No fueron los treinta pesos de aumento del pasaje del
Metro, fueron treinta años acumulados de abusos. Por décadas se ha vivido en
Chile un placebo de democracia y una complicidad, colusión, corrupción, vasos
comunicantes de las élites políticas con los grupos económicos.
La plutocracia, el poder de los ricos, incluye hoy a esos
mismos actores que se sirvieron de la dictadura para usurpar el patrimonio público
y mantener al Estado con camisas de fuerza, dejando que el libertinaje fuese el
marco para el saqueo y el abuso. La mentira de un Chile jaguar se hizo añicos,
hace una año.
En estos 30 años no hubo una alternativa programática
diferente al neoliberalismo, vivimos la realidad de una pseudoizquierda sin
alma, sin utopías, habilosa para escalar tras el poder, mercantil y
traidora del mandato popular, llena de excusas para disfrazar su falta de
voluntad política para avanzar en cambios al modelo. Por ello, su primera
reacción fue alinearse con la defensa del orden, facilitando sus bancadas a
Piñera para implantar más leyes represivas.
El Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución fue
gestado, sin el mundo social, entre cuatro paredes, en ese miedo de la élite de
ver derrumbarse la institucionalidad de la que son parte.
No fue fruto de la comprensión o defensa del sentir de las
calles, sino una forma de mantenerse esos políticos en el juego del poder, que
se les había ido de las manos, se había instalado en las calles, en un pueblo
que ponía en jaque a todo el Estado.
La pandemia sirvió al gobierno para ganar tiempo,
posponer el plebiscito de abril e imponer la militarización del país.
Su objetivo central fue, desde el inicio de la pandemia, fortalecer
la capacidad represiva del Estado, antes que la salud pública. La estrategia
fallida de inmunidad de rebaño y la mezquindad para respaldar con ayuda directa
a las familias y las personas, más su sordera frente a las recomendaciones de
especialistas para implantar un confinamiento efectivo parar frenar los
contagios, han llevado al país a una situación crítica, con más de 17 mil
muertos.
En este período de pandemia, Piñera ha mantenido el toque de
queda y el sistema ha funcionado con descaro, generando medidas y permitiendo situaciones
que han ido echando bencina al fuego del descontento popular.
El 18 de octubre de 2019 la explosión social fue
visceral, la expresión de millones de personas movidas por una emoción
profunda de desencanto, desesperanza y rabia frente a la indolencia y crueldad
del modelo.
A un año del estallido y en la perspectiva del Plebiscito
del 25 de octubre próximo, la ciudadanía ha ido debatiendo en múltiples foros
sobre el sueño colectivo que se espera construir para las futuras generaciones.
En este año la gente, el pueblo agobiado por la
desprotección, ha descubierto la solidaridad, los espacios locales se han
rearticulado, las ollas comunes han significado recuperar tejido social, las
ideas han fluido y se ha logrado un ejercicio cívico multitudinario que permite
llegar a esta gran oportunidad de desmontar la constitución de la dictadura con
un Apruebo contundente, que permita romper de hecho la trampa del quorum de
2/3.
Estamos en un momento crucial, donde la derecha fascista propicia
una máxima represión para recuperar su orden.
La estrategia sensata de la civilidad debiera ser llegar en
forma masiva al plebiscito, evitando provocaciones. Se ha comprobado, gracias
al periodismo investigativo de CIPER, que ha existido infiltración de funcionario
de Carabineros en las protestas, que incitaba a la violencia en la comuna de
Lo Hermida, comprando bencina para preparar bombas molotov, llevando a otras
personas a atacar un retén de carabineros.
Esta evidencia comprueba un hecho histórico en las
protestas, la presencia de encapuchados que después de marchas pacíficas y
multitudinarias, aparecían vandalizando semáforos, saqueando al comercio.
Se ha verificado en instancias judiciales que Carabineros ha
desarrollado una fuerza desmedida con una violación reiterada de los derechos
humanos, mutilando, torturando, realizando apremios ilegítimos y fuerza
desmedida. Los montajes para criminalizar la protesta social han constituido
una política de Estado.
En la explosión de octubre del año pasado, se vivió la omisión
a todas luces de las fuerzas policiales, dejando hacer a turbas que se
infiltraban y disfrazaban de manifestantes, provocando y justificando la
reacción que significó el arresto de gente inocente y pacífica. Se entiende que
los violentistas son funcionales a la represión y existe una presunción de que
se trate de bandas del narcotráfico haciendo su negocio. Las sirenas que elevan
mensajes engañosos, como no votar o marcar el voto, deben ser excluidas por ser
funcionales al sistema que se quiere cambiar.
El mensaje de sensatez que se siente en la base social, en
las comunidades populares que han estado luchando por sobrevivir a la pandemia
y la indolencia del Estado, es cuidarse, evitar provocaciones y llegar a un plebiscito
con la conciencia clara en los objetivos fundamentales que debe plasmar una
nueva carta magna.
En un común denominador, como un mosaico con millones de
voces, hay coincidencias medulares de lo que se busca alcanzar: reglas del
juego que enmarque una sociedad más justa donde el pueblo ejerza una democracia
participativa y donde se elimine la corrupción estructural que cruza nuestra
sociedad y que resume la causa profunda d la explosión social de octubre.
Hernán Narbona
Véliz, Periodismo Independiente, 18 Octubre,2020
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