Hacia una Fiscalización integral y efectiva de las Exportaciones Mineras
Proclamar la “recuperación de los
recursos mineros” tiene que tener presente que, de acuerdo a la Constitución de
1980, todas las minas son propiedad del Estado de Chile. Por tanto, el esfuerzo
político del nuevo gobierno debiera apuntar, más bien, a una verificación del
cumplimiento de la normativa vigente en materia cambiaria, aduanera, tributaria
y ambiental que las mineras concesionadas han tenido. Evaluar ese cumplimiento
será importante para la continuidad de las concesiones y se debiera auditar
también los contratos por los cuales se ha autorizado cuotas de extracción de recursos
no concesibles, como el litio, a través de CORFO y CCHEN. Ejercer la fiscalización,
con la legalidad vigente, sería recuperar soberanía.
En ese orden de ideas, lo primero
es transparentar y hacer verificable las formas como se contratan los suministros
de exportación de los concentrados de cobre, los operadores que participan en
la actividad y sus relaciones económicas y comerciales con corporaciones multinacionales,
las cuales influyen en la fijación de los precios de venta para exportación.
El Estado de Chile, a través de
Cochilco, lleva el registro de los contratos de exportación minera, pero no
ejerce una fiscalización de fondo sobre dichos contratos. Corresponde por ley al
Servicio Nacional de Aduanas la fiscalización del Valor de las Exportaciones, y
es este organismo fiscalizador el que debe supervisar que la cantidad, calidad
y valor de las ventas para exportación corresponda a precios totales y reales
corrientes en los mercados internacionales, al momento del suministro. Las
exportaciones mineras, a nivel mundial, se concentran en unos pocos grupos
multinacionales que, metódicamente, buscan eludir la tributación.
Por lo tanto, esta función
fiscalizadora es fundamental, ya que de su resultado depende que el país pueda
controlar el retorno de divisas correspondiente y los resultados de las ventas
externas e las mineras, para la
determinación del impuesto a la Renta. En la fiscalidad, la función de Aduanas se
complementa con la del SII y con la del control de cambios internacionales del
Banco Central.
Se debe reconocer por parte del
gobierno que el país tiene serias brechas en materia de fiscalización, instaladas
para impedir una fiscalización integrada, las que se debiesen subsanar con
voluntad política. De partida, Codelco, la principal empresa pública minera, no
está sujeta a la supervisión por parte de la Contraloría. Por su parte,
Cochilco, que tiene a su cargo la supervisión de Codelco y Enami, como minería
pública, pero no ejerce una fiscalización eficaz en materia de control de
contratos y precios internacionales. El Banco Central, que fija las políticas
de cambios internacionales, sólo exige que se le declaren los retornos y no
existe obligación de liquidarlos, correspondiendo al Servicio Nacional de
Aduanas el control de precios declarados, contenidos y la determinación de los valores
líquidos de retorno.
Del año 2013 al 2017, Aduanas
implementó un Plan de Fiscalización Minera, fortaleciendo las capacidades de su
Laboratorio Químico y de Auditoría especializada, lo que permitió aplicar diversas
medidas de fiscalización a la exportación de concentrados de cobre y de metales
preciosos. Ese esfuerzo se frustró a partir del 2018 por la presión que
ejercieron los lobistas de los grupos de presión, pero, pese a ello, quedó una
normativa y una experiencia valiosa en la organización, con avances objetivos,
como correcciones a situaciones cuestionables.
Esto permite señalar que es posible,
con voluntad política y dentro de la legalidad vigente, realizar una severa
fiscalización sectorial multidisciplinaria a las concesiones mineras, que
permita verificar los contenidos exportados, la veracidad de sus certificados
de calidad, los precios totales finales declarados y los reales del mercado en
ese momento, los elementos penalizables y pagables, detectar subvaloraciones o
triangulaciones en paraísos fiscales, valores líquidos de retorno que pudieren
tener distorsiones. En un proceso de fiscalización se puede verificar también los
pasivos ambientales que los proyectos están dejando en los territorios. Además, de acuerdo al especialista minero, Alexis
Yovanovic, Director de la Consultora Modelo Operacional, de Brasil, se debe
corregir en la gestión minera probables maniobras evasivas que surgen de una
inversión desmedida en maquinaria y equipamiento para molienda, en vez de
aplicar un proceso de separación previa del material fino, con lo que se haría
más racional el uso de las líneas de chancado y molienda. Se ha comprobado que
la gran minería suele exagerar en sus
proyectos la adquisición de maquinaria pesada como camiones y molinos, constatándose
que existe en esos bienes de capital un oligopolio internacional de empresas
proveedoras, con las cuales las grandes mineras mantendrían relaciones de
vinculación, lo que ha llevado a sobrevalorar los costos en el proyecto minero
y reducir así los resultados a efectos tributarios.
Este impacto negativo es uno de las
nuevas variables en materia de negocio minero que el Estado debiera
transparentar, partiendo por su propia minería pública, sometiendo a auditorías los planes de
expansión de la gran minería para exigir una mayor eficiencia productiva con
incorporación de nuevas tecnologías, que apuntan a una minería más limpia y a
mayor productividad.
Caminar hacia una mayor soberanía
en materia de recursos naturales, particularmente de los productos mineros,
motiva esta reflexión propositiva, sustentada en la experiencia desarrollada
profesionalmente en la fiscalización del sector.
Valparaíso, 21.04.2022
Hernán Narbona Véliz, Periodista
de La Razón.cl.
Administrador Público,
Especialista en Aduanas y Comercio Internacional.
Secretario de la Mesa
Coordinadora de DDHH de Valparaíso.
