lunes, mayo 10, 2021

Minería en Chile, recuperar un Estado Fiscalizador en la Nueva Constitución




En estos momentos, en que Chile discute el Royalty a la Minería, es necesario dar una mirada más profunda al sector minero, para defender en la Nueva Constitución nuestra soberanía económica, en especial de esas malas prácticas y asimetrías con que se ha manejado el extractivismo, para explotar nuestros recursos y evadir impuestos.

Chile es una economía abierta y extractiva, de exportación principalmente primaria y con importaciones de combustibles, manufacturas, maquinarias, tecnología y alimentos. El intercambio de Chile con el mundo es de 111 mil millones de dólares, con una balanza comercial, al 2019, positiva. A octubre 2019, las exportaciones alcanzaban a 58 mil millones de dólares y las importaciones totalizaban 54,5 mil millones de dólares.

Lo que Chile exporta es minería, 51,6%, forestal, 8%,  frutas, 9,6%, productos del mar, 9,1%,  vinos, 2,7%; en tanto, sus importaciones principales son  combustibles, 16,8%, maquinarias, 18,1%, transporte,12,9%,  alimentos, 6,5% y tecnología, 4,5%.

Necesariamente, poder reorientar al país hacia una economía humana, pasa por exigir que los grandes grupos tributen. Una fiscalización eficaz, íntegra, que no sea manoseada por el tráfico de influencias, podría llevar, incluso sin subir los impuestos, sino determinándolos con rigurosidad, a un aumento importante en la recaudación. Intervenir la distribución de la carga tributaria, requeriría potenciar los SII regionales para que las empresas tributen en la región en que radican sus establecimientos productivos, eliminando la Unidad de Grandes Contribuyentes central, toda vez que ella ha significado, en la práctica,  favorecer a esas grandes empresas, al obtener ellas condonaciones, rebajas de multas, que han ido en perjuicio del interés general, generando situaciones de privilegio y poca transparencia en los tratos otorgados.

Minería: criterios para mejorar la fiscalización

En Minería, con el cobre como “viga maestra”, cualquier gobierno próximo deberá recuperar el recurso, al menos en términos de una eficaz fiscalización, que apunte a obtener un retorno positivo para el Estado y propiciar que se agregue valor al recurso en bruto, para salir de la trampa del modelo extractivista impuesto.

Un nuevo sistema político y económico debería hacerse cargo de los vicios que se produjeron desde 1990 en adelante, cuando se permitió que compañías mineras extranjeras pudieran exportar concentrados minerales, sin fiscalizar efectivamente lo que iba en esas mezclas. Porque fue en el primer gobierno de la Concertación cuando el Estado de Chile, en contra de los programas técnicos de gobierno, que buscaban fortalecer la refinación del cobre en Chile para exportar cátodos, se autorizó a las mineras privadas la salida de concentrados, lo que no fue acompañado ni de una mínima fiscalización. Por el contrario, se permitió que las propias mineras determinaran qué elementos contenidos serían objeto de pago, lo que significó que el Estado tuviese mínimo control de los demás elementos que componían los concentrados, los que salían sin registro ni retorno alguno. Fue la denuncia de un privado ante la Contraloría General de la República, la que detonó el inicio de un plan de fiscalización minera que superara la inacción que se había mantenido por dos décadas. Hasta el 2005, invocando “la buena fe”, se dejó hacer a las compañías mineras internacionales. No ha existido certeza de las leyes de mineral declaradas, porque el Estado no implementó un sistema de control y análisis que verificara  los certificados proporcionados por las mineras. Recién el año 2005 se comenzó exigir un certificado de laboratorio que indicara  los contenidos de los concentrados y sus leyes. Fue en el 2014 que el gobierno autorizó a Aduanas llevar adelante un Plan de Fiscalización Minera. El Servicio Nacional de Aduanas implementó un procedimiento de control de embarques y toma de muestras representativas, con posibilidad de realizar contra análisis, que permitieran verificar qué era lo que se estaba exportando. Potenciar las capacidades analíticas del Laboratorio Químico del Servicio Nacional de Aduanas e incorporar competencias de profesionales especializados, fueron los pilares para fortalecer la capacidad fiscalizadora de las exportaciones mineras. Se formó un equipo de especialistas mineros que pudieran controlar los procesos de embarque, de extracción de muestras y lograr trazabilidad de los análisis en origen, destino hasta los Informes de Variación de Valor que los exportadores deben presentar una vez cerrada la venta externa.

Esta fiscalización permitió auditar mineras , públicas y privadas, identificar conductas de riesgo, detectar diferencias en las leyes declaradas o contratos en los que se omitía declarar elementos recuperables en destino y con valor económico. El plan de fiscalización minero implementado fue informado  a la Contraloría General de la República y funcionó auspiciosamente desde 2013 a 2018, pero, cuando parte el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la SONAMI realizó un fuerte lobby y el programa se frenó, sin alcanzar a aplicar las correcciones esperadas, al comportamiento de las mineras.

El Estado de Chile ha estado sometido a la presión del Lobby Minero y, por ello,  no ha sido capaz de fijar reglas estrictas a la minería. Es así que se sigue declarando en los concentrados de cobre, principalmente el cobre, el oro y la plata, aceptando que sea el contrato entre parte el que determine qué se paga y qué se castiga, sin que se haya fijado la obligación de declarar todos los otros elementos que pudieren tener recuperación económica en el exterior.

Pese a ser Chile el principal país productor de cobre, Codelco no ha intervenido en el mercado para exigir que en los contratos de suministro se reflejen todos los elementos que pudiesen tener valor comercial – lo que hoy no se declaran- y que, por otra parte, se transparenten los costos de refinación que se aplican como deducibles al precio bruto de venta para exportación, verificando su consistencia en los Informes de Variación de Valor que da cuenta del resultado final, cuando se ha cerrado precio de exportación.

Desde el punto de vista de los precios, Chile recibe por las exportaciones lo que declaran las exportadoras mineras, de acuerdo a contratos a los que no se fija límites de aceptabilidad. Como el mercado minero mundial está altamente concentrado en pocas mineras multinacionales, aparece recurrentemente en esos flujos, la práctica de subvaloración de las exportaciones, con declaraciones aduaneras que, a la salida, informan precios ficticios que no reflejan la venta para exportación final, real y efectiva del producto, a precios corrientes de mercado. Una de estas malas prácticas es que las filiales locales vendan a sus casas matrices o a otras filiales en paraísos fiscales, en lo que se define tributariamente como “precios de transferencia”, sin que exista, desde el punto de vista del valor aduanero, en la operación una venta real, sino un traspaso de stocks para su venta efectiva ulterior a terceros. Además, en las liquidaciones de los retornos, suele incluirse como gastos deducibles costos de gestión comercial sin que exista intermediación efectiva de terceros en la venta para exportación.

En cuanto a Cochilco, esta Corporación se ocupa de supervisar y auditar a las mineras públicas, vale decir, Codelco y Enami. En lo que respecta a las mineras privadas, Cochilco exige que registren sus contratos de suministro, pero sin ejercer un rol fiscalizador de fondo, que apunte a las condiciones de los contratos que los exportadores registran ante dicho organismo. La fiscalización real, que la legalidad permite, de las exportaciones de productos mineros, queda a cargo de Aduanas y de Impuestos Internos. Para mejorar el proceso de fiscalización de concentrados minerales, profundizar la fiscalización, sería asunto de mera voluntad política porque el marco normativo lo permitiría y el resultado esperado sería  levantar una tributación efectiva y asegurar retornos de divisas a valores reales de mercado.

El descontrol del sector, es parte de la óptica neoliberal que, cuando existen asimetrías en los mercados, privilegia el libre mercado y deja hacer, deja pasar, sin tomar medidas de corrección. En este sentido, se ha permitido que las mineras multinacionales que operan en Chile y que representan más del 70% de los volúmenes de concentrados de cobre que exporta Chile, actúen imponiendo a la minera local contratos leoninos para el interés nacional, en donde se les paga sólo algunos contenidos y se castiga los retornos con gastos deducibles que no son comprobables o están fuera de los rangos internacionales de los mercados de metales.

En un próximo Estado Responsable, tomado ese adjetivo como antónimo de Estado Subsidiario, en donde se atienda al interés general, se debería generar una fiscalización eficaz de los contratos internacionales de suministro de productos mineros, que asegure el cobro de los suministros a precios corrientes de mercado, desmantelando actuales maniobras que se utiliza para subvalorar los precios, minimizar utilidades a efectos tributarios, utilizando triangulaciones vía paraísos fiscales con refacturaciones finales que nadie controla, todo lo cual produce efectos evasivos a la renta interna y una fuga de divisas.

Si se respaldase con voluntad política la acción fiscalizadora del Estado, éste podría actuar con coordinación, unidad de dirección, idoneidad y compromiso, con lo cual, se podría recuperar enormes recursos financieros que, de momento, se diluyen y quedan fuera del país, mediante las maniobras evasivas reseñadas, que producen lo que se denomina, facturación perdida, lo cual afecta a los Estados exportadores y un tema de preocupación de los organismos intergubernamentales anti evasión.

En lo que se refiere a la Minería No Metálica, el litio ha aparecido como el oro blanco del Siglo XXI y Chile posee las mayores reservas. El Estado de Chile ha manejado el recurso a través de CORFO y el control del destino de las ventas de litio, a través de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN.

La estrategia chilena, a mi juicio, debería ser actuar con una fiscalización efectiva de los precios a los cuales se comercializa el litio a compradores finales. Las multinacionales SQM, Albemarle y Tianqi Lithium, no declaran las operaciones finales y practican lo que se ha definido como missing invoice, en donde al fisco de Chile se declara un precio de salida que, no siendo real, implica que parte del precio final, total y real, queda en el exterior, habitualmente en paraísos fiscales,  sin que el país productor pueda percibir esas divisas y exigir tributación sobre bases de renta reales. La Comisión Chilena de Energía Nuclear controla e identifica al comprador final del litio exportado, pero no se ha fijado a esos exportadores la obligación de informar los precios de venta finales a esos compradores. Por lo tanto, parte importante del negocio no se declara, ya que se cierra la exportación como un  precio FOB A Firme, en circunstancias que, aún no se ha perfeccionado una venta, y lo que se ha hecho es un traslado de inventarios  a la filial del grupo, que concreta la venta final, sin que Chile pueda conocerla a efectos de retorno de divisas  y de resultados totales para determinación de renta.  Es imprescindible que esta debilidad que existe en la fiscalización de los productos del litio se corrija en un Estado que vele por el bien común en forma soberana.  

El modelo tolera estas maniobras en contra del interés nacional y no se requeriría leyes especiales para hacer cumplir las reglas internacionales de valoración aduanera. Basta, nuevamente, que se gestione con integridad la acción fiscalizadora sin resignar el interés de Estado, ante las presiones políticas que este nivel de corporaciones suele practicar.

Sin una fiscalización real de los precios internacionales que se obtienen por los suministros de la minería metálica y no metálica, Chile está tolerando una explotación que sólo beneficia a los intereses privados internacionales, que lucran con nuestros recursos, en una evasión tributaria que, si se evitare, podría significar recuperar cifras importantísimas para el erario nacional. Caminar a la fabricación de baterías de litio sería un paso factible si se negocian joint ventures con el peso específico de un Estado soberano, que actúe con integridad y con visión de largo plazo.

Desde una mirada ética, la sociedad civil reclama el término de un sistema abusivo y desprotector de las personas, buscando asumir un nuevo trato para garantizar derechos humanos y sociales. Para que esto se haga efectivo, el Estado debe disponer de manera sustentable de ingresos suficientes. El rol Fiscalizador del Estado viene a cubrir esta variable fundamental y los profesionales de la Administración así lo sienten como misión institucional. Sólo hace falta dotar a los organismos fiscalizadores de una facultad suficiente y autonomía efectiva, para operar sin la injerencia distorsionadora de los gobiernos de turno, en pro del Bien Común e Interés Nacional.

Ese cambio de actitud, erradicar la evasión y la corrupción asociada, son objetivos que deben ser recogidos en la Convención Constitucional.

Periodismo Independiente, 10.05.2021

periodismo.probidad@gmail.com

 



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viernes, abril 30, 2021

Chile, en el ojo del huracán


Describir este minuto que vivimos, exige movernos desde las emociones, antes que desde la razón. Llevamos un año y medio desde el estallido social de octubre 2019 y 13 meses desde que tuvimos que confinarnos por la pandemia. Todo este período ha sido un contrapunto de emociones, las positivas, que buscaban una luz al final del túnel y, las agobiantes, que eran motivadas por esas medidas tardías y erráticas de la autoridad,  que iban generando rabia y desaliento.

Desgobierno y estado de ánimo

Pudimos ver el cinismo con que el gobierno declaraba como sensibles, actividades de la construcción, casinos, cines y malls, y, como consecuencia de ello, miles de trabajadores viajando hacinados en busca del sustento diario. Los que pudimos mantenernos a resguardo lo hicimos, gracias a poder mantenernos en teletrabajo y contar con los medios para ello, pero, en derredor, el grueso de la población ha venido viviendo una verdadera tortura, al tener que sobrevivir en un abandono total, excluidos de bonos o canastas, empobreciendo en medio de la despiadada acción de los acreedores, la banca o el retail usurero, monopolios de servicios públicos en manos privadas, y el propio Fisco, exigiendo el pago de contribuciones. Una pesadilla para la clase media, con hipotecas o prendas, en proceso de ejecución e inminentes remates de la casa propia. La indolencia del capitalismo salvaje ha mostrado su peor cara, la ayuda que no ha llegado, la cesantía, las deudas que siguen asfixiando a los sectores medios, mientras el gobierno, sin hacerse cargo de la crisis, con una burocracia inepta y despiadada, entrabando la mezquina ayuda.

Cientos de miles de familias, sin calificar para ningún socorro del Estado, debiendo recurrir a sus propios ahorros, administrados por las AFP, que se han resistido a que los trabajadores puedan acceder a sus dineros. En ese juego de máscaras, el Presidente de la República ha querido tozudamente bloquear los retiros, pero sin gestionar una ayuda directa a las familias, que configurara una renta mínima universal, que llegara a todos los hogares. Siguió, obsesivo, intentando imponer su autoridad, queriendo reactivar los negocios, sin respetar las medidas que recomendaba el Colegio Médico o la Mesa Asesora Covid, sin escuchar a nadie. El tercer retiro contó con amplísima aprobación y, porfiadamente, el Presidente Piñera envió el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras, al Tribunal Constitucional. Este organismo terminó sepultando al gobierno en su propia salsa. Dejó a Sebastián Piñera Echeñique en su peor soledad, con sus aliados tomando distancia del buque en zozobra.

En una vorágine que iba mutando escenarios, la gente está preparándose para retirar el tercer 10% de sus fondos previsionales, lo que se espera como un oxígeno para la recesiva economía. En este último período la política se centró en el trámite parlamentario de ese proyecto de ley, pero el siguiente lunes, todo se focalizó en el desastre político que para la derecha ha significado el fallo del TC, que no admitió ni siquiera a trámite la presentación del Ejecutivo, lo que habla de impericia, improvisación y ceguera política.

Como esto es un huracán emocional, las encuestas lo han reflejado. Pamela Jiles, si no autora, sí locomotora de los retiros de fondos de las AFP, se ha erguido con un 54% de aprobación en la “reina de la encuestas”, la CEP, Centro de Estudios Públicos, lo que la posiciona como una lideresa popular en la carrera presidencial. La sigue Izkia Siches, Presidenta del Colegio Médico, con un 49% de aprobación, quien ha enfrentado duramente la mala política sanitaria de Piñera. Sintomático que sean dos mujeres las mejor evaluadas.

 

La calle, los “sin monea”, “los nietitos”, como los llama la “Abuela”, se ven reflejados en la mediática parlamentaria que dirige como Naruto las huestes contra Piñera y la clase política.  Paralelamente, corre  Daniel Jadue, que estaría representando a la alianza Frente Amplio, Partido Comunista, con un 24%. Pero todo esto ha sido una fotografía de un momento histórico: Piñera alcanza un 9% de aprobación y un 74% de rechazo, lo que evidencia un Presidente inexistente.

 

La emoción que se siente en la calle, en los barrios asediados por el narcotráfico, es que allí no hay Estado, pues los Carabineros han abandonado a las poblaciones y sólo llegan para reprimir. Un Estado que ha sido corroído por la corrupción, genera una sensación de impotencia, rabia, ira contenida como en una caldera a presión.

 

Hemos vivido en medio de esta crisis por año y medio y la única opción que tenemos de caminar hacia un cambio es asegurar la Convención Constitucional. El 26 de octubre de 2020, un 80% de los votantes dijeron que no querían a los políticos redactando la nueva Constitución. Sin embargo, los monos porfiados de la clase política se resisten a salir del juego y  usando la letra chica, en su clásico estilo artero, siguen intentando camuflarse de demócratas, demostrando, en los hechos, que su única intención siempre ha sido flotar, mantener sus cuotas poder, bloquear los cambios y proponer un maquillaje. Su acción mediática les permite una actuar hegemónico, pese a su paupérrima adhesión popular.

 

 La pandemia hizo posponer el plebiscito de abril a octubre. Íbamos a votar el 11 de abril, la postergación de nuevo, por 5 semanas. En los episodios recientes se vio la ineptitud, la avaricia, la evidencia de un  jefe de Estado que ha faltado a su deber de proteger a los habitantes de  Chile. Entender lo que se juega a cada minuto, sería enmendar drásticamente la gestión de la Presidencia, que cuenta con las facultades para las iniciativas legales que impliquen gastos o impuestos.

 

Pero, no se le va a dar fácil al Presidente, sus colaboradores y amigos. Un cerco jurídico va cerrándose en torno  a Sebastián Piñera:

·         Dos Comisiones Investigadoras de la Cámara de Diputados han investigado los errores y negligencia en su manejo de la pandemia y su actuación al Dictar el Decreto N°77 que favoreció directamente  a Casinos Enjoy, en donde su fideicomiso ciego, tendría conflicto de intereses.

·         En la comuna de la Cisterna, el abogado Luis Mariano Rendón y la Arquitecta Lorena Meneses interpusieron acción judicial contra Piñera y Paris, por su gestión irresponsable en el desconfinamiento de la Región Metropolitana.

·         Y, en lo que sería la denuncia más grave en su contra, el Juez Baltazar Garzón y Comisión Chilena de DDHH,  acusaron al Presidente Piñera ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, en acción interpuesta contra él y sus colaboradores, policiales y militares, por la serie de violaciones a los derechos humanos y las acciones de encubrimiento jurídico que ha desplegado en el sistema judicial y las policías.

 

Escribo esta nota en momentos en que Piñera llamó a desayunar a las mesas del Senado y la Cámara de Diputados, mientras  las protestas cunden. Hoy, 30 de abril,  ha habido una Huelga Sanitaria Nacional y Duelo por las víctimas de la pandemia. Un gobierno que, teniendo los medios, se ha negado a una ayuda directa a las familias, a la vez que ha sido generoso en proteger a los grandes grupos económicos, coloca la percepción ciudadana en el límite de lo tolerable. Resignarse, a 10 meses del término de su mandato, a entregar una ayuda efectiva mediante una renta universal  de emergencia para 90 días, que permitiera una cuarentena efectiva para frenar la pandemia, podría ser un camino de acuerdo cupular entre los partidos y el Ejecutivo. Pero, mientras se conversa de esto, el gobierno comienza a soltar la mano en el confinamiento de varias comunas, para que el mercado aproveche el Día de la Madre del 9 de Mayo. Todo esto, podría afectar, una vez más, lo importante para la ciudadanía, como lo es la elección de constituyentes.

 

El chantaje emocional de potenciales escenarios peores, significa que Piñera siga ignorando la explosión social de octubre, refiriéndose a ella con un negacionismo que busca criminalizar las protestas y usar el miedo como arma disuasiva. Pero, el pueblo sencillo y de a pie, siente que ya ha tocado fondo y confía en que, en las elecciones próximas, de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, podrá expresar su voto castigo a los partidos de la ex Concertación y de Chile Vamos. Los partidos tienen apenas un 2% de las aceptación ciudadana.

 

Hay una incógnita y es la gran duda respecto a ese casi 60% de abstención histórica, que si se decide a votar podría dar una gran sorpresa. De cualquier forma, votar en medio de una pandemia será una epopeya, con todos los medios oficiales generando desinformación, con millonarias campañas de los que estuvieron por el Rechazo, pretendiendo el tercio que les permita frenar los cambios profundos.

 

Desde lo social, el mundo independiente, que representa el 95% de la población, que no milita en partidos políticos, ha articulado listas por diversos movimientos. Las fórmulas de cifras repartidoras, se dice, favorecerán a los partidos, pero, al conocer la mística de los movimientos sociales, como la Lista del Pueblo, Apruebo Dignidad, Constituyentes a Toda Costa, por el Buen Vivir, entre otros, permite esperar una gran sorpresa en términos de votación, con una gran participación de jóvenes que darían gran respaldo a los candidatos constituyentes de raigambre social y territorial.

 

Podrán decir que lo que afirmo es una emoción de esperanza, una expresión de deseo. Bueno, puede que sea así, ya lo dije al principio de esta columna, escribo desde las emociones, como sino de los tiempos.

 

Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente, 30 de abril de 2021.


Una mirada libre a nuestro entorno

viernes, marzo 19, 2021

Los ancianos en la Nueva Constitución



Es preciso que los 155 constituyentes que sean elegidos el 11 de abril próximo, tomen debida conciencia de lo que requiere Chile para ser un país donde los ancianos puedan vivir en forma digna, como una población valente y activa en la cosa pública.

Chile envejece. La tasa de fecundidad es de 1,68 hijos por mujer, según datos del 2017. Se proyecta para el 2050 una población de 21,6 millones, en donde un 31% de la población será mayor de 64 años y donde los adultos mayores superarán el número de personas menores a 14 años.  Por otra parte, la esperanza de vida es de 82,38 años para las mujeres y 77,55 para los hombres.

Este pronóstico demográfico exige pensar en el Chile de los próximos 50 años y es el momento de plasmar en la Nueva Constitución, principios que consagren los derechos de los ancianos de tercera y cuarta edad, quienes representarán un sector importante de la población.

En tal sentido, es preciso que los 155 constituyentes que sean elegidos el 11 de abril próximo, tomen debida conciencia de lo que requiere Chile para ser un país donde los ancianos puedan vivir en forma digna y sean una población valente y activa en la cosa pública del país.

Para lograr dimensionar los requerimientos de los adultos mayores, es necesario corregir la visión paternalista con que se trata a los viejos en las políticas públicas del modelo actual, en donde se les relega como sujetos inválidos, sin capacidad para seguir participando en sus comunidades con nuevos roles. El lenguaje diminutivo con que se les nombra, tatitas, abuelitos, refleja esa desconsideración como personas, en donde se les invisibiliza en su historia y experiencia, por considerárseles  en el modelo neoliberal, improductivos, pasivos, una carga para la economía.

Revertir esa cultura dominante hacia los ancianos, habrá de traducirse en un cambio profundo de la seguridad social, que permita hacer justicia en materia de pensiones, habida razón del maltrato que ha significado el sistema de capitalización individual, que otorga jubilaciones de hambre, situación que no amerita mayores explicaciones. Súmese a ello la aplicación de contribuciones a los inmuebles que una familia adquirió, que deben seguir pagando los ancianos y que resultan expropiatorias en relación a los ingresos menguados que obtienen como pensionados. En este sentido, la mirada hacia el Chile envejecido, requiere cambiar el sistema de seguridad social para dignificar la situación paupérrima en que sobreviven los ancianos en Chile.

Atendida dicha prioridad, es preciso pensar en que el Estado que se refunde en la nueva Constitución, se deberá consagrar los Derechos Humanos y Sociales en toda la vida de las personas, lo cual deriva en pensar en espacios seguros y amigables para el desarrollo de la vida desde la niñez hasta la vejez, introduciendo un principio de Buen Vivir en todo ese devenir. La Nueva Constitución debe considerar, no sólo la consagración de los Derechos, sino la implementación de ellos en términos de ordenar las leyes y reglamentos necesarios.

En ese orden de ideas, se debiera establecer en la orgánica de un Estado Democrático un órgano autónomo de defensa de los derechos de las personas, que tenga por función pública la vigilancia del funcionamiento de todo el sistema político y económico, con el objetivo de prevenir los abusos de poder, la corrupción y las irregularidades que perjudiquen a las personas y las comunidades. Ese organismo, autónomo del gobierno de turno, se concibe como fundación de un cuarto poder del Estado, que equilibre el poder de las instituciones sobre los ciudadanos, gestado desde la sociedad civil, actuando, de oficio o a petición de parte, para defender a la ciudadanía de los abusos, colusiones, corruptelas y todo tipo de medidas arbitrarias o discriminadoras que perjudiquen a la gente, violando las normas establecidas. Este organismo sería el Defensor del Pueblo y, en lo que respecta al ciclo de vida de las personas, podría integrar las Defensorías de la Niñez y del Adulto Mayor.

En una prospectiva del Chile del 2050, la Nueva Constitución debiera consagrar como principio, la responsabilidad del Estado frente a los adultos mayores, en términos que las políticas públicas atiendan a este sector relevante de la población, exigiendo que, en las políticas públicas, de manera transversal, se implementen en todo tipo de decisiones, criterios de consideración y respeto a los ancianos, procurando su buen vivir y también su bien morir. De lo cual, derivarían consideraciones y lineamientos para el urbanismo y planos reguladores de las ciudades; criterios para la construcción de viviendas adecuadas a las personas mayores; directrices para la salud pública en términos de ampliación de la cobertura de medicina geriátrica en todos los territorios;  programas culturales que se orienten a los adultos mayores para reconocer su experiencia y talentos, con transferencia de ello hacia las nuevas generaciones.

Los adultos mayores representan un acervo d experiencias y una memoria viva que se debe comunicar en actividades creativas que queden a disposición de los jóvenes. Son cívicamente lúcidos y críticos y no aceptan ser tratados como idiotas. Tienen una mirada crítica y mesurada, porque han sufrido en carne propia los efectos de la sin razón. Por ello, son quienes generosamente pueden iluminar el camino del pueblo hacia el Siglo XXI.

Los ancianos son los que se levantan temprano para votar porque aprecian ese derecho a voto ya que sufrieron la dictadura y buscan una democracia real y profunda que asegure la paz social para sus nietos y descendientes. Con toda esa energía espiritual acumulada, los viejos, los que han sufrido el país que tenemos, quieren que en la Nueva Constitución se funde el nuevo Chile justo que siempre soñaron, no para ellos, que han cumplido su ciclo vital, sino para los chilenos que caminan también inexorablemente hacia la ancianidad y deben tener, para entonces, un buen vivir que a los viejos de hoy les ha sido negado y arrebatado por el modelo.


Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente, 19.marzo.2021


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sábado, marzo 13, 2021

La Cultura en la Nueva Constitución

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Entrevista en el Programa Chile delibera del candidato a Constituyente por el Distrito 10, Alexis Garrido Núñez, que levanta la propuesta Resistencia frente a la máquina de la Corrupción. 

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martes, marzo 02, 2021

El Defensor del Pueblo en la Nueva Constitución




El Ombudsman, Defensor del Pueblo,  es un factor institucional en las democracias modernas, que vigila el funcionamiento del Estado y el sector privado, evitando el abuso de poder, defendiendo el interés de los ciudadanos.

En la construcción de un sueño colectivo, se ha planteado desde las organizaciones sociales, la recuperación de valores que humanicen la convivencia, se han desplegado las demandas sociales por la dignidad, el respeto, la solidaridad, el fin de los abusos, el término de la violencia estructural que genera la desigualdad y que discrimina, margina, estigmatiza, explota y mata.

Un 80% de la ciudadanía que votó en el Plebiscito de octubre 2020, está buscando, con la Nueva Constitución , poner fin a un sistema basado en la desigualdad, la desprotección del más débil, la exacerbada codicia, el extractivismo depredador,  la concentración de la riqueza, la compra de conciencias que realiza el poder económico, para obtener obsecuencia y defensa pretoriana de sus intereses particulares, por encima del interés general.

En el diseño de una democracia real, profunda, el traslado de poder desde las élites oligarcas y plutócratas hacia la sociedad civil, no será fácil,  es el nudo gordiano que hay que destrabar. Algunos hablan de manera un tanto conformista de “correr los límites”, otros plantean  “ la refundación social que sustituya lo establecido”. Entre ambas posturas habrá de transitar y lograrse un equilibrio que asegure un sistema realmente democrático, basado en equilibrios de poder, en fiscalizaciones cruzadas, en transparencia y probidad, en la permanente participación ciudadana.

Por cierto, en el proceso constituyente, los que buscan una democracia profunda, deberán imponer sus argumentos para neutralizar los intentos de quienes apuestan al gatopardismo, a maquillar la constitución de la dictadura con declamaciones que luego queden en letra muerta. Por lo tanto, será imprescindible que durante el mismo,  las organizaciones sociales se mantengan proactivas, para que en la redacción de cada tópico de la nueva constitución se vayan reflejando los intereses de las grandes mayorías, reforzando aspectos técnicos que comprendan las acciones consecuentes a desarrollar para que, en la bajada de título, se comprometan las leyes y reglamentos que hagan operativos dichos principios. En este último aspecto las organizaciones sociales deben prepararse para el análisis técnico de lo que se esté discutiendo.

El bien común sólo se asegurará si en las negociaciones que se realicen en el proceso constituyente, se mantiene un seguimiento proactivo de la ciudadanía, rompiendo los estilos cupulares y malas prácticas de la clase política tradicional.

En este contexto, un organismo que se aspira deba quedar consagrado en la Constitución es el Defensor del Pueblo o Defensoría Ciudadana, que es una propuesta democrática que se instala en los 80, pero que, como consecuencia de una transición impresentable, sufrió la postergación durante los gobiernos sucesivos, como tantos otros programas de gobierno que se escribieron para una democracia real y que aún nos penan como sociedad.

El Ombudsman, Defensor del Pueblo,  es un factor institucional en democracias modernas, que vela por el funcionamiento del Estado y el sector privado, evitando el abuso de poder, desde el interés del ciudadano. Su quehacer favorece los equilibrios de poder, por lo que debe actuar de modo oportuno, disuasivo, previniendo situaciones de abuso, estudiando los riesgos sectoriales y coordinando, con los servicios fiscalizadores competentes, acciones contra quienes eludan o evadan obligaciones legales, en desmedro de las personas, las comunidades, el público.

El Ombudsman debe ser un organismo autónomo y desconcentrado de la Administración Pública, que no dependa del gobierno de turno y que cumpla una labor de fiscalización de los actos públicos y privados, en defensa del bien común. Es un factor institucional que apunta a la equidad en la convivencia de los distintos actores sociales, económicos y políticos. Su dirección debiera estar a cargo de un cuerpo colegiado, integrado por representantes que surjan de la sociedad civil, y que sean, por esencia, independientes de los partidos políticos. Su función directiva se ejercerá sobre un cuerpo profesional de carrera, reclutado y seleccionado mendiante concursos públicos abiertos, al alero de una ley orgánica, que entregue facultades efectivas  para cumplir esta función pública vigilante, en defensa de los ciudadanos, en las diferentes áreas en que los derechos sociales puedan verse vulnerados.

En este sentido, es importante aclarar su delimitación respecto a otros organismos, como la Contraloría General de la República, que tiene a su cargo velar por la legalidad y procedencia de los actos de la Administración del Estado; el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a quien le compete la protección de los derechos frente a violaciones que deriven de actos ejecutados por agentes del Estado; como así también de la Defensoría Penal Pública que, en el marco del Ministerio de Justicia, se ocupa de entregar la debida defensa a personas imputadas de delitos.

El Ombudsman que se postula, debe ser un organismo dotado de facultades reales para requerir a los demás organismos del Estado información o realización de acciones que atiendan a situaciones en que pudieran verse vulnerados los derechos sociales, a fin de prevenir riesgos de abuso ocasional o sistemático a los ciudadanos. Actuar a petición de parte o de oficio sería una característica del Defensor del Pueblo, para lo cual debiera estar facultado para emitir informes a los poderes del Estado, en relación a situaciones en las que se estuviere generando incumplimientos normativos que vulneren el bien común.

En esta línea de ideas, dentro de sus facultades debe estar la capacidad de fiscalizar actos públicos, tales como la contratación pública, los sistemas de concesiones, la determinación de tarifas de servicios públicos, los intereses máximos fijados por la autoridad monetaria, los manifiestos ambientales en los proyectos, las condonaciones de impuestos, los subsidios que el Estado otorga a ciertas actividades económicas, las declaraciones ambientales que impacten en las comunidades, oficiando y requiriendo a quienes corresponda las auditorías y correcciones,  o tomar las medidas pertinentes, denunciando los hechos ante la Justicia.

Otro aspecto a considerar es que debe ser un organismo descentralizado territorialmente, que tenga una autonomía de gestión en las regiones, atendiendo a la realidad de cada una de ellas y a los problemas que impliquen una vulneración a los derechos sociales de la comunidad. Tal como existe una Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, se debiera establecer con una norma similar el rol , atribuciones y principios de funcionamiento del Defensor del Pueblo, con sus diferentes áreas de funcionamiento en una enunciación genérica de las mismas, que permita la evolución según los temas que vayan surgiendo como derechos sociales a defender.

El Capítulo Chileno del Ombudsman en Chile y el Movimiento Pro Defensoría Ciudadana, son las instancias ciudadanas que, desde la sociedad civil, vienen impulsando esta propuesta por casi 40 años y están expectantes en este momento crucial, ya que es la ocasión histórica para poder incorporar en la Constitución un factor relevante para una democracia moderna, profunda, que apunte a un equilibrio de poder, donde la ciudadanía cuente con un defensor con potestad y facultades suficientes para defender sus legítimos derechos, terminando definitivamente con un modelo de capitalismo salvaje y abusador.


Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente, 2 de marzo, 2021.

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