Chile: políticos con fines de lucro y ciudadanos activos
12 de agosto de 2005

• Hace poco un par de amigas francesas me pedían una explicación sobre la política chilena. No lograban entender que en Chile la política está encriptada, que debe leerse entre líneas y que, como decía Oscar Andrade, hay muchos que manejan con la izquierda y cobran con la derecha.

La situación electoral en Chile resulta difícil de entender para los extranjeros. En esta campaña presidencial y parlamentaria, en el marco de un sistema binominal perverso, se han venido dando durísimas luchas internas en los dos bloques oficiales, para ingresar nombres a la plantilla de diciembre. Claro, basta con quedar dentro del ruedo para tener una alta probabilidad de ser electo, ya que la minoría puede mantener escaños con muy pocos votos reales, simplemente porque a la mayoría no le alcanzaron los suyos para doblar.

En verdad son tres bloques los que compiten: la Alianza por Chile, que combina la derecha ortodoxa, vinculada a militares en retiro y civiles que fueron protagonistas del régimen de Pinochet, con influencia fuerte de católicos conservadores, y una derecha de corte liberal que se ubica con mayor propiedad como centro derecha. Frente a esta oposición, la coalición gobernante, Concertación de Partidos por la Democracia, integrada por partidos instrumentales que durante 16 años – el mismo tiempo que duró el régimen militar- han servido para mantener en el poder a un grupo transversal que ha rotado en el interesante carrusel del poder y que no quieren abandonar la calesita premiada. Por fuera de la Concertación se encuentran los sectores excluidos por el binominalismo, sin representación parlamentaria que conforman el Juntos Podemos Más.

En la Alianza, la derecha llevará dos candidatos hasta la primera vuelta y se ha dado una competencia muy dura de la UDI con Renovación Nacional. Este último partido ha levantado como candidato a Sebastián Piñera, de cuna social cristiana, exitoso empresario, alejado del pinochetismo desde los ochenta, pero logrando en su vida llegar a ser un hito del modelo neoliberal imperante. La Unión Democrática Independiente, UDI, cuyos orígenes están marcados por su directa participación en el gobierno militar, ha tenido en la última década con su socio RN, una actitud prepotente y excluyente, frente a lo cual, Piñera pretende pasarle la factura. Él fue víctima de complots, de seguimientos, de pinchazos a su celular, de presiones de corte mafioso para que abandonara la arena política a favor de candidatos de la UDI. Eso lo ha dejado como un candidato admisible incluso para fuerzas de izquierda y con bajo índice de rechazo en las encuestas. Piñera, superando ya a Lavín, está apostando a la segunda vuelta y en su discurso demuestra ese grado de independencia que le ha dado su éxito empresarial y sus vínculos transversales. La UDI persiste en el empeño de intentar hacer correr a un cansado candidato. Joaquín Lavín ya muestra fatiga de materiales y cae en cada encuesta que surge, ostentando el más alto índice de rechazo, con casi un 60% de encuestados que por ningún motivo votarían por él.

En la Concertación el panorama no es menos estresante. Cuatro fuerzas, el PPD, Partido por la Democracia, el PS, Partido Socialista, el PDC, Partido Demócrata Cristiano y el PRSD, Partido Radical Social Demócrata, confluyen detrás de una candidata única, Michelle Bachelet, que ha alcanzado en las encuestas una intención de voto que ronda el 45% dependiendo la encuesta que se tome.

La cúpula de la DC, dirigida por Adolfo Zaldívar, sacrificó a Soledad Alvear para obtener una mejor planilla parlamentaria y, así, la DC es un partido instrumental más al cual se le critica el abandono de sus principios, inspirados en la doctrina social de la Iglesia. Su inclinación hacia la derecha es creciente y eso hace temer a personas como Trivelli, ex Intendente de Santiago, que se disgreguen sus votos para apoyar a Piñera.

Cuando Lavín era el adversario se apreciaba que Bachelet tenía una carrera corrida y ganaba en primera vuelta. Sin embargo, el fenómeno Piñera ha pesado objetivamente y la posibilidad de una segunda vuelta está plenamente vigente. Sin embargo, detrás de la campaña de Michelle Bachelet aparecen diferentes vectores, que no responden a ninguna etiqueta simplista, sino que representan el despliegue de grupos de interés que buscan consolidar cuotas de poder en el mediano y largo plazo. Por algo el Juntos Podemos Más, que agrupa a humanistas y comunistas, la ha calificado de representar el continuismo.

Tomás Hirsch, Presidente del Partido Humanista, es el candidato de la izquierda extraparlamentaria. El Partido Comunista no ha podido reemplazar a su líder natural que fuera Gladys Marín y ha cedido la candidatura a favor de los Humanistas. Se agregan al bloque numerosos grupos minoritarios que se declaran excluidos por el sistema binominal, repudiando el neoliberalismo y la corrupción. En las elecciones municipales el Juntos Podemos sorprendió con un 10% y aunque las encuestas lo dejan a Hirsch con un 3% en las presidenciales, es probable que pueda llegar al 15%, capitalizando el voto duro que siempre fue concertacionista y que se expresaría como una forma de castigar la gestión de Lagos – el Presidente más elogiado por la derecha económica- en materia de medio ambiente y de reparación a las víctimas de la dictadura.

Es altamente probable que se deba disputar una segunda vuelta, ocasión que le permitiría a los sectores extraparlamentarios exigir de Michelle Bachelet compromisos de eliminación definitiva del sistema binominal, mayor transparencia en la gestión pública y reparaciones reales y no simbólicas a las víctimas del régimen militar y sus descendientes.

El manejo del poder ha significado que durante los dieciséis años de gobierno concertacionista se haya abandonado la política de principios sustituyéndosela por la mera gestión pragmática de marketing político. Hoy el gobierno se guía por la agenda mediática y mide cada día el costo político de su accionar, igual como los programas televisivos se guían por el people metter, los voceros emiten sinuosas declaraciones que saben volátiles y que sólo buscan el impacto del momento.

Los temas que motivaron las luchas en contra de la dictadura resultan incómodos en una estrategia mediática. Es así como, luego del trabajo de la Comisión Valech, que apuntaba a reparar a las víctimas de la tortura y la prisión política, el gobierno de Lagos tendió un secreto obligatorio por 50 años, lo que significa que los testimonios de las víctimas recién podrán conocerse el año 2055. Lo que parece un cálculo más, ya que, sumando y restando, el puñado de votos que pudieran representar esos sectores no es relevante para la contienda por el poder y es mejor concentrarse en las grandes mayorías pauperizadas culturalmente, frente a las cuales se actúa con pan y circo, en otras palabras farándula y populismo.

Se entrecruzan así en el escenario político, en este binominalismo presidencialista, el exitista discurso oficial que muestra la popularidad del Presidente Lagos en las encuestas, con la dura crítica por acciones corruptas que ha denunciado la ciudadanía y que están a plena marcha en manos de la justicia o de comisiones investigadores de la Cámara de Diputados. Si bien la UDI quiso capitalizar los escándalos, su tejado de vidrio histórico, más el procesamiento del clan Pinochet y de militares cercanos al General por fraude tributario – recordemos que no está configurado en Chile como delito el enriquecimiento ilícito – la han dejado sin la más mínima legitimidad para señalar a nadie con el dedo.

El único resultado positivo de este destape de escandaleras en la campaña sucia, ha sido que se consiguió un relativo consenso para legislar para una mayor probidad del sistema político chileno. Se eliminó el delito de desacato, que era una verdadera ley mordaza y se avanza en declaraciones patrimoniales para la clase política.

Por otra parte, se nota una creciente corriente de desencantados, camuflados entre los indecisos, que aboga por un gobierno diferente en materia de fiscalización y transparencia. En el seno del PS y de manera transversal en la Concertación, comienza a sonar con fuerza la propuesta de un Estado mejor dotado para fiscalizar al mercado y sus operadores.

Pero lo más importante en este cuadro, es que han sido las organizaciones civiles las que han logrado jaquear a poderosos intereses y denunciar las manipulaciones corruptas de lo público y lo privado. El caso Celco, donde se paralizó una planta de celulosa que envenenó el humedal de Valdivia matando a los cisnes de cuello negro, ha resultado emblemático; como también lo ha sido la presión judicial del Comando de Defensa de Valparaíso, agrupando al Foro Valparaíso Posible, el Movimiento Confianza, Ciudadanos por Valparaíso, que ha conseguido que la Corte de Apelaciones de esa ciudad llame a declarar al Presidente Lagos, al ex Presidente Frei y al mismo Secretario General de OEA, José Miguel Insulza, por la utilización de terrenos de la costanera del puerto para un proyecto inmobiliario contrario al destino legal de dichas instalaciones.

La ciudadanía organizada ha generado en estos casos y en muchos otros, movimientos emblemáticos, que fortalecen el poder popular local, lo cual deberá ser seriamente considerado por Michelle Bachelet dentro de su probable mandato presidencial de 4 años. Porque esos movimientos sociales están más cerca de su corazón y de su historia política. Y no por nada ella se ha movido insistentemente con el lema de la participación ciudadana y ha anunciado que en su gobierno habrá caras nuevas y nadie se repetirá el plato. Lo cual ha dejado cabizbajos a muchos pragmáticos que se habían acostumbrado por 16 años al carrusel del poder, cambiando de sombrero, pero siempre cayendo parados.

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