Descentralización de las Obras Públicas

Tras el episodio del puente en Chiloé, queda en la mesa la necesidad de procurar una efectiva participación ciudadana para la correcta asignación de recursos en materia de obras públicas, para una fiscalización efectiva de su ejecución y un seguimiento permanente de su mantenimiento y preservación.

Está visto que decisiones centrales y tecnocráticas sin consultar a los espacios locales, llevan a situaciones de confrontación entre la sociedad civil y el Estado, colocando como antagonistas a quienes debieran ser aliados permanentes para un desarrollo armónico de los espacios locales.

Quiero señalar que al asumir el Ministro Bitrán aplaudí su decisión de crear una Superintendencia de Concesiones, destinada a fiscalizar los contratos BOT, Building, Operate and Transfer, que es la base de las obras públicas con concurso de privados, algo nada esotérico, pero que exige máxima transparencia y probidad, para que la complementación público privada vaya en beneficio de intereses de Estado, es decir de bien común. Hice llegar en su oportunidad una carta al Ministro a través de Presidencia de la República, haciéndole llegar un ensayo publicado por la Revista Probidad N° 22 y que propone un modelo descentralizado y participativo para el manejo de las obras bajo esta modalidad de concesiones. Desde una óptica ciudadana la idea es que a nivel de Gobiernos Regionales, se pueda trabajar con una efectiva participación de la comunidad, en términos de levantar proyectos previamente consensuados y que respondan a prioridades conjugadas a nivel intercomunal, y no que sean producto de meras definiciones tecnocráticas centrales, que no escuchan a los usuarios finales de las obras, manejando una relación con las constructoras interesadas en esa inversión en infraestructura.

Los proyectos denominados "emblemáticos" como el del Aeropuerto Cerrillos, el TransSantiago, el Borde Costero y acceso sur a Valparaíso, se impusieron contra la voluntad de amplios sectores ciudadanos que buscaban proyectos de dimensión ambiental y humana, compatibles con los intereses de las comunidades.

La presión de las empresas concesionarias, en especial las extranjeras, ha sido inmediata y constante sobre el gobierno, manejando los famosos lobbistas que tienen llegada a los círculos de decisión. Del otro lado, la comunidad actúa de manera dispersa, desarticulada y difícilmente logra espacio en los medios masivos, corriendo el riesgo de que se distorsionen o farandulicen sus planteamientos.

En consecuencia, como asunto de estrategia política, creo que en este campo el gobierno de la Presidenta Bachelet debe generar vasos comunicantes expeditos con las comunas y con las fuerzas vivas locales, cuidando que se logre recoger en ese empeño las visiones y sensibilidades de las mayorías y no sólo de quienes tienen los recursos para generar mediáticamente que sólo se conozca y discuta lo que ellos deciden.

Algo complejo, pero que lleva medularmente a remarcar una vez más que este gobierno podrá romper con prácticas cupulares y centralistas de gobiernos anteriores, si decididamente se conecta con la población y esta, a su vez, se organiza para ser interlocutora válida de las políticas públicas. De esta alianza estratégica podrán surgir obras bien dimensionadas, donde los valores tengan explicaciones lógicas y que no signifiquen hechos consumados. Cuestión que someto al debate.

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11.Ag.2006

Una mirada libre a nuestro entorno