Cimentar una Constitución en el Bien Común
Estamos en el día después del
plebiscito para Aprobar el cambio de la Constitución heredada de la dictadura y
la forma de realizarlo. El pueblo fue muy claro al votar en un 77% por el Apruebo y optar por la Convención
Constitucional, por un 80% de los votos emitidos. Esto último, ha sido dejar
clarísimo que Chile no acepta que sean los mismos políticos, que son cómplices
de estos 30 años de pseudo democracia representativa, los que pretendan redactar
la nueva constitución.
La oportunidad de recoger el
guante que nos ofrece la historia, significa generar poder constituyente desde
las organizaciones sociales, los colegios profesionales, las organizaciones
gremiales y sindicales.
La política está ahora, desde el
18 de octubre de 2019, en la ciudadanía, instalada en la calle, a fuerza de
movilizaciones, exclusiones y muerte de mapuches, dirigentes sociales y jóvenes
que abrieron camino, en un largo camino de movilizaciones y frustraciones
acumuladas.
Tenemos que construir un
Estado Responsable que se haga cargo de asegurar los derechos sociales, el
desarrollo sustentable y la justicia social. Ese esfuerzo significa
redimensionar la institucionalidad para darle a la sociedad civil canales
permanentes de participación y fiscalización, con capacidad de iniciativa legislativa
y de revocación del mandato.
La clase política que se
vendió al modelo neoliberal será pasado ignominioso, porque lo que viene
depende de la capacidad y sentido común de los territorios.
El pueblo no debe dar un cheque
en blanco a los constituyentes, sino que los debe mandatar con un plan de
acción, que fije las sensibilidades populares para que, con convicción técnico
jurídica y esa legitimidad otorgada por el soberano, el delegado constituyente pueda
defender y generar mayorías en pro de esos principios. Los constituyentes deben
ser los interlocutores que canalicen la energía de la base social y esto debe
ser reglamentado en la Convención Constitucional para ser un método de trabajo
democrático, con una comunicación permanente entre el pueblo llano y la Convención
Constituyente.
Como órgano soberano, la
Convención Constitucional puede, y es conveniente que lo haga, fijar en el
reglamento para su trabajo, la realización de plebiscitos vinculantes para
ir fijando el avance de los capítulos temáticos de la nueva Constitución. Hay
experiencia constituyente valiosa en países como Sudáfrica y su Constitución
plurinacional. Ese aprendizaje forma parte del desafío para una democracia
profunda.
Cuando se fijen estas formas
democráticas de llevar el trabajo constituyente, el pueblo recuperará confianza
en la política, se depondrán los prejuicios, dogmas y etiquetas con las que nos
han dividido, para generar una unidad basada en la sensatez de la base social
empoderada, sobre la base de programas
de corto, mediano y largo plazo, conformando un gran camino hacia una sociedad
más justa.
En esos escenarios, esa
abstención que llega hoy al 49% del electorado potencial, irá diluyéndose en
una política nueva, manejada desde los barrios, las comunas, las regiones, en
un tejido social que ejerce la soberanía constante. Y eso que planteo no es
utopía, sólo requiere sensatez para ir debatiendo, articulando una voluntad
política colectiva, que se enclave en principios de bien común y solidaridad,
erradicando los vicios y corruptelas que hoy asolan nuestra institucionalidad.
Construir un Estado diferente
requerirá reingeniería profunda, prioritariamente para sacar los derechos
sociales de la visión mercantil del actual sistema, generando un Estado que sea
capaz de generar inversión, con descentralización y participación de los
territorios, que deberán aprender este nuevo estilo proactivo de construir
sueños colectivos, autogestión y proyectos asociativos.
Hay sectores que, desde la
evidencia de 47 años de un Estado cooptado y corrompido para beneficiar los
grupos económicos, plantean la desaparición del Estado como máxima organización
de la sociedad. La respuesta a ellos es que no se puede construir desde una
autoridad licuada, que lo que debemos buscar es un Estado que se sacuda sus
vicios y recupere su esencia para la protección de la vida, la seguridad de la
población frente al narcotráfico y el crimen organizado, el desarrollo descentralizado
de los territorios, cambiando el capitalismo salvaje por relaciones de
colaboración y justicia social, procurando una paz estable con nuestros
vecinos, basada en la cooperación.
Reactivar la economía habrá de
significar que se eliminen los mecanismos que han favorecido la concentración
de la riqueza, erradicando la corrupción asociada que se despliega hacia un
Estado cooptado. Se debe fomentar una industria alejada de esos vicios, la que
en principio ha sido víctima del poder hegemónico de los grandes grupos.
Es un tema el reorientar la
energía del Estado en lo económico, procurando inversiones propias o asociadas,
recuperando su rol conductor de un desarrollo sólido de un sistema productivo
nacional. Lo que significará fiscalizar debidamente el quehacer económico,
eliminando las prácticas depredadoras de los grupos económicos, eliminando
subsidios y tratos fiscales preferentes que los han beneficiado por décadas,
que han llevado a la concentración de la riqueza, la evasión fiscal y la
depredación de los recursos naturales.
Volver al fomento de una
industria nacional que de valor agregado a nuestros recursos naturales, con
una expansión de la mediana empresa y los emprendimientos, debiera ser parte de
la redefinición de la economía que se oriente al bien común, sobre lo cual
existe un largo camino por recorrer.
Periodismo Independiente, 26 Octubre,2020.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario