Se cumple un mes de explosión social en Chile
Para comprender los hechos que han venido acaeciendo en
los 30 días de movilización social, es preciso leer un tablero
multidimensional, donde una juventud heterogénea, integrada de estudiantes y no
estudiantes, sin liderazgos ni caudillos visibles, ha sido vanguardia en la
confrontación con las fuerzas represivas.
En el plano político, con propuestas para un nuevo Pacto
Social, se ha conformado la Unidad Social, integrada por múltiples organizaciones
y movimientos sociales con diversos objetivos que confluyen en lo que resume un
Interés General, como la CUT, ANEF, No Más AFP, MODATIMA ambientalistas por la
recuperación del agua, Movimiento Recuperemos Chile, que coloca el acento en la
recuperación de nuestras riquezas básicas; pueblo Mapuche, que ha llevado las
banderas de la movilización social, en la idea fuerza que propone hacer de
Chile un Estado Plurinacional, que respete a sus pueblos originarios; trabajadores
que actúan a través de sus organizaciones, Colegios de Profesores, de
Profesionales de la Salud, de Periodistas, Colegio Médico, Académicos,
estudiantes universitarios, trabajadores portuarios, aduaneros, bancarios,
empleados fiscales, agrupaciones poblacionales, de carácter territorial,
movimientos de las minorías sexuales. En esta diversidad que se ha aglutinado y
autoconvocado, se puede leer la realidad de la Sociedad Civil chilena. El
gobierno se ha apoyado en las Fuerzas Armadas y de Orden y en los sectores de
ultraderecha, cuya actitud ha sido de enfrentamiento y mayor fuerza represiva.
¿Cómo se han ido moviendo las piezas en este complejo
ajedrez político-social en estos 30 días?
Evadir fue la forma de protesta estudiantil frente al alza
de 30 pesos en el pasaje del Metro, que no los alcanzaba a ellos, pero sí
golpeaba a sus familias. Fue la gota que rebalsó el vaso y esos miles de
adolescentes y púberes saltando los torniquetes del Metro, concertados a través
de las redes sociales, lograron una explosión social que ha colocado en jaque
al modelo neoliberal de 30 años en Chile.
En un efecto dominó se ha desmoronado en un mes, un
experimento económico iniciado el año 1980 con la promulgación de la
Constitución de 1980, redactada por el grupo ideológico asesor de la dictadura
militar, dirigido por Jaime Guzmán, y
aprobada a través de un plebiscito sin registros electorales, con el terrorismo
de Estado como respaldo. Esa carta magna, ilegítima en su origen, ha seguido
rigiendo, con la anuencia de los partidos opositores que negociaron la
transición en 1989, un sistema centrado en una concepción ultra liberal de la
sociedad, en donde el Estado sólo debe actuar en su rol de policía y defensa y
sólo en aquellas áreas en las cuales los privados no se interesen o no puedan
actuar. El mercado, supuestamente perfecto, debe resolver los problemas sociales
mediante la iniciativa privada que atenderá esas necesidades como oportunidades
de negocio. Esta concepción de capitalismo salvaje se imprimió en la sociedad
chilena, bajo el concepto de Subsidiaridad del Estado, vale decir que el Estado
sólo pueda actuar cuando y siempre que los privados no puedan o no se interesen
por hacerlo. El vicio teórico del modelo es que la doctrina del liberalismo
económico establece como requisito la libre concurrencia, algo que en Chile
nunca se ha dado, toda vez que la estructura del poder económico está
concentrada en un grupo de familias, que representa el 1% de la población y que
se integran vertical y horizontalmente para repartirse en un sistema cerrado
todos los recursos naturales del país, aliándose en las últimas décadas con
intereses multinacionales, los que han pasado a dominar un modelo de economía abierta,
extractiva, prácticamente sin fiscalización de parte del Estado.
El modelo chileno ha generado una sociedad de mercado que ha
privatizado todas las necesidades básicas. Así, fueron entregados a los grupos
económicos que apoyaron el golpe de estado de 1973, prácticamente todos los sectores económicos,
partiendo por la industria pesada creada por CORFO, siguiendo con la minería, la
pesca, el sector forestal, ganadería y agricultura, agua, energía, vivienda, telecomunicaciones,
transporte, puertos y aeropuertos. Los que debieran ser derechos básicos
asegurados, han sido convertidos en productos que se comercializa. Es el caso
de la educación, la salud, el transporte público, con servicios privados y del
Estado. Esta concepción ideológica se construyó a partir de la Constitución del
80 y es lo que explica la desigualdad profunda entre quienes pueden tener
acceso a servicios privados y pagarlos; y los que obligadamente deben atenderse
en servicios públicos.
En la ideología de la derecha económica siempre ha estado
reducir al Estado a su mínima expresión, procurando que la iniciativa privada entregue
cobertura a las necesidades del sector que puede pagar por tales prestaciones.
En este orden de ideas, la Constitución del 80 es la plataforma ideológica que
ha asegurado a los poderes económicos una institucionalidad estable para poder
realizar sus negocios, con una fiscalización débil y permeable, con un Estado
cooptado desde su génesis por el tráfico de influencias, el cohecho y otras
malas prácticas.
Lo anterior explica porqué no basta con sitiar al sistema
con una protesta generalizada, girando con trompetas en torno al palacio, sino se hace necesario persistir en una acción
política que lleve al desmonte de un sistema perverso, basado en el interés de
lucro cortoplacista de privados que nunca han sido capaces de mirar los límites
ambientales del modelo y por eso han puesto caras de desconcierto cuando masas
ingobernables se han autoconvocado para demoler desde sus cimientos la
institucionalidad mantenida por 40 años.
Evolución de la crisis a grandes rasgos
La primera reacción del gobierno de Sebastián Piñera fue
plantear que estábamos “en guerra contra un enemigo implacable, que no
respeta nada ni nadie”. El General Javier Iturriaga del Campo, a cargo del
Estado de Emergencia en la plaza de Santiago señaló que él no estaba en guerra
con nadie, descalificando el discurso del Presidente Piñera. Pero, aun así, en
una semana de Estado de Emergencia y el período ulterior, hubo 22 muertos y
miles de heridos; más de 200 mutilaciones a la vista por perdigones consignados
como armamento no letal. Un análisis de los perdigones por laboratorio de la
Universidad de Chile demostró que tales municiones no eran de goma, sino de
plomo y silicio, revestidos en goma. Se cayó así la mentira esgrimida ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, el Instituto Nacional
de Derechos Humanos presentaba querellas por abusos, uso excesivo de la fuerza
y por disparar a civiles a su cara, con mutilaciones oculares jamás vistas a
nivel mundial. A las demostraciones de fuerza de la civilidad, expresadas en
marchas a lo largo de Chile, prosiguió un primer Paro Nacional y, entonces,
Piñera cambia su gabinete y, a través del nuevo Ministro del Interior, Gonzalo
Blumel, llama a un Congreso Constituyente, idea que moriría a las 24 horas en
medio de un rechazo nacional.
El viernes 14, sin Piñera participando, los partidos
políticos de gobierno y oposición, destacando la ausencia del Partido Comunista
y Partido Regionalista, se encerraron en el antiguo Congreso Nacional de Santiago,
a buscar una salida institucional a la crisis; a las 2 de la madrugada del día
sábado 15 de noviembre, los políticos en actividad firmaban un Acuerdo por la
Paz y la Nueva Constitución. En lo medular se convocaba a un Plebiscito para
una Nueva Constitución, cuya redacción parte de fojas cero, es decir con una
hoja en blanco. El problema inmediato que provocó gran rechazo, fue el quorum
de 2/3 que se acordó para incorporar los preceptos a la Constitución, lo que
deja a merced de una posición minoritaria de un tercio+1 voto la incorporación
de tópicos a la Constitución, definiendo un nuevo orden político, económico y
social en Chile. Y frente a situaciones en que no se logre un 66% de apoyo, las
mismas deberán dirimirse en el Congreso y no en un Plebiscito ciudadano, lo que
deja la incorporación de principios fundamentales, sujeta a la condición de
poder construir mayorías suficientes en la Asamblea o en un nuevo Congreso en
donde se refleje legítimamente el 70% o más de la población que demanda cambios
de fondo. Otro aspecto, no menor, considerado como letra chica deslizada en el
Acuerdo, fue la pretensión de los políticos de ser ellos los que nominen los
candidatos a delegados constituyentes, bloqueando en la práctica la postulación
directa de independientes como candidatos a delegados constituyentes.
El afán de la clase política ha sido seguir monopolizando
la representación popular, muy en la línea que rige actualmente, de prohibición
de dirigentes sociales a postularse a cargos de elección popular, resultando
casi imposible que un independiente pueda competir.
Esas malas prácticas son precisamente las que han
deslegitimado a Diputados y Senadores, que han conformado una cúpula que goza
de privilegios y descontrol, lo que ha ido corrompiendo la política, con
numerosas malas prácticas que, en esta ocasión, han querido repetir en un
acuerdo de espaldas a la sociedad civil y en colusión con un gobierno represor
fallido, que apenas tiene un 9% de apoyo.
Apostar al desgaste, a la desinformación, a la letra
chica, a la declamación de nobles principios republicanos, ha sido la reacción
de los políticos frente a la explosión social.
Se ha buscado permanentemente criminalizar al movimiento
social, pero la mentira tiene pata corta y los dirigentes sociales han sido muy
claros al denunciar situaciones de clara omisión o complicidad de fuerzas
policiales frente a acciones criminales, como incendios a infraestructura,
principalmente a estaciones del Metro, saqueos, desmanes, a la par que se
ejercía sobre personas protestando una violencia inusitada, con víctimas
fatales. Tanto ha ido el cántaro al agua que, en el discurso del 17 de
noviembre, el Presidente Piñera pidió disculpas por hechos en que se haya hecho
uso indebido de la fuerza, lo cual, señaló, “se estaba investigando en sumarios
administrativos que, de haber mérito en la causa, serían derivados a la
Justicia”. Cabe acotar que sólo un par de días antes, se filtró un discurso del
General de Carabineros Mario Rozas en donde comprometía su respaldo a los
carabineros en procesos policiales y que, “aunque lo quisieran obligar, él no
removería a nadie”. El discurso presidencial ha salido al paso de esta
declaración, pero en forma tibia, sin un llamado tajante a Carabineros para
dejar de abusar del uso de la fuerza en sus operativos. En relación a lo mismo,
como un hecho proveniente del ámbito judicial, ya dos Cortes de Apelaciones, de
Antofagasta y Valparaíso, han llamado a no usar, a todo evento, escopetas con
balines ni perdigones en la represión de civiles, por las mutilaciones que han
provocado.
Por su parte, en la Cámara de Diputados, la bancada del
Frente Amplio, Humanistas y Partido Comunista, prepara una acusación
constitucional en contra del Presidente Piñera, como responsable político por
los muertos, de los mutilados a la vista y los miles de heridos en un mes de
movilización social. La firma de 10 diputados bastaría para dar curso a esta
Acusación Constitucional. La Diputada Pamela Jiles ha señalado que habría
habido un acuerdo político para no acusar a Piñera, como una de las condiciones
del Acuerdo del 15.11. Lo efectivo es que, habiendo aumentado el número de
muertos y habiéndose cursado una querella a Sebastián Piñera como responsable
político de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas, es probable que
esta acusación constitucional prospere, pese al Acuerdo del 15.11 y el calendario
fijado para Abril, toda vez que se
señala que el mismo se negoció entre parlamentarios y partidos políticos, de
espalda a la Unidad Social que aglutina al pueblo en esta explosión social.
Medidas de urgencia
En el discurso de ayer, Sebastián Piñera señaló que pudo
haber elegido la fuerza y que ello habría llevado a una dictadura, pero que
prefirió la fuerza de la razón para construir la paz en Chile. La respuesta en
Redes Sociales ha sido categórica, el infierno está plagado de buenas
intenciones y lo que la sociedad civil espera con suma urgencia son medidas
concretas e inmediatas, entre las que se señala, por ser de resorte
presidencial, entre otras, las siguientes:
·
Aumento inmediato de pensiones:
Cambiar las tablas de
esperanza de vida que aplican las AFP, para calcular las pensiones con 85
años máximo y que el Estado supla directamente los casos en que este límite se
exceda. Actualmente, se calcula las pensiones con una esperanza de vida de 110
años, lo que significa un despojo del ahorro individual.
Anular todos los cambios al
original Sistema de AFP, que realizaron los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet,
para que éstas vuelvan a ser responsables por las pérdidas y que las mismas no se
trasladen al afiliado. Que no puedan, además, cobrar comisiones cuando el
afiliado esté cesante, entre otros cambios que empeoraron el sistema para
beneficio de las Administradoras.
·
Revisar todos los contratos de concesiones de
carreteras, con Auditorías en las que puedan participar representantes de
la sociedad civil, de manera de corregir todo aquello que en forma leonina se
pactó a favor de las concesionarias en desmedro del usuario y del interés
nacional. Como medida inicial, anular todas las multas cursadas a infractores,
eliminando cobros del TAC en carreteras que ya hayan recuperado 1,5 veces la
inversión inicial realizada.
·
Fijar un Salario Mínimo de 350 mil pesos, a
partir de diciembre.
·
Rebajar la remuneración de los parlamentarios,
asimilándola al de un grado 5°, Jefe de Departamento, en la Escala Única de
Sueldos del Sector Público, eliminando la facultad de autoasignarse
corporativamente gratificaciones por gastos y asesorías.
·
Asignar un presupuesto extraordinario a los
Hospitales y Centros Asistenciales del Estado, que permita sanear deuda con
proveedores y que signifique disponer de inmediato de insumos, con utilización
óptima de quirófanos para atención de listas de espera. Dejar de inyectar
recursos públicos a clínicas privadas.
·
Ampliar la producción de medicamentos
genéricos y su comercialización a través de farmacias municipales, para
eliminar colusiones de precios en productos de marca.
·
Como señal de cambio en la responsabilidad
del Estado en protección de sus habitantes, generar frente a sequía un plan de
inversión pública de emergencia, adquiriendo e instalando en el litoral plantas
desaladoras que permitan suministrar agua para riego y consumo humano a comunidades
rurales afectadas, trabajando en su distribución con municipalidades para la
distribución del agua como un derecho humano fundamental en donde no es
admisible el lucro.
Las demandas sociales son urgentes y no pueden esperar
los cambios de fondo y la voluntad política del pueblo soberano exige avanzar
en ambos sentidos; frente a lo cual el sector dominante, que ha gozado de
privilegios por 40 años, deberá conscientemente plegarse al cambio de reglas,
pagando más impuestos y resignando indebidos ingresos, obtenidos por el tráfico
de influencias, el financiamiento de la política o la fuerza golpista. Chile espera
que la plutocracia asuma que no se volverá a más de lo mismo, no esta vez.
Periodismo
Independiente, 18 de Noviembre de 2019
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