Operadores financieros internacionales especializados en determinación de riesgo país, han señalado que, de aprobarse la propuesta constitucional el próximo de septiembre, en Chile no se prevén elementos que puedan poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.
Las definiciones que contiene la Nueva Constitución, desde el prisma
político económico, propician la iniciativa privada, estableciendo como límite
los preceptos de respeto a la naturaleza y los ecosistemas. Del texto, en forma
muy coherente, surgen reglas muy claras para la participación de los
inversionistas internacionales, las que, a medida que se implemente el
cronograma de normas transitorias, ubicarán a Chile en un estándar comparable a
países europeos y escandinavos.
La factibilidad de un proyecto en
el mediano y largo plazo, involucra determinar el valor mínimo de rentabilidad
que debiera tener un proyecto, habida cuenta del riesgo país. Los
inversionistas recurren a indicadores de riesgo como el EMBI (Emerging Markets
Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes), que confecciona J.P.
Morgan Chase, banco especializado en inversiones, sobre la base de cumplimiento
del servicio de la deuda externa emitida por cada país. La tasa de riesgo
guarda directa relación con la mayor o menor certeza de que un país cumpla con
sus obligaciones crediticias. Una matriz de riesgo país, mide, en especial,
riesgos políticos y, en tal sentido, la nueva Constitución sacará a Chile de
una crisis institucional profunda, con un camino cierto para construir un
sistema más descentralizado, con un pacto social de mayor equilibrio y equidad.
La Nueva Constitución dará paso a una economía social de mercado, una economía
mixta, donde el Estado recupera sus roles de regulación y fiscalización, con capacidad
para emprender y desarrollar actividades económicas, con una descentralización
que propicia un desarrollo armónico de las regiones y con un respeto a la naturaleza,
en armonía con sus ciclos naturales. Además, la Constitución consagra la
autonomía del Banco Central, una conducta monetaria responsable y fortalece las
funciones de la Contraloría sobre las empresas públicas y sobre toda empresa en
la que el Estado tenga participación. En este sentido, cabe destacar el
Artículo 1 de la propuesta constitucional declara que Chile es un Estado social
y democrático de derecho; el Artículo 8 que señala que toda persona tiene
libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, agregando un
principio sustantivo: su ejercicio debe ser compatible con los derechos
consagrados en esta Constitución y la protección de la naturaleza; el artículo
170 señala que la corrupción es contraria al bien común y atenta contra el
sistema democrático y el 172 establece la inhabilidad para ocupar cargos
públicos o de representación popular a los condenados por actos de corrupción.
Hacia un mejor clima país.
La superación de un modelo neoliberal sin parangón a nivel mundial, de
capitalismo salvaje, lleno de opacidades, donde no ha existido libre
concurrencia, donde la corrupción, expresada, entre otros ilícitos, en el
tráfico de influencias, el cohecho activo y pasivo, la malversación de recursos públicos, las relaciones
impropias de la política con los negocios; permitirá, por el ejercicio de la
ley y con la gradualidad que el mismo texto constitucional fija en sus
disposiciones transitorias, que la
economía chilena avance hacia un clima de mayor transparencia y probidad, lo
que debe acompañar al principio de libre competencia.
El Estado Regional, con una acción proactiva de los territorios en el
planeamiento de su desarrollo integral, permitirá que los mercados den paso a
una mayor desconcentración y descentralización territorial, con un sentido de
interés general y bien común,
que se basa en la participación de una multiplicidad de agentes económicos, con
un fomento a la asociatividad y el cooperativismo, lo que significará avanzar
hacia en condiciones de convivencia menos asimétricas, con una participación activa
y vigilante de la ciudadanía a través de sus fuerzas vivas, en barrios,
ruralidad, comunas y regiones autónomas.
Los proyectos de inversión tendrán como siempre una evaluación social y ambiental, pero a ello se sumará la participación ciudadana vigilante que establece la Nueva Constitución. La Transparencia y la Rendición de Cuentas son elementos que generan confianza y son enriquecedores para que la inversión tenga un impacto multiplicador y procure un encadenamiento productivo, que supere el extractivismo y sus pasivos ambientales.
En un proceso de gestión en comunas y regiones autónomas empoderadas, se hará práctica una democracia directa, comunitaria y participativa, expresada en consultas, plebiscitos o iniciativa de ley por parte de la ciudadanía. A esto se debe agregar la creación constitucional de instituciones autónomas y con patrimonio propio que se ocuparán de fiscalizar a los demás poderes del Estado y entes privados que actúen en actividades económicas de servicio público, para prevenir todo tipo de abusos. Son las Defensorías del Pueblo, de la Niñez y de la Naturaleza, más el organismo fiscalizador que se ocupe de la defensa de usuarios y consumidores (Sernac o como se le denomine en la ley). Una mayor independencia del Poder Judicial fortalece también el clima que busca todo inversionista que funciona en marcos éticos y de responsabilidad social.
El traslado de poder a la
sociedad civil y este sistema de defensorías que podrán prevenir o detectar
situaciones de abusos, a los DDHH, de impacto social y ambiental, ordenan una convivencia en armonía y
estabilidad, en términos de un comportamiento de respeto, con la conciencia de
que no existirá impunidad para los que transgredan la normativa. En esto
último, Chile se colocará, ni más ni menos, en los estándares de EEUU o
Europa en la sanción de los delitos económicos.
El hecho de que el Estado pueda retomar actividades económicas en forma
directa o en coinversión, con una planificación indicativa, abre espacios
atractivos para que el Estado pueda ser el motor al cual se vaya sumando la
iniciativa privada, en un círculo virtuoso que podrá aterrizar en las regiones
y comunas autónomas, como espacios concretos de realización de actividades económicas
y sociales, ya sea en el territorio o el maritorio respectivo, en la armonía
que la Constitución establece como marco.
Las comunas y regiones autónomas, dentro del Estado Regional, tendrán la capacidad de generar emprendimientos público privados, en asociatividad con las comunidades y con inversionistas privados nacionales o extranjeros, asegurando una gestión transparente para evitar toda clase de corrupción. En ese marco desconcentrado, los habitantes podrán participar de esos procesos, con una mirada de interés general y buen vivir, propiciando proyectos cooperativos o colaborativos, en asociatividad, para un desarrollo sustentable y para la industrialización de sus recursos naturales.Una vitrina de proyectos organizados con estos criterios sería una estrategia país para sumar energías a proyectos de envergadura que el país requiere desarrollar. En este orden de ideas, podrán articularse clúster de pequeñas y medianas empresas para hacerlas sujetos de coinversiones. Estamos hablando de un Estado Responsable que podrá, a través de organismos propios, como CORFO y Banco Estado, articular programas para colocar a las empresas locales en posición de relacionarse con inversionistas, aprendiendo a cogestionar con socios externos y a manejar proyectos que les permitan crecer tecnológicamente, en un marco colaborativo que fije el Estado anfitrión de la inversión extranjera.
A los inversionistas interesa que en un país existan reglas claras, que
exista una acción descentralizada en los espacios comunales o regionales, que
los límites demarcados no se distorsionen por trenzas de corrupción disfrazada
de lobby.
Hernán Narbona Véliz, Periodismo
Independiente, Corresponsal Diario La Razón.cl, 22.08.2022
