En la guerra que
inventaron, en septiembre de 1973, las fuerzas golpistas decretaron el Estado
de Guerra Interna, mediante el Decreto Ley N°5 de 12.09.1973. Con esa medida,
se implantó la obediencia férrea y vertical a las órdenes superiores, so pena
de fusilamiento; además, se estableció una situación de riesgo que se tradujo
en sobresueldos a los uniformados. Esta situación duró hasta 1978. Desde el 4
de septiembre de 1970, EEUU había instruido impedir la asunción de Salvador
Allende a la Presidencia de Chile. Desde ese minuto se inició el complot y hubo
aliados locales que la Memoria tiene muy presentes, porque constituyen un
sector de civiles que, habiéndose beneficiado y colaborado con el régimen
militar, nunca han reconocido su participación y responsabilidad en dicho golpe
de estado.
Esa conspiración, según lo que ha
revelado el propio gobierno norteamericano en el Pinochet File, había fracturado el principio de no
deliberación que debían respetar las fuerzas armadas, subordinadas al poder
civil. Mártires de la doctrina militar de respeto a la Constitución y las
leyes, fueron el General René Schneider, el General Carlos Prats, el Edecán
Arturo Araya Peeters, el conscripto Miguel Nash. Las Fuerzas Armadas, haciendo
suya la doctrina de Seguridad Nacional insuflada en la Escuela de las Américas
en el marco de la guerra fría, siguieron las órdenes transmitidas por Nixon y
Kissinger, irrespetaron la Constitución de 1925 que habían jurado
respetar.
La ultra derecha, con su cara
visible en el Movimiento Patria y Libertad, la derecha parlamentaria aglutinada
en el Partido Nacional más el sector conservador de la DC, recibieron recursos
de la CIA para desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular. El gobierno
popular postulaba un camino institucional y democrático al socialismo, el mismo
que se vio trabado, desde su triunfo electoral. El 25 de octubre de 1970, la
ultraderecha atentó y asesinó al Comandante en Jefe del Ejército, General René
Schneider, frente a lo cual la Democracia Cristiana apoyó el nombramiento de
Allende, pero le exigió la suscripción del Pacto de Garantías Democráticas
denominado Estatuto de Garantías Constitucionales. Posteriormente, se vivió una
vorágine, en la cual cada intento de acercamiento de la Unidad Popular al
sector progresista de la DC, se vio frenada por algún crimen político. El del
Ministro Edmundo Pérez Zujovic, ocurrido en junio de 1971, dejó a la derecha
freista sin el contrapeso del sector progresista, que intentaba un acuerdo con
el gobierno de Allende y que impulsaban Radomiro Tómic, Bernardo Leighton y el
propio Edmundo Pérez Zujovic. El sector de derecha, encabezado por Eduardo Frei
Montalva primó en el PDC y los personajes que se sumaron al complot, según
información de los archivos desclasificados de la CIA, fueron, entre otros,
Andrés Zaldívar, Juan de Dios Carmona, Juan Hamilton, José Piñera Carvallo y
Patricio Aylwin Azócar
Al interior del gobierno popular, que
enfrentaba el boicot de la oposición, se sumaban el desabastecimiento, el paro
de los camioneros, la violencia creciente en las calles y una indisciplina pertinaz
de sectores del Partido Socialista y del MAPU Garretón, que sobrepasaban los
lineamientos presidenciales y con sus acciones en poco ayudaban a frenar la
espiral de violencia. La ultraderecha tocó cacerolas, tiró trigo a los cuarteles
para que las FFAA dieran el golpe. La Unidad Popular en las elecciones
municipales de 1972 superó el 52% de adhesión, en septiembre Allende llamaría a
un plebiscito para distensionar la caldera, pero frente a ello, se apresuró el
golpe. Desde el 11 de septiembre de 1973, se impuso la Doctrina de Seguridad
Nacional y los militares representados en la Junta de Gobierno, proclamaron el
Estado de Guerra Interna a partir de lo cual se justificaron todas las
atrocidades que afligieron al pueblo chileno, marcando además la preponderancia
de lo castrense por sobre la civilidad, adjudicando, de ahí en más, a los
militares privilegios que los convirtieron en instrumento para un plan externo
generado en el EEUU.
Fue así cómo las Fuerzas Armadas
tomaron el poder en 1973 y, sin tener un plan nacionalista en lo económico,
adoptaron el que les ofreció Jorge Cahuas y su equipo, formados en la Escuela
de Chicago, discípulos de Milton Friedman, convirtiéndose los militares, a
partir de allí, en custodios de un modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego
y auxiliado cada vez que se requirió, por recursos públicos. Se vendió al mundo
el exitismo de un modelo generador de riqueza, se pregonó el fin de la
historia, pero lo real es que el neoliberalismo no generó nuevas empresas, sino
sólo traspasó a manos privadas el patrimonio público generado a partir de los
años 40, a través de CORFO, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. La falacia
de que el mercado libre es el generador de crecimiento y que el chorreo
transmitiría los beneficios al resto de la población, se comprobó en la crisis
de 1982, cuando se alcanzó un 30% de desempleo reconocido. Esa crisis fue el profundo
fracaso del modelo, pues, luego de 5 años de libertinaje financiero, se
produjeron históricos fraudes crediticios, que se implementaban a través de
empresas de papel, con préstamos auto otorgados, sin respaldo, lo que llevó a
la quiebra de toda la economía. El salvavidas del modelo y del régimen militar
en medio de protestas, vino desde el Estado, que desde 1983 en adelante, aplicando
pragmatismo keynesiano, compró a la banca quebrada toda su deuda, inyectándole
5 mil millones de dólares, en lo que se llamó la deuda subordinada. Se impuso a
la gente el sistema de las AFP, excepto para las FFAA; se dictó la ley de
concesión plena para impedir las nacionalizaciones de compañías mineras y se
crearon subsidios para las exportaciones no tradicionales. Luego, en los
ochenta vino el saqueo de lo público y todas las empresas de servicios que eran
del Estado, telefónica, eléctricas, puertos, salitre y yodo, transporte, metalurgia,
fueron intervenidas y traspasadas a precios viles a los “interventores”. En ese
período quienes criticábamos el modelo éramos denostados como los gasfíteres.
Después de la lucha de los 80 por la recuperación democrática, la civilidad en
los 90, sufrió la gran estafa histórica de parte de las élites que llegaron
para negociar la transición a la democracia.
En un inteligente repliegue estratégico, plebiscito de 1988 mediante, las
Fuerzas Armadas aseguraron que se mantuviera incólume el modelo económico,
logrando instalar como contraparte una social democracia chilensis, pragmática
y obsecuente, que se entregó a tales objetivos, lo que significó excluir y
marginar del proceso a líderes genuinos de la civilidad de los 80 y todos los equipos
profesionales críticos, los que fueron sacados del escenario político, mientras
se negociaba con secretismo una transición amañada y gatopardista, que fue
corrompiendo a la clase política, dividiendo para reinar.
En 1981, cuando se había implantado el sistema previsional de
capitalización individual, las fuerzas de la Defensa Nacional habían sido excluidas
y mantuvieron su mismo sistema de reparto. En la transición, el ruido de sables
por la investigación de los pinocheques justificó la desmovilización social y
la profundización de un modelo basado en el consumo, en el individualismo y la
competencia, alejando cualquier figura asociativa que sonara a colectivo o
comunismo. La máxima obsecuencia se apreció cuando líderes socialistas y
demócrata cristianos corrieron a Londres a defender al ex dictador y Senador
designado, Augusto Pinochet.
La profundización del modelo, a
cargo de gobiernos de la Concertación significó abrir la minería a
multinacionales que pudieron a partir de allí, exportar concentrados y tributar
sobre renta efectiva, lo que ha significado un constante saqueo de valiosos recursos
naturales, facturaciones subvaloradas y una tributación tendiente a cero; en el
primer gobierno de la Concertación, se entregó a SQM y Rockwood el litio del
Salar de Atacama; en los gobiernos sucesivos, Frei, Lagos, Bachelet, se
estableció un oscuro sistema de concesiones de puertos, carreteras, sanitarias,
que significó suscribir contratos leoninos para el país y la ciudadanía, con sobreprecios
convenidos y que cínicamente llamaban sobresueldos necesarios, mientras se
hacía gárgaras con la transparencia y con
el correcto funcionamiento de las instituciones. Hitos de esta decadencia
quedaron reflejados en los procesos de MOP GATE y MOP CIADE, en los escándalos
de Inverlink, de la ley de Pesca que se
dictó literalmente desde las empresas a parlamentarios cohechados.
Después se
conoció del financiamiento ilegal de la política, en los casos Penta y SQM, las
colusiones de papel tissú, de los pollos, de las farmacias, teniendo como
sanción, clases de ética; la aprobación de termoeléctricas a petcoke y sus
zonas de sacrificio; Codelco pactando con los de MinMetals el uso de paraísos fiscales para
reducir los retornos reales; el crédito universitario CAE traspasado a la banca
a intereses de usura; la malversación de fondos públicos en el Ejército y en
Carabineros, que ha involucrado a altos mandos en una corrupción estructural;
todo un extenso prontuario de las instituciones, con una clase política que
recibe remuneraciones y asignaciones que son las más elevadas dentro de la OCDE
y que, adicionalmente, recibe dineros ilegales de las empresas; tráfico de
influencias, prevaricación en la Justicia; grupos empresariales coludidos con
los políticos para enviar a la vía muerta los delitos tributarios, manipulando
al SII o a la Fiscalía para dejar en la vía muerta los episodios de aportes
ilegales, cohecho y facturas ideológicamente falsas; todo lo reseñado y mucho
más, circulando dentro de la alta cocina y la burbuja de la élite, todos con
tejado de vidrio y en un empate continuo que ha sido percibido por décadas por
la opinión pública, que los ubica como los peor evaluados.
Súmese a lo descrito el deterioro
moral que se ha vivido de decadencia y corrupción moral en las Iglesias
Católica y Evangélica, lo que ha llevado en Chile a un descontento transversal
y un sentido de decadencia ética en toda la sociedad chilena, que produce un
efecto cultural de alto riesgo, como lo es percibir que “si tanto roban los de
arriba, que roben los de abajo no es ni pecado venial”. La corrupción
transversal provoca situaciones de repudio visceral, de impotencia y
desprotección, donde no hay en quién confiar.
Revisar lo que nos ha pasado como
nación y entender el estado de ánimo que ha culminado en el reventón social en
que estamos inmersos, es útil para avizorar salidas posibles. El mito de
izquierdas y derechas ha sido demolido por la corrupción transversal que los ha
caracterizado. En el actual gobierno, la opción de reprimir y sembrar miedo no
ha sido eficaz, porque la sociedad ha tocado fondo y en esa situación extrema
el agobio y la ira elimina los límites de la seguridad personal. Una sociedad
agredida a diario sale a romper el sistema, los más sensatos proponen canales,
cabildos abiertos, asambleas, proyectos de una nueva constitución. Pero también
están en la calle los más castigados por este orden social, esos que viven el presentismo,
desertores de la escuela a edad temprana, producto de familias fallidas, “ninis”,
jóvenes que ni estudian ni trabajan, muchos reclutados por el microtráfico,
sometidos a un Estado paralelo que rige con sus leyes y ritos propios la
marginalidad. Jóvenes sin expectativas de nada, que se desahogan aprovechando
las oportunidades para dañar lo que aparece como símbolo del sistema. Los
jóvenes conscientes de las causas profundas de su situación actual y la de su
padres, son la reserva cívica de Chile; pero esos otros, vulnerables social y emocionalmente,
deben ser acogidos con una actitud adecuada, entendiendo con empatía que su
violencia es respuesta retardada a años de maltrato social, porque ser pobres
en una sociedad de consumo llena de vidrieras de lujo, es más terrible que
serlo en la pobreza digna, obrera y solidaria de 50 años atrás.
Cuando observo la realidad social
de esos jóvenes marginados, me recuerda la rebelión contra el automóvil en la
cintura de París, en poblaciones marginales que explotan en una ira contra el
sistema incendiando miles de automóviles, que ese sector ve como identitario
del sistema al cual no pertenecen porque no los dejan pertenecer.
Como consecuencia del desgobierno
que se ha dado en Chile en las últimas dos semanas, se cayeron las reuniones
internacionales de APEC y COP25. Respecto a esta última, existía la esperanza
de medidas que dieran señales de compromiso oficial frente a lo ambiental. Se
hablaba de cerrar la Refinería de Codelco-Ventanas, de eliminar termoeléctricas
a carbón, de cerrar la mina invierno en Punta Arenas, de cambiar el Código de
Aguas para devolver su propiedad al Estado y poner fin a la especulación;
atacar con energía jurídica el robo de agua por parte de empresas agropecuarias
en desmedro de las comunidades rurales, como las de La Ligua y Petorca. Por lo
tanto, que el foco ambiental se vaya de Chile, nos somete a una mayor
probabilidad de que el abuso en lo ambiental y la codicia sigan imperando.
Como corolario de esta crónica,
puedo señalar que, con similar energía y sueños de justicia social que me
movían 50 años atrás, cuando como joven profesional participé en el proceso de
los mil días en Chile y escribía desde esa tribuna crónicas encendidas de
utopías, así he vivido también estas dos semanas de movilización social,
aportando la palabra y la fe, desde el modesto espacio de la generación del 70 a
la que pertenezco, para apoyar a los valientes jóvenes que abrieron estos
espacios de esperanza, para poner fin a tanto cinismo político, abuso y
violencia represiva. Del mismo modo, he llamado a aislar la acción de vándalos
que termina siendo funcional a la represión que ha sufrido la legítima protesta
social, a la que desde el poder se ha pretendido criminalizar.
En los cabildos y asambleas, en
las redes sociales, en los sindicatos y gremios, en las juntas vecinales,
“todos somos todos”, reencontrándonos de nuevo como en los ochenta, por el
término de tanto abuso, por la construcción colectiva de una nueva Constitución
que abra caminos a la paz social, a la equidad en la distribución del ingreso, al
desarrollo de las personas con igualdad de oportunidades.
Desde mi profesión, desde las
Ciencias Políticas, puedo decir que la expectativa que tenemos los chilenos es
recuperar un Estado que se haga cargo de sus obligaciones, que asegure los
derechos básicos de la población, que ejerza su autoridad para fiscalizar y
sancionar a los que evaden y erradicar la corrupción dentro de sus
funcionarios. Una sociedad de pie, fiscalizando a las instituciones y auditando el gasto
público, en comunas, regiones y a nivel central. Políticos que trabajen en sus
cargos, a condición de hacerlo bien y rendir cuentas, pudiendo ser removidos
cuando incumplan. Políticos que sean reales servidores públicos, con una
remuneración acorde con su cargo, regida por la Escala Única de Sueldos del
Sector Público. Políticos con pertenencia a Partidos Políticos que defiendan
ideas y no sean verdaderas agencias de empleo o sociedades anónimas. Y que
puedan ser candidatos al Parlamento los dirigentes sociales, llámese
sindicalistas, dirigentes gremiales, ambientales, educadores, terminando con el
nefasto monopolio que esos Partidos acordaron para preservar sus privilegios.
En Chile No Estamos en Guerra.
Aunque insistan la oligarquía, la plutocracia y sus pretorianos en
considerarnos sus enemigos. El único enemigo al que atacaremos siempre será la
Corrupción, venga de donde venga.
Periodismo Independiente, Hernán Narbona Véliz, @hnarbona en
Twitter.
Una mirada libre a nuestro entorno
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