sábado, febrero 19, 2022

Chile: Inserción internacional sin malas prácticas


Chile: Inserción internacional sin malas prácticas

Por Hernán Narbona Véliz [i]

En este artículo se releva la importancia creciente que está alcanzando en el comercio mundial la variable ambiental, como consecuencia de una toma de consciencia planetaria frente a la crisis climática, lo cual ha generado acciones desde la sociedad civil, para exigir un cambio de paradigmas a las élites empresariales y políticas, colocando la armonía con la Naturaleza como el centro, y la sustentabilidad como prioritaria.

En el escenario global contemporáneo se advierte un movimiento social contestatario disruptivo, contra la institucionalidad que ha llevado al actual punto de crisis. Contra élites que tienen una actitud negacionista y que siguen en la intención de mantener un orden mundial basado en el petróleo y sus derivados, persistiendo en un extractivismo depredador, recurriendo al uso de la fuerza  o a la retorsión diplomática para debilitar la soberanía de los Estados que intentan proteger  sus territorios.

Pero, también hay sectores más centrados, que buscan surfear la convulsión social, admitiendo que se vuelva a un Estado Regulador, que se tribute debidamente, que se pueda accionar coordinadamente en medidas que frenen el calentamiento global y sus consecuencias sociales.

Con el Acuerdo de Marrakech, 1995, al crearse la OMC, Organización Mundial de Comercio, el Comercio Mundial consolidó la mayor parte de las variables que hacen al intercambio de mercancías y de servicios, incorporando la Protección de la Propiedad Intelectual como nuevo ámbito del control, que interesa principalmente a los sectores de producción tecnológica. Se fijaron parámetros en matera de Inversión Extranjera, Libre Competencia, Dumping y Subvenciones. En general, se establecieron reglas de conducta obligatorias para los Estados miembros, quedando fuera los temas laborales y los ambientales. Los temas relacionados con el trabajo, sindicatos, quedaron en la OIT, Organización Internacional del Trabajo, mientras que el tema medio ambiental se siguió desarrollando por otros carriles de las relaciones internacionales.

Con esta referencia inicial, el cambio climático es la preocupación central de la última década. 26 Cumbres del Clima se han realizado y la emergencia que surgió en Glasgow, Escocia, fue estar cruzando la línea roja del no retorno.  Ahora, más que nunca, los 197 países que han ratificado el  Convenio Marco de las de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), deben tomar decisiones para lograr mitigar los efectos climática.

En este contexto, está cobrando relevancia la aplicación de las reglas de la OMC en materia de prácticas desleales contra las cuales los Estados pueden accionar, usando los mecanismos contemplados para la Solución de Controversias en la OMC, principalmente respecto a Dumping y Subvenciones y, en especial respecto al Eco-dumping. El dumping es la acción persistente de un agente económico que aplica precios artificialmente bajos a sus productos, causando un daño real o inminente a otros competidores. En la OMC se han dirimido controversias por acusaciones por dumping al acero, al cemento, resinas. En general, China ha sido muchas veces acusada y esto ha sido parte de la guerra comercial de la era Trump. Algo importante de entender es que cuando un país es denunciado por dumping, la investigación se extiende a todos los exportadores de sector y no se acota al operador cuestionado. Esto significa que un exportador con malas prácticas puede perjudicar a exportadores que venden a precios no distorsionados. Razón que exige una fiscalización pertinente para evitar ser denunciado como sector exportador/país.

En una controversia por dumping o subsidios, el país denunciante debe demostrar la relación de causalidad entre un daño, sufrido o inminente,  y el precio irreal del competidor. Entonces, puede aplicarle derechos antidumping.

En Chile la aplicación del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, el Acuerdo sobre Salvaguardias, el Acuerdo sobre la Agricultura, el artículo VI del GATT de 1994 y el artículo XIX de este último. quedó radicada en la Comisión Nacional Anti Distorsiones, la cual está integrada por el Fiscal Nacional Económico; dos representantes del Banco Central de Chile, ) el Director Nacional de Aduanas y representantes de los Ministerios de RREE, Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, y Agricultura.

El eco-dumping o Dumping Ambiental

Se incurriría en dumping ecológico (o ambiental) cuando un exportador gana competitividad internacional gracias a que no cumple una regulación ambiental, o bien ésta es ineficaz o laxa.. Vale decir, cuando el  productor incumple normas ambientales, esto le significa no asumir costos ambientales, que en rigor debiera pagar, con lo que vende para exportación a precios artificialmente bajos, desplazando así, deslealmente, a la competencia. El dumping ambiental se configura con el hecho objetivo de no cumplir una norma o bien eludirla ante una autoridad feble; causando un daño a quienes sí cumplen las normas exigibles.

En las dos primeras décadas de este siglo XXI,  los conflictos socio-ambientales se ligan principalmente a actividades económicas extractivas como la minería, la explotación forestal o la generación de energía (centrales hidroeléctricas, termoeléctricas o gas). En la medida que la ciudadanía ha ido escalando en sus reclamos frente al modelo imperante, más se han ido transparentando  los conflictos sociales y socio-ambientales, en especial, a partir de la explosión social de octubre 2019.

La permisividad que ha existido en las reglas ambientales, manipuladas por el tráfico de influencias,  ha significado cargar los costos ambientales a las comunidades afectadas por la contaminación. Con esto, los pasivos ambientales no los paga la industria y exporta en situaciones pasibles de denuncias por dumping ambiental. Aparece, por ende, la urgente necesidad de revisar las normas regulatorias y las actividades contaminantes, al trasluz de lo que debe ser una correcta inserción internacional de Chile, con proyectos que cubran sus obligaciones con el medio ambiente y los trabajadores. En este sentido, mantener vigente la Ley de Pesca, rotundamente viciada por la corrupción, daña profundamente la imagen país frente a nuestras contrapartes.

Las exportaciones de celulosa, madera (pino y eucaliptos), paltas,  salmones, minerales, deben dar cuenta de los pasivos ambientales que están dejando, de la depredación de ecosistemas y la morbilidad derivada de la polución sobre las personas.

Fijar regulaciones con los estándares de otros países, sería nivelar a nuestra industria a parámetros de aceptabilidad internacional, preservando el bien común y el medio ambiente.

Dumping Social

Otra arista de incumplimiento de los proyectos exportadores es cometer dumping social, lo cual se configura cuando un productor- exportador elude las leyes del trabajo u otras que protejan la niñez o que establezcan reglas sanitarias, de equipos de protección personal, de seguridad social. Cuando  el empresario incumple, se  generan distorsiones en los precios de exportación y eso es competencia desleal, denunciable ante la OMC.

 Este tipo de dumping social se configura en situaciones como, el trabajo de niños, en el trabajo esclavo, trabajo de reos, en la evasión de leyes sociales, al incumplir las normas sobre accidentes del trabajo, faltara los pagos previsionales, no pagar cobertura en salud, no reconocer tiempos de descanso, vacaciones. Todo trabajo precario,  temporero, informal, que signifique violar reglas establecidas, puede configurar y dar motivo a este dumping social o dumping laboral.

Conclusión

Las exportaciones chilenas primarias  se han desarrollado con enormes pasivos ambientales y sociales. Debemos salir del modelo extractivista neoliberal y entender que los inversionistas internacionales no se irán de Chile si se les exige cumplir con la legalidad, ya que sus corporaciones están acostumbradas a cumplir exigentes estándares en los países desarrollados, donde la fiscalización es inflexible y drástica. Haber aplicado en las exportaciones normas débiles y un  libre comercio mal entendido, ha significado normalizar en la economía malas prácticas, de abuso y corrupción, que el comercio mundial rechaza y sanciona.

El extractivismo, sumado a leyes corruptas en su génesis, que nadie ha tenido la voluntad política de derogar, nos ha degradado en el concierto internacional a un estadio neocolonial, lo cual se debe corregir para recuperar el prestigio de un país decente, que compite lealmente.



[i] Administrador Público, Periodista, Corresponsal Diario La Razón.cl, 19.02.2022

Una mirada libre a nuestro entorno

viernes, febrero 18, 2022

Sacar a Codelco de un grave error estratégico




“Para hacer más eficiente a Codelco hay que salir de la trampa de los costos operacionales que sólo benefician a los grandes proveedores internacionales de equipamiento minero”

En La Razón.cl conversamos con el Ingeniero Civil Químico (UCN. 1973), Alexis Yovanovic, director de la Consultora especialista en procesos minerales: MOPE - Modelo Operacional Ltda., de Belo Horizonte, Brasil, quien es ex - funcionario de Codelco y que hoy tiene una extensa experiencia en minería a nivel internacional. Frente al proceso constituyente y la próxima gestión de las nuevas autoridades, quisimos conocer su mirada respecto al momento que atraviesa la Minería chilena, en especial la pública.

 

¿Cómo especialista, qué piensas de esas voces que pretendían privatizar Codelco?

No estoy de acuerdo. Codelco es de todos los chilenos y debe continuar siendo una de las herramientas con la cual el gobierno deberá contar para protagonizar su propio destino como nación soberana. Las responsabilidades sociales y ambientales deberán quedar claramente establecidas para toda la minería, así como la estabilidad jurídica y tributaria para quien invierte en nuestro país. Naturalmente, el nuevo gobierno deberá involucrase mejor en los problemas que la minería vive en estos últimos años: “desde hace casi 20 años la producción de cobre fino en Chile es la misma (5,7 millones de toneladas año), el costo operacional triplicó, las leyes de los depósitos cayeron para casi la mitad y el aporte al fisco es de 7 a 8 veces menos que lo aportado 20 años atrás”.

 

El nuevo gobierno deberá constatar las prácticas equivocadas, que han llevado a la minería chilena al cuadro desastroso de hoy, donde nuestra minería estatal no es una excepción.

En favor de Codelco debo reconocer que ya he tenido algunas conversaciones sobre estas alternativas tecnológicas y, dentro de la estatal, existen excelentes profesionales que están conscientes del problema y trabajan en su solución.

 

 

¿Cuál es tu diagnóstico y qué malas prácticas hace falta cambiar?

La drástica caída de las leyes de mineral (cobre y otros minerales) es la fuente de los mayores problemas que vive la minería y ha sido mal enfrentada por las mineras. Se ha impuesto la visión del mercado financiero global, alimentada con discursos del tipo ESG, que lucra sin lastre con el desempeño operacional real y se trabaja en beneficio de grupos globales proveedores de grandes equipos e insumos que, predatoriamente, han crecido por sobre la tecnología, practicando el gigantismo de las inversiones y promoviendo el uso exagerado de insumos (cuerpos moledores, reactivos, etc.) para tratar cada vez más ganga (junto con la caída de las leyes), produciendo estrictamente la misma cantidad de metal fino.

 

El epicentro de este cuadro se encuentra en el equivocado fundamento tecnológico y de ingeniería que soporta las operaciones de beneficio (Concentradoras), las cuales, orientadas por grandes fabricantes globales de equipos y de insumos, han llevado a la minería por el camino contrario a sus propios intereses y del país en general. La tecnología mineral perdió el rumbo y fue atropellada por el “mercado” a partir de los años 80. La mayor parte de los fundamentos de ingeniería para las operaciones de beneficio mineral quedó estacionada en los años 50 a 70. El ambiente académico de hoy patina en teorías, sin salir del lugar. La tecnología real fue a parar en manos de los fabricantes de equipos, que eran decenas de pequeñas fabricas hasta los años 70 (inclusive empresas chilenas) y que hoy se resumen a dos grandes grupos globales.

 

¿Quiere esto decir que se impuso el interés de los grandes proveedores en vez de una opción tecnológica propia del proyecto minero? ¿cuál debió ser la decisión estratégica distinta a lo hecho?

- Es lo que digo. Las empresas mineras globales actúan como clubes de futbol, presentando balances deficitarios, atrasando o pagando pocos impuestos, pero, en sus laterales y en su manejo global, se observan ventajosos negocios que benefician a pocos dirigentes o inversionistas. Los precios de “mercado” premian la incompetencia de las mineras, incluso ante desastres ambientales (como en Brasil), en cuanto grandes fabricantes de equipos inflan las inversiones y proveedores de insumos se nutren corroyendo el costo operacional.


 

Codelco, como herramienta de Estado, debería seguir su propio rumbo, en favor de la economía chilena, en vez de seguir las mismas conductas de las empresas multinacionales. Es posible enfrentar el gran problema de la caída de las leyes mediante estrategias de Concentración Selectiva, fragmentando correctamente y descartando tempranamente el exceso de ganga que trae el mineral, evitando grandes inversiones en concentradoras. La generación de relaves finos podría ser radicalmente reducida.

La acción reguladora del gobierno deberá tener un foco general en la actividad, en sus relaciones socio ambientales y en la seriedad de los compromisos asumidos, pero, ante la operación específica de Codelco, debería aquí ser exigida una actitud diferente, que traiga nuevamente a esta empresa estatal al servicio del país, a través de mejores prácticas, rompiendo viejos paradigmas, privilegiando proveedores que fabriquen localmente las maquinarias e insumos, estimulando el uso de cobre refinado y, naturalmente, aumentando sus aportes al fisco y al pueblo chileno.

 

¿Qué recomiendas a las nuevas autoridades que asumirán el 11 de marzo?

- El primer paso es entender el real problema de la minería chilena: la drástica caída de las leyes, que, equivocadamente, ha llevado a Codelco (así como a las otras grandes mineras) a tratar cada vez más ganga para producir lo mismo, triplicando los costos operacionales y reduciendo el aporte fiscal.

Lo explico en números simples:

20 años atrás, 1 tonelada de mineral de cobre extraída de la mina generaba 10 o más kilos de cobre metálico, por ejemplo. Hoy, por la caída de las leyes, la misma tonelada genera sólo 5 kilos de cobre metálico. Entonces, la “minería actual” (que muchos equivocadamente defienden), pasa a extraer 2 toneladas desde la mina y duplica la planta concentradora para beneficiar todo ese exceso de ganga y producir la misma cantidad de cobre fino de años atrás (10 Kg), duplicando los costos operacionales, reduciendo utilidades que son aportes al país y agrediendo desmedidamente al medio ambiente mediante la duplicación de la generación de relaves finos.

 

¿Y que debería hacerse?

Fragmentar mejor y preconcentrar el mineral antes de llegar a las operaciones más caras de la concentradoras, como se ilustra en el diagrama que sigue


Yo propondría algunas regulaciones:

• Para Mineras en Operación (proyecto Brown Field), la caída de las leyes debe ser enfrentada preconcentrando el mineral antes de entrar a las Concentradoras, las cuales deberían ser impedidas, por una norma precisa, a partir de ahora y dentro de ciertos límites, de aumentar la generación de relaves finos. La instrucción que debiera dar a una empresa en operación será congelar los proyectos de ampliación de plantas o de nuevas plantas concentradoras, hasta concluir estudios de preconcentración.

• Ejecutar acciones de preconcentración a seco (operaciones más simples y económicas), descartando polvo y ganga granulada pobre, antes de esta entrar a las operaciones húmedas y caras del proceso, permitiría mantener la planta concentradora con el mismo tamaño y concepto original, preservando el medio ambiente. Si cae la ley, se debe recuperar la calidad del mineral mediante acciones de preconcentración.

• Para Nuevos Proyectos (Green Field), el mineral alimentado a las operaciones a húmedo de la planta concentradora deberá tener una ley de cabeza mínima (a definir en una norma técnica complementaria). Esta ley de cabeza mínima podrá ser alcanzada mediante operaciones de preconcentración a seco del ROM. Podría también definirse el valor mínimo de 1% para mineral de Cobre y de 2 a 3 g/t (o más) para mineral de Oro, por ejemplo.

• Pirquineros debieran entregar mineral con ley mínima o superior en plantas de ENAMI y ésta pagar por el preconcentrado. ENAMI podría ejecutar la preconcentración a seco y devolver la ganga al pirquinero, para que este la lleve de vuelta al local de origen

 

¿Con estas medidas que significan racionalizar la renovación de plantas y equipos gigantes, se enfrentaría un seguro reclamo y presión de las corporaciones que venden esos equipos, pero se podría, además de reducir costos operacionales reducir el impacto ambiental, el consumo de agua y la polución aérea?

- Este enfoque, que detiene radicalmente las agresiones constantes al medio ambiente, puede ser aplicado a otros minerales (oro, hierro y etc.). En el caso particular de Codelco, esta empresa deberá tener un plazo para adaptarse a la nueva estrategia de producción, suspendiendo la ampliación de concentradoras y enfocando su acción en todas las Divisiones para descartar el máximo posible de ganga del ROM antes de que esta llegue a la planta Concentradora. No existe baja ley, existe mineral “mal trabajado” antes de concentrarlo. El avance en la variable ambiental y la transparencia también son elementos claves.


 

La Razón.cl 18 febrero 2022.

Periodista Hernán Narbona Véliz, Corresponsal en Región de Valparaíso



Una mirada libre a nuestro entorno

jueves, febrero 17, 2022

Hacia una Economía Circular

Caminos hacia la Economía Circular
Por Hernán Narbona Véliz

El comercio mundial en los últimos años ha recibido el impacto de la pandemia y de la crisis climática. Se ha evidenciado en esta vorágine la fragilidad de las cadenas de suministro; la expansión del comercio electrónico B2C  y de las plataformas globales de retail; la guerra comercial entre China y EEUU, decantando hacia un sistema multipolar de interdependencia compleja. Escenarios a los cuales se han añadido fenómenos climáticos extremos que, descarnadamente, han hecho sentir los límites de un modelo mundial basado en el crecimiento ilimitado, la concentración de la riqueza y el extractivismo depredador. Es en este contexto, que se plantean cambios concretos para frenar el uso del plástico, volver al uso de envases de vidrio. En esa mirada, el paradigma de la economía circular es Reducir, Reutilizar y Reciclar.

En esta emergencia global, los Estados, en instancias como la Organización Mundial del Comercio y la CEPAL, han encarado negociaciones internacionales para alcanzar compromisos que sintonicen con las decisiones políticas que se han venido planteando, de caminar hacia una economía circular.

CEPAL ha señalado “Los gobiernos y la sociedad apelan a que la recuperación de la recesión causada por la pandemia de Covid-19 sea más sostenible ambientalmente y con mayor igualdad. La salida de la crisis debería también permitir luchar contra la aceleración del cambio climático y mejorar la salud y prosperidad delas personas. Para 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta una caída promedio del producto interno bruto (PIB) del 9% para ALC y una contracción del valor de sus exportaciones de 23% (CEPAL, 2020b). El llamado de la CEPAL a que los países de América Latina y el Caribe (ALC) transiten hacia un modelo de desarrollo más sostenible y bajo en carbono adquiere aún mayor relevancia ante el contexto Covid-191. La aceleración hacia una economía circular (EC) aparece como un camino habilitador de ese nuevo modelo de desarrollo.”

Aterrizar hacia ese objetivo, exige generar una logística internacional que permita avanzar en ese trabajo colaborativo, para que residuos puedan ser movidos de un país a otro y para que los agentes económicos realicen el reciclaje y recuperación de ellos. La responsabilidad por los residuos contaminantes que dejan esparcidos los procesos productivos de bienes y servicios, se debe asumir en su integridad.

La impronta empresarial parece ser hoy de mayor compromiso para frenar el calentamiento global. Se han desarrollado formas de medir la responsabilidad empresarial, con sellos verdes que, en gran medida, son parte de un marketing planetario, de diferenciación verde, como criterios para evaluar el cumplimiento ecológico en el intercambio de bienes y servicios, acreditando la huella hídrica y la huella de carbono. El peso histórico de la economía mundial basada en combustibles fósiles, no es menor, y presiona en las negociaciones internacionales tratando de ganar tiempo, tiempo que el planeta no tiene. 

En esta misma línea, con criterios técnicos, la Organización Mundial de Aduanas, OMA, ha puesto en vigencia a partir de enero del año 2022 la séptima enmienda al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, incorporando a la nomenclatura mercancías de creciente movimiento en los flujos de comercio. Después de un trabajo de 6 años, en los cambios incorporadas al Sistema Armonizado, se han abierto partidas arancelarias para distintos tipos de residuos que podrán ser así  objeto de comercio internacional, en el nuevo concepto de economía circular.  La vigente Convención de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos peligrosos y su eliminación, permite a un Estado prohibir el ingreso de desechos tóxicos a su territorio. Con las aperturas de la 7ma Enmienda del SADCM, las operaciones de economía circular serán posibles porque la clasificación del desecho a tratar, podrá ser más precisa.                   

Al abrir la 7ª Enmienda, nuevas posiciones arancelarias desagregadas para residuos químicos, residuos de industria electrónica, residuos radiactivos, se podrá llevar una mejor estadística y se dejará una plataforma para clasificar en forma precisa mercancías que pueden ser objeto de comercio dentro de procesos de recuperación y reutilización. El Arancel chileno, a partir del 1° de enero 2022, rige con incorporación total de la 7ª enmienda al Sistema Armonizado.

Esto significa una visión nueva y, a partir de estas tendencias, se podrá generar oportunidades de eco-negocios, para lo cual se necesitará que el Estado, a través de Aduanas y la autoridad ambiental, fije reglas específicas para este tipo de operaciones. En la normativa aduanera existe la destinación o régimen suspensivo de “perfeccionamiento activo”, que permite que ingresen al país insumos extranjeros, para ser incorporados a un proceso industrial que se realiza en el país. Este tipo de régimen suspensivo se tendría que adecuar al tipo de servicio de reciclaje que se realizará sobre los residuos que ingresen. 

Por ejemplo, si miramos la contaminación por ropa usada que se ha ido apilando en nuestro desierto, en Tarapacá, ello es una actividad contaminante e irregular. En aplicación de la concepción de economía circular, Chile podría prohibir ese ingreso y  exigir que esos residuos de la industria textil o del vestuario, se traten como proyectos formales de reciclado, con cumplimiento tributario y los protocolos sanitarios o ambientales que corresponda, todo lo cual podría asegurar una recuperación o industrialización de esos residuos, para su exportación posterior o para ingreso reciclado al mercado local. Esto sería un logro, totalmente distinto a estar convertidos en un vertedero que provee a un comercio ilegal. Por el contrario, sería un ciclo formal de reciclaje, para el cual se autorizaría el ingreso de mercancías usadas o residuos. El importador debería justificar que se trata de un proceso de recuperación efectivo, según lo comentado,  y no de residuos contaminantes que llegan a un basurero. Se abren potencialidades para practicar la economía circular, en armonía con nuestro medio ambiente.

El incorporar al Arancel chileno las partidas de residuos extranjeros que ingresen y sean consignados a un agente económico local, que los recicla, los reconvierte, los repara, les agrega valor, significa que se podrían desarrollar industrias secundarias exportadoras de servicios, como reciclaje de celulares, de computadores, de vehículos y maquinarias, de escorias minerales, residuos, en fin, que sean parte de un ciclo económico circular, el que podría implicar distintos países, bajo la dirección de alguna empresa mayor que organiza el ciclo colaborativo y proporciona la logística necesaria, en una especie de clúster de reciclado.
Hernán Narbona Véliz, Periodista. Corresponsal Diario La Razón.cl, 17.02.2022

domingo, febrero 13, 2022

DEFENSORÍA CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS Y LA NATURALEZA ¿Por qué se generó esta propuesta transversal desde la sociedad civil?


DEFENSORÍA CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS Y LA NATURALEZA

¿Por qué se generó esta propuesta transversal desde la sociedad civil?

La propuesta de una Defensoría Constitucional de los Pueblos y la Naturaleza, que 21 organizaciones de la sociedad civil presentamos el 22 de diciembre ante la Convención Constitucional logró el patrocinio de 9 convencionales, lo que permitirá su debate. A efectos de propiciar desde la sociedad civil un conocimiento cabal y un seguimiento ciudadano a esta propuesta, dejamos, como gestores coordinadores de la misma, esta columna de opinión en las redes sociales.

La Nueva Constitución que se está generando en la Convención Constitucional consagrará un catálogo de Derechos, pero, simultáneamente deberá establecer las formas concretas para poder garantizar tales derechos.

Nuestra propuesta no entra a la discusión del catálogo de derechos, sino que apunta a lograr que la Constitución pueda, en su sala de máquinas, crear un organismo que vigile el respeto y fiel cumplimiento de la norma constitucional, en materia de Derechos Humanos, Sociales, Ambientales y de la Naturaleza. La misión de la Defensoría será evitar que tales derechos queden en letra muerta, al asumir la fiscalización de los demás poderes del Estado y de los agentes económicos privados que actúen en el ámbito de esos derechos.

 En estos términos, nuestra propuesta significa un cambio histórico en la concepción clásica del Ombudsman escandinavo, toda vez que éste está concebido como un organismo unipersonal, nombrado por el Ejecutivo con anuencia del Parlamento, lo que limita esencialmente su autonomía y legitimidad. Mal podría ese Defensor controlar o fiscalizar a quien lo designa. Por otra parte, sus funciones han sido de mediación y buenos oficios, en aras de una supuesta “autoridad moral”.

En definitiva, la experiencia muestra evidencias cercanas, donde ese Defensor es cooptado por los gobiernos de turno como una entidad irrelevante y decorativa que sirve como pacificador social y, mediáticamente,  para lavar la imagen de gobiernos autoritarios. Es lo que no queremos para Chile, porque están a la vista los penosos resultados del INDH frente a la explosión social de octubre 2019 y la represión consecuente, en donde se manipularon cifras de víctimas de daño ocular, se restringió la calificación de los casos de abusos, llegando a un repudio extendido de la opinión pública por la obsecuencia demostrada frente al gobierno. En el mismo orden de ideas, tenemos el caso patético de los abusos a niños en el SENAME, donde la Defensoría de la Niñez, pese al esfuerzo personal de su Directora, no ha logrado llegar al fondo de un sistema donde los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se han mercantilizado y el abuso sigue ocurriendo en total impunidad.

Para asegurar que se instale en Chile una sincera cultura de respeto a los DDHH no sirven entidades temáticas febles, sin autonomía, facultades ni presupuesto adecuado. Eso sólo le sirve a los gobiernos para demostrar a nivel internacional que se está haciendo algo. Es lo mismo que un Servicio Nacional del Consumidor que funciona como amortiguador de reclamos, con mediaciones inconducentes que jamás han logrado denunciar delitos económicos contra los consumidores. Por todo lo anterior, lo que se propone es un organismo permanente y autónomo de la administración de Estado que tenga una función fiscalizadora del cumplimiento y respeto a las normas constitucionales y las derivadas de tratados internacionales, en materia de derechos humanos.

Al inicio de este siglo se creó una ONG para impulsar el Defensor del Pueblo en Chile en el sistema público y siempre los intentos quedaron en vía muerta o bien fueron tergiversados, dándoles un carácter de oficina de reclamos y orientación a las personas que reclamaran. Una oficina sin ninguna atribución real para ejercer cambios de conducta en situaciones reclamadas. En perspectiva, hemos entendido que jamás el modelo iba admitir un organismo que lo fiscalizara en serio. Esas experiencias del Ombudsman en Chile fueron frustrantes. Como también lo ha sido su rol decorativo en España o Colombia. Defensores unipersonales, sin atribuciones efectivas, son un lavado de imagen para el poder político de turno, por más se busque justificarlos como “los hombres buenos”, con “carisma”, funcionales al statu quo.

Persistir en un Ombudsman, defensor del pueblo, unipersonal, decorativo, manteniendo otras defensorías temáticas parciales, significa, además, no entender que los Derechos Humanos son integrales y existe un principio de indivisibilidad respecto a ellos. La persona, por otra parte, no puede separarse de la Naturaleza, como tampoco puede separarse el agua de la tierra o la cultura de la natura. La cosmovisión que está en el fondo de nuestra propuesta reivindica en la nueva Constitución una relación inseparable del ser humano con la naturaleza, sus ciclos y sus ecosistemas. La defensa de la Vida se expresará en este organismo nuevo y permanente del Estado, teniendo a su cargo, de manera vigilante, científica, multidisciplinaria, todo el espectro de derechos garantidos en la constitución, con una visión inter generacional, de largo plazo.

La Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza que se propone es integral y sistémica, pues, abarca la defensa de todos los derechos incorporando los derechos de la naturaleza, en una connotación adelantada que se hace cargo de la cosmovisión de los pueblos originarios, en donde no hay una separación entre la actividad del hombre y la armonía con la naturaleza; el respeto a la vida en todos sus aspectos es fundamental y esto sintoniza con la crisis climática que está viviendo el planeta y que afecta gravemente a Chile.

Pero, además, la propuesta tiene racionalidad orgánica y económica. Primero, porque este organismo profesional será legítimo en su dirección, a cargo de Consejeros Regionales de las Defensorías, generados por elección popular; y, segundo, como organismo permanente, tendrá una planta de funcionarios, generada por concurso público con la incorporación de los funcionarios de los organismos que serán incorporados por la Defensoría. En los conversatorios sostenidos a lo largo de décadas, se han recogido todos los aportes y miradas, lo que permite asegurar viabilidad para lograr cimentar este nuevo organismo en la futura institucionalidad. A partir de los territorios se podrá elegir el Consejo Directivo Nacional y esto es profundamente democrático, totalmente transparente y evita que la gestión pueda ser influida desde los otros poderes, cuestión que no ocurre con el Defensor unipersonal, que puede ser cooptado por grupos de presión o por el poder que lo designa.

La propuesta de Defensoría Constitucional de los Pueblos y la Naturaleza sintoniza perfectamente con la concepción de un Estado Regional, Pluricultural y Plurinacional, en donde la gestión se lleve en el ámbito del territorio, con una interrelación permanente con las organizaciones que eligen  a los Consejeros Defensores territoriales.

Finalmente, en su misión de alcanzar en la sociedad chilena una cultura de respeto irrestricto a los Derechos Humanos, Sociales, Ambientales y de la Naturaleza,  la Defensoría tendrá una misión educativa y la facultad para dictaminar la correcta aplicación por parte de los organismos públicos, de las normas en estas materias, vale decir, velar por una  coherencia en las resoluciones e instructivos, impidiendo que la discrecionalidad administrativa haga perder el espíritu de dichas disposiciones constitucionales.

Que el organismo sea autónomo y tenga una capacidad de funcionar como organismo permanente del Estado, significa que tendrá personería de Derecho Público, con patrimonio propio, con una Ley Orgánica que la propia Constitución enmarque en ciertos principios, para asegurar que se respete su concepción constitucional. Racionalmente, se postula generar un sistema de defensoría potente, autónomo, con facultades fiscalizadoras, que absorberá las actuales defensorías temáticas, las que serán áreas funcionales dentro de la nueva orgánica. Se busca, precisamente, encasillar a ese personal que ha venido trabajando en forma precaria, en esta nueva Defensoría potente, incorporados a una planta funcionaria a través de un concurso, con cargos servidos en propiedad, en los que podrán gozar de fuero y de expectativas de carrera funcionaria, de lo cual hoy carecen. Con esto se asegura la autonomía e independencia frente a las presiones políticas de cualquiera de los demás poderes del estado o de otros poderes fácticos.

Por eso, cuando hablamos de Defensoría Constitucional de los Pueblos y la Naturaleza, hablamos de un sueño colectivo que parte desde la cosmovisión de pueblos que construimos paz social, en territorios que recuperan armonía con la Naturaleza; de la racionalidad de una orgánica legítima, transparente y democrática; de un presupuesto viable, de una misión con basamento científico, ético y político. Por lo tanto, creemos que es el camino que Chile deber seguir, sin desviarse hacia alternativas que sigan ofreciendo una débil y manejable institucionalidad.

Si decidimos por esta Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza, estaremos generando un hito en los procesos de profundización democrática. Chile marcará un camino de empoderamiento de la sociedad civil. Para que otra era avance y que las nuevas generaciones puedan recuperar la armonía con la Naturaleza en todo su esplendor y como parte consciente de ella.


Hernán Narbona Véliz, Administrador Público, Secretario Mesa Coordinadora DDHH Valparaíso, Periodista, Corresponsal Diario La Razón.cl,

Juanita Fernández Álamos, Médico Cirujano, Asesora de MUZOSARE, Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, Activista Social DDHH, Ambientales y de la Naturaleza.

Valparaíso, 13 de febrero de 2022

Una mirada libre a nuestro entorno

jueves, febrero 10, 2022

Doña Tere y Don Agustín contra la Convención


Doña Tere y Don Agustín contra la Convención

Hemos conocido esta semana de los insultos que Teresa Marinovic hizo a la Convención y a los convencionales, en el exabrupto que llenó las redes sociales. Por otro lado, a través del Mercurio, Agustín Squella ha salido, una vez más, pontificando acerca de la necesidad de reflexión y autocrítica en la Convención.

Qué duda cabe que los poderes fácticos e institucionales están histéricos. El proceso constituyente enfrenta la procacidad visceral de un personaje que está ahí con la misión de destruir lo que se haga; y, simultáneamente, está recibiendo los embates del gatopardismo ilustrado, que presiona por mantener los pivotes del sistema intocables, con la complicidad, en ambas situaciones, de los medios oficiales, la prensa, radio y televisión de propiedad de los grupos económicos.

El efecto es que los medios instalan el escándalo y lograr quitarle atención a los avances y acuerdos que se van logrando en las distintas Comisiones y que comienzan a esbozar ese país por el cual se manifestó en las urnas el 80% de la ciudadanía. La  tergiversación cotidiana de los hechos no es casual, sino articulada y metódica, sirviendo abiertamente a los intereses de sus dueños.

Aparece engolada y mercurial la petición de autocrítica de Agustín Squella, todo apuntando a dejar en tela de juicio la redacción de principios que formulan nuevas relaciones interculturales, aspirando al respeto a la Vida, a la Naturaleza y sus ecosistemas. Con su posición de soberbia y el respaldo permanente del Mercurio, Squella se suma con una procacidad de fondo, elegante pero igualmente grosera, a poner en tela de juicio los debates de la Convención, buscando manipular a la opinión pública, desprestigiando tales acuerdos porque atentan contra los poderes instituidos. Al final, las dos situaciones demuestran que hay convencionales insertos con el solo fin de frenar los acuerdos sociales, admitiendo cambios cosméticos, que preserven el neoliberalismo, cambios para que nada cambie.

Los grupos económicos, la Corte Suprema, el Senado, el Tribunal Constitucional, han expresado con descaro su preocupación frente a los avances soberanos de la Convención. Cuando se toma acuerdo a nivel de Comisión de la necesaria anulación que se debe hacer al Código de Aguas para poder considerar al Agua como un derecho humano y un bien de uso público, salta Ignacio Walker rasgando vestiduras e invocando un Plan B, que sería a todas luces sedicioso, porque sería patear el tablero y volver a nostalgias golpistas. En su columna de opinión, en el Mostrador, el constituyente, Patricio Fernández Chadwick, siembra dudas, planteando el supuesto desorden que habría en la Convención, dejando esa suspicacia negativa que, en definitiva, sirve a los del Rechazo.

Definitivamente, la élite se atrinchera y no asume que la ciudadanía se pronunció por cambios profundos al modelo y, a medida que se van estructurando acuerdos para una nueva forma de relacionarnos como sociedad, salen descontrolados a sacarles la madre a los convencionales o a llamar desde El Mercurio a la sensatez, al orden, a la autocrítica. Los poderosos salen a expresar, sin tapujos, su profundo sentir, que es defender a toda costa sus privilegios. Los episodios comentados, el de doña Teresa y don Agustín, son parte de una estrategia, para frenar el avance del cronograma, ralentizando el proceso de toma de decisiones, con distractores mediáticos que no permitan el debate cívico ciudadano, sino sembrar la chimuchina y dentro de ella, la mentira.

 La Convención tiene que defenderse de quinta columnistas que fueron instalados en ella por la ultraderecha o la ex Concertación, con ánimo gatopardista. A medida que se avanza, se van explicitando posiciones, se va viendo quien atornilla al revés o quien cae en el juego mediático farandulero. Pero, pese a todo, se va avanzando, llegándose con distintas aproximaciones a puntos medulares y transversales. El proceso colectivo fluye con legitimidad y legalidad. Nadie cae en la trampa de que pudiere haber más plazo, nadie se distrae con circos preconstruidos por los operadores mencionados.

Debemos salir de la trampa mediática que tergiversa y distrae. El poder instituido tratará de evitar que nos movilicemos y que sigamos actuando con actitud vigilante. Autoconvoquémonos de manera colaborativa, en un compromiso militante por la nueva constitución, todos los ciudadanos, periodistas, comunicadores sociales, medios alternativos, para ir conociendo y apoyando cada paso que se dé, para preparar intensamente un Apruebo Informado. Tenemos la convicción de poder sentar los cimientos para un país diferente, entendiendo que ello será protagonizado por las nuevas generaciones. Por eso, la desinformación debe ser neutralizada con la acción proactiva de los colectivos, de las mayorías. Próximamente en nuestros sindicatos, cabildos y organizaciones sociales tendremos a convencionales para conversar y comprender cada párrafo que se vaya acordando. Debemos centrarnos en lo importante: el plebiscito de salida.

La Convención Constitucional debe ponerse anteojeras y tapones en los oídos para que nada la distraiga de su cronograma.

Hernán Narbona Véliz, Corresponsal Diario La Razón.cl, 10 de febrero, 2022

Una mirada libre a nuestro entorno.