan el despliegue de grupos de interés que buscan consolidar cuotas de poder en el mediano y largo plazo. Por algo el Juntos Podemos Más, que agrupa a humanistas y comunistas, la ha calificado de representar el continuismo.

Tomás Hirsch, Presidente del Partido Humanista, es el candidato de la izquierda extraparlamentaria. El Partido Comunista no ha podido reemplazar a su líder natural que fuera Gladys Marín y ha cedido la candidatura a favor de los Humanistas. Se agregan al bloque numerosos grupos minoritarios que se declaran excluidos por el sistema binominal, repudiando el neoliberalismo y la corrupción. En las elecciones municipales el Juntos Podemos sorprendió con un 10% y aunque las encuestas lo dejan a Hirsch con un 3% en las presidenciales, es probable que pueda llegar al 15%, capitalizando el voto duro que siempre fue concertacionista y que se expresaría como una forma de castigar la gestión de Lagos – el Presidente más elogiado por la derecha económica- en materia de medio ambiente y de reparación a las víctimas de la dictadura.

Es altamente probable que se deba disputar una segunda vuelta, ocasión que le permitiría a los sectores extraparlamentarios exigir de Michelle Bachelet compromisos de eliminación definitiva del sistema binominal, mayor transparencia en la gestión pública y reparaciones reales y no simbólicas a las víctimas del régimen militar y sus descendientes.

El manejo del poder ha significado que durante los dieciséis años de gobierno concertacionista se haya abandonado la política de principios sustituyéndosela por la mera gestión pragmática de marketing político. Hoy el gobierno se guía por la agenda mediática y mide cada día el costo político de su accionar, igual como los programas televisivos se guían por el people metter, los voceros emiten sinuosas declaraciones que saben volátiles y que sólo buscan el impacto del momento.

Los temas que motivaron las luchas en contra de la dictadura resultan incómodos en una estrategia mediática. Es así como, luego del trabajo de la Comisión Valech, que apuntaba a reparar a las víctimas de la tortura y la prisión política, el gobierno de Lagos tendió un secreto obligatorio por 50 años, lo que significa que los testimonios de las víctimas recién podrán conocerse el año 2055. Lo que parece un cálculo más, ya que, sumando y restando, el puñado de votos que pudieran representar esos sectores no es relevante para la contienda por el poder y es mejor concentrarse en las grandes mayorías pauperizadas culturalmente, frente a las cuales se actúa con pan y circo, en otras palabras farándula y populismo.

Se entrecruzan así en el escenario político, en este binominalismo presidencialista, el exitista discurso oficial que muestra la popularidad del Presidente Lagos en las encuestas, con la dura crítica por acciones corruptas que ha denunciado la ciudadanía y que están a plena marcha en manos de la justicia o de comisiones investigadores de la Cámara de Diputados. Si bien la UDI quiso capitalizar los escándalos, su tejado de vidrio histórico, más el procesamiento del clan Pinochet y de militares cercanos al General por fraude tributario – recordemos que no está configurado en Chile como delito el enriquecimiento ilícito – la han dejado sin la más mínima legitimidad para señalar a nadie con el dedo.

El único resultado positivo de este destape de escandaleras en la campaña sucia, ha sido que se consiguió un relativo consenso para legislar para una mayor probidad del sistema político chileno. Se eliminó el delito de desacato, que era una verdadera ley mordaza y se avanza en declaraciones patrimoniales para la clase política.

Por otra parte, se nota una creciente corriente de desencantados, camuflados entre los indecisos, que aboga por un gobierno diferente en materia de fiscalización y transparencia. En el seno del PS y de manera transversal en la Concertación, comienza a sonar con fuerza la propuesta de un Estado mejor dotado para fiscalizar al mercado y sus operadores.

Pero lo más importante en este cuadro, es que han sido las organizaciones civiles las que han logrado jaquear a poderosos intereses y denunciar las manipulaciones corruptas de lo público y lo privado. El caso Celco, donde se paralizó una planta de celulosa que envenenó el humedal de Valdivia matando a los cisnes de cuello negro, ha resultado emblemático; como también lo ha sido la presión judicial del Comando de Defensa de Valparaíso, agrupando al Foro Valparaíso Posible, el Movimiento Confianza, Ciudadanos por Valparaíso, que ha conseguido que la Corte de Apelaciones de esa ciudad llame a declarar al Presidente Lagos, al ex Presidente Frei y al mismo Secretario General de OEA, José Miguel Insulza, por la utilización de terrenos de la costanera del puerto para un proyecto inmobiliario contrario al destino legal de dichas instalaciones.

La ciudadanía organizada ha generado en estos casos y en muchos otros, movimientos emblemáticos, que fortalecen el poder popular local, lo cual deberá ser seriamente considerado por Michelle Bachelet dentro de su probable mandato presidencial de 4 años. Porque esos movimientos sociales están más cerca de su corazón y de su historia política. Y no por nada ella se ha movido insistentemente con el lema de la participación ciudadana y ha anunciado que en su gobierno habrá caras nuevas y nadie se repetirá el plato. Lo cual ha dejado cabizbajos a muchos pragmáticos que se habían acostumbrado por 16 años al carrusel del poder, cambiando de sombrero, pero siempre cayendo parados.

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CARTA DE LA CIUDADANÍA A LA CORTE SUPREMA PIDIENDO QUE AUGUSTO PINOCHET UGARTE SEA RECONOCIDO COMO UNA PERSONA CAPAZ Y SEA JUZGADO POR TODAS LAS CAUSAS EN QUE SE ARGUMENTO DEMENCIA.

para adherir envíe una carta a

Pedro Alejandro Matta <p.matta@vtr.net>

Texto de la Carta

Señores Ministros

Corte Suprema y Corte de Apelaciones de Santiago
Presente.-

Tras leer la breve y clara declaración del general Augusto Pinochet Ugarte, emitida el pasado miércoles 11 de agosto, se ha hecho total claridad respecto del buen estado de su salud mental.

Desde ese día, todos los chilenos fuimos oficialmente notificados de que el general Pinochet no padece ningún tipo de demencia que pueda impedir desafueros, procesamientos y condenas.

Su salud mental no le ha impedido, en los últimos años, decidir acerca de giros y traslados de la cuantiosa riqueza que acumuló y cuyo origen ahora investigan los tribunales de la República. Su salud mental no le impidió otorgar una larga entrevista a un canal de televisión extranjero.

Ahora su salud mental no le impide hacer esta declaración en defensa de su esposa y su hijo menor. Más aún. El general Pinochet desafía a los Jueces de la República a que se atrevan a enjuiciarlo a él.

Creemos que ha llegado ese momento cuando ya han transcurrido más de quince años de transición. Atreverse a juzgar y condenar al general Pinochet es un primer y sólido paso para que el Poder Judicial comience a recuperar el prestigio y la confiabilidad que ha perdido, lo que se refleja reiteradamente en todas las encuestas ciudadanas.

Así como en septiembre de 1973 el Poder Judicial emitió una poderosa señal de aprobación y sometimiento a la nueva dictadura militar, debiera hoy ser el que encabece la señal de pérdida del miedo y recuperación de valores democráticos.

Confiando en la acogida a esta petición ciudadana, se despiden

Patricia Verdugo, Santiago de Chile.
Pedro Alejandro Matta, Santiago de Chile.
Hernán Narbona Véliz, Valparaíso, Chile.

DOS MUJERES Y EL PODER
07/08/05


- El tema de discusión esta semana, en materia de política interna, se ha centrado en dos hechos que tienen por protagonistas a dos mujeres: Michelle Bachelet y Ana Gloria Chevesich.

El primero se ubicaba en los ribetes de una pregunta directa de un historiador a la candidata de la Concertación y su respuesta emotiva, visceral, saliéndose de las camisas de fuerza que supuestamente le imponen sus asesores de campaña. El segundo, el respaldo que la Corte Suprema ha dado a la Ministra para que continúe el proceso MOP - Délano, que implica, entre otros, a Matías de La Fuente, primo de Luisa Durán, señora del presidente Lagos.

Visualizar en el eje de la política dos hechos que marcan la importancia de la mujer en la vida pública de Chile, me trae la sensación de tendencias nuevas en el quehacer político, marcando un estilo que rompe con cánones ortodoxos de la política hasta ahora, caracterizado por el secretismo sectario de muchas organizaciones republicanas. Comienzan a abrirse cajas negras con esta incursión de la mujer en la cosa pública, lo que le ha dado una fuerza diferente al ejercicio del poder en la sociedad chilena:

- La candidata Bachelet, sin proponérselo quizás, ha cortado amarras de los asesores que han buscado cuidarla para que surfee incólume, manteniendo su popularidad sin confrontaciones mayores, claro, hasta que se encuentra con la pregunta frontal y la responde con una improvisación que salió de su emotividad antes que de un discurso aprendido.
- Por su parte, encontramos a la Ministra Chevesich, en un caso que tiene ribetes de alta complejidad, ya que ha implicado llevar claridad y develar la verdad en acciones que han violentado la probidad administrativa y que son de suyo de alta complicación política, por el nivel y relaciones de los personeros involucrados en tales hechos. Sin embargo, la Ministra Chevesich, manejando con gran cautela su trabajo, ha salido indemne de las presiones y el hecho de haber sido capaz de procesar a autoridades la deja en una dimensión paradigmática dentro del Poder Judicial, dejando la vara muy alta a otros magistrados que habiendo manejado juicios emblemáticos, han dejado sin procesar a los inculpados.

Respecto a la interpelación del historiador Jocelyn-Holt a la candidata Michelle Bachelet, debo decir que es tan pobre el debate de ideas en Chile, tanto se especula con las percepciones del “cliente”, que un episodio que pudo ser intrascendente cobró notoriedad por el efecto distinto que provocó.

Tanta es la tranca ambiental que ha quedado como triste rezago del miedo que impuso la dictadura, que la mayor parte de los actores políticos usan el estilo “sanguchito de agua”, que les permite mantenerse siempre en lo políticamente correcto. Son excepcionales las situaciones de enfrentamiento verbal en estas campañas y por eso, cuando alguien provoca estos “desaguisados” genera una noticia. La causa de fondo es que quienes conducen las campañas apuestan a alcanzar popularidad y los criterios son de carácter comercial, y tanto los actores como los mismos medios evitan compromisos categóricos, esgrimiendo los temas con superficialidad, con muy baja capacidad para profundizar en el seguimiento de los problemas y sus soluciones. Apuestan a la Señora Juanita y a Don Pepito, subestimando su capacidad de comprensión de la cosa pública, pensando que les pueden vender buzones con un buen envoltorio de marketing. Lo que hizo el historiador Alfredo Jocelyn-Holt fue formular una pregunta abierta, desplegada en un foro, sin prejuicios de género, solicitando a la candidata una explicación de ciertos hechos, que le permitiera poder tener confianza en ella. Nada que afectara espacios personales de la candidata, todo enmarcado en el ámbito de sus acciones e historia pública.

En un episodio paralelo, luego de haber leído in extenso el pronunciamiento de la Corte Suprema, corrigiendo la medida tomada por la Corte de Apelaciones en orden de aceptar un recurso de amparo de Matías de La Fuente, queda la impresión de que la Ministra Chevesich entrará a profundizar el procesamiento en el caso MOP Délano y que seguirá abriendo cuadernos según sigan surgiendo declaraciones y se aten cabos sueltos en su investigación. Ella no emitió declaración alguna frente a la decisión de la Suprema, pero este espaldarazo objetivamente proyecta su trabajo hacia etapas de cierre que podrían generar ribetes políticos de envergadura, pues los procesos podrían llegar al Presidente Lagos en su calidad de ex Ministro de Obras Públicas.

Más allá de la coyuntura, es grato apreciar que en ambas noticias se destaca una fuerza de voluntad muy sólida de estas dos mujeres para ir manejando situaciones cada vez más delicadas.

Bachelet con una trayectoria militante, habiéndosela jugado en contra de la dictadura, habiendo sido víctima de la tortura, supo tender puentes desde la civilidad para llevar a las Fuerzas Armadas a una modernización y a un reencuentro con la democracia, lo que debe apreciarse en su profundidad histórica. Quizás en la respuesta que dio a Joselyn-Holt uno hubiera esperado una mayor claridad conceptual respecto a las raíces profundas del complot que derrocó al gobierno democrático de la Unidad Popular, en que su padre participó. Pero, al menos y afortunadamente, se salió del libreto racional, políticamente correcto, y expuso con una voluntad clara su posición, aunque su voz casi se quebraba. Debía responder porqué ella no es carta tapada de los militares y las razones que justifican su adhesión popular. Junto a este incidente, en otra instancia, la misma candidata ha hecho oír su voluntad política de diferenciarse de los estilos actuales de hacer política, lo que también la proyecta con mayor independencia relativa, respecto al gobierno de Lagos. Así puede interpretarse su declaración en que marcó que nuevos rostros integrarían su posible gobierno y que nadie se repetiría el plato como autoridad.

Ana Gloria Chevesich, por su parte, va silenciosa y seriamente desarmando un complejo crucigrama de intereses y acciones impropias, lo cual, en perspectiva de largo plazo significará un real aporte al saneamiento del sistema democrático. Es así como, en tiempos paralelos, estas dos mujeres chilenas, Bachelet y Chevesich, se han convertido en hitos y coinciden en trabajar, desde frentes diferentes, por alcanzar una mayor corrección en el manejo de la cosa pública. Se observa una común voluntad de servicio, una buscando la máxima representación popular y la otra siendo fiel a su función e investidura de Ministra del Poder Judicial. Esto las convierte en hitos para una forma más transparente de gestión pública y creo que esto se da porque son dos personas que tienen convicciones y han demostrado, ambas, una férrea voluntad para asumir cabalmente sus compromisos y responsabilidades como servidores del Estado. Lo cual es cívicamente admirable.

La NASA usa la técnica de la tapita de cerveza
03.08.2005


· El TLC con USA permitió que el expertise chilensis ayudara a los sabios de la NASA

La NASA ha reparado exitosamente el Discovery en órbita. Después de más de tres horas de paseo espacial, el astronauta estadounidense Steve Robinson llegó a la 'panza' del Discovery, donde ha realizado con éxito dos reparaciones de emergencia en la cubierta térmica de la nave, en una misión calificada de 'histórica' por la NASA.

Lo que comento ahora es un trascendido que en virtud de la urgencia no ha podido ser corroborado. Se ha sabido en fuentes reservadas que para arreglar el problema de los cototos del trasbordador, Estados Unidos tuvo la colaboración y expertise de un chileno, cuyo nombre se reserva para evitarle el acoso de los medios. Como lo contrataron sin licitación pública, puede ser objeto de demandas y este ciudadano no está para esas pequeñeces.

Efectivamente, el arreglo de la nave se realizó con el asesoramiento de un chileno que tenia experiencia en tapitas de cerveza y clips como utensilios de uso múltiple. Con eso, con la gotita, la tapita de cerveza y una increíble dosis de creatividad, el experto chileno endereza una pata coja, corrigiendo cualquier desnivel o protuberancia molesta. Era la persona justa para trabajar enfrentado a una situación de falla. Como normalmente el experto chileno trabaja reparando cosas falladas, para que duren el rato, y como el Discovery tenia dos cototos en la panza, y había que hacerle un corte como para que llegara de vuelta a la Tierra, en la NASA se acordaron del socio sudamericano y pidieron, con esa humildad contagiosa de su líder, ayuda a Chile.

Es decir, recurrieron a alguien con perfil de mecánico de apuros, capaz de meterse por debajo de la estructura, cuestión que no estaba en los planes originales. El teléfono rojo sonó y el TLC funcionó. El experto chileno voló secretamente para salvar el problema de los socios gringos. Había un aspecto cultural de por medio, el experto chasquilla chileno ya estaba habituado a ser dirigido por una comandante mujer, cuestión que los machistas astronautas rechazaban en su fuero íntimo. Además, no por casualidad el experto al que recurren vive en un país donde las mujeres mandan y los hombres obedecen. Dicen que lo recibió la tierna Condolessa, se dio una vuelta por Disneyworld y luego fue enviado secretamente a sacarle el pillo a la NASA.

Asesorando a Steve Robinson con una limita para las uñas el chileno raspó los cototos de las cerámicas. Claro, estaba acostumbrado a ellos, baste ver cuantos baños chilenos quedan con el declive de la cerámica al revés y, para una inundación ideal, en vez de apuntar al resumidero lo hacen hacia la muralla. Pero, la capacidad de solucionar problemas del homo chasquillis chilensis es mayor que el coeficiente intelectual consolidado del montón de astronautas estructurados y perfectos que se cabeceaban con el asunto de los cototos del Discovery.

Nuestro experto venía de trabajar en la pavimentación de la Alameda así que de condoros el hombre sabía harto, por lo que su colaboración fue clave para salvar esta delicada situación de crisis espacial del socio del norte. Posiblemente al regresar sea recibido en la Moneda, como Massú y González después de las Olimpiadas. Seguro que termina en la Granja VIP o la Micro Vip.