COMO UNA CRÓNICA DE UN DEBILITAMIENTO ANUNCIADO, los lastres heredados por
Se dirá que en la vorágine de cualquier gobierno el manejo de crisis es pan de cada día, pero en el actual la realidad muestra que gran parte de los problemas han sido bombas de tiempo, consecuencia de la gestión de su antecesor, y que han estallado ahora, con grandes costos políticos para la actual administración.
Al escribir este análisis, ha transcurrido un año y medio desde el inicio del gobierno de la primera mujer Presidenta, Michelle Bachelet, luego de una apretada carrera con el candidato de
Han estallado en el curso de este tiempo muchos casos complicados. El affaire por los desvíos de fondos de empleo a campañas políticas, que hoy tiene en proceso de desafuero a los diputados Laura Soto y Rodrigo González; el de Chiledeportes, con su secuela de escándalos; los movimientos sociales de los estudiantes secundarios por un nuevo sistema educacional, que ha evolucionado hacia un emblemático acuerdo político para la reforma educacional, cuyos resultados se probarán a partir del 2008; el duro paro de los contratistas de Codelco, que afectó a la minería del norte y que ahora amenaza con reactivarse; el descontento profundo y extendido por el Transantiago, que ha llevado a una profunda trizadura en
Súmese a este recuento los escándalos de EFE, en donde
Obviamente el momento difícil que vive el gobierno ha desnudado la fragilidad de una coalición que fue perdiendo mística para quedar fundamentada en el pragmatismo que significó durante 16 años administrar un modelo heredado, respecto al cual, voces de descontento crecientes presionan social y políticamente por reformas. Tal ha sido el efecto del Congreso doctrinario de
En este contexto, el blindaje con que el PS y PPD han querido proteger la imagen del ex Presidente Lagos llega a ser una zancadilla para la propia Presidenta Bachelet, al querer atribuírsele responsabilidades respecto a proyectos incubados, decididos y pre-inaugurados con cortes de cinta múltiples en el gobierno anterior. Queda la impresión de profundas heridas que surgen de estas actitudes y que van dificultando hacer un buen gobierno. Se endurece la toma de posiciones partidarias a nivel nacional, de cara a las próximas elecciones. La aparición de Chile Primero y de un sector demócrata cristiano disidente, conformando una bancada de minoría capaz de actuar de manera decisiva en el Congreso, plantea en el mapa político nacional nuevos referentes.
Las líneas oficiales del Partido Socialista y del PPD, disimulando su connivencia con el modelo liberal concentrador de la riqueza, han vuelto a esgrimir el discurso maniqueo de izquierdas y derechas, para descalificar a Fernando Flores por su voto respecto al financiamiento del Transantiago. Simplificar el desarrollo político chileno a un juego histórico de izquierda o derecha, sirve como discurso utilitario a las élites del socialismo renovado, que se reciclan entre los espacios políticos y corporativos y que buscan trabajar comunicacionalmente a nivel de etiquetas, cuestiones que son mucho más profundas, en donde el díme para quién trabajas y te diré quién eres aparece como un test de la blancura que pocos se atreverían a enfrentar.
Lo que está en discusión es la responsabilidad política de políticos connotados que articularon, ejecutaron o admitieron durante su gestión situaciones grises, constitutivas de acciones que la justicia ha caratulado como fraude al fisco o estafa. Se ha agregado en estos últimos quince días el terremoto de Quillagua y Tocopilla, con reclamos de la gente por la capacidad de manejo logístico frente a la emergencia, y el paro nacional de CUT y ANEF. La sensación es que sólo en las regiones se puede salvar
El problema existencial del bloque oficialista es la sensación de malestar que se percibe a su interior, en orden a tener que apoyar por orden de partido, situaciones que de verdad provocan íntima indignación y rechazo. Es el resultado de una coalición que no se atrevió, frente a situaciones como las del Transantiago, a buscar alternativas diferentes de solución. Se ha insistido en un sistema de concesiones que requeriría, a todas luces, mayor participación ciudadana y de un Estado que fiscalice con probidad y efectividad. Lo que se ha observado, en cambio, es un sistema de contratos que protege a los operadores y que ha costado mucho desarmar, en donde es el Estado el principal sostenedor del proyecto y donde se fiscaliza poco y mal, debiendo asumir como consecuencia todos los chilenos los descalabros derivados.
Frente a esto el panorama es incierto. Mientras, la gran mayoría silenciosa, de cerca del 40 por ciento del electorado potencial, sigue tomando palco, sin dar señales de querer comprometerse en política. Es el grave riesgo implícito de un sistema electoral mal visto y mal calificado, que representa poco a la gente.
24 de noviembre de 2007
Una mirada libre a nuestro entorno
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