Fiscalización: voluntad política para hacer cumplir la ley
En los procesos de modernización
del Estado, en el próximo gobierno de Gabriel Boric, se deberá trabajar en el
fortalecimiento de los organismos fiscalizadores, reorientando sus energías con
mayor eficacia, coordinación y descentralización, como un primer paso hacia un
Estado Responsable, que retome las riendas del control fiscal, actuando en una
economía mixta que evite la concentración económica y combata la evasión.
Alcanzar la necesaria mayor
recaudación, que permita sustentar el mayor gasto público que requerirá asegurar
los derechos sociales, como salud,
vivienda, educación, seguridad social, no debiera depender sólo de cambios
legislativos, que de suyo representan un proceso complejo, sino partir desde la
Presidencia de la República ordenando una gestión pública que rompa paradigmas,
que termine con los compartimentos estancos en el ámbito de la Administración
Pública, con un propósito de coherencia y eficacia. En este sentido, el
Ejecutivo podrá articular una política fiscalizadora transversal que, con el
liderazgo del primer mandatario y Jefe de Estado, decrete que los organismos
fiscalizadores complementen sus competencias para enmendar situaciones que
limitaron, en el marco del Estado Subsidiario, su autonomía y su potencial como
Servicios Fiscalizadores. Lo que es un sentir de los trabajadores de Hacienda,
es que exista una voluntad política manifiesta para dejar que se ejerza con
idoneidad técnica y moral la función pública que la ley les fija, añadiendo la
coordinación y complementación a través de planes maestros contra la evasión
tributaria.
El gobierno debe lograr que la energía fiscalizadora
se concentre y despliegue profesionalmente, desde el 11 de marzo en adelante, para
aplicar la energía fiscalizadora del Estado, con toda la legalidad vigente, en
aquellas áreas en que los trabajadores de Hacienda conocen y que son ámbitos que
permiten la elusión o evasión de impuestos y que han generado espacios de
omisión fiscalizadora o falta de rigurosidad en la fiscalización ejercida.
El próximo gobierno democrático
deberá colocar las mayores energías en una gestión eficaz de los organismos
fiscalizadores, la cual, al mismo tiempo, deberá ser coherente y
descentralizada. Trasladar capacidades de fiscalización a los espacios
regionales, sería una medida de carácter emblemático, evitando con ello que
existan cúpulas centrales, que toman decisiones respecto a planes de fiscalización
y auditorías que ocurren en los territorios. Exigir que se tribute donde se
produce sería una medida en esta dirección.
Será el deber del próximo
Gobierno viabilizar los principios que se
fije en la Convención Constitucional, en materia de ingresos fiscales. Ello exige
recuperar la capacidad del Ejecutivo en cuanto liderar y conducir al Estado a
esta dimensión fiscalizadora que garantice que los Derechos Sociales, hasta
ahora mercantilizados, puedan ser asegurados con una mirada de bien común.
El sentimiento de compromiso de
los funcionarios públicos dependerá de que sientan que existe voluntad política
real por imponer la ética y la transparencia en la función fiscalizadora,
entendiendo que se les dejará aplicar la ley y llegar a fondo en el objetivo de
la fiscalización, sin que los grupos de presión, el tráfico de influencias,
detenga, distorsione o entrabe la labor de los equipos fiscalizadores. Este
aspecto es crucial si se aspira a un cambio ético en la gestión pública y una revalidación
de la función pública al servicio de los intereses de Estado y no de los
gobiernos de turno.
Poder cumplir con esa misión,
exigirá reformular esta dimensión de Estado Probo y Fiscalizador, que genere
los ingresos al erario público, con una
gestión coherente, transparente y equitativa en todos los ámbitos del aparato
público.
Gabriel Boric lo expresó en
distintos debates: sabrá escuchar y las políticas públicas las formulará
escuchando a los trabajadores. En esta línea, el futuro Presidente de Chile
debe saber que los trabajadores de Hacienda esperan ponerse al servicio de los
grandes intereses de Estado que se definan en la Convención Constitucional.
El Estado al que aspiramos debe
conducir la inserción internacional del país y esto implica revisar a fondo las
asimetrías que enfrenta una economía centrada en las exportaciones primarias
como la minería, erradicando las malas prácticas con que se ha manejado el
extractivismo, sin responsabilidad
ambiental, eludiendo o evadiendo el debido pago de tributos.
Una fiscalización aduanero
tributaria eficaz, que aplique con inteligencia y rigurosidad las leyes y
tratados internacionales que el Estado de Chile ha suscrito, uniendo
competencias del Servicio Nacional de Aduanas y del SII, permitiría fiscalizar el
comercio exterior en defensa del interés nacional, lo que podría llevar,
incluso sin subir los impuestos, sino determinándolos con rigurosidad, a un
aumento importante en la recaudación.
Proponer un Estado que en su rol
Fiscalizador haga cumplir, ni más ni menos , la ley significa recuperar la
legitimidad y asegurar la autonomía efectiva de los organismos fiscalizadores,
exigiéndoles complementariedad y unidad de dirección, para alcanzar una mirada
coherente de Estado, en defensa del interés fiscal, evitando la fuga de divisas
y la evasión. Necesariamente, poder reorientar al país hacia un Estado de
Derechos, requiere una política fiscalizadora eficaz y eso parte logrando una
gestión pública fiscalizadora bien orientada, que erradique cajas negras y la
corrupción asociada.
Hernán Narbona Véliz, Administrador Público, Periodismo Independiente,
Diario La Razón.cl, 16/diciembre/2021
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