¡Ay, Señor... y nos creemos democráticos¡

31/08/05

Hernán Narbona Véliz

En medio de la vorágine de un período pre-electoral, cuesta encontrar espacios para un debate de fondo. El gobierno ha querido demostrar que estaría concluyendo la transición, pero persisten aún muchos hitos que producen descontento en la ciudadanía. Se podrá decir que desde la fundación de la República existió una clase aristocrática dominante, que con grandes movimientos sociales los sectores populares y medios pudieron abrir espacios para hacer sentir sus intereses. Que por dieciséis años se volvió atrás en esas conquistas sociales y que luego, por otros dieciséis, la ciudadanía se ha quedado esperando, en medio de discursos de progresismo, una democracia real, en donde existan equilibrios y se pueda convivir en armonía, de manera equitativa y humana.

Fortalecer el sistema democrático en Chile pasaría por diferentes vectores. El necesario cambio del sistema político binominal, de manera que se evolucione a un sistema electoral proporcional, es uno de los más apuntados. Otro aspecto relevante, derivado del mismo binominalismo, es la necesidad de descentralizar la política, respetando las identidades locales. La realidad que se mantiene es de centralización política y que se explica como el manejo cupular de las decisiones de representación popular al interior de los partidos políticos, por parte de un mínimo grupo de militantes. Esas minorías – en relación al electorado- ejercen el poder de nominar todos los candidatos a representantes populares, ya sea para concejales, para alcaldes, para consejeros regionales, para parlamentarios o para Presidente de la República. Es casi imposible que un independiente pueda competir. El poder se concentra entonces en un mínimo número de personas que militan en los partidos reconocidos. El reclamo social por un sistema proporcional no ha sido escuchado por la clase política, ya que el statu quo la beneficia y le permite lograr cuotas permanentes de poder, que podrían perder en una competencia abierta.

Otro factor que se suma a lo anterior es el abstencionismo y la no inscripción de más de 2 millones de personas en los registros electorales y alrededor de 1 millón de chilenos que viven fuera del país, que tampoco pueden participar en los comicios presidenciales. Democratizar efectivamente la sociedad pasa por la incorporación de los que hoy se marginan, pero por sobre todo por una forma diferente de gobernar que convenza a los automarginados. Se trata de intentar la recuperación de la dignidad en los barrios, cimentando un nuevo poder popular, que asuma las riendas de los problemas y sus soluciones, de manera cooperativa, uniendo voluntades. De paso, al hablar de poder popular es necesario quitarle el elemento confrontacional de lucha de clases que tuvo 40 años atrás, para ubicarlo en la conquista de soberanía por parte de las personas en los barrios, asociaciones poblacionales, gremiales, en los barrios y comunas.

La participación ciudadana es otro de los puntos claves para la profundización democrática. En muchos organismos se confunde participación con información. Se ha avanzado en términos de facilitar trámites o mantener sitios web de información. La diferencia cualitativa con realidades como la de la Unión Europea, es que ellos tienen una entronizada cultura de participación popular que significa que publican sus libros verdes, como documentos de trabajo para la amplia discusión de la gente de los distintos países de la Comunidad, y tienen una importante consideración de esa retroalimentación al momento de decidir. En Chile, en esto de la participación ciudadana, en muchos casos no se ha jugado limpio y ha habido Alcaldes que han sido expertos en el caciquismo y que han movilizado a activistas rentados en los concejos municipales, para demostrar que el pueblo está presente y así forzar medidas de manera autocrática. La falta de canales formales para la participación ciudadana, que sean confiables frente a la hegemonía de los alcaldes, ha significado que deban ser los propios ciudadanos los que se organicen para defender el interés colectivo, articulando redes de colaboración a nivel nacional e internacional.

Es clara la diferencia entre informar y participar. Porque se puede poner en vitrina mucha información, pero en forma unidireccional, sin canales efectivos para que los ciudadanos retruquen, critiquen y aporten. Esto también constituye una tarea pendiente, ya que el virus del autoritarismo caló en la cultura política y se hace palpable en múltiples niveles, con un doble estándar que se debiera erradicar para hablar de democracia real.

El tema del control ciudadano de los actos públicos es otra variable que causa urticaria en muchos políticos. Retrocediendo a la Edad Media algunos han pretendido que la ciudadanía no pueda fiscalizar las decisiones de las autoridades. Sería lo mismo que negar la libertad de expresión que es la savia misma de un sistema democrático. Y en Chile, en diversos frentes, el de la ciudadanía, los derechos humanos y el periodismo, ha habido intentos cavernícolas que querían imponer el silencio y el secreto como forma de neutralizar a los subversivos de la palabra y las ideas, contestatarios de la voz oficial.

Es a duras penas que se ha podido parar legislaciones en pos del oscurantismo y sólo con la acción de una sociedad civil movilizada se ha ido avanzando en la exigencia de transparencia e integridad de los poderes públicos. Un punto clave en términos de soberanía popular, para defender al ciudadano de las decisiones públicas o privadas que vayan en perjuicio de la comunidad, es la institución del Ombudsman o Defensor del Pueblo, que ha funcionado en muchos países y que acá en Chile ha quedado archivado por falta evidente de voluntad política para instituirlo.

El Defensor del Pueblo sería un organismo con capacidad legal para fiscalizar los actos públicos, evitar las arbitrariedades, el secretismo, la inequidad. El Defensor del Pueblo ha sido manejado por la vía de una Comisión Presidencial, se ha ofrecido incorporarlo en las Agendas para la Probidad, pero, finalmente, ha quedado postergado, quizá porque se convertiría en un natural canal de expresión ciudadana frente a decisiones que perjudiquen el bien común.

Muchas tareas pendientes que demuestran que si queremos caminar hacia una democracia real, hay mucho camino aún por recorrer.