DEFENSORÍA CONSTITUCIONAL DE
LOS PUEBLOS Y LA NATURALEZA
¿Por qué se generó esta
propuesta transversal desde la sociedad civil?
La propuesta de una Defensoría
Constitucional de los Pueblos y la Naturaleza, que 21 organizaciones de la
sociedad civil presentamos el 22 de diciembre ante la Convención Constitucional
logró el patrocinio de 9 convencionales, lo que permitirá su debate. A efectos
de propiciar desde la sociedad civil un conocimiento cabal y un seguimiento
ciudadano a esta propuesta, dejamos, como gestores coordinadores de la misma,
esta columna de opinión en las redes sociales.
La Nueva Constitución que se
está generando en la Convención Constitucional consagrará un catálogo de
Derechos, pero, simultáneamente deberá establecer las formas concretas para
poder garantizar tales derechos.
Nuestra propuesta no entra a
la discusión del catálogo de derechos, sino que apunta a lograr que la
Constitución pueda, en su sala de máquinas, crear un organismo que vigile el
respeto y fiel cumplimiento de la norma constitucional, en materia de Derechos
Humanos, Sociales, Ambientales y de la Naturaleza. La misión de la Defensoría será
evitar que tales derechos queden en letra muerta, al asumir la fiscalización de
los demás poderes del Estado y de los agentes económicos privados que actúen en
el ámbito de esos derechos.
En estos términos, nuestra propuesta significa
un cambio histórico en la concepción clásica del Ombudsman escandinavo,
toda vez que éste está concebido como un organismo unipersonal, nombrado por el
Ejecutivo con anuencia del Parlamento, lo que limita esencialmente su autonomía
y legitimidad. Mal podría ese Defensor controlar o fiscalizar a quien lo designa.
Por otra parte, sus funciones han sido de mediación y buenos oficios, en aras
de una supuesta “autoridad moral”.
En definitiva, la experiencia
muestra evidencias cercanas, donde ese Defensor es cooptado por los gobiernos
de turno como una entidad irrelevante y decorativa que sirve como
pacificador social y, mediáticamente, para lavar la imagen de gobiernos autoritarios.
Es lo que no queremos para Chile, porque están a la vista los penosos resultados
del INDH frente a la explosión social de octubre 2019 y la represión
consecuente, en donde se manipularon cifras de víctimas de daño ocular, se
restringió la calificación de los casos de abusos, llegando a un repudio
extendido de la opinión pública por la obsecuencia demostrada frente al
gobierno. En el mismo orden de ideas, tenemos el caso patético de los abusos a niños
en el SENAME, donde la Defensoría de la Niñez, pese al esfuerzo personal de su Directora,
no ha logrado llegar al fondo de un sistema donde los derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes se han mercantilizado y el abuso sigue ocurriendo en total
impunidad.
Para asegurar que se instale
en Chile una sincera cultura de respeto a los DDHH no sirven entidades
temáticas febles, sin autonomía, facultades ni presupuesto adecuado. Eso sólo le
sirve a los gobiernos para demostrar a nivel internacional que se está haciendo
algo. Es lo mismo que un Servicio Nacional del Consumidor que funciona como
amortiguador de reclamos, con mediaciones inconducentes que jamás han logrado
denunciar delitos económicos contra los consumidores. Por todo lo anterior, lo
que se propone es un organismo permanente y autónomo de la administración de
Estado que tenga una función fiscalizadora del cumplimiento y respeto a las
normas constitucionales y las derivadas de tratados internacionales, en materia
de derechos humanos.
Al inicio de este siglo se
creó una ONG para impulsar el Defensor del Pueblo en Chile en el sistema
público y siempre los intentos quedaron en vía muerta o bien fueron
tergiversados, dándoles un carácter de oficina de reclamos y orientación a las
personas que reclamaran. Una oficina sin ninguna atribución real para ejercer
cambios de conducta en situaciones reclamadas. En perspectiva, hemos entendido
que jamás el modelo iba admitir un organismo que lo fiscalizara en serio. Esas
experiencias del Ombudsman en Chile fueron frustrantes. Como también lo ha sido
su rol decorativo en España o Colombia. Defensores unipersonales, sin
atribuciones efectivas, son un lavado de imagen para el poder político de
turno, por más se busque justificarlos como “los hombres buenos”, con “carisma”,
funcionales al statu quo.
Persistir en un Ombudsman,
defensor del pueblo, unipersonal, decorativo, manteniendo otras defensorías
temáticas parciales, significa, además, no entender que los Derechos Humanos son
integrales y existe un principio de indivisibilidad respecto a ellos. La
persona, por otra parte, no puede separarse de la Naturaleza, como tampoco
puede separarse el agua de la tierra o la cultura de la natura. La cosmovisión
que está en el fondo de nuestra propuesta reivindica en la nueva Constitución
una relación inseparable del ser humano con la naturaleza, sus ciclos y sus
ecosistemas. La defensa de la Vida se expresará en este organismo nuevo y
permanente del Estado, teniendo a su cargo, de manera vigilante, científica,
multidisciplinaria, todo el espectro de derechos garantidos en la constitución,
con una visión inter generacional, de largo plazo.
La Defensoría de los Pueblos
y la Naturaleza que se propone es integral y sistémica, pues, abarca la defensa
de todos los derechos incorporando los derechos de la naturaleza, en una
connotación adelantada que se hace cargo de la cosmovisión de los pueblos
originarios, en donde no hay una separación entre la actividad del hombre y la
armonía con la naturaleza; el respeto a la vida en todos sus aspectos es
fundamental y esto sintoniza con la crisis climática que está viviendo el
planeta y que afecta gravemente a Chile.
Pero, además, la propuesta tiene
racionalidad orgánica y económica. Primero, porque este organismo profesional
será legítimo en su dirección, a cargo de Consejeros Regionales de las
Defensorías, generados por elección popular; y, segundo, como organismo
permanente, tendrá una planta de funcionarios, generada por concurso público con
la incorporación de los funcionarios de los organismos que serán incorporados
por la Defensoría. En los conversatorios sostenidos a lo largo de décadas, se
han recogido todos los aportes y miradas, lo que permite asegurar viabilidad
para lograr cimentar este nuevo organismo en la futura institucionalidad. A
partir de los territorios se podrá elegir el Consejo Directivo Nacional y esto
es profundamente democrático, totalmente transparente y evita que la gestión
pueda ser influida desde los otros poderes, cuestión que no ocurre con el Defensor
unipersonal, que puede ser cooptado por grupos de presión o por el poder que lo
designa.
La propuesta de Defensoría Constitucional
de los Pueblos y la Naturaleza sintoniza perfectamente con la concepción de un Estado
Regional, Pluricultural y Plurinacional, en donde la gestión se lleve en el
ámbito del territorio, con una interrelación permanente con las organizaciones
que eligen a los Consejeros Defensores territoriales.
Finalmente, en su misión de
alcanzar en la sociedad chilena una cultura de respeto irrestricto a los
Derechos Humanos, Sociales, Ambientales y de la Naturaleza, la Defensoría tendrá una misión educativa y la
facultad para dictaminar la correcta aplicación por parte de los organismos
públicos, de las normas en estas materias, vale decir, velar por una coherencia en las resoluciones e instructivos,
impidiendo que la discrecionalidad administrativa haga perder el espíritu de
dichas disposiciones constitucionales.
Que el organismo sea autónomo
y tenga una capacidad de funcionar como organismo permanente del Estado, significa
que tendrá personería de Derecho Público, con patrimonio propio, con una Ley
Orgánica que la propia Constitución enmarque en ciertos principios, para
asegurar que se respete su concepción constitucional. Racionalmente, se postula
generar un sistema de defensoría potente, autónomo, con facultades
fiscalizadoras, que absorberá las actuales defensorías temáticas, las que serán
áreas funcionales dentro de la nueva orgánica. Se busca, precisamente,
encasillar a ese personal que ha venido trabajando en forma precaria, en esta nueva
Defensoría potente, incorporados a una planta funcionaria a través de un
concurso, con cargos servidos en propiedad, en los que podrán gozar de fuero y
de expectativas de carrera funcionaria, de lo cual hoy carecen. Con esto se asegura
la autonomía e independencia frente a las presiones políticas de cualquiera de
los demás poderes del estado o de otros poderes fácticos.
Por eso, cuando hablamos de Defensoría
Constitucional de los Pueblos y la Naturaleza, hablamos de un sueño colectivo
que parte desde la cosmovisión de pueblos que construimos paz social, en
territorios que recuperan armonía con la Naturaleza; de la racionalidad de una orgánica
legítima, transparente y democrática; de un presupuesto viable, de una misión
con basamento científico, ético y político. Por lo tanto, creemos que es el
camino que Chile deber seguir, sin desviarse hacia alternativas que sigan
ofreciendo una débil y manejable institucionalidad.
Si decidimos por esta
Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza, estaremos generando un hito en los
procesos de profundización democrática. Chile marcará un camino de empoderamiento
de la sociedad civil. Para que otra era avance y que las nuevas generaciones
puedan recuperar la armonía con la Naturaleza en todo su esplendor y como parte
consciente de ella.
Hernán Narbona Véliz, Administrador
Público, Secretario Mesa Coordinadora DDHH Valparaíso, Periodista, Corresponsal
Diario La Razón.cl,
Juanita Fernández Álamos, Médico
Cirujano, Asesora de MUZOSARE, Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia,
Activista Social DDHH, Ambientales y de la Naturaleza.
Valparaíso, 13 de febrero de
2022
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