Este es un espacio de periodismo de análisis y opinión, desarrollado por Hernán Narbona Véliz, Poeta y Escritor chileno. Administrador Público, Licenciado en Relaciones Internacionales, Columnista de diversos medios, miembro de Periodistas Frente a la Corrupción.
COP 26: Debemos frenar el
extractivismo depredador
Por Hernán Narbona Véliz
En noviembre, el Reino Unido será
anfitrión, en Glasgow, Escocia, de la
COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de
2021. Se desarrollará en el Scottish
Event Campus, bajo la presidencia del político británico Alok Sharma. Luego del
fracaso de la COP25, el 2019, que originalmente se debía realizar en Santiago
de Chile, y que, por la explosión social de octubre, terminó realizándose en
Madrid, hubo un año de suspensión por la pandemia del Covid 19.
Se llega a Glasgow 2021, con la
comprobación cercana, de desastres naturales, largamente anunciados, que arrasaron
regiones de Alemania, Bélgica, Holanda y Francia, en meses recientes.
Situaciones desgarradoras que dan cuenta de la urgencia que enfrentamos. La
juventud es la que mejor percibe esta herencia negra que le está dejando la
civilización actual.
Las expectativas de acuerdos concretos en esta próxima
Conferencia no son auspiciosas, sino más bien de escepticismo. El modelo global
está anclado aún a los combustibles fósiles y los gobiernos no han dado el
ancho en sus compromisos ambientales, primando en la política la influencia
descarada de un extractivismo depredador. Pero, pese al pesimismo, de cualquier
manera, la COP 26 será una instancia crucial, a la que se llega con la
evidencia global de una crisis climática creciente y desatada, que pone en alto
riesgo la vida en el planeta. Un dato duro lo ha entregado el reciente informe
de la Organización Meteorológica Mundial: el número de catástrofes se ha
quintuplicado en los últimos 50 años. La temperatura va subiendo y sus efectos
se han demostrado en gigantescos incendios, temperaturas cercanas a los 50°C en
Siberia, derretimiento en el Ártico, huracanes y tormentas sucesivas en el
Caribe y el Golfo de México, mega sequías. Todas estas catástrofes derivan del
calentamiento global y la alteración de los ciclos naturales.
El objetivo de la COP 26 es garantizar la supervivencia de
las generaciones futuras, manteniendo las temperaturas globales lo más cerca
posible de 1,5°C de calentamiento para el año 2100. Son las generaciones del
futuro las que sufrirán las consecuencias de las decisiones que se tome hoy.
“La reunión COP26 es la oportunidad para que se ponga a
los niños en el centro de las políticas y acciones climáticas” ha señalado
la UNICEF, que está impulsando la Declaración Intergubernamental sobre la
Infancia, la Juventud y la Acción Climática.
Describir los escenarios que enfrenta el planeta, puede
sonar apocalíptico. Basta con señalar que la humanidad vierte una camionada
plástico por segundo a los océanos, que se están alterando las corrientes
marinas, que los arrecifes de coral se han ido reduciendo, que el nivel del mar
está subiendo, que los glaciares, reservorios de agua, y las selvas tropicales,
han sufrido la incursión contaminante de la minería del oro. En nuestra propia realidad,
apreciamos cómo los monocultivos de pinos y eucaliptus han destruido el bosque
nativo, que los paltos han secado los territorios que antes ocupaba la
agricultura campesina. Todas evidencias de los efectos ecocidas de un modelo
deshumanizado, depredador y cortoplacista que la ciudadanía planetaria presiona
por cambiar.
En su origen, tres décadas atrás, el movimiento
ambientalista tuvo su base social e ideológica mayoritariamente en las élites
ilustradas, profesionales que dieron nacimiento a diversas Fundaciones u
Organizaciones No Gubernamentales, con el propósito de intervenir en la toma de
decisiones políticas respecto al medio ambiente, logrando históricamente una
importante cuota de poder político, como lo han sido en Europa los partidos
Verdes. En nuestra realidad, el movimiento
social ha levantado, desde la base social, una demanda prioritaria por
recuperación del agua como un Derecho Humano y el término de las zonas de
sacrificio. En Chile, el principal movimiento ambientalista nacional, MODATIMA,
Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, surgió en
Petorca, de la lucha heroica contra la usurpación, robo o saqueo del agua en el
territorio. La lucha de MODATIMA contra los poderes fácticos del extractivismo
agrícola y sus monocultivos, trascendió a nivel internacional, a través del
activista ambiental, Rodrigo Mundaca, Ingeniero Agrónomo, actual Gobernador de
Valparaíso, que resultó elegido en primera vuelta, con una mayoría abrumadora.
Las Mujeres también han liderado la lucha ambientalista, destacando el
Movimiento de Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, MUZOSARE, que
defienden los territorios de Quintero, Ventanas, Puchuncaví de la contaminación
permanente de las Termoeléctricas y Refinerías de esa zona e sacrificio.
La conciencia verde es hoy transversal, en términos de proponer
un eco-Estado, en armonía con la Naturaleza. En este proceso constituyente, la
sintonía de los pueblos de Chile con la Naturaleza, es un elemento decisivo que
empapa el espíritu que habrá de tener la Nueva Constitución, lo que augura un
compromiso potente del Estado de Chile con las decisiones que se tomen en la
COP26.
Suscribir el Acuerdo de Escazú, el mismo que Piñera no ha querido
suscribir, debiera ser uno de los primeros pasos que se debiera dar Chile, para
fortalecer el interés general de defensa y preservación de territorios que se
declaren de reserva ecológica.
Es emblemático que la Convención Constitucional se haya
declarado en Emergencia Climática, expresando con ello el compromiso que habrá
de tener la Nueva Constitución con el cambio estructural del modelo,
extractivista depredador, para avanza en otro estilo de convivencia, que
priorice la vida por encima de los intereses económicos, generando Desarrollo a
escala humana, con sustentabilidad efectiva.
Lo que se discuta en la COP 26 lo seguiremos de cerca porque
es parte de un proceso global, conducente al término de la era del crecimiento
ilimitado, para entrar en una era de recuperación de este planeta generoso, que
la codicia exacerbada de poderes supranacionales está destruyendo. Como
civilización de este Siglo XXI, debemos abandonar el carbón, el petróleo, el
plástico y sus secuelas de muerte y devastación. Los niños lo están exigiendo y
no nos queda tiempo.
Chile y su Nueva Constitución, una realidad
que el mundo querrá conocer.
Una noticia motivó
esta columna: la recuperación de la película “Un verano feliz”, que rescata la
experiencia de Turismo Juvenil y Turismo Social, desarrollado por la Dirección
de Turismo, en el gobierno del Presidente Salvador Allende, cuando se
construyeron los albergues juveniles en ciudades costeras y miles de niños del
campo con sus familias pudieron conocer el mar. Con orgullo, puedo señalar que
participé como joven profesional de ese proyecto, atesorando vivencias que me
marcaron para siempre, entendiendo que el turismo es un instrumento de paz y la
recreación, un derecho.
Pensando ahora en reactivar
el turismo después de la actual pandemia, como forma de motivar un debate que
nos permita hacer de la recreación un espacio de fraternidad, conocimiento y
emprendimientos, pienso que, en el mundo, en distintos momentos, se ha cruzado
por hechos políticos y sociales críticos, que, lejos de paralizar la actividad
turística, la dinamizaron y transformaron, apareciendo nuevas motivaciones para
el intercambio, nuevos destinos y rutas, nuevos intereses especiales impensados.
Fue el caso de la caída del
muro de Berlín, o la Reforma de París de Mayo de 1968, o ese sueño de los mil
días, la vía chilena democrática al socialismo, que generó una gran atracción
mundial entre 1971 y 1973. Como lo fuera también la recuperación democrática de
los 90, pos dictaduras en Uruguay, Argentina y Chile, que provocaron un enorme movimiento
turístico, académico y político, en especial de europeos que venían a analizar
la nueva realidad de América del Sur. En este Siglo XXI el turismo académico y
de intercambio se intensificó tras causas ambientales y de pueblos originarios,
como el conflicto en la Araucanía y la realidad del pueblo mapuche, que son
experiencias que se han convertido en focos de interés mundial.
Sobre la base de esas
experiencias, me atrevo a afirmar que, después de la pandemia, se viene una
nueva forma de turismo receptivo en Chile, para seguir el, nuevamente inédito,
proceso político y social hacia una nueva constitución.
Se aprecia que, al vivirse en
la conectividad de la globalización, con redes sociales que no tienen fronteras,
la explosión social que vive el país desde el 18 de octubre de 2019,
repercutirá en un cambio del tipo de turista que llegará al país, generándose importantes
corrientes de viajeros de intereses especiales, que buscarán seguir en forma
directa un proceso constituyente que ha tenido impacto mundial: el camino
recorrido para ratificar un clamor popular y dar a Chile una Nueva
Constitución.
El visitante que se perfila
es una persona con cultura cívica, con actividad en periodismo o en ciencias
políticas y sociales, que buscará a través de un acercamiento a cabildos,
conversatorios, coloquios, pasantías en organizaciones sociales, seminarios
especializados, seguir de cerca este proceso, ya que, a nivel internacional, se
lee como una refundación republicana, como un movimiento socio político inédito,
en cuanto a participación femenina, profundización democrática y participación
popular.
La inteligencia del sector
turismo para dar contenido a programas de intereses especiales, dependerá de la
mente abierta de empresarios innovadores, para establecer alianzas con las
comunas, con las organizaciones sociales, con universidades, gremios, colegios
profesionales, organizaciones sociales, comunidades de pueblos originarios, para
poder levantar propuestas que sean de debate cívico, con miradas diversas y
multidisciplinarias y con conocimiento de ese Chile que no se promueve en
instancias oficiales, porque renace en la base social, con la política brotando
en los colectivos y con nuevos movimientos políticos y sociales, con los antiguos
partidos en crisis de legitimidad, por sus propias conductas cupulares.
Del mismo modo, la alta
probabilidad que existe de poner fin en Chile al modelo depredador de los
monocultivos, con una nueva cosmovisión respecto a la Naturaleza, potenciará el
ecoturismo, con grandes corrientes de intercambio hacia comunidades que emprendan
procesos de recuperación de sus territorios, dando lugar a nuevos intereses
especiales, científicos y de cooperación, que podrán significar una expansión e
innovación en los servicios turísticos asociados para viabilizar flujos de
visitantes.
Si se asume en el sector Turismo
y toda su cadena de valor, estar frente a una etapa auspiciosa en oportunidades,
se debiera coordinar a los operadores con las comunidades locales, las comunas
y barrios, en una nueva impronta. Incorporando las medidas sanitarias
aprendidas, se podrá ofrecer al mundo una nueva oferta turística, que incorpore
un cambio cultural frente a los bienes naturales, la recuperación del agua y
los territorios, con las comunas y barrios como protagonistas del cambio que
estamos viviendo. Este clima de construcción de una nueva forma de
relacionarnos, podrá hacer de Chile un foco de atracción que multiplicará las
opciones de colaboración entre organizaciones sociales de diversos países, que
busquen conocer y participar de la experiencia social que se generará a partir
de la Nueva Constitución.
Se vienen acciones de
turismo receptivo de intereses especiales, que dinamizarán la actividad de los
innovadores. Mostrar a los visitantes el proceso cívico histórico y único que
estamos viviendo, con todas las facetas que ello implica, será una tendencia en
el turismo receptivo, pos pandemia, por lo mínimo durante los próximos 5 años.
La industria del turismo podrá ser un importante factor de desarrollo sustentable
para Chile, dejando atrás al extractivismo depredador, en sintonía con las
tendencias mundiales que apuntan a frenar y revertir el cambio climático.
Hernán Narbona Véliz, Diario La Razón.cl, 24.10.2021
El “Reglamento General de la Convención Constitucional” aprobado por el Pleno de la Convención
Constitucional en su sesión del 29 de septiembre,
consta de 5 Títulos:
Principios y normas generales,
Estatuto de las y los
Convencionales Constituyentes,
Estructura Orgánica de la Convención
Constitucional,
Iniciativa, debate, tramitación y votación de las normas constitucionales,
y
Reforma del reglamento, archivo y disposiciones finales.
Los otros reglamentos son de Ética; Participación y Consulta
Indígena; Participación Popular.
Imagen: Ron Reiring a través de Flickr, CC-BY-SA-2.0
#PandoraPapers @larazon_cl
Uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Centroamérica, Alemán, Cordero, Galindo & Lee, volvía a entrar en modo de control de daños.
Estados Unidos había acusado a los gerentes de un banco europeo privado de aceptar comisiones exorbitantes para ayudar a los clientes a lavar $ 4.2 mil millones en dinero saqueado. Esos clientes incluían a exfuncionarios de alto rango de la compañía petrolera nacional de Venezuela, una institución plagada de corrupción en un país en caos, junto con otros con estrechos vínculos con el gobierno.
La firma, conocida como Alcogal, tenía motivos para alarmarse: algunos de los venezolanos involucrados en el escándalo también eran sus clientes. Les había creado sociedades fantasma en el extranjero.
Siguiendo un libro de jugadas muy gastado, la firma panameña rápidamente reunió un equipo para manejar la emergencia y decidió renunciar como agente registrado de muchas de las empresas. Impulsando la decisión: “El impacto de las noticias negativas” y “el nivel de riesgo que representan estas empresas por las personas que las integran”, según un informe interno en español de 2015.
Para un bufete de abogados de alto poder que representa a empresas como Citibank y Pfizer, la creación de empresas para ex miembros del gobierno venezolano podría considerarse un riesgo demasiado grande de ayudar inadvertidamente al lavado de dinero.
Pero Alcogal no llegó a desempeñar un papel de liderazgo en la industria de la evasión fiscal y la protección de activos al rechazar a los clientes riesgosos.
Alcogal ha servido a figuras involucradas en algunos de los escándalos de corrupción más notorios en la historia reciente de América Latina.
Durante las últimas tres décadas, Alcogal se ha convertido en un imán para los ricos y poderosos de América Latina y más allá que buscan ocultar su riqueza en el extranjero, muestra una nueva filtración masiva de registros corporativos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación . Los registros se conocen como Pandora Papers .
La firma actuó como intermediario corporativo para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según muestran los registros. Su lista de clientes ha incluido presidentes panameños, uno de los principales contendientes presidenciales en las elecciones hondureñas del próximo mes, el presidente de Ecuador e incluso el rey de Jordania.
En total, casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en los registros filtrados estaban vinculados a Alcogal.
Alcogal también ha servido a figuras involucradas en algunos de los escándalos de corrupción más notorios en la historia reciente de América Latina, incluida la operación global de soborno del gigante brasileño de la construcción Odebrecht SA (ahora conocida como Novonor), el escándalo de corrupción del fútbol internacional conocido como Fifagate y el presunto saqueo. de los bienes públicos venezolanos.
La investigación de Pandora Papers se basa en más de 11,9 millones de registros confidenciales de bufetes de abogados y proveedores de servicios extraterritoriales. Más de dos millones de archivos procedían de Alcogal. El ICIJ obtuvo los registros y los compartió con más de 150 organizaciones de noticias de todo el mundo.
Casi dos años de informes de más de 600 periodistas arrojan una luz sin precedentes sobre una economía sombría disponible solo para aquellos con el dinero o las conexiones para acceder a ella. Empresas como Alcogal impulsan esa economía, ayudando a los clientes adinerados a encontrar refugios para ocultar su dinero, a veces de los recaudadores de impuestos y de los investigadores criminales. La gente corriente suele pagar el precio.
Los Pandora Papers brindan información sobre más de 14,000 entidades offshore en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creados por Alcogal en nombre de más de 15,000 clientes, en su mayoría desde 1996.
En una carta al ICIJ, Alcogal dijo que la incorporación de la empresa "es solo un aspecto" de sus servicios legales y que opera en "pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos". La firma "realiza una diligencia debida mejorada en un cliente que se determina que es un cliente de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o servicio", dijo.
Los registros filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas fantasma en Panamá y otras jurisdicciones a pedido de Banca Privada d'Andorra, un banco privado con sede en un pequeño principado europeo entre Francia y España. Algunos fueron posteriormente utilizados supuestamente para desviar fondos en el esquema de corrupción pública venezolana, según muestran los registros.
Más tarde, el gobierno de los Estados Unidos incluyó al banco en la lista negra como una "preocupación principal de lavado de dinero".
La mayoría de las empresas se disolvieron y Alcogal renunció a algunas de ellas poco después de que se hiciera pública la lista negra en 2015.
También a pedido de Banca Privada d'Andorra, Alcogal estableció dos empresas fantasma que luego supuestamente utilizó Odebrecht para canalizar $ 30 millones en sobornos para obtener contratos de obras públicas en Panamá. Parte del dinero fluyó a los hijos del entonces presidente panameño Ricardo Martinelli, testificaron los denunciantes. Los hijos fueron acusados el año pasado y los fiscales recomendaron recientemente que Martinelli, quien ha tenido vínculos personales con algunos fundadores de Alcogal, también sea acusado. Los Martinellis niegan las acusaciones.
El ex presidente de Panamá Juan Carlos Varela Rodríguez. Imagen: Paul Marotta / Getty Images
Los registros muestran que en 2000 y 2001, Alcogal registró dos empresas en las BVI propiedad de Juan Carlos Varela, su hermano, su padre y otros asociados. Varela se desempeñó como vicepresidente de Martinelli y lo sucedió como presidente de Panamá en 2014. Tres meses después de la presidencia de Varela, una revisión interna de Alcogal encontró acusaciones de que su campaña presidencial fue financiada, en parte, con dinero lavado de juegos ilegales en línea. La revisión señaló que la campaña de Varela negó las acusaciones, que se basaron en publicaciones de los medios, y Alcogal concluyó que no requerían más investigación.
En 2017, Varela admitió que durante su campaña a la vicepresidencia recibió donaciones de Odebrecht, una empresa brasileña en el centro de una de las mayores investigaciones de corrupción de América Latina, pero negó que el dinero fuera un soborno. Varela dijo al ICIJ que las donaciones de campaña se hicieron de acuerdo con la ley y fueron denunciadas a las autoridades electorales.
Las autoridades panameñas también han recomendado que Varela, quien dejó el cargo en 2019, sea acusado en el caso Odebrecht.
En 2006, la firma de abogados registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas SA. Al año siguiente, todas menos una de las 10,000 acciones fueron transferidas a Nasry Juan “Tito” Asfura, según muestran los registros. Asfura, entonces comisionado de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones nacionales hondureñas del próximo mes.
El año pasado, el fiscal general hondureño pidió a un tribunal anticorrupción que juzgara a Asfura, quien ahora es el alcalde de Tegucigalpa, por presunta malversación de fondos municipales, pero la Corte Suprema decidió no enviar el caso a juicio. A través de un vocero, Asfura les dijo a los socios del ICIJ Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Contracorriente que él no es dueño de la empresa offshore y no tiene inversiones offshore. El banco que ayudó a Asfura a crear Karlane dijo a los periodistas que la empresa había sido utilizada para comprar tierras a la familia de Asfura y otras personas en Tegucigalpa para desarrollar un centro de negocios allí.
Alcogal dijo que renunció a las empresas identificadas en la investigación de Odebrecht y colaboró plenamente con las autoridades. No hizo comentarios sobre Varela o Asfura, u otros clientes, citando leyes de confidencialidad y "deberes éticos para con nuestros clientes".
Sobre el banco andorrano, decía: "No teníamos ningún motivo para sospechar que BPA Andorra prestaba servicios bancarios a algunos clientes cuestionables".
Para los abogados y agentes financieros, se supone que la investigación de los clientes potenciales es una de las principales prioridades. Los estándares bancarios y legales internacionales requieren que firmas profesionales como Alcogal sopesen cuidadosamente el riesgo de que inadvertidamente puedan estar ayudando al lavado de dinero u otros delitos antes de aceptar a un cliente en primer lugar. Pero a veces, según muestran los registros, Alcogal no estaba seguro de quién era el propietario de las empresas que estableció. A veces permitía a los bancos y otras empresas que enviaban negocios a su manera retener esa información, confiando en que habían hecho un buen trabajo investigando al cliente.
En 2015, por ejemplo, las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas solicitaron información del propietario y registros de diligencia debida para una empresa llamada Firelli International Limited. Alcogal respondió que no podía cumplir plenamente con la solicitud porque no había recopilado esa información antes de establecer la empresa. Además, su cliente intermediario, un banco en Miami, no entregaría los documentos necesarios.
Alcogal pudo identificar a través de sus registros y “fuentes externas de bases de datos” a un destacado accionista: José María Marín, el deshonrado ex presidente de la Federación Brasileña de Fútbol. Marín había sido arrestado un mes antes en relación con Fifagate, un caso de fraude que involucraba sobornos por derechos a importantes torneos de fútbol. Más tarde, documentos judiciales en los Estados Unidos revelaron que usó la cuenta bancaria de la empresa fantasma para recibir millones de dólares en sobornos. Marín fue condenado a cuatro años de prisión en 2018.
Alcogal le dijo a ICIJ que renunció como agente registrado de Firelli "de acuerdo con nuestras políticas y la ley aplicable".
La firma dijo que actualmente no incorpora empresas, fideicomisos o fundaciones para un cliente que no revela la identidad del beneficiario final. Las nuevas leyes en las jurisdicciones donde opera, incluidas las BVI y Panamá, requieren que mantenga esta información registrada, dijo.
A pesar de que ayudó a mantener una flota de empresas fantasma para clientes notorios, Alcogal buscó distanciarse de su excompetidor caído en desgracia, Mossack Fonseca, cuyos registros filtrados impulsaron la investigación de los Papeles de Panamá de 2016 de ICIJ . Después del escándalo, Alcogal compiló una presentación titulada “Desmitificando el mundo offshore” que enfatizaba las reformas y apuntaba a mejores evaluaciones de Panamá por parte de organizaciones internacionales contra el lavado de dinero, según muestran los nuevos registros.
En un foro de desayuno organizado un año después por un grupo comercial de BVI, Ayana Liburd, directora de la filial de BVI de Alcogal, se quejó de que los bancos estaban agrupando a Alcogal y otros en la industria con Mossack Fonseca, "en el mismo cubo".
Un análisis de ICIJ de los registros de Pandora Papers encontró que a raíz de las revelaciones de los Panama Papers, al menos 113 empresas cambiaron su agente registrado de Mossack Fonseca a Alcogal.
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'La honestidad no tiene precio'
A principios de la década de 1980, Jaime Alemán, un joven abogado e hijo de un ex embajador de Panamá en Washington, buscaba hacerse un nombre.
Después de graduarse de la facultad de derecho de la Universidad de Duke y trabajar en el departamento legal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, DC, Alemán regresó a casa en 1981 para trabajar para el bufete de abogados de su padre. Pero no estaba contento con el pago y cuánto tiempo tomarían nuevos abogados como él para ascender en la escala corporativa, según sus memorias de 2014, Honesty is Priceless.
Las memorias y los archivos filtrados transmiten a un abogado ambicioso con una ética de trabajo feroz, que se levanta a las 4 am para leer el periódico, responder correos electrónicos y hacer ejercicio. Entre los archivos se encuentran notas meticulosas que Alemán se escribió a sí mismo como ayuda para la memoria que detalla los rasgos personales de un nuevo contacto o los detalles de una interacción. “Le di ron y se puso feliz. Tráiganle un poco más ”, dice uno sobre un caddie en un club de golf de Maryland.
Después de trabajar brevemente como asesor legal del presidente panameño Nicolás Ardito Barletta, Alemán reclutó en 1985 a otros tres abogados : Carlos Cordero, Anibal Galindo y Jorge Federico Lee, y fundó Alcogal.
La firma estuvo en el negocio del secreto desde el primer día.
Alcogal cobró a sus primeros clientes, un grupo de empresarios nicaragüenses, 25.000 dólares para establecer las llamadas sociedades anónimas, escribió Alemán en sus memorias.
La creación de este tipo de empresas, escribió, es un "negocio maravilloso" que permite a los bufetes de abogados cobrar tarifas anuales por actuar como agentes registrados , una función administrativa que les obliga a manejar algunos documentos legales y reglamentarios. Las empresas podrían cobrar tarifas adicionales para que sus propios empleados aparezcan en los documentos de incorporación como gerentes, escribió Alemán. De esa manera, el verdadero propietario quedó oculto al público.
“El cliente simplemente se fue a Suiza (o Luxemburgo, Andorra, Hong Kong, etc.), abrió una cuenta bancaria numerada para la cual el beneficiario era una corporación panameña, que a su vez operaba totalmente en secreto, y no tenía obligación de pagar impuestos en ninguno de los dos. Suiza o Panamá ”, explicó Alemán en su libro. "Las autoridades del país del cliente no tenían idea de que estos fondos existían, por lo que no podían cobrar impuestos sobre ellos".
Lo que Alemán describió es la base de la economía extraterritorial : la creación de empresas fantasmas en jurisdicciones con impuestos bajos o nulos con la propiedad enmascarada por directores suplentes sin un papel sustantivo en la empresa.
Es un negocio de volumen, escribió Alemán. Cuantas más empresas se establezcan proveedores offshore, mayores serán las ganancias.
También es un negocio arriesgado. Los clientes que buscan el secreto a menudo tienen algo que ocultar. Tal fue el caso en la década de 1990, cuando Alcogal creó al menos cinco sociedades offshore que luego se descubrió que habían sido utilizadas por Augusto Pinochet, el dictador de Chile de 1973 a 1990. En el momento de su muerte en 2006, Pinochet enfrentaba cargos por crímenes de lesa humanidad. y el robo de millones de dólares de fondos públicos.
En los documentos judiciales, Alemán reconoció que su bufete de abogados había creado las empresas, pero dijo que en ese momento no sabía que estaban relacionadas con Pinochet. Alemán dijo que su firma descubrió la conexión en 2004 y decidió renunciar como agente registrado. Alcogal tiene “una política muy clara de no brindar servicios a empresas que posiblemente estén vinculadas a actividades ilícitas”, dijo en un comunicado judicial.
En el barrio de Recreo, en Viña del Mar, se está realizando hoy la marcha de Cabildo Recreo para exigir a las autoridades la instalación de un CESFAM que preste atención de salud primaria para este populoso sector viñamarino. Actualmente, los vecinos para ser atendidos, deben subir al sector de Nueva Aurora o buscar atención en el CESFAM del cerro Esperanza, en Valparaíso. Esta primera marcha busca crear conciencia en los vecinos de la importancia de la participación social y se espera sensibilizar a las autoridades de Salud, al nuevo Concejo Municipal de Viña del Mar y a la Alcaldesa Macarena Ripamonti, de esta necesidad urgente de este tradicional barrio viñamarino.
El Movimiento Fuerza Cultural, en alianza con el Partido Igualdad, de la coalición Dignidad Ahora, postula a Sebastián Milos como candidato a Diputado por el Distrito 10 de Santiago. Conversamos con él en Diario La Razón - Periodismo Independiente.
Fuerza Cultural nació después de la explosión
social de octubre como expresión de los trabajadores del ámbito cultural, que
se sumaban en ese momento a los reclamos ciudadanos de cambios profundos.
Como expresión sectorial, este
movimiento realizó cabildos, conversatorios ciudadanos que confluyeron en un
Seminario que durante 3 días y en 14 paneles desplegaron diferentes miradas a
la diversidad cultural de Chile y la forma cómo querían ser considerados los
agentes culturales y los artistas, creadores, en la nueva Constitución. De
hecho, el movimiento Fuerza Cultural apoyó a independentes que se postulaban a convencionales,
al alero de diferentes coaliciones, con la impronta de aportar una mirada desde
la sociedad civil y las comunidades en su expresión multidisciplinaria.
Una gran crítica que se hace
desde la Cultura a las políticas de cultura del sistema, es haber
mercantilizado la cultura y haberla manipulado desde el poder, principalmente
al implementar los fondos concursables, que fomentaron el individualismo y
generaron intermediaciones entre las autoridades y el mundo cultural, que
entendieron la cultura como administración de eventos, excluyendo a quienes tenían
posturas críticas, contestatarias o de oposición abierta al modelo dominante.
Se generó así una fragmentación del mundo cultural, con algunas élites
favorecidas y una gran mayoría disgregada y dispersa. “Nunca más la Cultura
como vagón de cola” “Nunca más teloneros de los políticos”, fueron expresiones
desde Fuerza Cultural. En las elecciones de mayo 2021 lograron que resultaran
electos, candidatos que provenían desde la cultura, como fue el caso
emblemático de Malucha Pinto, quien ha destacado en la Convención
Constitucional por su mirada y su aporte en la creación de la Comisión de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento, Cultura, Artes y Patrimonio, en la discusión
del Reglamento de la Convención Constitucional.
Recurso de Protección contra
AES GENER SA por superar potencia bruta de generación autorizada en Resolución
de Calificación Ambiental.
Ante la Corte de Apelaciones de
Valparaíso, caratulado como Vegas/ Empresa Eléctrica Ventanas, Rol
Protección-42506-2021, con fecha 23 de septiembre, Fundación Terram ha
presentado recurso de protección contra AES Gener S.A. y sus filiales Empresas
Eléctricas Ventanas SpA. y Campiche S.A.
La zona de sacrificio de
Quintero, Ventanas, Puchuncaví, ubicada en la costa norte de la región de
Valparaíso, ha sido foco de la mayor
depredación de un territorio, refinerías, termoeléctricas, contaminación por
emisiones y por varamiento de carbón y vaciamiento de residuos líquidos al mar.
A raíz de este recurso
presentado y que se espera sea admitido dentro de la próxima semana, para
conocer en profundidad de esa definición macabra de “zonas de sacrificio”, Diario La Razónconversó
con el Ingeniero en ejecución en Pesca, Hernán Ramírez Rueda, asesor por
décadas de los pescadores de caleta Ventanas y dirigente ambientalista, que ha
trabajado con Fundación Terram y con el colectivo MUZOSARE, Mujeres de Zonas de
Sacrificio en Resistencia.
Ubicamos a Hernán Ramírez Rueda en
su espacio de trabajo por más de veinte años, en Caleta Ventanas. Ventanas tiene
tres playas, una caleta, pero se la conoce desde 1964 por la fundición y
refinería que instaló Enami, Empresa Nacional de Minería y que está hoy a cargo
de Codelco. En un día nuboso, la niebla se confunde con el humo tóxico de
numerosas chimeneas.
¿Cuál es tu mirada histórica a este abandono
de los gobiernos sucesivos de esta área costera que otrora fuera fértil y
hermosa, con un mar generoso?
Desde los años 30, cuando
comienza la industria minera y comienza la lógica de la economía de sustitución
de importaciones, de refinación de hidrocarburos y de minerales, apuntando a la
participación comercial con bienes intermedios en el mercado mundial. Por eso
se decidió radicar en este borde costero la Refinería de Enami Ventanas, porque
ya Calera estaba saturada por la industria Cemento Melón y porque Papudo tenía
los cerros pegados a la costa y no iba a haber buena ventilación. Por estas
consideraciones se implantó la refinería en este lugar. A propósito de esto,
cabe recordar lo que publicó el Mercurio de Valparaíso, el año 1957 . “los
puchuncavinos deben entender que, siendo necesaria la lluvia, cuando llueve,
alguien se tiene que mojar” con lo cual condenaba al valle a este destino,
porque para hacer mayonesa hay que romper huevos, pero que sea lejos de mi
ciudad o de mi barrio. Allí comenzó todo y hasta los años 80 aún no se
reconocía la contaminación que estaba provocando esta actividad en el valle. Así se sentenció esta zona de sacrificio, ante
la indolencia de la clase dirigente. Y desde allí nace este cordón industrial,
como un eslabón de esa política pública. Es lo que hemos vivido con una nula
preocupación ambiental del Estado
¿Cuál es el mapa actual de actores en este anfiteatro que, en
múltiples ocasiones, se ha convertido en irrespirable?
En el área se sitúan hoy las empresas
Públicas Codelco, con su refinería
Ventanas, y Enap que se ubica en Concón, y las privadas: AES Gener, Puerto
Ventanas, Oxiquim, GNL, Cemento Melón,
COPEC, entre otras. Efectivamente se registran, entre el 2008 al 2021, casi 900
varaderos de carbón, las emanaciones tóxicas han afectado a la población y la
Escuela La Greda se ha convertido en símbolo de la desprotección de la vida.
¿Cómo se fue articulando la
comunidad para exigir que termine la concentración de contaminantes y cómo se
llega a este recurso de hoy y cuántos ha habido?
Desde inicio del 2000 a la fecha,
la participación de la comunidad se intensifica y se hace permanente
actualmente, con el ingreso de nuevos
actores sociales y por la conformación de redes de apoyo entre diferentes
organizaciones territoriales, formación
de alianzas de colaboración con ONG nacionales y extrajeras y Universidades, entre otras. Esta articulación
ha permitido mejorar la incidencia de la comunidad respecto a las políticas
públicas, no obstante lo cual, el Estado sigue al debe con los habitantes de Ventanas,
Quintero y Puchuncaví.
¿Qué expectativas existen
en que, por la vía judicial, se alcance un cambio de políticas del Estado, si frecuentemente
se han irrespetado fallos y ha pesado la influencia, incluso internacional?
Lo que se busca con este recurso
de protección, es obligar a AES GENER a operar, a lo menos, dentro de la
potencia para la cual fue aprobada la construcción de esa termoeléctrica en la
Resolución de Calificación Ambiental, es decir, encuadrarse en los rangos de
generación establecidos descontándole los excesos en que ha incurrido y que se
haga responsable también de las emisiones que ha generado por sobre lo
permitido, reduciendo en los próximos años los niveles de generación.
Pero esto es sólo una parte de
los incumplimientos en que ha incurrido AES GENER. Hay un tema también con los
varamientos de carbón, donde hay un fallo reciente de la Corte de Apelaciones
de Valparaíso, que prohibía la operación de la termoeléctrica hasta que la
empresa adoptase medidas para evitar el vaciamiento de carbón a la bahía. A
nuestro juicio, las medidas que ha adoptado la Superintendencia del Medio
Ambiente para cumplir con el fallo de la Corte de Apelaciones, son totalmente
insuficientes, no dan garantía alguna de que la empresa genere cambios en sus
procedimientos para evitar que vaya carbón al mar.
Pues bien, estas derrotas o
victorias pírricas, tienen el efecto positivo de ir constituyendo evidencias de
que la Justicia interna no está siendo eficaz, lo que nos permitirá avanzar a
demandas en instancias internacionales, tales como la Corte Interamericana de
DDHH. Además, como comunidad afectada permanentemente por un ambiente poluto y
dañino para la salud, hemos podido informar a Naciones Unidas de esta situación
estructural.
En cuanto a la pregunta, sobre
qué esperamos lograr con este Recurso, puedo concluir que esperamos obligar que
AES GENER vuelva a la legalidad. Pero creemos que a este recurso se deben sumar
muchos más que se debe presentar contra otras industrias del cordón industrial
y en contra de la autoridades medioambientales que no cumplen su misión de
protección a los habitantes, los que se ven afectados en su salud por tales
emisiones contaminantes. Una autoridad ambiental que está para aprobar
proyectos, es cómplice de ese daño a la salud de la población, cuando permite
que esas situaciones sigan ocurriendo.
La termoeléctrica Campiche
de AES GENER fue aprobada un 31 de diciembre de 2009, lo que significó que el
gobierno de Michele Bachelet cediera al lobby político norteamericano y que
existiera con ello un verdadero desacato a la Corte Suprema y una burla a la
ciudadanía. ¿Qué grado de confianza puede haber en la Justicia si los poderes
fácticos se siguen imponiendo en total sinrazón?
La vía judicial es un camino
necesario, pero el objetivo es poder llevar nuestras demandas a la competencia
de tribunales internacionales. Pero, para fundamentar mi respuesta, debo
señalar que ha habido victorias judiciales, las que, a poco andar, no se han
cumplido.
Me refiero al fallo obtenido a
partir de los recursos de protección presentados por los Senadores Latorre y
Chahuán, que prohibía el ingreso a la bahía de Quintero de naves que
transporten carbón, su descarga para evitar la contaminación y la prohibición de
verter residuos líquidos al mar, el cual, en principio, hizo pensar que podía
terminar con los varamientos de carbón y el vertimiento de residuos líquidos a
la bahía. Sin embargo, con sorprendente diligencia, tan pronto había salido el
fallo judicial, las autoridades de Superintendencia de Medio Ambiente y
Gobernación Marítima, resolvieron que la empresa había corregido sus
procedimientos y podía seguir operando. Esto ocurre en el marco de denuncias de
varamientos de carbón, que se vienen registrando desde octubre de 2008 y que
alcanzan a la fecha suman casi 900 eventos de contaminación de la bahía por
carbón vertido al mar en procesos de descarga. La Autoridad Marítima ha abierto
dos procesos sancionatorios, sin llegar a sanción alguna.
Debo destacar el rol fiscalizador
de la Contraloría General de la República, en orden a hacer cumplir la
normativa ambiental, ya que gracias a su actuación pudimos conocer que la
Superintendencia del Medio Ambiente no había procesado e incluso no había n
siquiera registrado, alrededor de un 40% de las denuncias presentadas por la
ciudadanía, lo que ratifica nuestra apreciación de que ese organismo no está
cumpliendo su deber y que se ha convertido en un instrumento funcional a los
intereses de las empresas, convirtiéndose en cómplice de sus malas prácticas,
evadiendo la normativa ambiental, que de suyo es de estándares vergonzosos.
Todos estos hechos nos conducen a
la necesidad a escalar a instancias internacionales, registrando cada situación
de desprotección por parte del Estado y los Tribunales de Justicia, porque
pensamos que desde esos espacios internacionales se podrá influir con más peso
en las políticas públicas que afectan a las personas y las comunidades,
obligando al Estado de Chile a cumplir por lo menos con la normativa vigente.
Recurso es acogido a Trámite. Noticia en Desarrollo
En la concepción de un ente que
asegure el ejercicio y respeto de los Derechos Humanos y Sociales, chocan,
la visión tradicional, que sigue parámetros de Derecho comparado y concibe al Defensor del Pueblo como una
persona que sólo influye por persuasión para que la vulneración termine, con la
visión progresista que concibe la Defensoría como un organismo colegiado,
fiscalizador, autónomo, empoderado, capaz de denunciar conductas irregulares o
impropias que incumplan una normativa, irrespetando Derechos de personas o
comunidades.
La historia nos ha mostrado que
los derechos que establece una Constitución pueden quedar en letra muerta y ser
simplemente decorativos. No queremos que eso vuelva a ocurrir con la nueva
Constitución. En tanto instrumento jurídico que norma las relaciones de poder y
establece las bases de la convivencia social, la Nueva Constitución equivale a
contar con una caja de herramientas para establecer derechos, deberes y
mecanismos de participación. En consecuencia, debe incorporar herramientas que
defiendan a los pueblos de la invisibilidad, los atropellos, la explotación,
del despojo de su dignidad e incluso hasta de su exterminio por la depredación
del ambiente.
En nuestra experiencia, no es
suficiente contar con un catálogo de derechos si no se instaura una institución
estatal autónoma, descentralizada, dotada de poder y facultades, generada desde
la base misma que actúe como garante de esos derechos.
No queremos más frases bonitas
que suenan lindo pero que son letra muerta en la realidad.
En el proceso constituyente se ha
comenzado a sincerar la historia de Chile, ésa que las élites han ocultado,
invisibilizado o tirado bajo las alfombras de los palacios oficiales. En la
Convención Constitucional, a través de la Comisión de Derechos Humanos, se han
recibido experiencias, propuestas y
expectativas de organizaciones sociales y de pueblos que han sido abusados,
maltratados por la institucionalidad, que han sufrido políticas públicas de
exterminio, con el uso de la fuerza
represiva del Estado para implantar la usurpación de territorios, irrespetando
y violando los tratados de paz suscritos por el propio Estado.
Entre los muchos testimonios,
cabe detenerse en el que entregó Eduardo Morris, en nombre de la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos, quien en una
exposición de 10 minutos resumió el alcance de la maquinaria golpista que
instaló a partir del 11 de septiembre la Armada de Chile, en Valparaíso, con
tres buques cárcel, facilitados por la Interoceánica, y varios centros de
detención y tortura, en los que también se usó el buque escuela Esmeralda,
donde fuera asesinado el cura obrero Miguel
Woodward. El testimonio de Eduardo Morris expresó convicción desde el dolor
profundo de haber perdido a su hermano menor, Mario Morris Barrios, funcionario
de Aduanas, 27 años, quien fuera asesinado
sin juicio previo, por la caravana de la muerte, que lo sacó de Pisagua para su
ejecución, en octubre de 1973, encontrándose sus restos en una fosa recién el
año 1990. Eduardo Morris expresó en su alocución, en forma magistral, lo que se
ha configurado como la cultura de la muerte en nuestra sociedad, en una
conducta reiterativa de represión, que declara como enemigos a todos quienes
piensen distinto a los grupos dominantes.
Frente a esa constatación, Chile
enfrenta la imperiosa necesidad de llegar a la paz social curando las heridas
de su historia y ello significa lograr primeramente la Verdad, estableciendo el
paradero de los detenidos desaparecidos. El segundo paso es generar en la
sociedad acciones de reparación a las personas y familias afectadas por la
acción de agentes del Estado y, por último, se debe asegurar la no repetición
de esas violaciones, lo que conlleva instaurar en la sociedad una cultura de
respeto a los DDHH. En ese orden de ideas, una nueva Constitución que garantice
el ejercicio de los Derechos Humanos y Sociales, deberá no solo fijar un
catálogo de ellos, sino también jerarquizar en dicha enunciación el Derecho a
la Vida en un Ambiente Sano, lo que debe estar por encima del Derecho a la
iniciativa privada, dándole a la Nueva Constitución esa nueva impronta que debe
empapar como concepción integral el nuevo pacto social que de ella derive.
Y, para asegurar el respeto y el
ejercicio pleno de los Derechos consagrados, se propone instalar dentro del
cuerpo constitucional un nuevo organismo permanente y autónomo de la
Administración del Estado que sea fiscalizador de los demás poderes del Estado
en término de vigilar, prevenir y exigir la corrección de acciones de entes
públicos, o privados colaboradores de una función pública, que generen
vulneraciones a los derechos de las personas y las comunidades.
Clásicamente, la experiencia del
Ombudsman en países europeos o de la región latinoamericana, ha sido incorporar
en la institucionalidad un Defensor del Pueblo, que es nombrado por acuerdo del
Parlamento, para que actúe en atención a los reclamos que formulen personas que
se sientan vulneradas en sus derechos, realizando gestiones de persuasión, que
se podrían describir como “buenos oficios”, los que buscan alcanzar una
solución a través de la influencia ética del Defensor, pero sin contar éste con facultades
fiscalizadoras y de investigación efectivas como para exigir correcciones o
exigir sanciones a quienes estén, por acción u omisión, causando tales
vulneraciones. Esta figura unipersonal del Ombudsman, debe ser admisible para
el poder instituido que aprueba su nombramiento y su margen de maniobra
dependerá de su carisma y ocupación, pues no cuenta con un equipo de trabajo
estable, que le dé soporte como institución,
ya que sus colaboradores serían de exclusiva confianza y no funcionarios
permanentes que puedan dar continuidad a los temas que aborde el Defensor o
Defensora.
Desde el punto de vista político,
esa figura unipersonal del Defensor del Pueblo, que es nombrado con el
beneplácito de algún poder del Estado, pierde desde su génesis, la autonomía
necesaria para actuar con imperio en la defensa de afectados por un actuar que
no se ajuste a Derecho . En la práctica, establecer un Ombudsman sin facultades
fiscalizadoras, es simplemente instalar un organismo sin peso específico, que
puede ser manipulable y funcional al gobierno de turno que participa en su
nombramiento.
En rigor, para una Defensoría Popular
autónoma a los poderes del Estado, se necesita que quede consagrada en la
Constitución y contar con un rango legal comparable al del Banco Central o de
la Contraloría General de la República. Por tanto, en la Constitución se debe
consagrar su rango de organismo permanente, autónomo, con personería de Derecho
Público y patrimonio propio.
El caso evidente se ha dado en el
actuar reciente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha demostrado su
debilidad en la defensa de las víctimas de la explosión social de octubre 2019,
cuando ha debido variar los criterios para contar el número de vulneraciones
graves con mutilación o trauma ocular. La causa de ello ha sido su dependencia
del gobierno de turno y el poder del binominalismo y cuoteo que enmarca su funcionamiento.
Asumiendo lo trascendente del
momento constituyente, frente a una realidad de abusos y desde el sentido
común, diferentes organizaciones sociales han planteado la necesidad de una
Defensoría Popular, que no se convierta en una mala copia de la experiencia
internacional, es decir, en una institución de Ombudsman débil o manipulable
por el poder político. No se quiere una Oficina de Reclamos que busque con
buena voluntad soluciones a los casos puntuales que se le presenten. Se ha
visto en la reciente represión que se observó en Colombia, que el Ombudsman ha
resultado decorativo para lavar la
imagen del accionar abusivo del gobierno. Se ha visto además, cómo la
Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO, ha emitido una declaración en apoyo a Sergio
Micco, cuando él ha sido cuestionado por su actuar obsecuente por los propios
funcionarios del INDH, es decir, respaldando la FIO un comportamiento que se
aleja precisamente del principio de independencia que debe tener un Defensor
del Pueblo.
Organismos sociales que han
tenido décadas en defensa de las víctimas de la dictadura y de los abusos
ambientales que han dado lugar a las zonas de sacrificio, están pidiendo a los
convencionales que se instaure en la Constitución una Defensoría Popular ( Del
Pueblo o De los Pueblos) como un organismo permanente y autónomo de la
administración del Estado, que tenga fuertes facultades fiscalizadoras para prevenir
distorsiones y promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos. Esto
significaría la capacidad de prevenir acciones inconsistentes en los proyectos
de ley, investigar, conocer de reclamos, denunciar y exigir de los demás
poderes las correcciones para alcanzar un actuar que sea coherente con el
respeto a los derechos que consagre la constitución. Se señala, además, que la
Defensoría Popular tenga la capacidad para proponer reformas legales que
permitan salvar vacíos legales en la protección de la ciudadanía frente a
abusos de poder.
Al concebirse la Defensoría Popular
como un organismo que tiene dentro de su misión velar por los Derechos Humanos
en su amplio espectro, debería también encargarse de establecer Protocolos de
Reparación a las Víctimas, siguiendo en ello los lineamientos del Consejo de la
ONU para los DDHH. Esto significaría que el Estado, a través de esta
institución, canalizaría las acciones reparatorias de restitución. Compensación
e indemnización a las víctimas, de manera transparente y equitativa, sin que
ellas deban seguir el tortuoso camino judicial para lograr una incierta
reparación. La reparación que está pendiente como deuda histórica, podría
hacerse fluida y justa por la vía administrativa de la Defensoría Popular.
Ese organismo permanente debería
tener personería jurídica de derecho público y contar con patrimonio propio,
absorbiendo y reemplazando a organismos como el INDH y la Defensoría de la
Niñez. Su Dirección se concibe como un Consejo Colegiado, que se genera desde
la sociedad civil, en ejercicio de la soberanía popular, por elección directa de
consejeros en las Defensorías Territoriales, entre los cuales se designa un delegado
a integrar el Consejo Directivo, que es
donde se conduce la institución y se definen sus políticas, con total
independencia del poder político. Es decir, se replica el ejercicio que se ha
dado en la Convención Constitucional, generando el organismo desde la base
social, sin que deba contar con el beneplácito de ningún otro poder del Estado.
Como Jefe de Servicio a cargo de
la Defensoría Popular, existiría un Director Ejecutivo, responsable
administrativo del organismo, que sería Jefe de Servicio de una planta
multidisciplinaria de funcionarios dedicados en forma exclusiva a ejecutar la
misión que definirá la Constitución e implementará la Ley Orgánica
correspondiente.
Ese Jefe de Servicio o Director
Ejecutivo de la Defensoría Popular debiera ser seleccionado por concurso
público, como autoridad a cargo de un plantel de funcionarios de carrera, profesionales
de distintas especialidades, concordantes con la gama de derechos a proteger; los
que tendrán funciones exclusivas y gozarán de inamovilidad. En este nuevo
organismo se integrarían los funcionarios de INDH, de la Defensoría de la
Niñez, los que pasarían a formar parte del plantel de la Defensoría Popular. El
área de Derechos Ambientales y de la Naturaleza como sujeto de Derechos,
constituirá, sin duda, uno de los espacios innovadores que una Defensoría del
Pueblo deberá asumir en su misión constitucional. La Ley Orgánica que cree este
organismo deberá quedar mandatada en el cuerpo constitucional con una
definición comprensiva de los derechos a salvaguardar, incluyendo nuevos
derechos, en actual evolución, que serán relevantes para las futuras
generaciones.
En la redistribución del poder
que se discutirá en la Convención Constitucional, instaurar con rango
constitucional la Defensoría del Pueblo en los términos comentados, significa
generar un contrapoder que, desde la sociedad civil, pueda reducir las
asimetrías estructurales y asegurar que no se repitan las violaciones y abusos,
que los actores políticos logren alcanzar comportamientos coherentes con un
Estado de Derechos. En materia de promoción de una cultura transversal de
respeto a los DDHH y sociales, la Defensoría Popular se estaría haciendo cargo
de una tarea titánica, cual es actuar vigilante para que el Estado en su propio
funcionamiento erradique las malas prácticas, como el clientelismo, el cuoteo,
el secretismo, para avanzar también en una redimensión de la convivencia cívico
militar, de la interrelación de ciudadanía e institucionalidad. La labor de una
Defensoría Popular apuntaría a alcanzar equilibrios de poder, para delimitar
los espacios de convivencia en respeto y equidad, erradicando los abusos en
todos los ámbitos de la vida en sociedad.
Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente, Fundación
Diario La Razón, 30.09.2021
