¿Política de Impunidad?

Una semana para recordar en diciembre…

Hernán Narbona Véliz

21/08/05

Una serie de decisiones tomadas por el Presidente Lagos han sorprendido y desconcertado a los chilenos. El Presidente de la República ha propuesto como integrante de la Corte Suprema al Ministro Rubén Ballesteros, lo que ha tenido fuertes cuestionamientos por su participación como juez en los consejos de guerra de la dictadura; Tesorería General de la República rebajó en un 40% las multas que la Superintendencia de Valores y Seguros había aplicado en el caso Chispas a José Yuraszeck y su equipo; finalmente, la opinión pública conoció del indulto presidencial al asesino de Tucapel Jiménez, Manuel Contreras Donaire.

Para entender el impacto de estos hechos, quiero resaltar lo que significaron los tribunales de guerra en que participó el Ministro René Ballesteros, lo que explica el desencanto profundo de las personas que fueron víctimas de esa etapa oscura, por la nominación propuesta por el Presidente de la República.

Conversé con un colega Administrador Público que, habiendo sido condenado sin un justo proceso por el régimen militar, sigue 32 años después, despojado de sus derechos políticos, impedido de trabajar en cargos públicos. Justo cuando el gobierno de la Concertación proponía al magistrado Ballesteros para la Corte Suprema, este compatriota presentaba una solicitud formal al Senado de la República, concretamente a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, reclamando que se le restituyan sus derechos ciudadanos.

Este chileno tuvo el estatus de prisionero de guerra y fue juzgado por tribunales militares en tiempo de guerra. Con desencanto comprueba, como muchos chilenos, que la impunidad se ha impuesto. Durante la dictadura, la justicia actuó aplicando normas jurídicas de mayor rigor, impuestas en forma arbitraria o con claros fines de represión política, como la ampliación de las penas o las restricciones en el derecho a defensa impuestas por el tiempo de guerra. Esta declaración de Estado de Guerra se decretó el 12 de septiembre de 1973 por el DL Nº 5 de la Junta Militar, sin existir las hipótesis de hecho que justificasen tal declaración y sin el consiguiente reconocimiento de las garantías establecidas en los Convenios de Ginebra para los acusados de delitos supuestamente considerados en dicha categoría. Es así como este chileno, como muchos más en su condición, sufrió situaciones durísimas, como extensiones de los períodos de detención sin requerirse la presentación de los detenidos ante los tribunales, extensiones de los períodos de incomunicación y otras limitaciones al derecho a defensa y a las garantías del debido proceso. De esto se trata el cuestionamiento a René Ballesteros, a una actitud de obsecuencia durante el régimen de dictadura, que lo inhabilitaría éticamente para acceder a la Corte Suprema.

En relación al indulto del asesino de Tucapel Jiménez, el sentimiento de los chilenos es que se evidencia en estas medidas un gran desequilibrio en las políticas de Estado.

Se argumenta de parte del gobierno que se ha querido dar una señal en relación a la responsabilidad de los mandos medios que recibieron órdenes. Pero si así fuese ¿cómo se explica que la Comisión Valech se niega a que se pueda esgrimir en juicio lo declarado por las víctimas? ¿Por qué se impuso un secreto por 50 años que sólo favorece a los torturadores, que aseguran impunidad no sólo de por de vida sino por varias generaciones? El desequilibrio en las medidas adoptadas por la Concertación es notorio si se observa el aspecto económico, ya que además de imponer un silencio a la Comisión Valech, las reparaciones han sido paupérrimas, sin siquiera alcanzar a los hijos o nietos de los torturados.

Paradójicamente, se han aprobado este mes importantes reformas constitucionales, pero se mantuvo el binominalismo que asegura a las elites el reparto del poder. Como símbolo casi mediático, se hace polvo al dictador y su familia, procesándolos por fraude tributario, pero sin que haya sido capaz la justicia, por 16 años, de prontuariarlo, como corresponde a cualquier delincuente. Hoy el general no tiene quien le escriba y termina siendo el pato de la boda para celebrar el “término de la transición” algo que para la gente de a pie suena a que ahora la derecha económica tiene otros cancerberos, más eficaces, que pueden vender hasta su madre por un cupo en el poder.

Michelle Bachelet se ha declarado desconcertada, rechazando el indulto a Manuel Contreras Donaire. Pero su capacidad de maniobra es estrecha porque está condicionada por el partido transversal que se ha mantenido en el poder por 16 años y que no quiere ceder espacios a nuevas caras. Por ello, las críticas que esboza Bachelet hacia Lagos no son todo lo categóricas como para ayudarle a recuperar terreno en la opinión pública, consternada por los hechos. Recordemos que el Presidente de la ANEF calificó como un descriterio y una afrenta la medida de indulto.

En el sector público cunde el descontento. El gobierno demuestra, para ellos, una creciente debilidad en la defensa del patrimonio público. Se ha condonado 32 millones de dólares a quienes actuaron en su beneficio y se hicieron de ganancias por más de mil millones de dólares, con cargo a turbias maniobras de privatización de empresas públicas. Paralelamente un estudio demuestra que hay más de 7 mil chilenos en situación de calle, que con unos pocos millones de dólares tendrían una solución definitiva. Se duda de la voluntad política del gobierno para decidir a favor de la clase media. Los funcionarios públicos están demandando del gobierno soluciones al drama previsional; exigen la ampliación de las plantas de los servicios; reivindican el fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora del Estado para reducir la evasión tributaria. Esos empleados fiscales que se movilizaron en pos de estas demandas, recibieron un golpe bajo, una bofetada, al conocerse que en un juicio emblemático, por el atroz crimen ordenado por el Estado, del dirigente de la ANEF, Tucapel Jiménez, el asesino condenado, termina indultado por el Presidente de la República.

Miembros de la propia Concertación han lamentado las medidas comentadas y han señalado que ha sido una semana negra para los derechos humanos. Algo que aparece como una señal de agotamiento más del bloque gobernante, que está sumido en una sorda pugna por los cupos en el Congreso. Unirse tras los cálculos electorales no alcanza para estructurar una alianza de gobierno y esta semana quizás se haya evidenciado en Chile que esta política alejada de principios está agotada. Las deudas históricas siguen pendientes, los cuerpos de los detenidos desaparecidos no han sido ubicados; la reparación no sólo ha sido simbólica sino que ha sido humillante para las víctimas y sus familias. La soberbia y la farándula nos han querido vender la idea de que la transición terminó. En diciembre se verá si los chilenos comulgan con ruedas de carreta.