Este es un espacio de periodismo de análisis y opinión, desarrollado por Hernán Narbona Véliz, Poeta y Escritor chileno. Administrador Público, Licenciado en Relaciones Internacionales, Columnista de diversos medios, miembro de Periodistas Frente a la Corrupción.
COP 26: Debemos frenar el
extractivismo depredador
Por Hernán Narbona Véliz
En noviembre, el Reino Unido será
anfitrión, en Glasgow, Escocia, de la
COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de
2021. Se desarrollará en el Scottish
Event Campus, bajo la presidencia del político británico Alok Sharma. Luego del
fracaso de la COP25, el 2019, que originalmente se debía realizar en Santiago
de Chile, y que, por la explosión social de octubre, terminó realizándose en
Madrid, hubo un año de suspensión por la pandemia del Covid 19.
Se llega a Glasgow 2021, con la
comprobación cercana, de desastres naturales, largamente anunciados, que arrasaron
regiones de Alemania, Bélgica, Holanda y Francia, en meses recientes.
Situaciones desgarradoras que dan cuenta de la urgencia que enfrentamos. La
juventud es la que mejor percibe esta herencia negra que le está dejando la
civilización actual.
Las expectativas de acuerdos concretos en esta próxima
Conferencia no son auspiciosas, sino más bien de escepticismo. El modelo global
está anclado aún a los combustibles fósiles y los gobiernos no han dado el
ancho en sus compromisos ambientales, primando en la política la influencia
descarada de un extractivismo depredador. Pero, pese al pesimismo, de cualquier
manera, la COP 26 será una instancia crucial, a la que se llega con la
evidencia global de una crisis climática creciente y desatada, que pone en alto
riesgo la vida en el planeta. Un dato duro lo ha entregado el reciente informe
de la Organización Meteorológica Mundial: el número de catástrofes se ha
quintuplicado en los últimos 50 años. La temperatura va subiendo y sus efectos
se han demostrado en gigantescos incendios, temperaturas cercanas a los 50°C en
Siberia, derretimiento en el Ártico, huracanes y tormentas sucesivas en el
Caribe y el Golfo de México, mega sequías. Todas estas catástrofes derivan del
calentamiento global y la alteración de los ciclos naturales.
El objetivo de la COP 26 es garantizar la supervivencia de
las generaciones futuras, manteniendo las temperaturas globales lo más cerca
posible de 1,5°C de calentamiento para el año 2100. Son las generaciones del
futuro las que sufrirán las consecuencias de las decisiones que se tome hoy.
“La reunión COP26 es la oportunidad para que se ponga a
los niños en el centro de las políticas y acciones climáticas” ha señalado
la UNICEF, que está impulsando la Declaración Intergubernamental sobre la
Infancia, la Juventud y la Acción Climática.
Describir los escenarios que enfrenta el planeta, puede
sonar apocalíptico. Basta con señalar que la humanidad vierte una camionada
plástico por segundo a los océanos, que se están alterando las corrientes
marinas, que los arrecifes de coral se han ido reduciendo, que el nivel del mar
está subiendo, que los glaciares, reservorios de agua, y las selvas tropicales,
han sufrido la incursión contaminante de la minería del oro. En nuestra propia realidad,
apreciamos cómo los monocultivos de pinos y eucaliptus han destruido el bosque
nativo, que los paltos han secado los territorios que antes ocupaba la
agricultura campesina. Todas evidencias de los efectos ecocidas de un modelo
deshumanizado, depredador y cortoplacista que la ciudadanía planetaria presiona
por cambiar.
En su origen, tres décadas atrás, el movimiento
ambientalista tuvo su base social e ideológica mayoritariamente en las élites
ilustradas, profesionales que dieron nacimiento a diversas Fundaciones u
Organizaciones No Gubernamentales, con el propósito de intervenir en la toma de
decisiones políticas respecto al medio ambiente, logrando históricamente una
importante cuota de poder político, como lo han sido en Europa los partidos
Verdes. En nuestra realidad, el movimiento
social ha levantado, desde la base social, una demanda prioritaria por
recuperación del agua como un Derecho Humano y el término de las zonas de
sacrificio. En Chile, el principal movimiento ambientalista nacional, MODATIMA,
Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, surgió en
Petorca, de la lucha heroica contra la usurpación, robo o saqueo del agua en el
territorio. La lucha de MODATIMA contra los poderes fácticos del extractivismo
agrícola y sus monocultivos, trascendió a nivel internacional, a través del
activista ambiental, Rodrigo Mundaca, Ingeniero Agrónomo, actual Gobernador de
Valparaíso, que resultó elegido en primera vuelta, con una mayoría abrumadora.
Las Mujeres también han liderado la lucha ambientalista, destacando el
Movimiento de Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, MUZOSARE, que
defienden los territorios de Quintero, Ventanas, Puchuncaví de la contaminación
permanente de las Termoeléctricas y Refinerías de esa zona e sacrificio.
La conciencia verde es hoy transversal, en términos de proponer
un eco-Estado, en armonía con la Naturaleza. En este proceso constituyente, la
sintonía de los pueblos de Chile con la Naturaleza, es un elemento decisivo que
empapa el espíritu que habrá de tener la Nueva Constitución, lo que augura un
compromiso potente del Estado de Chile con las decisiones que se tomen en la
COP26.
Suscribir el Acuerdo de Escazú, el mismo que Piñera no ha querido
suscribir, debiera ser uno de los primeros pasos que se debiera dar Chile, para
fortalecer el interés general de defensa y preservación de territorios que se
declaren de reserva ecológica.
Es emblemático que la Convención Constitucional se haya
declarado en Emergencia Climática, expresando con ello el compromiso que habrá
de tener la Nueva Constitución con el cambio estructural del modelo,
extractivista depredador, para avanza en otro estilo de convivencia, que
priorice la vida por encima de los intereses económicos, generando Desarrollo a
escala humana, con sustentabilidad efectiva.
Lo que se discuta en la COP 26 lo seguiremos de cerca porque
es parte de un proceso global, conducente al término de la era del crecimiento
ilimitado, para entrar en una era de recuperación de este planeta generoso, que
la codicia exacerbada de poderes supranacionales está destruyendo. Como
civilización de este Siglo XXI, debemos abandonar el carbón, el petróleo, el
plástico y sus secuelas de muerte y devastación. Los niños lo están exigiendo y
no nos queda tiempo.
Chile y su Nueva Constitución, una realidad
que el mundo querrá conocer.
Una noticia motivó
esta columna: la recuperación de la película “Un verano feliz”, que rescata la
experiencia de Turismo Juvenil y Turismo Social, desarrollado por la Dirección
de Turismo, en el gobierno del Presidente Salvador Allende, cuando se
construyeron los albergues juveniles en ciudades costeras y miles de niños del
campo con sus familias pudieron conocer el mar. Con orgullo, puedo señalar que
participé como joven profesional de ese proyecto, atesorando vivencias que me
marcaron para siempre, entendiendo que el turismo es un instrumento de paz y la
recreación, un derecho.
Pensando ahora en reactivar
el turismo después de la actual pandemia, como forma de motivar un debate que
nos permita hacer de la recreación un espacio de fraternidad, conocimiento y
emprendimientos, pienso que, en el mundo, en distintos momentos, se ha cruzado
por hechos políticos y sociales críticos, que, lejos de paralizar la actividad
turística, la dinamizaron y transformaron, apareciendo nuevas motivaciones para
el intercambio, nuevos destinos y rutas, nuevos intereses especiales impensados.
Fue el caso de la caída del
muro de Berlín, o la Reforma de París de Mayo de 1968, o ese sueño de los mil
días, la vía chilena democrática al socialismo, que generó una gran atracción
mundial entre 1971 y 1973. Como lo fuera también la recuperación democrática de
los 90, pos dictaduras en Uruguay, Argentina y Chile, que provocaron un enorme movimiento
turístico, académico y político, en especial de europeos que venían a analizar
la nueva realidad de América del Sur. En este Siglo XXI el turismo académico y
de intercambio se intensificó tras causas ambientales y de pueblos originarios,
como el conflicto en la Araucanía y la realidad del pueblo mapuche, que son
experiencias que se han convertido en focos de interés mundial.
Sobre la base de esas
experiencias, me atrevo a afirmar que, después de la pandemia, se viene una
nueva forma de turismo receptivo en Chile, para seguir el, nuevamente inédito,
proceso político y social hacia una nueva constitución.
Se aprecia que, al vivirse en
la conectividad de la globalización, con redes sociales que no tienen fronteras,
la explosión social que vive el país desde el 18 de octubre de 2019,
repercutirá en un cambio del tipo de turista que llegará al país, generándose importantes
corrientes de viajeros de intereses especiales, que buscarán seguir en forma
directa un proceso constituyente que ha tenido impacto mundial: el camino
recorrido para ratificar un clamor popular y dar a Chile una Nueva
Constitución.
El visitante que se perfila
es una persona con cultura cívica, con actividad en periodismo o en ciencias
políticas y sociales, que buscará a través de un acercamiento a cabildos,
conversatorios, coloquios, pasantías en organizaciones sociales, seminarios
especializados, seguir de cerca este proceso, ya que, a nivel internacional, se
lee como una refundación republicana, como un movimiento socio político inédito,
en cuanto a participación femenina, profundización democrática y participación
popular.
La inteligencia del sector
turismo para dar contenido a programas de intereses especiales, dependerá de la
mente abierta de empresarios innovadores, para establecer alianzas con las
comunas, con las organizaciones sociales, con universidades, gremios, colegios
profesionales, organizaciones sociales, comunidades de pueblos originarios, para
poder levantar propuestas que sean de debate cívico, con miradas diversas y
multidisciplinarias y con conocimiento de ese Chile que no se promueve en
instancias oficiales, porque renace en la base social, con la política brotando
en los colectivos y con nuevos movimientos políticos y sociales, con los antiguos
partidos en crisis de legitimidad, por sus propias conductas cupulares.
Del mismo modo, la alta
probabilidad que existe de poner fin en Chile al modelo depredador de los
monocultivos, con una nueva cosmovisión respecto a la Naturaleza, potenciará el
ecoturismo, con grandes corrientes de intercambio hacia comunidades que emprendan
procesos de recuperación de sus territorios, dando lugar a nuevos intereses
especiales, científicos y de cooperación, que podrán significar una expansión e
innovación en los servicios turísticos asociados para viabilizar flujos de
visitantes.
Si se asume en el sector Turismo
y toda su cadena de valor, estar frente a una etapa auspiciosa en oportunidades,
se debiera coordinar a los operadores con las comunidades locales, las comunas
y barrios, en una nueva impronta. Incorporando las medidas sanitarias
aprendidas, se podrá ofrecer al mundo una nueva oferta turística, que incorpore
un cambio cultural frente a los bienes naturales, la recuperación del agua y
los territorios, con las comunas y barrios como protagonistas del cambio que
estamos viviendo. Este clima de construcción de una nueva forma de
relacionarnos, podrá hacer de Chile un foco de atracción que multiplicará las
opciones de colaboración entre organizaciones sociales de diversos países, que
busquen conocer y participar de la experiencia social que se generará a partir
de la Nueva Constitución.
Se vienen acciones de
turismo receptivo de intereses especiales, que dinamizarán la actividad de los
innovadores. Mostrar a los visitantes el proceso cívico histórico y único que
estamos viviendo, con todas las facetas que ello implica, será una tendencia en
el turismo receptivo, pos pandemia, por lo mínimo durante los próximos 5 años.
La industria del turismo podrá ser un importante factor de desarrollo sustentable
para Chile, dejando atrás al extractivismo depredador, en sintonía con las
tendencias mundiales que apuntan a frenar y revertir el cambio climático.
Hernán Narbona Véliz, Diario La Razón.cl, 24.10.2021
El “Reglamento General de la Convención Constitucional” aprobado por el Pleno de la Convención
Constitucional en su sesión del 29 de septiembre,
consta de 5 Títulos:
Principios y normas generales,
Estatuto de las y los
Convencionales Constituyentes,
Estructura Orgánica de la Convención
Constitucional,
Iniciativa, debate, tramitación y votación de las normas constitucionales,
y
Reforma del reglamento, archivo y disposiciones finales.
Los otros reglamentos son de Ética; Participación y Consulta
Indígena; Participación Popular.
Imagen: Ron Reiring a través de Flickr, CC-BY-SA-2.0
#PandoraPapers @larazon_cl
Uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Centroamérica, Alemán, Cordero, Galindo & Lee, volvía a entrar en modo de control de daños.
Estados Unidos había acusado a los gerentes de un banco europeo privado de aceptar comisiones exorbitantes para ayudar a los clientes a lavar $ 4.2 mil millones en dinero saqueado. Esos clientes incluían a exfuncionarios de alto rango de la compañía petrolera nacional de Venezuela, una institución plagada de corrupción en un país en caos, junto con otros con estrechos vínculos con el gobierno.
La firma, conocida como Alcogal, tenía motivos para alarmarse: algunos de los venezolanos involucrados en el escándalo también eran sus clientes. Les había creado sociedades fantasma en el extranjero.
Siguiendo un libro de jugadas muy gastado, la firma panameña rápidamente reunió un equipo para manejar la emergencia y decidió renunciar como agente registrado de muchas de las empresas. Impulsando la decisión: “El impacto de las noticias negativas” y “el nivel de riesgo que representan estas empresas por las personas que las integran”, según un informe interno en español de 2015.
Para un bufete de abogados de alto poder que representa a empresas como Citibank y Pfizer, la creación de empresas para ex miembros del gobierno venezolano podría considerarse un riesgo demasiado grande de ayudar inadvertidamente al lavado de dinero.
Pero Alcogal no llegó a desempeñar un papel de liderazgo en la industria de la evasión fiscal y la protección de activos al rechazar a los clientes riesgosos.
Alcogal ha servido a figuras involucradas en algunos de los escándalos de corrupción más notorios en la historia reciente de América Latina.
Durante las últimas tres décadas, Alcogal se ha convertido en un imán para los ricos y poderosos de América Latina y más allá que buscan ocultar su riqueza en el extranjero, muestra una nueva filtración masiva de registros corporativos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación . Los registros se conocen como Pandora Papers .
La firma actuó como intermediario corporativo para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según muestran los registros. Su lista de clientes ha incluido presidentes panameños, uno de los principales contendientes presidenciales en las elecciones hondureñas del próximo mes, el presidente de Ecuador e incluso el rey de Jordania.
En total, casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en los registros filtrados estaban vinculados a Alcogal.
Alcogal también ha servido a figuras involucradas en algunos de los escándalos de corrupción más notorios en la historia reciente de América Latina, incluida la operación global de soborno del gigante brasileño de la construcción Odebrecht SA (ahora conocida como Novonor), el escándalo de corrupción del fútbol internacional conocido como Fifagate y el presunto saqueo. de los bienes públicos venezolanos.
La investigación de Pandora Papers se basa en más de 11,9 millones de registros confidenciales de bufetes de abogados y proveedores de servicios extraterritoriales. Más de dos millones de archivos procedían de Alcogal. El ICIJ obtuvo los registros y los compartió con más de 150 organizaciones de noticias de todo el mundo.
Casi dos años de informes de más de 600 periodistas arrojan una luz sin precedentes sobre una economía sombría disponible solo para aquellos con el dinero o las conexiones para acceder a ella. Empresas como Alcogal impulsan esa economía, ayudando a los clientes adinerados a encontrar refugios para ocultar su dinero, a veces de los recaudadores de impuestos y de los investigadores criminales. La gente corriente suele pagar el precio.
Los Pandora Papers brindan información sobre más de 14,000 entidades offshore en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creados por Alcogal en nombre de más de 15,000 clientes, en su mayoría desde 1996.
En una carta al ICIJ, Alcogal dijo que la incorporación de la empresa "es solo un aspecto" de sus servicios legales y que opera en "pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos". La firma "realiza una diligencia debida mejorada en un cliente que se determina que es un cliente de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o servicio", dijo.
Los registros filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas fantasma en Panamá y otras jurisdicciones a pedido de Banca Privada d'Andorra, un banco privado con sede en un pequeño principado europeo entre Francia y España. Algunos fueron posteriormente utilizados supuestamente para desviar fondos en el esquema de corrupción pública venezolana, según muestran los registros.
Más tarde, el gobierno de los Estados Unidos incluyó al banco en la lista negra como una "preocupación principal de lavado de dinero".
La mayoría de las empresas se disolvieron y Alcogal renunció a algunas de ellas poco después de que se hiciera pública la lista negra en 2015.
También a pedido de Banca Privada d'Andorra, Alcogal estableció dos empresas fantasma que luego supuestamente utilizó Odebrecht para canalizar $ 30 millones en sobornos para obtener contratos de obras públicas en Panamá. Parte del dinero fluyó a los hijos del entonces presidente panameño Ricardo Martinelli, testificaron los denunciantes. Los hijos fueron acusados el año pasado y los fiscales recomendaron recientemente que Martinelli, quien ha tenido vínculos personales con algunos fundadores de Alcogal, también sea acusado. Los Martinellis niegan las acusaciones.
El ex presidente de Panamá Juan Carlos Varela Rodríguez. Imagen: Paul Marotta / Getty Images
Los registros muestran que en 2000 y 2001, Alcogal registró dos empresas en las BVI propiedad de Juan Carlos Varela, su hermano, su padre y otros asociados. Varela se desempeñó como vicepresidente de Martinelli y lo sucedió como presidente de Panamá en 2014. Tres meses después de la presidencia de Varela, una revisión interna de Alcogal encontró acusaciones de que su campaña presidencial fue financiada, en parte, con dinero lavado de juegos ilegales en línea. La revisión señaló que la campaña de Varela negó las acusaciones, que se basaron en publicaciones de los medios, y Alcogal concluyó que no requerían más investigación.
En 2017, Varela admitió que durante su campaña a la vicepresidencia recibió donaciones de Odebrecht, una empresa brasileña en el centro de una de las mayores investigaciones de corrupción de América Latina, pero negó que el dinero fuera un soborno. Varela dijo al ICIJ que las donaciones de campaña se hicieron de acuerdo con la ley y fueron denunciadas a las autoridades electorales.
Las autoridades panameñas también han recomendado que Varela, quien dejó el cargo en 2019, sea acusado en el caso Odebrecht.
En 2006, la firma de abogados registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas SA. Al año siguiente, todas menos una de las 10,000 acciones fueron transferidas a Nasry Juan “Tito” Asfura, según muestran los registros. Asfura, entonces comisionado de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones nacionales hondureñas del próximo mes.
El año pasado, el fiscal general hondureño pidió a un tribunal anticorrupción que juzgara a Asfura, quien ahora es el alcalde de Tegucigalpa, por presunta malversación de fondos municipales, pero la Corte Suprema decidió no enviar el caso a juicio. A través de un vocero, Asfura les dijo a los socios del ICIJ Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Contracorriente que él no es dueño de la empresa offshore y no tiene inversiones offshore. El banco que ayudó a Asfura a crear Karlane dijo a los periodistas que la empresa había sido utilizada para comprar tierras a la familia de Asfura y otras personas en Tegucigalpa para desarrollar un centro de negocios allí.
Alcogal dijo que renunció a las empresas identificadas en la investigación de Odebrecht y colaboró plenamente con las autoridades. No hizo comentarios sobre Varela o Asfura, u otros clientes, citando leyes de confidencialidad y "deberes éticos para con nuestros clientes".
Sobre el banco andorrano, decía: "No teníamos ningún motivo para sospechar que BPA Andorra prestaba servicios bancarios a algunos clientes cuestionables".
Para los abogados y agentes financieros, se supone que la investigación de los clientes potenciales es una de las principales prioridades. Los estándares bancarios y legales internacionales requieren que firmas profesionales como Alcogal sopesen cuidadosamente el riesgo de que inadvertidamente puedan estar ayudando al lavado de dinero u otros delitos antes de aceptar a un cliente en primer lugar. Pero a veces, según muestran los registros, Alcogal no estaba seguro de quién era el propietario de las empresas que estableció. A veces permitía a los bancos y otras empresas que enviaban negocios a su manera retener esa información, confiando en que habían hecho un buen trabajo investigando al cliente.
En 2015, por ejemplo, las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas solicitaron información del propietario y registros de diligencia debida para una empresa llamada Firelli International Limited. Alcogal respondió que no podía cumplir plenamente con la solicitud porque no había recopilado esa información antes de establecer la empresa. Además, su cliente intermediario, un banco en Miami, no entregaría los documentos necesarios.
Alcogal pudo identificar a través de sus registros y “fuentes externas de bases de datos” a un destacado accionista: José María Marín, el deshonrado ex presidente de la Federación Brasileña de Fútbol. Marín había sido arrestado un mes antes en relación con Fifagate, un caso de fraude que involucraba sobornos por derechos a importantes torneos de fútbol. Más tarde, documentos judiciales en los Estados Unidos revelaron que usó la cuenta bancaria de la empresa fantasma para recibir millones de dólares en sobornos. Marín fue condenado a cuatro años de prisión en 2018.
Alcogal le dijo a ICIJ que renunció como agente registrado de Firelli "de acuerdo con nuestras políticas y la ley aplicable".
La firma dijo que actualmente no incorpora empresas, fideicomisos o fundaciones para un cliente que no revela la identidad del beneficiario final. Las nuevas leyes en las jurisdicciones donde opera, incluidas las BVI y Panamá, requieren que mantenga esta información registrada, dijo.
A pesar de que ayudó a mantener una flota de empresas fantasma para clientes notorios, Alcogal buscó distanciarse de su excompetidor caído en desgracia, Mossack Fonseca, cuyos registros filtrados impulsaron la investigación de los Papeles de Panamá de 2016 de ICIJ . Después del escándalo, Alcogal compiló una presentación titulada “Desmitificando el mundo offshore” que enfatizaba las reformas y apuntaba a mejores evaluaciones de Panamá por parte de organizaciones internacionales contra el lavado de dinero, según muestran los nuevos registros.
En un foro de desayuno organizado un año después por un grupo comercial de BVI, Ayana Liburd, directora de la filial de BVI de Alcogal, se quejó de que los bancos estaban agrupando a Alcogal y otros en la industria con Mossack Fonseca, "en el mismo cubo".
Un análisis de ICIJ de los registros de Pandora Papers encontró que a raíz de las revelaciones de los Panama Papers, al menos 113 empresas cambiaron su agente registrado de Mossack Fonseca a Alcogal.
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'La honestidad no tiene precio'
A principios de la década de 1980, Jaime Alemán, un joven abogado e hijo de un ex embajador de Panamá en Washington, buscaba hacerse un nombre.
Después de graduarse de la facultad de derecho de la Universidad de Duke y trabajar en el departamento legal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, DC, Alemán regresó a casa en 1981 para trabajar para el bufete de abogados de su padre. Pero no estaba contento con el pago y cuánto tiempo tomarían nuevos abogados como él para ascender en la escala corporativa, según sus memorias de 2014, Honesty is Priceless.
Las memorias y los archivos filtrados transmiten a un abogado ambicioso con una ética de trabajo feroz, que se levanta a las 4 am para leer el periódico, responder correos electrónicos y hacer ejercicio. Entre los archivos se encuentran notas meticulosas que Alemán se escribió a sí mismo como ayuda para la memoria que detalla los rasgos personales de un nuevo contacto o los detalles de una interacción. “Le di ron y se puso feliz. Tráiganle un poco más ”, dice uno sobre un caddie en un club de golf de Maryland.
Después de trabajar brevemente como asesor legal del presidente panameño Nicolás Ardito Barletta, Alemán reclutó en 1985 a otros tres abogados : Carlos Cordero, Anibal Galindo y Jorge Federico Lee, y fundó Alcogal.
La firma estuvo en el negocio del secreto desde el primer día.
Alcogal cobró a sus primeros clientes, un grupo de empresarios nicaragüenses, 25.000 dólares para establecer las llamadas sociedades anónimas, escribió Alemán en sus memorias.
La creación de este tipo de empresas, escribió, es un "negocio maravilloso" que permite a los bufetes de abogados cobrar tarifas anuales por actuar como agentes registrados , una función administrativa que les obliga a manejar algunos documentos legales y reglamentarios. Las empresas podrían cobrar tarifas adicionales para que sus propios empleados aparezcan en los documentos de incorporación como gerentes, escribió Alemán. De esa manera, el verdadero propietario quedó oculto al público.
“El cliente simplemente se fue a Suiza (o Luxemburgo, Andorra, Hong Kong, etc.), abrió una cuenta bancaria numerada para la cual el beneficiario era una corporación panameña, que a su vez operaba totalmente en secreto, y no tenía obligación de pagar impuestos en ninguno de los dos. Suiza o Panamá ”, explicó Alemán en su libro. "Las autoridades del país del cliente no tenían idea de que estos fondos existían, por lo que no podían cobrar impuestos sobre ellos".
Lo que Alemán describió es la base de la economía extraterritorial : la creación de empresas fantasmas en jurisdicciones con impuestos bajos o nulos con la propiedad enmascarada por directores suplentes sin un papel sustantivo en la empresa.
Es un negocio de volumen, escribió Alemán. Cuantas más empresas se establezcan proveedores offshore, mayores serán las ganancias.
También es un negocio arriesgado. Los clientes que buscan el secreto a menudo tienen algo que ocultar. Tal fue el caso en la década de 1990, cuando Alcogal creó al menos cinco sociedades offshore que luego se descubrió que habían sido utilizadas por Augusto Pinochet, el dictador de Chile de 1973 a 1990. En el momento de su muerte en 2006, Pinochet enfrentaba cargos por crímenes de lesa humanidad. y el robo de millones de dólares de fondos públicos.
En los documentos judiciales, Alemán reconoció que su bufete de abogados había creado las empresas, pero dijo que en ese momento no sabía que estaban relacionadas con Pinochet. Alemán dijo que su firma descubrió la conexión en 2004 y decidió renunciar como agente registrado. Alcogal tiene “una política muy clara de no brindar servicios a empresas que posiblemente estén vinculadas a actividades ilícitas”, dijo en un comunicado judicial.
En el barrio de Recreo, en Viña del Mar, se está realizando hoy la marcha de Cabildo Recreo para exigir a las autoridades la instalación de un CESFAM que preste atención de salud primaria para este populoso sector viñamarino. Actualmente, los vecinos para ser atendidos, deben subir al sector de Nueva Aurora o buscar atención en el CESFAM del cerro Esperanza, en Valparaíso. Esta primera marcha busca crear conciencia en los vecinos de la importancia de la participación social y se espera sensibilizar a las autoridades de Salud, al nuevo Concejo Municipal de Viña del Mar y a la Alcaldesa Macarena Ripamonti, de esta necesidad urgente de este tradicional barrio viñamarino.
