Es preciso que los 155 constituyentes que sean elegidos el 11 de abril próximo, tomen debida conciencia de lo que requiere Chile para ser un país donde los ancianos puedan vivir en forma digna, como una población valente y activa en la cosa pública.
Chile envejece. La tasa de
fecundidad es de 1,68 hijos por mujer, según datos del 2017. Se proyecta para
el 2050 una población de 21,6 millones, en donde un 31% de la población será
mayor de 64 años y donde los adultos mayores superarán el número de personas
menores a 14 años. Por otra parte, la
esperanza de vida es de 82,38 años para las mujeres y 77,55 para los hombres.
Este pronóstico demográfico exige
pensar en el Chile de los próximos 50 años y es el momento de plasmar en la
Nueva Constitución, principios que consagren los derechos de los ancianos de
tercera y cuarta edad, quienes representarán un sector importante de la
población.
En tal sentido, es preciso que
los 155 constituyentes que sean elegidos el 11 de abril próximo, tomen debida
conciencia de lo que requiere Chile para ser un país donde los ancianos puedan
vivir en forma digna y sean una población valente y activa en la cosa pública
del país.
Para lograr dimensionar los
requerimientos de los adultos mayores, es necesario corregir la visión paternalista
con que se trata a los viejos en las políticas públicas del modelo actual, en
donde se les relega como sujetos inválidos, sin capacidad para seguir
participando en sus comunidades con nuevos roles. El lenguaje diminutivo con
que se les nombra, tatitas, abuelitos, refleja esa desconsideración como
personas, en donde se les invisibiliza en su historia y experiencia, por
considerárseles en el modelo neoliberal,
improductivos, pasivos, una carga para la economía.
Revertir esa cultura dominante
hacia los ancianos, habrá de traducirse en un cambio profundo de la seguridad
social, que permita hacer justicia en materia de pensiones, habida razón
del maltrato que ha significado el sistema de capitalización individual, que
otorga jubilaciones de hambre, situación que no amerita mayores explicaciones.
Súmese a ello la aplicación de contribuciones a los inmuebles que una familia
adquirió, que deben seguir pagando los ancianos y que resultan expropiatorias
en relación a los ingresos menguados que obtienen como pensionados. En este
sentido, la mirada hacia el Chile envejecido, requiere cambiar el sistema de
seguridad social para dignificar la situación paupérrima en que sobreviven los
ancianos en Chile.
Atendida dicha prioridad, es
preciso pensar en que el Estado que se refunde en la nueva Constitución, se
deberá consagrar los Derechos Humanos y Sociales en toda la vida de las
personas, lo cual deriva en pensar en espacios seguros y amigables para el
desarrollo de la vida desde la niñez hasta la vejez, introduciendo un principio
de Buen Vivir en todo ese devenir. La Nueva Constitución debe considerar, no
sólo la consagración de los Derechos, sino la implementación de ellos en
términos de ordenar las leyes y reglamentos necesarios.
En ese orden de ideas, se debiera
establecer en la orgánica de un Estado Democrático un órgano autónomo de
defensa de los derechos de las personas, que tenga por función pública la
vigilancia del funcionamiento de todo el sistema político y económico, con el
objetivo de prevenir los abusos de poder, la corrupción y las irregularidades
que perjudiquen a las personas y las comunidades. Ese organismo, autónomo del
gobierno de turno, se concibe como fundación de un cuarto poder del Estado, que
equilibre el poder de las instituciones sobre los ciudadanos, gestado desde la
sociedad civil, actuando, de oficio o a petición de parte, para defender a la
ciudadanía de los abusos, colusiones, corruptelas y todo tipo de medidas
arbitrarias o discriminadoras que perjudiquen a la gente, violando las normas
establecidas. Este organismo sería el Defensor del Pueblo y, en lo que
respecta al ciclo de vida de las personas, podría integrar las Defensorías de
la Niñez y del Adulto Mayor.
En una prospectiva del Chile del
2050, la Nueva Constitución debiera consagrar como principio, la
responsabilidad del Estado frente a los adultos mayores, en términos que las
políticas públicas atiendan a este sector relevante de la población, exigiendo
que, en las políticas públicas, de manera transversal, se implementen en todo
tipo de decisiones, criterios de consideración y respeto a los ancianos,
procurando su buen vivir y también su bien morir. De lo cual, derivarían
consideraciones y lineamientos para el urbanismo y planos reguladores de las
ciudades; criterios para la construcción de viviendas adecuadas a las personas
mayores; directrices para la salud pública en términos de ampliación de la
cobertura de medicina geriátrica en todos los territorios; programas culturales que se orienten a los
adultos mayores para reconocer su experiencia y talentos, con transferencia de
ello hacia las nuevas generaciones.
Los adultos mayores representan
un acervo d experiencias y una memoria viva que se debe comunicar en
actividades creativas que queden a disposición de los jóvenes. Son cívicamente
lúcidos y críticos y no aceptan ser tratados como idiotas. Tienen una mirada
crítica y mesurada, porque han sufrido en carne propia los efectos de la sin
razón. Por ello, son quienes generosamente pueden iluminar el camino del pueblo
hacia el Siglo XXI.
Los ancianos son los que se
levantan temprano para votar porque aprecian ese derecho a voto ya que
sufrieron la dictadura y buscan una democracia real y profunda que asegure la
paz social para sus nietos y descendientes. Con toda esa energía espiritual
acumulada, los viejos, los que han sufrido el país que tenemos, quieren que en
la Nueva Constitución se funde el nuevo Chile justo que siempre soñaron, no
para ellos, que han cumplido su ciclo vital, sino para los chilenos que caminan
también inexorablemente hacia la ancianidad y deben tener, para entonces, un
buen vivir que a los viejos de hoy les ha sido negado y arrebatado por el
modelo.
Hernán Narbona Véliz, Periodismo
Independiente, 19.marzo.2021
