El estallido social en Chile entró a su cuarta semana. Diezmado en su capacidad política por un torbellino de errores en el manejo de la crisis y la desproporcionada represión, con más de 20 muertos y más de 200 personas mutiladas total o parcialmente en sus ojos, el Presidente Sebastián Piñera ha debido soportar la reacción interna de sus propios aliados, que le han exigido escuchar el clamor popular, aceptando abrir un proceso constituyente para una nueva Constitución.
Hechos de último minuto
Sebastián Piñera ha tocado fondo y logra una adhesión, según últimas encuestas, que apenas llega al 6%. Ante el desgobierno reinante, las fuerzas policiales han seguido actuando sin control de la autoridad de Interior, continuando el uso de escopetas con perdigones para reprimir muchedumbres que, en general, protestaban sin violencia. Se ha apreciado que se detiene a esas personas y se les imputa agresión a Carabineros, pero, los hechos y testimonios dicen otra cosa: ayer en Reñaca, los carabineros no aparecieron cuando un individuo, portando ilegalmente su arma registrada, disparara 4 veces contra jóvenes que bloqueaban la calle, hiriendo a uno de ellos. La reacción que causó esta acción desequilibrada y que quedara profusamente registrados por decenas de celulares, llevó a un levantamiento de barricadas y un grupúsculo de una veintena de exaltados comenzó a romper negocios. Más de 30 minutos demoró en llegar Carabineros y, cuando lo hicieron, en vez de detener a los exaltados que incendiaban un negocio, se pusieron a disparar sus escopetas con perdigones hacia la playa, hiriendo entre la multitud a una joven en un ojo. Mientras tanto al extremista de derecha John Cobin, autor de los disparos, se le daba el tiempo para grabar un video y subirlo a You Tube antes de ser arrestado por la PDI en su domicilio.
Mientras esto ocurría el domingo 10, en Viña del Mar, el Ministro del Interior anunciaba que el Gobierno se abría a una Nueva Constitución y que, para ello, se llamaría a un Congreso Constituyente.
La clave política es la Legitimidad por encima de la legalidad
Lo que plantea el gobierno es que sea el actual Congreso quien redacte las bases de la nueva Constitución Política. Se ha generado de inmediato una cuestión de legitimidad: ¿Pueden ser parte de la solución quienes son responsables del problema que se prolonga por 30 años?
Siguiendo el proceso que había iniciado Michelle Bachelet en su último mandato, el gobierno de Piñera busca concordar con la oposición en el Congreso un proceso constituyente de espaldas a la ciudadanía. Porque la clase política cuestionada por haber sido causante o cómplice del sistema por 30 años, adolece de legitimidad, al igual que el Gobierno de Piñera.
La legitimidad actual del gobierno y los parlamentarios se puede ponderar a través de un simple cálculo matemático: considerando que en las elecciones ha habido alrededor de un 60% de abstención, el universo de votos representa en realidad al 40% de los votantes potenciales. Si alguien es elegido como Presidente por la mitad más uno de esos votos, significa que el respaldo político al partir es de alrededor de un 21% de la población con derecho a voto. Cuando en la sociedad chilena se ha incorporado la medición periódica de las encuestas, mediante ese barómetro se va apreciando el capital político de un personero público, una autoridad o un candidato posible. En este orden de ideas, que el Presidente Piñera tenga en este minuto, menos de un 10% de apoyo, podría estimarse como que sólo un 2% de la población con derecho a voto lo respalda. Estas apreciaciones buscan explicar la mínima representatividad que tienen los políticos y lo inconducente que resulta confiarles a ellos mismos, la generación de un nuevo texto constitucional.
El Frente Amplio, a través del Diputado Boric, salió de inmediato a plantear su posición al respecto: “Ni el ejecutivo ni el legislativo tienen potestad constituyente "originaria", esa es la que ejerce el soberano, o sea, el pueblo. Solo la tendrían en el caso de ser una AC delegada, elegida especialmente para eso y que dejaría sus funciones al finalizar su labor. No más engaños. No aceptaremos maquinaciones para que puedan volver a escribir la Constitución entre cuatro paredes y de espaldas al pueblo. Un Congreso Constituyente NO es lo mismo que tener al poder soberano real reunido en una Asamblea Constituyente, representativa, democrática y paritaria. Eso de congreso constituyente es una invención del gobierno”. El oficialismo, a su vez, también se ha manifestado sobre la propuesta del Gobierno. El senador Manuel José Ossandón (RN),quien aseguró que “es un tremendo avance” que el Gobierno hable de cambiar la Constitución, sin embargo no estuvo de acuerdo con la idea de que sean los propios parlamentarios quienes comanden el proceso, señalando: “El actual Congreso no tiene legitimidad frente a la opinión pública”.
En la estrategia oficial se ha detectado una campaña mediática para desinformar respecto al alcance de una Asamblea Constituyente, caricaturizándola como una instancia irracional donde el que más grita gana. La derecha se ha esforzado en estigmatizar una Asamblea Constituyente, con una campaña de terror, aprovechando el subconsciente colectivo de quienes se siente amenazados en sus privilegios y hacen todo lo posible porque no cambien las cosas. No es casual que se haya bajado el ramo obligatorio de historia de los programas educacionales, porque un pueblo culto es un impedimento para este estilo político autocrático.
Porque el camino de una Asamblea Constituyente es serio, formal y auditable. El primer paso hoy, es que se dicte una ley rápida reponiendo en Chile el voto obligatorio, ya que así se asegura la concurrencia plena de los ciudadanos al proceso que se inicia.
El proceso que se debe respetar para que la ciudadanía cumpla con expresar en forma soberana su voluntad acerca del tipo de sociedad que se quiere construir, significaría dar los siguientes pasos:
1. El Presidente de la República en base a las facultades que entrega el Art. 5° de la Constitución puede convocar a un Plebiscito para definir el mecanismo a seguir para una nueva Constitución Política.
2. Las opciones que se consulta al pueblo soberano se refieren al método a aplicar:
a. Elección de una Asamblea Constituyente por parte de organismos de la sociedad civil.
b. Elección de un grupo de parlamentarios para redactar el nuevo texto constitucional
c. Equipo de Expertos designados por el Presidente de la República
3. Redacción de la Nueva Constitución, trabajos temáticos, consolidación y consenso.
4. Plebiscito para Aprobar o Rechazar el Proyecto de Nueva Constitución.
En este proceso, para hacerlo legítimo desde su inicio, correspondería resolver que el voto vuelva a ser obligatorio, lo que aseguraría máxima representatividad, siendo controlado en todas las instancias por el SERVEL.
Previo a formular la consulta plebiscitaria, para la opción de Asamblea Constituyente se debería determinar cuál sería su conformación, número de delegados por Región, tiempo de validez, plan de trabajo, remuneraciones y viáticos. Además, debiera determinarse la participación de expertos por áreas temáticas para apoyar las deliberaciones en sus aspectos técnicos.
En cuanto a la elección de las personas que trabajarán en la redacción de la nueva constitución podría ser generada a partir de la sociedad civil, cubriendo los espacios territoriales, usando las comunas como ámbitos de pertenencia. Una de las condiciones para ser elegido como delegado constituyente sería que la persona sea ciudadana y resida efectivamente en la comuna. Una vez terminado el proceso de redacción de la nueva constitución, los integrantes de la Asamblea Constituyente quedarían inhabilitados para postularse a cargos de representación popular por un período de 5 años, lo cual busca dar transparencia e independencia al proceso constituyente.
Un Proyecto de Nueva Constitución debería sentar las bases institucionales del Estado, tales como su organización política, el rol del Estado en protección de la población, del territorio; la planificación participativa para un desarrollo armónico; las libertades públicas; el rol fiscalizador de la sociedad civil sobre los actos públicos; los derechos y deberes de sus habitantes, las bases para una economía mixta, donde el Estado tenga soberanía plena para actuar en roles de gestión, regulación y fiscalización. En el texto que se redacte se volcarán los grandes principios de convivencia y los mismos se ordenarían por materias o capítulos.
La movilización social no decaerá y no admitirá que vuelva funcionar la cocina cupular. La gente está hastiada de engaños y siente que aún no ha conseguido nada.
Si el gobierno no acepta el camino señalado por la Unión Social, existe la alternativa que han propuesto 230 comunas de la Asociación Chilena de Municipalidades, que permitiría hacer un plebiscito en el mismo tenor mencionado, para legitimar democráticamente la voluntad de toda la nación.
Raúl Torrealba, alcalde Renovación Nacional de Vitacura y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), ha señalado: “En democracia, con participación y transparencia, no tengo duda que Chile puede ser el país que todos queremos que sea. Aquí estamos poniendo una primera piedra para que a través de los municipios se propongan soluciones para resolver las justas demandas sociales, y así recuperar la paz, la tranquilidad y honrar la institucionalidad del país”. Esta propuesta que fue aprobada transversalmente por los alcaldes de todas las bancadas, permite que la sociedad civil tenga una opción que, aunque en principio no sea vinculante, puede dar espaldas para enfrentar a la clase política para que adhiera a la Asamblea Constituyente postulada.
Un lápiz y una papeleta para construir la paz social y sentar las bases de un nuevo Chile.
Periodismo Ciudadano, 11 de Octubre de 2019
Una mirada libre a nuestro entorno
No hay comentarios.:
Publicar un comentario