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domingo, enero 23, 2022

Volver de nuevo la vista a la integración regional


 


 

Volver de nuevo la vista a la integración regional

En el umbral del gobierno de Gabriel Boric, es oportuno rescatar experiencias exitosas de cooperación regional, en especial con la Argentina, generando una nueva impronta de cooperación bilateral, en sintonía con la descentralización y el nuevo Estado Regional que se postula desde el proceso constituyente en marcha.

En el ánimo de generar conversaciones que vayan nutriendo nuevas relaciones con nuestros vecinos, quiero dejar este  registro de una experiencia generacional de cooperación, vivida desde la sociedad civil y los territorios.

La Argentina de Cámpora acogió una importante corriente de chilenos perseguidos por la dictadura a partir del 73, que debieron salir del país, en búsqueda de refugio y seguridad. Fue una mano fraterna que permitió salvar muchas vidas, estableciendo una red de protección que permitió a miles de compatriotas partir desde Buenos Aires a Europa, Canadá, Australia.  Pero, en junio de 1974 moría Perón y se precipitaba un negro período que llevaría en 1976 a una sangrienta dictadura, en una doctrina de exterminio que cubrió todo el cono sur.

Fui un inmigrante en ese tiempo y viví más de 7 años en Buenos Aires. Como todos los argentinos viví la negra época de la dictadura, esquivando sus zarpazos. De ese inicio familiar nos quedó nuestra hija del medio, nacida en Palermo. Desarrollé mi vida profesional con éxito, nuestros hijos vivieron su primera infancia  en torno al jardín botánico, al zoológico. Cursé mi postítulo en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador, allí en el barrio de Once. Se generaron lazos imborrables, siguiendo de cerca la realidad que los medios ocultaban. Chile y Argentina habían vivido la casi guerra de 1978, etapa que viví en Buenos Aires percibiendo la escalada belicista desde la city porteña por donde trabajaba.   Cuando la economía trasandina se vino abajo con la recesión del Ministro Martínez de Hoz, antes de la guerra de Las Malvinas, con mi familia decidimos volver a Chile, viviendo un duro reinicio local, ya que comprobé que formaba parte de las listas negras de la dictadura, a quienes se nos prohibía trabajar en nuestra área profesional. Diversificando proyectos y en medio de la profunda crisis económica de 1982, me pude insertar en la vida académica y, en paralelo, comencé a escribir libros técnicos en Comercio Exterior y Aduanas, lo que me abrió espacios en la academia como profesor de la Escuela de Ingeniería de Transporte de la entonces Universidad Católica de Valparaíso, desde 1983.

En 1985 se firmaba el Acuerdo de Paz Perpetua entre Chile y Argentina, luego de los buenos oficios del Papa y su delegado, el Cardenal Antonio Samoré. Con ese tratado se consolidaba una paz que nunca debió verse amenazada.

A fines de 1985, viajé a Mendoza para conocer del proceso de recuperación democrática que estaba ocurriendo. En esa visita, lo oficial fue conversar con el Rector de la Universidad Nacional de Cuyo,  poeta y amigo, Luis Triviño, primer Rector en democracia. Le propuse esa tarde la idea de formar una red de universidades, de Cuyo y la V Región, que se comprometieran con la integración entre nuestras regiones. Asumíamos la realidad política de un Chile que aún luchaba por recuperar la democracia y una Argentina que en suerte ya lo había logrado, después de la tragedia de las Malvinas. Luis esa misma tarde me llevó a un Instituto de corriente peronista, el Insteco, donde me presentó a Rodolfo Gabrielli y seguidamente a José Octavio Bordón, entonces Gobernador de Mendoza y quien fuera Embajador de Argentina en Chile, pero entonces, simplemente el “Pilo Bordón”.

Rápidamente surgió el proyecto y regresé a Chile a plantearlo al Rector Juan Enrique Froemel, quien respaldó mi iniciativa y formalizó la creación del Consejo Académico de Integración Chileno Argentina, del cual fui el Secretario Ejecutivo. Se sumaron las universidades de Valparaíso, Playa Ancha, la Federico Santa María. Del lado argentino se organizó un capítulo que agrupaba a todas las universidades de Cuyo, tales como la Champagnat, la Congreso, la Aconcagua, el Insteco y la UNC. El resultado de esta aventura fue la realización de sendas Jornadas por la Integración Chileno Argentina que se realizaron en Viña del Mar y en Mendoza, en un hecho político sin parangón histórico, ya que, por primera vez, se articulaba un eje de cooperación a nivel de regiones y no por la vía de las capitales.

170 empresarios, políticos y académicos debatieron en el Hotel O’Higgins de Viña del Mar por más de una semana. La integración física, el corredor bioceánico, la integración cultural, la complementación de las dos economías, fueron algunos de los temas tratados. Al proyecto se sumaron las federaciones de estudiantes y surgió una dinámica que tuvo diversos canales. Y, lo más trascendente, por primera vez un Gobernador de una Argentina democrática, José Octavio Bordón, compartía testera con un Intendente Regional del régimen militar, el Almirante Pablo Wunderlich, quien había tenido un rol importante en la crisis de 1978. Los caminos de la paz y la democratización regional se abrieron con la mirada de futuro que construimos a partir de esta experiencia. El hecho fue relevado por las Cancillerías de ambos países y marcó un hito en la integración micro regional.

Con el advenimiento de la democracia en Chile, las cosas volvieron a su realidad centralista, pero en la retina de una generación quedó esa experiencia en donde universitarios, académicos, políticos de diverso signo, empresarios, se comprometieron con la paz y la colaboración en este eje de integración, que tiene un destino de integración física común.

Posteriormente, la vida me llevó a reencontrarme con la Argentina  trabajando como Consultor del Centro Interamericano de Comercialización de la OEA, desde donde pude colaborar con cámaras de comercio y universidades de diversas regiones, en especial Entre Ríos, Tucumán, Córdoba, La Rioja. En Chamical, localidad de la Rioja, en una ocasión expuse sobre el rol de los medios de comunicación en los procesos de integración. En la mesa académica como anfitrión del Encuentro estaba Carlos Saúl Menem, con su mejor pinta de Facundo Quiroga, antes que viniera a recibir las llaves de la ciudad de Valparaíso en los noventa, cuando ya lo hizo con un look de yuppie. Durante el gobierno de Aylwin, creamos en Valparaíso el Instituto Chileno Argentino de Cultura.

Entre el 2007 y el 2013, mis lazos con Argentina se centraron en el eje de ATACALAR, proyecto de integración en el que participan la región de Atacama, por el lado chileno, y las provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba, por el lado argentino. Por 7 años viví esa experiencia, fundamentalmente impulsando desde la Aduana chilena, el eje que cruza por los pasos de Pircas Negras y San Francisco.

Como lo decía Raúl Scalabrini Ortíz, fui ese hijo adoptivo de Buenos Aires, que se acodaba en Corrientes y Esmeralda a contemplar la vida, con esa filosofía particular del citadino que recrea sus lecturas y sus sueños, encontrando espacios generosos en la Argentina. En distintos momentos, la idea fuerza libertaria de la integración por la base fue consolidándose como mirada al barrio, América.

 Por ello,  levantar nuevamente la vista a la colaboración, a la unidad de propósitos, debiera significar el rescate de estas experiencias que han sido iniciativas de la sociedad civil, cámaras empresariales, universidades, organizaciones estudiantiles y sociales, actores políticos. Para capitalizar en la mirada democrática de los nuevos tiempos, el largo derrotero que nuestros pueblos han desarrollado a lo largo de nuestra extensa frontera.

Pensar en que se pueda hacer realidad a breve plazo el sueño de Gobernadores democráticamente electos, a las dos puntas del camino, resulta emocionante. Con regiones en Chile empoderadas se podrán construir proyectos pertinentes de colaboración horizontal a nivel de Comités de Fronteras, lo que marcará un cambio cualitativo frente a la mirada centralista que ha imperado hasta la fecha.

 Para poder planificar, en alianzas estratégicas, complementación energética, turismo, intercambio cultural, joint ventures en servicios, espacios micro regionales de tráfico fronterizo, entre otros espacios de colaboración. Tal como lo viviéramos en el eje Cuyo Valparaíso con el CAI. Consejo Académico de Integración, donde se llegó al diseño de programas educativos en complementación.

Espacios actuales y urgentes para cimentar un respeto a la naturaleza,  erradicando la depredación de los glaciares y desmantelando las hipótesis de conflictos vía cooperación, con roles proactivos de la sociedad civil y los territorios.

Soplan aires de cooperación en una nueva era y con una savia joven que trae la misión de salvar el planeta, se podrá superar las divisiones inventadas por intereses foráneos, que dividen para reinar.

 Esta tribuna del diario La Razón.cl  nos permitirá seguir conversando, rindiendo su merecido reconocimiento a los pioneros y motivando a los jóvenes para que profundicen este acercamiento cultural, con el ánimo de colaboración y complementación innovadora, por encima de los gobiernos, en esa dinámica que es de sangre, de hermandad, de música y poesía. Por todo este cúmulo de recuerdos, iniciemos nuestras conversaciones. La memoria debe ayudar a iluminar un futuro común, de aprendizaje y hermandad.


Hernán Narbona Véliz, 23  enero, 2022, Periodismo Independiente. Corresponsal Diario La Razón.cl en Valparaíso
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jueves, diciembre 16, 2021

Fiscalización: voluntad política para hacer cumplir la ley


Fiscalización: voluntad política para hacer cumplir la ley

En los procesos de modernización del Estado, en el próximo gobierno de Gabriel Boric, se deberá trabajar en el fortalecimiento de los organismos fiscalizadores, reorientando sus energías con mayor eficacia, coordinación y descentralización, como un primer paso hacia un Estado Responsable, que retome las riendas del control fiscal, actuando en una economía mixta que evite la concentración económica y combata la evasión.

Alcanzar la necesaria mayor recaudación, que permita sustentar el mayor gasto público que requerirá asegurar  los derechos sociales, como salud, vivienda, educación, seguridad social, no debiera depender sólo de cambios legislativos, que de suyo representan un proceso complejo, sino partir desde la Presidencia de la República ordenando una gestión pública que rompa paradigmas, que termine con los compartimentos estancos en el ámbito de la Administración Pública, con un propósito de coherencia y eficacia. En este sentido, el Ejecutivo podrá articular una política fiscalizadora transversal que, con el liderazgo del primer mandatario y Jefe de Estado, decrete que los organismos fiscalizadores complementen sus competencias para enmendar situaciones que limitaron, en el marco del Estado Subsidiario, su autonomía y su potencial como Servicios Fiscalizadores. Lo que es un sentir de los trabajadores de Hacienda, es que exista una voluntad política manifiesta para dejar que se ejerza con idoneidad técnica y moral la función pública que la ley les fija, añadiendo la coordinación y complementación a través de planes maestros contra la evasión tributaria.

 El gobierno debe lograr que la energía fiscalizadora se concentre y despliegue profesionalmente, desde el 11 de marzo en adelante, para aplicar la energía fiscalizadora del Estado, con toda la legalidad vigente, en aquellas áreas en que los trabajadores de Hacienda conocen y que son ámbitos que permiten la elusión o evasión de impuestos y que han generado espacios de omisión fiscalizadora o falta de rigurosidad en la fiscalización ejercida.

El próximo gobierno democrático deberá colocar las mayores energías en una gestión eficaz de los organismos fiscalizadores, la cual, al mismo tiempo, deberá ser coherente y descentralizada. Trasladar capacidades de fiscalización a los espacios regionales, sería una medida de carácter emblemático, evitando con ello que existan cúpulas centrales, que toman decisiones respecto a planes de fiscalización y auditorías que ocurren en los territorios. Exigir que se tribute donde se produce sería una medida en esta dirección.

Será el deber del próximo Gobierno viabilizar los principios  que se fije en la Convención Constitucional, en materia de ingresos fiscales. Ello exige recuperar la capacidad del Ejecutivo en cuanto liderar y conducir al Estado a esta dimensión fiscalizadora que garantice que los Derechos Sociales, hasta ahora mercantilizados, puedan ser asegurados con una mirada de bien común.

El sentimiento de compromiso de los funcionarios públicos dependerá de que sientan que existe voluntad política real por imponer la ética y la transparencia en la función fiscalizadora, entendiendo que se les dejará aplicar la ley y llegar a fondo en el objetivo de la fiscalización, sin que los grupos de presión, el tráfico de influencias, detenga, distorsione o entrabe la labor de los equipos fiscalizadores. Este aspecto es crucial si se aspira a un cambio ético en la gestión pública y una revalidación de la función pública al servicio de los intereses de Estado y no de los gobiernos de turno.  

Poder cumplir con esa misión, exigirá reformular esta dimensión de Estado Probo y Fiscalizador, que genere los  ingresos al erario público, con una gestión coherente, transparente y equitativa en todos los ámbitos del aparato público.

Gabriel Boric lo expresó en distintos debates: sabrá escuchar y las políticas públicas las formulará escuchando a los trabajadores. En esta línea, el futuro Presidente de Chile debe saber que los trabajadores de Hacienda esperan ponerse al servicio de los grandes intereses de Estado que se definan en la Convención Constitucional.

El Estado al que aspiramos debe conducir la inserción internacional del país y esto implica revisar a fondo las asimetrías que enfrenta una economía centrada en las exportaciones primarias como la minería, erradicando las malas prácticas con que se ha manejado el extractivismo, sin  responsabilidad ambiental, eludiendo o evadiendo el debido pago de tributos.

Una fiscalización aduanero tributaria eficaz, que aplique con inteligencia y rigurosidad las leyes y tratados internacionales que el Estado de Chile ha suscrito, uniendo competencias del Servicio Nacional de Aduanas y del SII, permitiría fiscalizar el comercio exterior en defensa del interés nacional, lo que podría llevar, incluso sin subir los impuestos, sino determinándolos con rigurosidad, a un aumento importante en la recaudación.

Proponer un Estado que en su rol Fiscalizador haga cumplir, ni más ni menos , la ley significa recuperar la legitimidad y asegurar la autonomía efectiva de los organismos fiscalizadores, exigiéndoles complementariedad y unidad de dirección, para alcanzar una mirada coherente de Estado, en defensa del interés fiscal, evitando la fuga de divisas y la evasión. Necesariamente, poder reorientar al país hacia un Estado de Derechos, requiere una política fiscalizadora eficaz y eso parte logrando una gestión pública fiscalizadora bien orientada, que erradique cajas negras y la corrupción asociada.

Hernán Narbona Véliz, Administrador Público, Periodismo Independiente, Diario La Razón.cl, 16/diciembre/2021

 

 

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lunes, octubre 26, 2020

Cimentar una Constitución en el Bien Común

Cimentar una Constitución en el Bien Común

Estamos en el día después del plebiscito para Aprobar el cambio de la Constitución heredada de la dictadura y la forma de realizarlo. El pueblo fue muy claro al votar en un 77%  por el Apruebo y optar por la Convención Constitucional, por un 80% de los votos emitidos. Esto último, ha sido dejar clarísimo que Chile no acepta que sean los mismos políticos, que son cómplices de estos 30 años de pseudo democracia representativa, los que pretendan redactar la nueva constitución.

La oportunidad de recoger el guante que nos ofrece la historia, significa generar poder constituyente desde las organizaciones sociales, los colegios profesionales, las organizaciones gremiales y sindicales.

La política está ahora, desde el 18 de octubre de 2019, en la ciudadanía, instalada en la calle, a fuerza de movilizaciones, exclusiones y muerte de mapuches, dirigentes sociales y jóvenes que abrieron camino, en un largo camino de movilizaciones y frustraciones acumuladas.

Tenemos que construir un Estado Responsable que se haga cargo de asegurar los derechos sociales, el desarrollo sustentable y la justicia social. Ese esfuerzo significa redimensionar la institucionalidad para darle a la sociedad civil canales permanentes de participación y fiscalización, con capacidad de iniciativa legislativa y de revocación del mandato.

La clase política que se vendió al modelo neoliberal será pasado ignominioso, porque lo que viene depende de la capacidad y sentido común de los territorios.

El pueblo no debe dar un cheque en blanco a los constituyentes, sino que los debe mandatar con un plan de acción, que fije las sensibilidades populares para que, con convicción técnico jurídica y esa legitimidad otorgada por el soberano, el delegado constituyente pueda defender y generar mayorías en pro de esos principios. Los constituyentes deben ser los interlocutores que canalicen la energía de la base social y esto debe ser reglamentado en la Convención Constitucional para ser un método de trabajo democrático, con una comunicación permanente entre el pueblo llano y la Convención Constituyente.

Como órgano soberano, la Convención Constitucional puede, y es conveniente que lo haga, fijar en el reglamento para su trabajo, la realización de plebiscitos vinculantes para ir fijando el avance de los capítulos temáticos de la nueva Constitución. Hay experiencia constituyente valiosa en países como Sudáfrica y su Constitución plurinacional. Ese aprendizaje forma parte del desafío para una democracia profunda.

Cuando se fijen estas formas democráticas de llevar el trabajo constituyente, el pueblo recuperará confianza en la política, se depondrán los prejuicios, dogmas y etiquetas con las que nos han dividido, para generar una unidad basada en la sensatez de la base social empoderada, sobre la base  de programas de corto, mediano y largo plazo, conformando un gran camino hacia una sociedad más justa.

En esos escenarios, esa abstención que llega hoy al 49% del electorado potencial, irá diluyéndose en una política nueva, manejada desde los barrios, las comunas, las regiones, en un tejido social que ejerce la soberanía constante. Y eso que planteo no es utopía, sólo requiere sensatez para ir debatiendo, articulando una voluntad política colectiva, que se enclave en principios de bien común y solidaridad, erradicando los vicios y corruptelas que hoy asolan nuestra institucionalidad.

Construir un Estado diferente requerirá reingeniería profunda, prioritariamente para sacar los derechos sociales de la visión mercantil del actual sistema, generando un Estado que sea capaz de generar inversión, con descentralización y participación de los territorios, que deberán aprender este nuevo estilo proactivo de construir sueños colectivos, autogestión y proyectos asociativos.

Hay sectores que, desde la evidencia de 47 años de un Estado cooptado y corrompido para beneficiar los grupos económicos, plantean la desaparición del Estado como máxima organización de la sociedad. La respuesta a ellos es que no se puede construir desde una autoridad licuada, que lo que debemos buscar es un Estado que se sacuda sus vicios y recupere su esencia para la protección de la vida, la seguridad de la población frente al narcotráfico y el crimen organizado, el desarrollo descentralizado de los territorios, cambiando el capitalismo salvaje por relaciones de colaboración y justicia social, procurando una paz estable con nuestros vecinos, basada en la cooperación.

Reactivar la economía habrá de significar que se eliminen los mecanismos que han favorecido la concentración de la riqueza, erradicando la corrupción asociada que se despliega hacia un Estado cooptado. Se debe fomentar una industria alejada de esos vicios, la que en principio ha sido víctima del poder hegemónico de los grandes grupos.

Es un tema el reorientar la energía del Estado en lo económico, procurando inversiones propias o asociadas, recuperando su rol conductor de un desarrollo sólido de un sistema productivo nacional. Lo que significará fiscalizar debidamente el quehacer económico, eliminando las prácticas depredadoras de los grupos económicos, eliminando subsidios y tratos fiscales preferentes que los han beneficiado por décadas, que han llevado a la concentración de la riqueza, la evasión fiscal y la depredación de los recursos naturales.

Volver al fomento de una industria nacional que de valor agregado a nuestros recursos naturales, con una expansión de la mediana empresa y los emprendimientos, debiera ser parte de la redefinición de la economía que se oriente al bien común, sobre lo cual existe un largo camino por recorrer.


Periodismo Independiente, 26 Octubre,2020.

 

 

 

 




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