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domingo, mayo 11, 2025

¿A dónde marcha el amigo?


¿A dónde marcha el amigo?

Hernán Narbona Véliz, Valparaíso,10 de mayo 2025.

Con un carrusel de acontecimientos que se precipitan en los mensajes que postean los personajes de una verdadera serie distópica, se va articulando la caída o el desmonte de un sistema global, en donde, desde 1990, tuvimos una superpotencia hegemónica, que impulsó la globalización, la misma que ahora le pega como boomerang.

En los noventa, el orden mundial, centrado en la Organización Mundial del Comercio, tuvo el sesgo de minimizar la injerencia de los Estados en la economía, procurando la desregulación y la transferencia de soberanía a instancias supranacionales en las que el Estado pierde su inmunidad y debe ser tratado como un agente económico más, frente a las corporaciones multinacionales, las que se aseguran así un dominio de facto, que preserve sus intereses.

Esa ha sido crudamente la globalización, vestida de la falacia de “libre comercio”, pero escondiendo la concentración de la riqueza en un conjunto de agentes financieros especuladores, que están por encima de la economía real, de la industria,  la agricultura y los servicios. Nuestro país ha sido el modelo en que se ha aplicado, dictadura mediante,  el neoliberalismo a ultranza, con un cuerpo constitucional que estableció el Estado Subsidiario, el que ha debido renunciar a una planificación indicativa mínima, conducente a un desarrollo racional, porque todo lo que sea negocio debe ser manejado por los privados, por el mercado.

Sin embargo, en estos momentos históricos, el propio EE.UU. ha emprendido el desmonte de la globalización, porque como Estado ha sufrido el vaciamiento de su industria y ha debido superar las crisis bursátiles sucesivas, en especial la de las sub-prime del 2008, yendo la Reserva Federal al salvataje de la banca, lo cual ha significado imprimir papel moneda, aumentar desmedidamente el déficit fiscal, emitir bonos de deuda y colocarlos en los mercados. Esa impresión de dólares sin respaldo, más la deuda soberana, más una balanza comercial totalmente desequilibrada, con un gasto en seguridad por el mantenimiento de más de 80 bases militares en todo el planeta; ha significado que la economía norteamericana esté al borde del colapso. Trump, en su primer mandato, inició la guerra comercial contra China, que junto con ser el mayor proveedor de bienes de consumo es, al mismo tiempo, tenedor de la mayor cantidad de sus bonos soberanos. Cuando en estos primeros cuatro meses, Trump las ha emprendido con una guerra arancelaria, lo que ha producido en el mercado interno, es desabastecimiento de mercancías de consumo masivo y el efecto de una contracción económica interna con precios disparados que amenazan en el corto plazo con una gran estanflación. Porque los aranceles no van a hacer aparecer, de la noche a la mañana, una industria sustitutiva de importaciones, porque Estados Unidos está recibiendo el resultado de su propia medicina, haber desregulado los mercados de capitales y propiciado la instalación de empresas fuera de su territorio, porque eso hacía más jugoso el negocio de sus corporaciones.

En el contexto geopolítico, Trump busca detener la guerra de Ucrania, pero con la crisis de deuda, que está allí como espada de Damocles, lo que en definitiva busca es un repliegue estratégico, volcarse hacia dentro, lo que significaría repatriar industrias a su país, pero ello es una expresión de deseo, ya que las condiciones objetivas de su mercado interno muestran una falta de personal calificado para los nuevos estándares de automatización y uso de inteligencia artificial, donde China ha ganado una enorme distancia.

La realidad muestra que el mundo multipolar que quería frenar Estados Unidos, avanza sin pausa. Los BRICS van ampliándose y China está encarando la guerra arancelaria con venta de los bonos de deuda y la implementación de sistemas logísticos globales que evitan el bloqueo de Estados Unidos. Las amenazas que se han escuchado en los escenarios de la geopolítica mundial, van variando según se va desarrollando la guerra en Ucrania, oriente medio, India-Pakistán. El Día de la Victoria del 9 de mayo, se celebró en Moscú, mostrando un amplio respaldo a Rusia de potencias importantes, como China, India, Eslovaquia, Brasil.

En estos momentos la invitación de Putin es directamente a Ucrania, a iniciar conversaciones en Estambul el 15 de este mes, pero sin un alto al fuego antes que esas conversaciones se inicien. Por otra parte, la asunción del nuevo Papa, León XIV, Robert Francis Prevot, norteamericano, con segunda nacionalidad peruana, incorpora un nuevo elemento al complejo tablero mundial y, con su primer mensaje, se percibe un compromiso por alcanzar la Paz, en la misma línea del Papa Francisco, quien también intentó mediar para frenar la guerra en Ucrania y la invasión a Gaza.

En Chile, se advierte una falta de debate público sobre el margen de maniobra que podrá tener el Estado de Chile en este contexto de cambios profundos en el orden mundial conocido. Somos un país fenicio, con tratados de libre comercio con más de 60 países, pero todo eso es ahora incierto. ¿Qué medidas se están previendo para un escenario en donde las cadenas de suministro se rompen y crecen la incertidumbre y los riesgos de guerra?  ¿Alguien ha explicado lo que puede pasar con los fondos de los afiliados a las AFP en caso de un colapso en la bolsas mundiales? ¿Cómo soportar las presiones que existirán de seguro, para alinearnos en una guerra que no es nuestra y que rechazamos?

Abramos conversaciones desde la sociedad civil, en este momento crucial.

Una mirada libre a nuestro entorno

jueves, febrero 17, 2022

Hacia una Economía Circular

Caminos hacia la Economía Circular
Por Hernán Narbona Véliz

El comercio mundial en los últimos años ha recibido el impacto de la pandemia y de la crisis climática. Se ha evidenciado en esta vorágine la fragilidad de las cadenas de suministro; la expansión del comercio electrónico B2C  y de las plataformas globales de retail; la guerra comercial entre China y EEUU, decantando hacia un sistema multipolar de interdependencia compleja. Escenarios a los cuales se han añadido fenómenos climáticos extremos que, descarnadamente, han hecho sentir los límites de un modelo mundial basado en el crecimiento ilimitado, la concentración de la riqueza y el extractivismo depredador. Es en este contexto, que se plantean cambios concretos para frenar el uso del plástico, volver al uso de envases de vidrio. En esa mirada, el paradigma de la economía circular es Reducir, Reutilizar y Reciclar.

En esta emergencia global, los Estados, en instancias como la Organización Mundial del Comercio y la CEPAL, han encarado negociaciones internacionales para alcanzar compromisos que sintonicen con las decisiones políticas que se han venido planteando, de caminar hacia una economía circular.

CEPAL ha señalado “Los gobiernos y la sociedad apelan a que la recuperación de la recesión causada por la pandemia de Covid-19 sea más sostenible ambientalmente y con mayor igualdad. La salida de la crisis debería también permitir luchar contra la aceleración del cambio climático y mejorar la salud y prosperidad delas personas. Para 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta una caída promedio del producto interno bruto (PIB) del 9% para ALC y una contracción del valor de sus exportaciones de 23% (CEPAL, 2020b). El llamado de la CEPAL a que los países de América Latina y el Caribe (ALC) transiten hacia un modelo de desarrollo más sostenible y bajo en carbono adquiere aún mayor relevancia ante el contexto Covid-191. La aceleración hacia una economía circular (EC) aparece como un camino habilitador de ese nuevo modelo de desarrollo.”

Aterrizar hacia ese objetivo, exige generar una logística internacional que permita avanzar en ese trabajo colaborativo, para que residuos puedan ser movidos de un país a otro y para que los agentes económicos realicen el reciclaje y recuperación de ellos. La responsabilidad por los residuos contaminantes que dejan esparcidos los procesos productivos de bienes y servicios, se debe asumir en su integridad.

La impronta empresarial parece ser hoy de mayor compromiso para frenar el calentamiento global. Se han desarrollado formas de medir la responsabilidad empresarial, con sellos verdes que, en gran medida, son parte de un marketing planetario, de diferenciación verde, como criterios para evaluar el cumplimiento ecológico en el intercambio de bienes y servicios, acreditando la huella hídrica y la huella de carbono. El peso histórico de la economía mundial basada en combustibles fósiles, no es menor, y presiona en las negociaciones internacionales tratando de ganar tiempo, tiempo que el planeta no tiene. 

En esta misma línea, con criterios técnicos, la Organización Mundial de Aduanas, OMA, ha puesto en vigencia a partir de enero del año 2022 la séptima enmienda al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, incorporando a la nomenclatura mercancías de creciente movimiento en los flujos de comercio. Después de un trabajo de 6 años, en los cambios incorporadas al Sistema Armonizado, se han abierto partidas arancelarias para distintos tipos de residuos que podrán ser así  objeto de comercio internacional, en el nuevo concepto de economía circular.  La vigente Convención de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos peligrosos y su eliminación, permite a un Estado prohibir el ingreso de desechos tóxicos a su territorio. Con las aperturas de la 7ma Enmienda del SADCM, las operaciones de economía circular serán posibles porque la clasificación del desecho a tratar, podrá ser más precisa.                   

Al abrir la 7ª Enmienda, nuevas posiciones arancelarias desagregadas para residuos químicos, residuos de industria electrónica, residuos radiactivos, se podrá llevar una mejor estadística y se dejará una plataforma para clasificar en forma precisa mercancías que pueden ser objeto de comercio dentro de procesos de recuperación y reutilización. El Arancel chileno, a partir del 1° de enero 2022, rige con incorporación total de la 7ª enmienda al Sistema Armonizado.

Esto significa una visión nueva y, a partir de estas tendencias, se podrá generar oportunidades de eco-negocios, para lo cual se necesitará que el Estado, a través de Aduanas y la autoridad ambiental, fije reglas específicas para este tipo de operaciones. En la normativa aduanera existe la destinación o régimen suspensivo de “perfeccionamiento activo”, que permite que ingresen al país insumos extranjeros, para ser incorporados a un proceso industrial que se realiza en el país. Este tipo de régimen suspensivo se tendría que adecuar al tipo de servicio de reciclaje que se realizará sobre los residuos que ingresen. 

Por ejemplo, si miramos la contaminación por ropa usada que se ha ido apilando en nuestro desierto, en Tarapacá, ello es una actividad contaminante e irregular. En aplicación de la concepción de economía circular, Chile podría prohibir ese ingreso y  exigir que esos residuos de la industria textil o del vestuario, se traten como proyectos formales de reciclado, con cumplimiento tributario y los protocolos sanitarios o ambientales que corresponda, todo lo cual podría asegurar una recuperación o industrialización de esos residuos, para su exportación posterior o para ingreso reciclado al mercado local. Esto sería un logro, totalmente distinto a estar convertidos en un vertedero que provee a un comercio ilegal. Por el contrario, sería un ciclo formal de reciclaje, para el cual se autorizaría el ingreso de mercancías usadas o residuos. El importador debería justificar que se trata de un proceso de recuperación efectivo, según lo comentado,  y no de residuos contaminantes que llegan a un basurero. Se abren potencialidades para practicar la economía circular, en armonía con nuestro medio ambiente.

El incorporar al Arancel chileno las partidas de residuos extranjeros que ingresen y sean consignados a un agente económico local, que los recicla, los reconvierte, los repara, les agrega valor, significa que se podrían desarrollar industrias secundarias exportadoras de servicios, como reciclaje de celulares, de computadores, de vehículos y maquinarias, de escorias minerales, residuos, en fin, que sean parte de un ciclo económico circular, el que podría implicar distintos países, bajo la dirección de alguna empresa mayor que organiza el ciclo colaborativo y proporciona la logística necesaria, en una especie de clúster de reciclado.
Hernán Narbona Véliz, Periodista. Corresponsal Diario La Razón.cl, 17.02.2022

domingo, enero 30, 2022

Gobierno de Gabriel Boric, la participación es la clave


La movilización social participativa, la clave.

Los oropeles que circundan al poder siempre traen tentaciones, las que pueden debilitar a quien se obnubile. Por algo, el emperador romano llevaba  a su auriga soplándole al  oído 'recuerda que eres humano" 

Cuando la nueva coalición ha nominado su Gabinete y todos sus equipos, lo ha hecho con gran transparencia, pero ello no ha estado exento de  presiones.  El cuoteo es una amenaza que puede restar coherencia a la gestión pública. Pero, también se debe asumir que los equilibrios son importantes y hay que ordenar la tripulación para un viaje con turbulencias.  

Porque lo primordial  será la unidad de dirección que debe marcar el Jefe de Estado. El gobierno de Boric deberá marcar la ruta del cambio, pero, a la vez, deberá  administrar un aparato público que trae la inercia de los 50 años del modelo, con anclajes que se tendrán que desmontar en función de la legalidad presente, lo que significará que el Presidente deberá usar todas sus facultades para sus políticas estratégicas y así transitar hacia un derrotero distinto, una vez que se apruebe la nueva Constitución. 

Comprender los pasos estratégicos que se debe dar, significará una lectura compleja de los espacios que debe ocupar el gobierno con las reglas vigentes, tratando de elegir las batallas que debe dar, cimentando en la fuerza de la civilidad movilizada y participativa, los primeros pasos en el periodo marzo noviembre. 

Se sabe que la sociedad mediática dispone la fuerza comunicacional de medios concentrados y que buscará imponerle agenda al nuevo gobierno, tergiversar, desviar la atención, maximizar conflictos. Pero, también, es probable que haya fuego amigo, miradas cortoplacistas que buscan capitalizar emociones, exacerbar expectativas . Por ambas amenazas, el llevar un timón firme será crucial y el gobierno deberá ordenar sus energías. Para maximizar adhesión ciudadana tendrá  que ir sumando a los actores sociales, a los territorios, con una comunicación eficaz y permanente.

 En este aspecto,  una señal inmediata sería usar la legítima vía de los gobernadores electos, tomando de entrada la decisión de eliminar a los delegados presidenciales y provinciales, sin caer en la tentación de nombrar esas vacancias, sobre todo si esa figura va de contramano con la descentralización y la mayor autonomía de las regiones. Sería una inteligente medida que fortalecería a la fuerza social por los cambios, que representa Gabriel Boric. 

Si nos remontamos a 1990, cuando las élites que asumieron desmovilizaron a la civilidad, ese error politico no se debe repetir, si de verdad estamos comprometidos con el derrotero democrático que cambie el sistema en el mediano plazo, según lo determine el proceso constituyente. 

Hernán Narbona Véliz,  corresponsal Diario La Razón..cl 30.01.2022

jueves, diciembre 16, 2021

Fiscalización: voluntad política para hacer cumplir la ley


Fiscalización: voluntad política para hacer cumplir la ley

En los procesos de modernización del Estado, en el próximo gobierno de Gabriel Boric, se deberá trabajar en el fortalecimiento de los organismos fiscalizadores, reorientando sus energías con mayor eficacia, coordinación y descentralización, como un primer paso hacia un Estado Responsable, que retome las riendas del control fiscal, actuando en una economía mixta que evite la concentración económica y combata la evasión.

Alcanzar la necesaria mayor recaudación, que permita sustentar el mayor gasto público que requerirá asegurar  los derechos sociales, como salud, vivienda, educación, seguridad social, no debiera depender sólo de cambios legislativos, que de suyo representan un proceso complejo, sino partir desde la Presidencia de la República ordenando una gestión pública que rompa paradigmas, que termine con los compartimentos estancos en el ámbito de la Administración Pública, con un propósito de coherencia y eficacia. En este sentido, el Ejecutivo podrá articular una política fiscalizadora transversal que, con el liderazgo del primer mandatario y Jefe de Estado, decrete que los organismos fiscalizadores complementen sus competencias para enmendar situaciones que limitaron, en el marco del Estado Subsidiario, su autonomía y su potencial como Servicios Fiscalizadores. Lo que es un sentir de los trabajadores de Hacienda, es que exista una voluntad política manifiesta para dejar que se ejerza con idoneidad técnica y moral la función pública que la ley les fija, añadiendo la coordinación y complementación a través de planes maestros contra la evasión tributaria.

 El gobierno debe lograr que la energía fiscalizadora se concentre y despliegue profesionalmente, desde el 11 de marzo en adelante, para aplicar la energía fiscalizadora del Estado, con toda la legalidad vigente, en aquellas áreas en que los trabajadores de Hacienda conocen y que son ámbitos que permiten la elusión o evasión de impuestos y que han generado espacios de omisión fiscalizadora o falta de rigurosidad en la fiscalización ejercida.

El próximo gobierno democrático deberá colocar las mayores energías en una gestión eficaz de los organismos fiscalizadores, la cual, al mismo tiempo, deberá ser coherente y descentralizada. Trasladar capacidades de fiscalización a los espacios regionales, sería una medida de carácter emblemático, evitando con ello que existan cúpulas centrales, que toman decisiones respecto a planes de fiscalización y auditorías que ocurren en los territorios. Exigir que se tribute donde se produce sería una medida en esta dirección.

Será el deber del próximo Gobierno viabilizar los principios  que se fije en la Convención Constitucional, en materia de ingresos fiscales. Ello exige recuperar la capacidad del Ejecutivo en cuanto liderar y conducir al Estado a esta dimensión fiscalizadora que garantice que los Derechos Sociales, hasta ahora mercantilizados, puedan ser asegurados con una mirada de bien común.

El sentimiento de compromiso de los funcionarios públicos dependerá de que sientan que existe voluntad política real por imponer la ética y la transparencia en la función fiscalizadora, entendiendo que se les dejará aplicar la ley y llegar a fondo en el objetivo de la fiscalización, sin que los grupos de presión, el tráfico de influencias, detenga, distorsione o entrabe la labor de los equipos fiscalizadores. Este aspecto es crucial si se aspira a un cambio ético en la gestión pública y una revalidación de la función pública al servicio de los intereses de Estado y no de los gobiernos de turno.  

Poder cumplir con esa misión, exigirá reformular esta dimensión de Estado Probo y Fiscalizador, que genere los  ingresos al erario público, con una gestión coherente, transparente y equitativa en todos los ámbitos del aparato público.

Gabriel Boric lo expresó en distintos debates: sabrá escuchar y las políticas públicas las formulará escuchando a los trabajadores. En esta línea, el futuro Presidente de Chile debe saber que los trabajadores de Hacienda esperan ponerse al servicio de los grandes intereses de Estado que se definan en la Convención Constitucional.

El Estado al que aspiramos debe conducir la inserción internacional del país y esto implica revisar a fondo las asimetrías que enfrenta una economía centrada en las exportaciones primarias como la minería, erradicando las malas prácticas con que se ha manejado el extractivismo, sin  responsabilidad ambiental, eludiendo o evadiendo el debido pago de tributos.

Una fiscalización aduanero tributaria eficaz, que aplique con inteligencia y rigurosidad las leyes y tratados internacionales que el Estado de Chile ha suscrito, uniendo competencias del Servicio Nacional de Aduanas y del SII, permitiría fiscalizar el comercio exterior en defensa del interés nacional, lo que podría llevar, incluso sin subir los impuestos, sino determinándolos con rigurosidad, a un aumento importante en la recaudación.

Proponer un Estado que en su rol Fiscalizador haga cumplir, ni más ni menos , la ley significa recuperar la legitimidad y asegurar la autonomía efectiva de los organismos fiscalizadores, exigiéndoles complementariedad y unidad de dirección, para alcanzar una mirada coherente de Estado, en defensa del interés fiscal, evitando la fuga de divisas y la evasión. Necesariamente, poder reorientar al país hacia un Estado de Derechos, requiere una política fiscalizadora eficaz y eso parte logrando una gestión pública fiscalizadora bien orientada, que erradique cajas negras y la corrupción asociada.

Hernán Narbona Véliz, Administrador Público, Periodismo Independiente, Diario La Razón.cl, 16/diciembre/2021

 

 

Una mirada libre a nuestro entorno

domingo, noviembre 28, 2021

Narcotráfico: hacia un Estado Fiscalizador Efectivo


El programa de Kast, soslaya el fenómeno de corrupción de las policías, busca profundizar en la doctrina de seguridad interior del Estado, criminalizando toda protesta social y ofreciendo legalidad para excesos policiales que transgreden convenciones internacionales en materia de DDHH. La propuesta democrática de Boric se centra en la recuperación de los espacios públicos, entregando un rol protagónico a la ciudadanía organizada y a las autoridades locales y regionales, Alcaldes y Gobernadores, con una coordinación eficaz del Estado, para alinear a distintos organismos públicos en una misión clara y potente, como lo sería el desmantelamiento financiero de las bandas criminales

 


El diagnóstico es duro en materia de seguridad pública. El Instituto Nacional de Estadísticas indica en el Informe Anual de Estadísticas Policiales de 2019 que el 86,2% de los casos policiales a cargo de Carabineros no concluye en detenciones. Que, del total de denuncias a la PDI, un 58,2% corresponde a Delitos de Mayor Connotación Social. Existe una cifra negra del delito que alcanza al 64,9% y la percepción ciudadana de que los delitos han aumentado alcanza un 76,8%.

Todos los indicadores apuntan a que Chile sufre desprotección en las comunas de mayor densidad y de menores recursos. Ha existido una objetiva y creciente falta de eficacia por parte del Gobierno de Sebastián Piñera, que fue elegido, precisamente, por su promesa de campaña, de terminar con la delincuencia, la cual se ha desbordado y aumentado en su violencia, ocupando territorios urbanos en todo Chile. Sobre este tema, existen diagnósticos diferentes, en los programas de los dos candidatos presidenciales en carrera para la segunda vuelta.

La variable corrupción es parte medular de la falta de seguridad en Chile. Que la plana mayor de Carabineros haya sido imputada por malversación de recursos públicos; que lo propio haya ocurrido en el Ejército y, en el caso reciente, con el Ex Director general de la PDI, ha constituido una serie de hechos en los que se ha faltado a la probidad , afectando la moral institucional a todo nivel.

Cuando, frente al financiamiento ilegal de la política, se desplegó en el gobierno de Michelle Bachelet una operación conducente a frenar las causas por delitos tributarios que se habían configurado a partir de los hechos investigados, se coartaron las facultades de la Fiscalía para investigarlos, enviando el Director de SII los casos a la vía administrativa de regularización, pese a haberse configurado delitos tributarios. Esto no deja de pesar en la memoria de los funcionarios de SII, quienes, de manera profesional y acuciosa, evidenciaron la emisión de facturas ideológicamente falsas, para justificar financiamientos ilícitos e impropios que recibían los políticos de SQM, PENTA y Corpesca.

La corrupción transversal, el tráfico de influencias, debilitó la legitimidad de las instituciones imbricadas en esta operación de encubrimiento y con esto se dio un golpe de gracia a los principios de integridad que la Constitución y las leyes determinaban para quienes ejercen funciones públicas.  Sin lugar a dudas, este proceso oscuro llevó a la impunidad en materia de delitos económicos y debilitó la autonomía y las facultades fiscalizadoras de organismos como el Servicio de Impuestos Internos, lo cual, en definitiva, dejó en total falencia al Estado que debe regular y aplicar la legalidad vigente. Esta variable, repito, ha sido relevante en las causas profundas del estallido social de octubre 2019, ya que incrementó el descontento social frente a la corrupción estructural y transversal observada.

El programa de Gabriel Boric, en materia de Seguridad Ciudadana, se focaliza en hacer más eficaz la acción de las policías, apuntando a una reformulación estructural de las mismas, para orientar sus energías al combate del delito principal que agobia a la población, el narcotráfico y sus redes. Frente a lo mismo, el programa de Kast, soslaya el fenómeno de corrupción de las policías, busca profundizar en la doctrina de seguridad interior del Estado, criminalizando toda protesta social y ofreciendo legalidad para excesos policiales que transgreden convenciones internacionales en materia de DDHH. Kast señala que el gobierno actual ha sido débil en ejercer sus atribuciones, justificando  así la represión y la militarización de la Araucanía, ofreciendo potenciar más el brazo represivo del Estado.

Por su parte, la propuesta democrática de Boric se centra en la recuperación de los espacios públicos, entregando un rol protagónico a la ciudadanía organizada y a las autoridades locales y regionales, Alcaldes y Gobernadores. Llegar a una coordinación eficaz del Estado, habrá de significar un esfuerzo mayúsculo de liderazgo para alinear a distintos organismos públicos en una misión clara y potente, como lo sería el desmantelamiento financiero de las bandas criminales, con una eficacia que resulte de la acción colaborativa y coordinada de instituciones públicas que hoy permanecen como estancos, dentro de competencias limitadas por el poder político de turno.

En este orden de ideas, en este aspecto de seguridad ciudadana, el Gobierno de Boric deberá focalizar las energías en el problema de fondo del narcotráfico, cual es el financiamiento del mismo y los instrumentos de lavado de activos que va asociado a estos delitos. Pero, deberá tener para ello, una férrea voluntad política para eliminar las malas prácticas que limitan la autonomía o distorsionan la función fiscalizadora del Estado.

Se lee en el Programa de Gobierno de Gabriel Boric la urgencia en recuperar los espacios públicos y, con ello, se habla de asegurar un accionar participativo en los territorios. Para proteger a los pobladores de las bandas enquistadas en los barrios, se deberá reenfocar a Carabineros a su rol clásico de servidores públicos que deben proteger a la población. Esto significará una redistribución de sus efectivos en todos los barrios y comunas del país.

Sin la demagogia recurrente de incrementar el número de policías, el objetivo central de un gobierno democrático será gestionar, con una fuerte coordinación, los organismos que tienen injerencia y competencias para atacar este flagelo. Territorializar el ataque a los carteles establecidos en Chile, requerirá la participación proactiva de la ciudadanía, de los Alcaldes y Gobernadores. Y en la coordinación de instituciones, se deberá sumar esfuerzos en forma colaborativa y desburocratizada. En este esfuerzo prioritario deberán estar los Servicios de Aduanas e Impuestos Internos con sus cuerpos especializados , la Unidad de Análisis Financiero, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Ministerio Público, la PDI, entre otros, generando equipos integrados para dirigir de manera unificada la prevención y persecución de estos ilícitos.

A nivel de los funcionarios públicos existe una gran expectativa en que, con una nueva impronta de gestión pública, el Estado deje de ser un coto de caza que se distribuye entre los partidos en un perverso cuoteo político, que lleva a la incorporación de operadores sin experiencia ni competencia, ocupando niveles directivos en desmedro de funcionarios de carrera. El gran potencial para cumplir con este interés de Estado es empoderar a las instituciones, respetando su autonomía fiscalizadora, devolviéndoles las facultades cercenadas por el efecto corrupción reseñado. Esto daría una gran potencia y legitimidad a la lucha profunda y real contra el narcotráfico.   

Hernán Narbona Véliz, Diario La Razón.cl, 28.11.2021

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lunes, septiembre 27, 2021

“Queremos que la cultura empape las políticas públicas en forma transversal”

El Movimiento Fuerza Cultural, en alianza con el Partido Igualdad, de la coalición Dignidad Ahora, postula a Sebastián Milos como candidato a Diputado por el Distrito 10 de Santiago. Conversamos con él en Diario La Razón - Periodismo Independiente.


Al alero del pacto político  Dignidad Ahora, en el Distrito 10, el Movimiento Fuerza Cultural  postula a su miembro fundador, SebastiánMilos como candidato a Diputado, para las elecciones de noviembre.

Fuerza Cultural nació después de la explosión social de octubre como expresión de los trabajadores del ámbito cultural, que se sumaban en ese momento a los reclamos ciudadanos de cambios profundos.




Como expresión sectorial, este movimiento realizó cabildos, conversatorios ciudadanos que confluyeron en un Seminario que durante 3 días y en 14 paneles desplegaron diferentes miradas a la diversidad cultural de Chile y la forma cómo querían ser considerados los agentes culturales y los artistas, creadores, en la nueva Constitución. De hecho, el movimiento Fuerza Cultural apoyó a independentes que se postulaban a convencionales, al alero de diferentes coaliciones, con la impronta de aportar una mirada desde la sociedad civil y las comunidades en su expresión multidisciplinaria.

Una gran crítica que se hace desde la Cultura a las políticas de cultura del sistema, es haber mercantilizado la cultura y haberla manipulado desde el poder, principalmente al implementar los fondos concursables, que fomentaron el individualismo y generaron intermediaciones entre las autoridades y el mundo cultural, que entendieron la cultura como administración de eventos, excluyendo a quienes tenían posturas críticas, contestatarias o de oposición abierta al modelo dominante. Se generó así una fragmentación del mundo cultural, con algunas élites favorecidas y una gran mayoría disgregada y dispersa. “Nunca más la Cultura como vagón de cola” “Nunca más teloneros de los políticos”, fueron expresiones desde Fuerza Cultural. En las elecciones de mayo 2021 lograron que resultaran electos, candidatos que provenían desde la cultura, como fue el caso emblemático de Malucha Pinto, quien ha destacado en la Convención Constitucional por su mirada y su aporte en la creación de la Comisión de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, Cultura, Artes y Patrimonio, en la discusión del Reglamento de la Convención Constitucional.

Diario La Razón conversó con Sebastián Milos, candidato a Diputado por el Distrito 10,  fundador de Fuerza Cultural, al lanzamiento de su candidatura. Esta conversación, en el video adjunto.


Diario La Razón, Hernán Narbona Véliz, 27.09.2021

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