Ante la Corte de Apelaciones de
Valparaíso, caratulado como Vegas/ Empresa Eléctrica Ventanas, Rol
Protección-42506-2021, con fecha 23 de septiembre, Fundación Terram ha
presentado recurso de protección contra AES Gener S.A. y sus filiales Empresas
Eléctricas Ventanas SpA. y Campiche S.A.
La zona de sacrificio de
Quintero, Ventanas, Puchuncaví, ubicada en la costa norte de la región de
Valparaíso, ha sido foco de la mayor
depredación de un territorio, refinerías, termoeléctricas, contaminación por
emisiones y por varamiento de carbón y vaciamiento de residuos líquidos al mar.
A raíz de este recurso
presentado y que se espera sea admitido dentro de la próxima semana, para
conocer en profundidad de esa definición macabra de “zonas de sacrificio”, Diario La Razón conversó
con el Ingeniero en ejecución en Pesca, Hernán Ramírez Rueda, asesor por
décadas de los pescadores de caleta Ventanas y dirigente ambientalista, que ha
trabajado con Fundación Terram y con el colectivo MUZOSARE, Mujeres de Zonas de
Sacrificio en Resistencia.
Ubicamos a Hernán Ramírez Rueda en
su espacio de trabajo por más de veinte años, en Caleta Ventanas. Ventanas tiene
tres playas, una caleta, pero se la conoce desde 1964 por la fundición y
refinería que instaló Enami, Empresa Nacional de Minería y que está hoy a cargo
de Codelco. En un día nuboso, la niebla se confunde con el humo tóxico de
numerosas chimeneas.
¿Cuál es tu mirada histórica a este abandono
de los gobiernos sucesivos de esta área costera que otrora fuera fértil y
hermosa, con un mar generoso?
Desde los años 30, cuando
comienza la industria minera y comienza la lógica de la economía de sustitución
de importaciones, de refinación de hidrocarburos y de minerales, apuntando a la
participación comercial con bienes intermedios en el mercado mundial. Por eso
se decidió radicar en este borde costero la Refinería de Enami Ventanas, porque
ya Calera estaba saturada por la industria Cemento Melón y porque Papudo tenía
los cerros pegados a la costa y no iba a haber buena ventilación. Por estas
consideraciones se implantó la refinería en este lugar. A propósito de esto,
cabe recordar lo que publicó el Mercurio de Valparaíso, el año 1957 . “los
puchuncavinos deben entender que, siendo necesaria la lluvia, cuando llueve,
alguien se tiene que mojar” con lo cual condenaba al valle a este destino,
porque para hacer mayonesa hay que romper huevos, pero que sea lejos de mi
ciudad o de mi barrio. Allí comenzó todo y hasta los años 80 aún no se
reconocía la contaminación que estaba provocando esta actividad en el valle. Así se sentenció esta zona de sacrificio, ante
la indolencia de la clase dirigente. Y desde allí nace este cordón industrial,
como un eslabón de esa política pública. Es lo que hemos vivido con una nula
preocupación ambiental del Estado
¿Cuál es el mapa actual de actores en este anfiteatro que, en
múltiples ocasiones, se ha convertido en irrespirable?
En el área se sitúan hoy las empresas
Públicas Codelco, con su refinería
Ventanas, y Enap que se ubica en Concón, y las privadas: AES Gener, Puerto
Ventanas, Oxiquim, GNL, Cemento Melón,
COPEC, entre otras. Efectivamente se registran, entre el 2008 al 2021, casi 900
varaderos de carbón, las emanaciones tóxicas han afectado a la población y la
Escuela La Greda se ha convertido en símbolo de la desprotección de la vida.
¿Cómo se fue articulando la
comunidad para exigir que termine la concentración de contaminantes y cómo se
llega a este recurso de hoy y cuántos ha habido?
Desde inicio del 2000 a la fecha,
la participación de la comunidad se intensifica y se hace permanente
actualmente, con el ingreso de nuevos
actores sociales y por la conformación de redes de apoyo entre diferentes
organizaciones territoriales, formación
de alianzas de colaboración con ONG nacionales y extrajeras y Universidades, entre otras. Esta articulación
ha permitido mejorar la incidencia de la comunidad respecto a las políticas
públicas, no obstante lo cual, el Estado sigue al debe con los habitantes de Ventanas,
Quintero y Puchuncaví.
¿Qué expectativas existen
en que, por la vía judicial, se alcance un cambio de políticas del Estado, si frecuentemente
se han irrespetado fallos y ha pesado la influencia, incluso internacional?
Lo que se busca con este recurso
de protección, es obligar a AES GENER a operar, a lo menos, dentro de la
potencia para la cual fue aprobada la construcción de esa termoeléctrica en la
Resolución de Calificación Ambiental, es decir, encuadrarse en los rangos de
generación establecidos descontándole los excesos en que ha incurrido y que se
haga responsable también de las emisiones que ha generado por sobre lo
permitido, reduciendo en los próximos años los niveles de generación.
Pero esto es sólo una parte de los incumplimientos en que ha incurrido AES GENER. Hay un tema también con los varamientos de carbón, donde hay un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que prohibía la operación de la termoeléctrica hasta que la empresa adoptase medidas para evitar el vaciamiento de carbón a la bahía. A nuestro juicio, las medidas que ha adoptado la Superintendencia del Medio Ambiente para cumplir con el fallo de la Corte de Apelaciones, son totalmente insuficientes, no dan garantía alguna de que la empresa genere cambios en sus procedimientos para evitar que vaya carbón al mar.
Pues bien, estas derrotas o
victorias pírricas, tienen el efecto positivo de ir constituyendo evidencias de
que la Justicia interna no está siendo eficaz, lo que nos permitirá avanzar a
demandas en instancias internacionales, tales como la Corte Interamericana de
DDHH. Además, como comunidad afectada permanentemente por un ambiente poluto y
dañino para la salud, hemos podido informar a Naciones Unidas de esta situación
estructural.
En cuanto a la pregunta, sobre
qué esperamos lograr con este Recurso, puedo concluir que esperamos obligar que
AES GENER vuelva a la legalidad. Pero creemos que a este recurso se deben sumar
muchos más que se debe presentar contra otras industrias del cordón industrial
y en contra de la autoridades medioambientales que no cumplen su misión de
protección a los habitantes, los que se ven afectados en su salud por tales
emisiones contaminantes. Una autoridad ambiental que está para aprobar
proyectos, es cómplice de ese daño a la salud de la población, cuando permite
que esas situaciones sigan ocurriendo.
La vía judicial es un camino
necesario, pero el objetivo es poder llevar nuestras demandas a la competencia
de tribunales internacionales. Pero, para fundamentar mi respuesta, debo
señalar que ha habido victorias judiciales, las que, a poco andar, no se han
cumplido.
Me refiero al fallo obtenido a
partir de los recursos de protección presentados por los Senadores Latorre y
Chahuán, que prohibía el ingreso a la bahía de Quintero de naves que
transporten carbón, su descarga para evitar la contaminación y la prohibición de
verter residuos líquidos al mar, el cual, en principio, hizo pensar que podía
terminar con los varamientos de carbón y el vertimiento de residuos líquidos a
la bahía. Sin embargo, con sorprendente diligencia, tan pronto había salido el
fallo judicial, las autoridades de Superintendencia de Medio Ambiente y
Gobernación Marítima, resolvieron que la empresa había corregido sus
procedimientos y podía seguir operando. Esto ocurre en el marco de denuncias de
varamientos de carbón, que se vienen registrando desde octubre de 2008 y que
alcanzan a la fecha suman casi 900 eventos de contaminación de la bahía por
carbón vertido al mar en procesos de descarga. La Autoridad Marítima ha abierto
dos procesos sancionatorios, sin llegar a sanción alguna.
Debo destacar el rol fiscalizador
de la Contraloría General de la República, en orden a hacer cumplir la
normativa ambiental, ya que gracias a su actuación pudimos conocer que la
Superintendencia del Medio Ambiente no había procesado e incluso no había n
siquiera registrado, alrededor de un 40% de las denuncias presentadas por la
ciudadanía, lo que ratifica nuestra apreciación de que ese organismo no está
cumpliendo su deber y que se ha convertido en un instrumento funcional a los
intereses de las empresas, convirtiéndose en cómplice de sus malas prácticas,
evadiendo la normativa ambiental, que de suyo es de estándares vergonzosos.
Todos estos hechos nos conducen a
la necesidad a escalar a instancias internacionales, registrando cada situación
de desprotección por parte del Estado y los Tribunales de Justicia, porque
pensamos que desde esos espacios internacionales se podrá influir con más peso
en las políticas públicas que afectan a las personas y las comunidades,
obligando al Estado de Chile a cumplir por lo menos con la normativa vigente.
Recurso es acogido a Trámite. Noticia en Desarrollo
Diario La Razón Hernán Narbona Véliz, 25.09.2021
No hay comentarios.:
Publicar un comentario