Potenciar la capacidad fiscalizadora del Estado
EL BANCO MUNDIAL viene insistiendo desde los noventa, en la necesidad de que en el modelo de libre mercado exista un Estado moderno, regulador, capaz de fiscalizar eficazmente los actos económicos, con aplicación de herramientas tecnológicas modernas y, sobre todo, a través de funcionarios públicos competentes y honestos. Esto es una condición fundamental para un sano funcionamiento de los mercados y una mayor equidad en la distribución de la riqueza.
Es que la realidad del comercio mundial nos marca que las dos terceras partes del intercambio corresponden a operaciones entre corporaciones multinacionales, con un peso específico enorme, que apunta naturalmente al control de los mercados planetarios.
Estas premisas que alertan contra el peligro de la concentración económica y abogan por un Estado que fiscalice efectivamente los hechos económicos, son de absoluto sentido común, ya que proponen un contrapeso real a la presencia política, abierta o soterrada, de los grupos económicos y financieros. La influencia de dichos grupos puede permear peligrosamente al Estado, debilitando, ex profeso, su capacidad de actuar en forma independiente y eficaz al fiscalizar.
Estas distorsiones atentan contra el espíritu mismo de la libre concurrencia, ya que, presiones, lobbies y vinculaciones mediante, dichos intereses terminan obteniendo ventajas especiales en desmedro del interés general. Cuando se cartelizan sectores económicos sensibles y se generan conductas impropias en organismos del Estado, además de requerirse probidad en la gestión pública, se hace necesaria la fiscalización directa de la ciudadanía, del periodismo independiente y de los Ombudsman o Defensores del Pueblo, que aparecen como una herramienta para denunciar los abusos y vicios que distorsionan los mercados.
Si se invirtiera en equipamiento y modernización de las instituciones fiscalizadoras del Estado, los costos se verían seguramente compensados por una mayor recaudación y por la eliminación de fugas. Estoy seguro que el personal estable de
Esto sólo requiere una voluntad política efectiva. Como lo señalara el propio Adam Smith, siempre que dos o más personas de un mismo rubro se ponen de acuerdo, terminan perjudicando el interés general. Al Estado corresponde cuidar que esto no ocurra. Y, complementariamente, a la ciudadanía organizada, el quinto poder emergente.
21/06/06
Una mirada libre a nuestro entorno
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