Ese domingo, 4 de julio 2021, todo Chile estuvo expectante, tenso, emocionado hasta las lágrimas, sobre todo cuando, en medio de las fuerzas de orden público, personas de civil levantaban las manos para impedir el desplazamiento de los guanacos y se sentía en todo el mundo el primer grito de la Constituyente: “No Más Represión”.
En el ciclo Conversaciones por la Vida, quise hacer el Día Después, un programa que registrara el momento vivido ese 4 de julio, dejando el registro de las emociones que se entrecruzaban durante la tensa y vibrante jornada inaugural de instalación de la Convención Constitucional, pero las emociones nos rebasaban. Junto a mi compañera, a mis hijos, sentíamos que un viento fresco llenaba un túnel extendido por casi 40 años. Ese domingo, todo Chile estuvo expectante, tenso, emocionado hasta las lágrimas, sobre todo cuando, en medio de las fuerzas de orden público, personas de civil levantaban las manos para impedir el desplazamiento de los guanacos y se sentía en todo el mundo el primer grito de la Constituyente: “No Más Represión”.
Llegó el lunes 5 de julio: a las 15 horas los convencionales se daban
cita para empezar su trabajo y allí donde se debía realizar la primera sesión,
no había nada preparado. La rabia por esa falta de respeto, se elevó en una
vorágine de bronca frente al Ejecutivo, frente al despropósito - por simple estupidez,
ineptitud o por ramplona soberbia - de
quienes tenían la responsabilidad de dar todas las condiciones para su
funcionamiento y no lo hicieron.
En una semana, con la instalación tardía e incompleta en cuanto a
logística, la Convención comenzó a dar sus primeros pasos. Resolviendo en la
apertura un tema de principios, un reconocimiento a la génesis del proceso constituyente,
gracias al cual se abrió este momento histórico.
Reconocer para la Historia de Chile que, estar donde estamos, no ha sido
por generosidad del modelo, sino que se debió a los millones de compatriotas
que nos sumamos a la explosión social de
octubre 2019, y que fuéramos declarados “un enemigo implacable y poderoso
que no respeta a nada ni nadie” por el Presidente Sebastián Piñera,
mientras la primera dama planteaba estar frente “a una invasión alienígena y que
tendrían que compartir sus privilegios”.
Ese estallido social ha significado la represión brutal a través de
agentes del Estado que han cometido violaciones persistentes y extendidas a los
Derechos Humanos, con una reiterada intención de dañar a los manifestantes con
sus escopetas a pedigones, sus bombas lacrimógenas y sus gases y agua tóxicos. Y
siempre quedarán en la nebulosa esas situaciones registradas, en donde se
evidenciaba que la fuerza policial se retiraba, para que enseguida ingresaran
vándalos a saquear, en una táctica fascista que han usado todas las dictaduras,
de cualquier tono, para criminalizar a sus opositores, permitiendo su
exterminio.
Ha sido así como, junto a la represión brutal, ha venido la
criminalización y ha aparecido el partido del orden, justificando y respaldando
la barbarie y las violaciones sistemáticas a los DDHH. Se aplicó a los presos
de la revuelta, medidas cautelares que les han significado de facto, la
aplicación de una pena corporal, sin pruebas ni juicios, sólo mediante la
denegación o dilación del debido proceso, obviando el principio de presunción
de inocencia y retardando formular la imputación, por carecer de pruebas
válidas y suficientes. Esto ha significado que, muchos jóvenes, de extracción
popular, fueran detenidos por estar en las protestas y, por meras declaraciones
de los carabineros que los detenían, han permanecido por más de año y medio,
encarcelados y muchos de ellos, han salido exonerados de todo cargo por la falta
de pruebas o la debilidad de las probanzas presentadas por la Fiscalía.
La necesidad de una justicia transicional, que venga a reconocer la
situación de estallido social de Octubre de 2019, se presenta como una salida
política para plantear la construcción de un país distinto. Piñera,
enceguecido, no parece reconocer que se trata de una situación de crisis
política y no de un asunto de orden público. El 80% de los chilenos votó por
una Convención Constitucional, aprobando ir a una nueva constitución. Para
iniciar el camino despejando esas situaciones que se mantienen como injusticias
y actos de trinchera, la Convención Constitucional, sin pretender atribuirse
facultades de los poderes del Estado, invocando a un espíritu republicano que
procure la distensión del conflicto social que encaminó a Chile a este momento
constituyente, acordó por amplia mayoría formular una Declaración, llamando a los
poderes del Estado a que se apruebe una amnistía, actualmente en trámite en el
Senado, para todos los presos de la revuelta que fueron detenidos y han sido
objeto de querellas por Ley de Seguridad del Estado, a fin de restaurar con
este gesto institucional una paz social que permita desarrollar el proceso constituyente,
que el país se ha dado democráticamente.
En paralelo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH entró en
crisis. La Asociación de funcionarios del INDH se declaró en paro, exigiendo la
renuncia de Sergio Micco, su director y consejero. Esto ocurrió tras la toma el
jueves 8 de octubre de la sede central
del INDH, por estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes
Secundarios (ACES), quienes exigían libertad para los detenidos en el contexto
del estallido social, los presos políticos de la revuelta.
Aferrado a sus facultades de papel, un presidente fallido, que no ha
sabido entender la crisis política en que se ha sumergido al país, pretende
frenar un proceso soberano ratificado reiteradamente en las urnas y que no tiene
parangón en el mundo: el inicio de un proceso democrático para poner término a
un modelo instaurado a sangre durante una dictadura y que, ahora, con un costo
social gigantesco, puede cerrar un ciclo político abyecto, permitiendo recuperar un país más humano, respetuoso y custodio de su
ambiente y territorio.
Magistralmente, desde el alma tronchada de Chile, la presidenta de la
Convención Constitucional, Elisa Loncón, en forma bilingüe, mapudungun y
español, ese 4 de julio expresó: “Vamos hacia un Estado Plurinacional, Intercultural
y Plurilinguístico” .
Y, en la Historia de Chile quedará escrito que, esa mañana, el Primer Grito de la Convención
Constitucional fue: “No Más Represión”.
Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente, Conversaciones por la
Vida.
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