NOS QUEDAMOS PEGADOS por la satisfacción de ver que la juventud chilena tiene esa energía generacional que hacía falta para remover gastadas estructuras. Sin embargo, y tal como lo avizorara en su reciente discurso
Partamos por un tema sensible: la calidad de las obras públicas y el anuncio al respecto del gobierno, en orden a crear una Superintendencia que fiscalice la calidad de las obras concesionadas. Trabajos mal hechos, responsabilidad difusa, pérdida de recursos, son cuestiones recurrentes que ameritan esta decisión de controlar mejor a los contratistas del Estado.
Cabe anotar que antes que la ciudadanía tuviera tiempo de digerir esta positiva noticia, se produjo la inmediata reacción de las firmas concesionarias españolas que pidieron no ser alcanzadas por la supervisión de este próximo organismo. Es decir, antes de partir
¿Igualdad ante la ley? ¿Supuestos derechos adquiridos a título de qué? Obviamente, las empresas internacionales que han venido participando en Chile en un sistema que no fue para nada transparente, pueden molestarse y manifestar sus aprensiones frente a una fiscalización estricta, proba y objetiva, a la cual aparentemente no estuvieron acostumbradas. Pero, desde el punto de vista político, el gobierno debe aplicar prontamente estas correcciones que le penan al sistema heredado de la administración anterior.
Sobre el punto, es necesario que el Ministro Bitrán se apoye en las energías ciudadanas, que procure abrir las instancias descentralizadas para que la comunidad tenga los resortes para velar por la calidad de los servicios concesionados y por la calidad de las obras públicas. Al respecto, en el ánimo de apoyar los criterios de transparencia y de probidad que trae el nuevo Ministro para hacer más eficiente el gasto público en infraestructura, se le hizo llegar una propuesta para incorporar al sistema un organismo ciudadano que, con las características de un Ombudsman, pueda defender a las personas frente a abusos, negligencias o incumplimientos de parte de los concesionarios de servicios públicos. La sugerencia de descentralización del Ministerio busca que los gobiernos regionales y los municipios tengan capacidad para exigir que las obras públicas funcionen y se cumplan con los parámetros de calidad, seguridad e impacto ambiental requeridos.
La alianza estratégica del Estado con la comunidad no atenta en contra de la correcta participación de los privados, al contrario vela por una libre concurrencia, ya que permite evitar prácticas corruptas que perjudican el bien común. Se trata de escuchar a la gente y respetar sus derechos cuando se trata de diseñar una carretera, un proyecto de borde costero, una concesión de calles, de puertos, de servicios públicos.
La comunidad exige que en la definición tecnocrática se actúe sin secretismo, con capacidad para conocer y aportar a los proyectos. La soberbia de pensar que la gente no tiene capacidad de análisis es un grave error, ya que la sinergia que se da en las colectividades de base es sorprendente, pues llegan a consolidar una inteligencia que les permite actuar con solvencia e información frente a los problemas. Ver a la comunidad organizada, consciente, propositiva y activa, es algo a lo que deberemos acostumbrarnos, sobre todo los políticos clásicos, acostumbrados a una democracia representativa que sólo se acuerda del ciudadano para las temporadas electorales. Aseguremos que ese estilo se erradique y sigamos de cerca los temas ciudadanos, ya que es la mejor forma de servir a los intereses de Estado, con la crítica oportuna y propositiva.
Una mirada libre a nuestro entorno
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