EN TIERRA DERECHA; plebiscito para una Nueva Constitución

Estamos en tierra derecha, evitaremos provocaciones, amedrentamiento, desinformación, pandemia, para votar sin miedo y vencer en forma abrumadora.

Una mirada libre a nuestro entorno

Manifiesto Constitucional

Principios Básicos para Una Nueva Constitución

El plebiscito del 25 de Octubre es parte de la respuesta de los partidos políticos para recuperar la iniciativa perdida ante el movimiento social el 18-O y darle respaldo a Piñera para terminar su mandato. Sin embargo, también se ha convertido en la primera oportunidad que tienen los chilenos para rechazar, en las urnas, la ilegítima constitución de Pinochet-Lagos.

El proceso constitucional, impuesto tras el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, representa el intento de la clase política de quitarle el protagonismo al movimiento social, que ha venido exigiendo el término del modelo desde el 18 de octubre de 2019 a lo largo de todo el país, en un proceso constituyente donde es el pueblo soberano autoconvocado el que está buscando el modo en que la sociedad chilena se organice económica, política e institucionalmente.

Es la sociedad civil y sus organizaciones de clase, con sus jóvenes mutilados y encarcelados, con su solidaridad en las ollas comunes, con su resistencia a los designios de la oligarquía instalada en el gobierno, con sus aportes y sacrificios para superar la pandemia del COVID-19, con su historia de movilizaciones contra el modelo de los abusos, quienes deben dar contenido a una Nueva Constitución.

En ese contexto, la Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos reitera su declaración del 16 de noviembre de 2019 (1) y llama a votar el 25 de octubre, como debe hacerlo en cada votación todo ciudadano consciente de sus deberes cívicos, y a marcar APRUEBO una Nueva Constitución entendiendo que el mandato popular apuntará a definir una sociedad basada en la solidaridad y en los derechos sociales, que garantice el desarrollo soberano de Chile con respeto por todos los Pueblos que conforman la Nación, por el Medio Ambiente y la Naturaleza.

Esa Nueva Constitución no surgirá del proceso constitucional en desarrollo, sin una decidida, sostenida y potente intervención del pueblo, para imponer sus demandas y exigencias a la clase política, a los partidos del Acuerdo por la Paz y a los Convencionales que resulten electos.

Por ello, la Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos invita a las organizaciones sociales, a los pueblos organizados, a los jóvenes de la Primera Línea, a  los cabildos que debatieron durante el alzamiento popular, a los colegios profesionales, a los académicos, a los estudiantes, a los movimientos que tienen reivindicaciones propias, a los movimientos y partidos políticos antineoliberales, a los independientes con consciencia social, a pronunciarse sobre los contenidos que debe tener una Nueva Constitución y a declararlos públicamente para que sirvan de hoja de ruta a quienes deberán pronunciarse sobre ellos.

En aras de levantar una plataforma de convergencia cívica, consideramos que una Nueva Constitución debe recoger las prioridades que evidenció la consulta de diciembre 2019 en 225 comunas de Chile y, en sus principios de humanismo y justicia social, recoger la Propuesta Constitucional de Salvador Allende (2) y consagrar algunas definiciones básicas como las que, a continuación, proponemos:

1.      Un Estado Responsable, sustituirá al actual Estado Subsidiario. Su misión primordial será la protección de la Vida y garantizar los Derechos Sociales, entendiendo por tales Alimentación, Seguridad Social, Salud, Educación, Trabajo, Acceso al Agua, Entorno Ecológico libre de contaminación, Cultura, Vivienda, Deportes y Recreación, Equidad de Género y Protección de la Infancia.

Los Derechos Sociales no podrán tener el carácter de mercancía ni se les podrá explotar con fines comerciales.

2.      El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todos los recursos naturales del aire, suelo y subsuelo del país.

Será de su exclusiva responsabilidad la protección y utilización racional y sustentable de ellos. También podrán ser nacionalizados los bienes de producción que el Estado declare de importancia estratégica o preeminente para la vida económica, social o cultural del país. La participación privada, en sociedades conjuntas con el Estado, no excederá el 49% de las acciones.

Los minerales extraídos serán refinados e industrializados en su totalidad en el país. Se iniciará de inmediato un proceso de desprivatización en condiciones que serán establecidas con transparencia, capacidad de auditoría, seguimiento y poder revocatorio de las regiones y la sociedad civil, en donde se asiente cada proyecto.

3.      Un Estado Plurinacional, con una profunda vocación de paz e integración regional, que consagre los derechos de los pueblos originarios a mantener sus tradiciones, costumbres y cosmovisión, a obtener del Estado reparaciones que resuelvan deudas históricas y a integrarse como aporte al desarrollo sustentable del país.

4.      Un Estado Fiscalizador que combata la evasión y fije una política tributaria progresiva que aplique mayor carga tributaria a los sectores y estamentos de más altos ingresos, para lograr como objetivo de mediano plazo una equidad tributaria.

Se sancionarán la corrupción, la usura, la especulación, la concentración monopólica y los delitos económicos con pena severa de cárcel y la muerte civil. Cuando estén involucrados estamentos castrenses, se agregará degradación y destitución.

Se repondrán y fortalecerán las atribuciones y competencias del SII, Servicio Nacional de Aduanas, Contraloría General de la República y Municipalidades, para iniciar acciones judiciales, cuando identifiquen algún ilícito aduanero, tributario, corrupción o delito económico. La Sociedad Civil tendrá capacidad de actuar y se consagrará la institución del Defensor del Pueblo, en distintas materias, que defenderá a las personas y las  Organizaciones Sociales cuando se vean afectados sus intereses.

5.      Economía democrática. Su objetivo central será satisfacer las necesidades y requerimientos del pleno ejercicio de los Derechos Sociales indicados en el punto 1.

Tendrán reconocimiento constitucional la propiedad estatal, social, comunitaria, privada y mixta. Como un principio de regionalización y de desarrollo de los espacios locales, un porcentaje de la tributación de las industrias estratégicas se destinará directamente a las Comunas en las que ellas se asienten o desarrollen su actividades productivas, comerciales o logísticas. Se recuperarán el ferrocarril y el cabotaje marítimo para el transporte de carga.

Se establecerá un sistema bancario de fomento que contemple la recuperación del Banco del Estado como organismo regulador y a CORFO como entidad que promueva la actividad económica de los sectores pequeños y medianos.

El mercado financiero tendrá el carácter de industria estratégica y estará regulado por el Estado, el Banco Central mantendrá su autonomía priorizando las estrategias de desarrollo de largo plazo del país.

6.      Un Estado Soberano en un mundo multipolar.

 Se fortalecerán la cooperación y la integración regional latinoamericana, promoviendo proyectos colaborativos de integración física, industrialización, turismo, ciencia y tecnología.

La Legislación nacional se ajustará automáticamente a la normativa internacional que derive de los tratados, convenciones y otros acuerdos que Chile firme y ratifique. Será obligación del Poder Legislativo fiscalizar el cumplimiento de la adecuación normativa o reglamentaria para cumplir con esta disposición constitucional.

Chile actuará con plena soberanía usando las cláusulas de salvaguardia y renegociando acuerdos comerciales para proteger el interés nacional.

7. La organización política se sustentará en la División de los Poderes.

El sistema electoral será representativo, los dirigentes sociales podrán ser candidatos a cargos de representación, los partidos deberán acreditar su representatividad, transparentar su patrimonio y deberán presentar su declaración de intereses. Las organizaciones sociales podrán presentar candidatos independientes sin desventajas electorales.

El Poder Legislativo será ejercido por un Congreso Unicameral con plenos poderes para iniciar acciones legislativas.

Se consagrará la participación de la sociedad civil, con exigencia de rendición de cuentas a las autoridades y mecanismos revocatorios a los representantes populares, permitiendo, además, que la sociedad civil tenga iniciativa legislativa.

El plebiscito será la herramienta dirimente para las cuestiones de interés general, tanto a nivel nacional como comunal.

8.      Seguridad nacional y orden público.

El Estado chileno nunca será agresor ni participará en la ocupación militar de otro estado. El Estado chileno no tiene enemigos internos.

Las FFAA estarán subordinadas al poder civil, dependerán del Ministerio de Defensa y serán no deliberantes. Tendrán la capacidad suficiente para garantizar la seguridad nacional frente a agresiones militares externas. Podrán apoyar las labores de desarrollo comunal y de superación de las crisis generadas por catástrofes naturales. En estas labores no podrán portar armamento de guerra ni de disuasión. No podrán emplear sus armamentos contra la población del país bajo ninguna circunstancia.

Carabineros de Chile será reemplazado por un cuerpo policial no militarizado para garantizar que la sociedad civil pueda ejercer sus derechos con seguridad y orden. Será un órgano de protección ciudadana y no represor. Dependerá del Ministerio del Interior.

La PDI será un órgano profesional para investigar todo tipo de delitos, coadyuvante del Poder Judicial y dependiente del Ministerio de Justicia.

9.      Naturaleza y Entorno Ecológico.

El Estado recuperará el control del Agua como bien de uso público, asegurando el vital recurso para el consumo humano y la agricultura campesina a escala pequeña y sostenible, procurando la autarquía y seguridad alimentaria, libre de transgénicos. La desprivatización del agua será automática y sin indemnización.

El Estado promoverá el empleo de energías limpias y su exportación en los espacios de integración regional del cono sur.

Serán prohibidas las Zonas de Sacrificio. Las industrias contaminantes tendrán un año de plazo para ajustar sus índices a los estándares internacionales, los que serán fiscalizados por entidades públicas. Transcurrido ese plazo serán cerradas y sus trabajadores indemnizados e incorporados a procesos de reconversión laboral. El Estado deberá realizar censos sanitarios para evaluar el impacto en la salud de la población, asumiendo las reparaciones a las comunidades afectadas.

El bosque nativo será de propiedad exclusiva del Estado, su protección y recuperación serán un deber prioritario y no podrá ser objeto de operaciones comerciales. La desprivatización será automática y sin indemnizaciones. Se eliminará el subsidio forestal que ha enriquecido a los grupos económicos y destruido el bosque nativo y la flora endógena.

Serán recuperadas las tierras usurpadas a los pueblos originarios y les serán devueltas con ajuste al Derecho Internacional.

El Estado garantizará el desarrollo armónico, sustentable y descentralizado del territorio, con planificación participativa y un fortalecimiento de las regiones.

10     El Estado asegurará la libertad de prensa y la libre expresión.

El Estado asegurará la libertad de expresión y su ejercicio será un derecho inalienable de las personas y comunidades.  Se consagrará la libre expresión desterrándose la censura oficial, directa o indirecta. Se regulará la propiedad de los medios de comunicación, prohibiendo que éstos sean controlados y se concentren en grupos corporativos que limiten la libertad de prensa y el pluralismo ideológico o religioso. Se defenderá la libertad de la Internet y las redes sociales.

11.    Un Estado efectivamente Laico, que asegure la libertad de culto consagrando una efectiva separación de las Iglesias del Estado. En materia valórica, se consagrará la libertad personal responsable, la tolerancia y la no discriminación. Se protegerá la privacidad de las personas y la convivencia cultural en diversidad. Ningún credo o grupo podrá desviar el sentido neutral del Estado ni presionar por privilegios discriminatorios.

MESA COORDINADORA POR LOS DERECHOS HUMANOS

Valparaíso, septiembre, 2020.

1          http://www.mesacoordinadoraddhh.cl/los-pueblos-de-chile-exigen-respeto/

2          http://www.mesacoordinadoraddhh.cl/constitucion-del-73-sangria-editora/

2019: año de crisis climática y social

2019: año de crisis climática y social

2019: año de crisis climática y social

Este año ha sido de explosión social y se ha comprobado que la humanidad enfrenta una profunda crisis de supervivencia, con los pueblos cada vez más sometidos a la dominación de un orden mundial depredador, centrado en combustibles fósiles, que pretende mantener un crecimiento ilimitado, imposible de sostener sin un daño ambiental severo.

Un orden basado en la codicia de pocos en desmedro y hambre de muchos, que ha hecho de la acumulación de la riqueza en esos pocos, su declarado objetivo: maximizar las ganancias en el menor tiempo posible.

En el sistema global, estamos en medio de una crisis climática que no frena, toda vez que, pese a la fanfarria de la COP25, se seguirá irrespetando los ciclos que la naturaleza marca para la renovación de los recursos.

Atrapados en un sistema que no es sólo intergubernamental porque los poderes financieros globales están por encima del ámbito público; con acuerdos internacionales redactados para asegurar el modelo global, donde son las compañías multinacionales y los mercados de capitales los protagonistas principales. Metódicamente, se ha ido quitando poder y soberanía al Estado Nación, como máxima organización soberana de los pueblos, con convenciones internacionales que limitan las políticas públicas que el Estado puede emprender, que se lo trata como a un privado más y como tal puede ser objeto de demandas en tribunales extranjeros.

Por otra parte, un sistema que ha permeado las instituciones con el tráfico de influencias, lo que se ha expresado en una corrupción transversal de las instituciones. Todo el aparataje jurídico del modelo neoliberal global ha apuntado a asegurar a las multinacionales reglas que las favorezcan. Pero, si la normativa no alcanzare, se ha aplicado metódicamente la corrupción del aparato público, en colusiones público privadas que han hecho de los representantes populares, aliados serviles y funcionales a los intereses internacionales. La seguridad ha admitido en las potencias, una privatización de la guerra, con una industria asociada a las políticas que el imperio se ha dado para actuar preventivamente en cualquier lugar del globo en donde se deba defender intereses. En esta lógica, el Estado ha quedado a merced de los estadios jurídicos supranacionales, con poco margen de maniobra para tomar decisiones que puedan lesionar, directa o indirectamente, dichos intereses foráneos.

La realidad reseñada del orden mundial, explica de manera clara las condicionantes que ha tenido que enfrentar la explosión social de Chile, un país en que el modelo global se impuso por la fuerza, con una Constitución Política generada en dictadura, negociada en 1989 como retorsión para abrir paso a una democracia representativa protegida, sin que se tocara ese orden económico ni con el pétalo de una rosa. Los administradores del modelo fueron gobiernos supuestamente progresistas, pero que profundizaron el modelo y se sirvieron de él, agudizando la desregulación y renunciando a fiscalizar, dejando a los privados una desregulación, que no podrían encontrar en ninguna otra economía capitalista. Baste observar como la economía capitalista de la Unión Europea y los países escandinavos, siguieron el paradigma social demócrata de economía social de mercado, construyendo un Estado de Bienestar, con una fuerte tributación directa y derechos sociales asegurados en salud, previsión social, educación, vivienda. Ni siquiera en Estados Unidos habrían podido encontrar la permisividad que se ha dado en Chile, en un extremismo neoliberal sin par, lo que explica la obsecuencia de las instituciones cooptadas por los poderes económicos y la impunidad de que han gozado respecto a delitos económicos que nunca se han pagado con cárcel. La evidencia de vivir en una sociedad mediática controlada por los poderes fácticos, que, al mismo tiempo, se convirtió en un mercado de prueba para los adelantos tecnológicos, tuvo la contrapartida de una comunidad dotada de conectividad, con un grupo etario menor a 35 años que se formó en las tecnologías de información y comunicaciones, dominando las redes sociales.

Esos jóvenes vienen de haber sufrido en carne propia la deshumanización de la sociedad chilena, comprobando que sus derechos básicos al agua, a la educación, a la salud, son bienes de consumo, que si tienes dinero los alcanzas o, si no, te friegas. Jóvenes corriendo detrás de títulos que resultaron estafas, jóvenes que cargan la mochila de deudas a tasas de usura, contraídas para poder estudiar; jóvenes que han sido presa del individualismo, con hogares fracturados, con padres endeudados sin llegar a fin de mes; todos enfrascados en la pertenencia materialista al sistema, con una competencia salvaje y depredadora. La generación detonante de la explosión social en Chile, han sido jóvenes que han visto a sus abuelos morir trabajando o hacerlo en listas de espera en la salud pública. Mientras la prensa oficial les vendía la pomada de ser los jaguares, ellos vivían la ruptura del tejido social, de la afectividad social, con adultos enclaustrados en casas enrejadas, cada cual en lo suyo. Corresponde a una generación formada en una mentira de democracia y de supuesto éxito regional, que, a partir del 18 de octubre de 2019, despertó a Chile y mostró los pies de barro, la fragilidad y la crueldad del modelo. Porque el sistema les negó todo, los excluyó o condenó a ser ciudadanos de segunda clase, esos jóvenes, sin miedo, conformaron una Primera Línea, amortiguando la represión desatada contra civiles desarmados que ejercían su derecho a manifestarse libremente. Esa Primera Línea no es ni extraterrestre ni obedece a planes tenebrosos, son jóvenes que, como en toda época, enfrentan en las protestas a las fuerzas represivas, dan primeros auxilios a  los heridos, protegen a los más viejos, a las mujeres que remecen al mundo con su canto libertario; no son bandas de narcos ni vándalos, son jóvenes quizá marginados por la institucionalidad, quizá chicos que sufrieron el SENAME, chilenos que buscan una política con credibilidad y no la han escuchado del gobierno represor.

En 1970, el imperialismo decidió impedir en Chile que asumiera y concluyera un gobierno democrático que ofrecía construir una sociedad más justa, de lo cual quedó la nacionalización del cobre. Cuando Augusto Pinochet dicta la Constitución de 1980, la concibe como pilar y baluarte de un orden económico en donde el mercado es el que ofrece soluciones a las necesidades de los individuos. Luego, en 1989, con la anuencia de los políticos que tomaban la posta para volver a la democracia representativa, Chile quedó en una camisa de fuerza. Un sistema blindado mediante quorum calificado hizo casi imposible cambiar la Constitución. Los presidentes de la Concertación nunca se propusieron en serio cambiarla. La presión siempre fue desde la sociedad civil. El 2006 fueron los pingüinos, en el 2011, los universitarios, siguieron los paros de los empleados públicos, de los profesores, surgió el Movimiento No Más AFP que movilizó millones de manifestantes, y el sistema, con el gobierno de turno que fuese, siempre actuó como un mono porfiado, con faramallas de participación, “mesas de te club”, comisiones gigantescas e inconducentes, para quedar al final, como siempre, bonos más o bonos menos.

Por ello, existe una perfecta simetría entre el modelo neoliberal global, del cual Chile ha sido activo protagonista con su inserción internacional basada en exportación de recursos básicos, y la crisis social que se ha vivido este año en Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Sin embargo, este 2019 hubo conjunción de aristas que explican la explosión social, que se dio en llamar la primavera de Octubre. El descreimiento total en las instituciones, toda la corrupción acumulada en los procesos de PENTA, SQM,  terminaron saneados con cinismo por los gobiernos de Bachelet y Piñera; los gigantescos robos a recursos públicos y fondos reservados del cobre, en el Ejército y en Carabineros, que habrían ameritado configurar el delito de alta traición a la Patria, se fueron desperfilando, invisibilizados por los medios oficiales, aunque en la opinión pública la memoria sigue viva y existe una percepción clara de desconfianza total en esos cuerpos armados; estuvo latente la ratificación del TPP11, que venía a consolidar el poder de las multinacionales por encima de la soberanía del Estado; la sequía que afecta al centro norte de Chile y el robo de agua denunciado por las comunidades rurales del valle de Petorca; los reconocimientos internacionales a Rodrigo Mundaca, Ingeniero Agrónomo, líder social de MODATIMA; la COP25 que exigía señales concretas de descarbonización de la matriz energética; la APEC que daría ocasión a un supuesto término de la guerra comercial entre China y EEUU; el Movimiento No Más AFP, los profesores, los portuarios, los aduaneros, todo estaba ahí, a la vista, muchos lo habíamos alertado, vivíamos un mentira y la explosión social era crónica de una crisis anunciada. Los únicos sordos y ciegos fueron los personeros de la clase política. Los estudiantes saltaron los torniquetes del metro y vino un efecto catalizador de una energía social que palpitaba en los barrios de todo Chile.

Mientras las fuerzas conservadoras tratan de distorsionar el clamor popular, el gran avance del 2019 es que la clase política y la institucionalidad hayan aceptado que el pueblo abrió el 18 de octubre un proceso constituyente. Se ha logrado además que exista paridad de género en esa Convención Constituyente. Cada concesión ha sido difícil de obtener. A la hora de esta crónica falta definir la postulación de independientes y la existencia de cupo para pueblos originarios.

Y, aunque quieran introducir eufemismos y hablar de Convención Constituyente en vez de Asamblea Constituyente, y, aunque pretendan amarrar las decisiones que pueda tomar esa instancia constituyente, exigiendo un quorum de 3/5, lo crucial como ciudadanía es que ya existe evidencia cuantitativa y cualitativa de la voluntad de cambio de la constitución por un nuevo texto. Porque en la consulta comunal desarrollada en 225 comunas de Chile una mayoría aplastante se manifestó por cambiarla. En el plebiscito de abril, esa ciudadanía ha decidido darse un nuevo orden, sin amarres dictatoriales.

Los que defienden el modelo son los mismos que han obtenido con leyes corruptas quedarse con el mar y sus recursos; son los mismos que atesoran el agua y especulan con ella mientras la miseria y la muerte destruye a lo pequeños campesinos y pastores de nuestros valles; los que quieren mantener el modelo, son los dueños de clínicas, de laboratorios , ISAPRES y por eso no quieren que se fortalezca la salud pública sino seguir recibiendo suculentos recursos de Estado para sus negocios privados; los que están por el modelo, no quieren que un Estado los fiscalice y los haga tributar debidamente; pretenden seguir drenando las divisas del país fugando capitales a paraísos fiscales; los que no quieren cambiar el modelo, no quieren que se fortalezca la Educación Pública, que se acorten las carreras ni se terminen las estafas con carreras que no se necesita y que no tienen campo laboral. Si se busca solucionar en Chile la sequía, un Estado capaz de planificar y con descentralización, podrá convocar a inversionistas a colaborar en planes de desarrollo regional, podremos recuperar ferrocarriles, infraestructura, en un Estado que no esté infiltrado por operadores políticos que sólo buscan el enriquecimiento ilícito.

Un Chile decente se juega su destino en este 2020. La primera gran batalla cívica será ganar arrolladoramente, por un 80 o 90% la opción Yo Apruebo ir a una Nueva Constitución, mediante una Convención democrática Libre y soberana. Haciendo de Chile un país decente, recuperando la República, podremos reconocernos como un pueblo plurinacional y respetar las historias de nuestro ancestros y héroes anónimos.

Lo social y lo ambiental son inseparables. Si no se cambia el modelo, poco podrá hacerse para proteger nuestra flora y fauna. Frenar el despojo y la depredación de nuestro territorio, significa no olvidar que estamos cruzando el umbral crítico y en las próximas décadas ya no habrá vuelta atrás en la crisis climática.

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Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente, 21 diciembre 2019.

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