Cuando un país continente como Brasil ve paralizada la vida de sus urbes por los atentados de las mafias en contra de la policía, en una caótica situación que mezcla marginalidad, vandalismo, narcoterrorismo, en resumen el crimen organizado haciendo un gallito con el sistema institucional, la percepción ciudadana debe ser en nuestro país, al menos, de preocupación.
Verbalizar el miedo que provoca esa sensación de tierra de nadie en que se sumen las barriadas ocupadas por la delincuencia, es un primer paso para superarlo, para salir de la perplejidad que provocan las imágenes del satélite y que se sabe son la punta del iceberg en materia de violencia, represión y muerte. Mucho más debe ser lo que no se muestra.
Hablar de esto es necesario, porque las políticas públicas en materia de prevención han resultado ineficaces y en los últimos veinte años el problema de la droga se ha agudizado. Craso error fue el que cometieron las autoridades que dijeron "esto no pasa en Chile", que sólo eramos pasadizo del tráfico, pero no consumidores. El problema está aqui, en una escala menor que Brasil, pero igualmente riesgoso para la vida en sociedad. Hay poblaciones ocupadas, barrios en donde reinan fuerzas de ocupación que manejan sus propios códigos.
Enfrentando el problema en Chile, las respuestas han terminado siendo lentas, descoordinadas e ineficaces. La justicia no puede aplicar el peso de la ley porque las cárceles al final no se han construido. Salvo acciones coordinadas de inteligencia para desmantelar algunas bandas, la realidad del consumo se hace cada vez más extendida. Pasta base en los suburbios, cocaina y extásis en los barrios cuicos, un sistema de distribución que corrompe y se expande, amenazando con convertirse en tema de seguridad nacional. Por lo tanto, la probabilidad que exista un efecto demostración al interior de los carteles - que de hecho son supranacionales- es muy alta.
Cabe preguntarse si la institución puede articular respuestas preventivas. Pesa en el escenario la falta de una ley que amplíe la imputabilidad juvenil rebajando la edad para que un delincuente sea responsable. Tuvo que postergarse porque no venía acompañada de las medidas y financiamiento necesarios para poder rehabilitar al joven o púber que delinque, ya que enviarlo a las cárceles significa especializarlo en la carrera del crimen, regalándole un semillero natural al crimen organizado.
Veo que el tema de Brasil nos es demasiado cercano. Que los tiempos apremian, que se debe fortalecer el Ministerio del Interior en su rol coordinador de la seguridad interna y no ponerse a inventar nuevas organizaciones que un gobierno tan breve como el actual no alcanzará a implementar y que sólo significaría gastar más recursos.
Pienso que la Presidente Bachelet debería tomar el toro por las astas y cortar por lo sano, reasignando inmuebles de otras reparticiones para asignarlas a los tribunales de familia, al Servicio de Gendarmería, en una ofensiva de emergencia nacional. Sin alarmismo, pero con serena firmeza, debe encararse el riesgo que va asociado al crimen, el vandalismo mercenario que se paga con drogas, en fin, elementos que profesionales de Carabineros e Investigaciones conocen en propiedad.
La sensación de desamparo e impunidad recorre las poblaciones y las trenzas del crimen, con sus gigantescos gananciales a su haber, van cercando a la gente decente. Los derechos ciudadanos exigen prioridad por encima de los derechos de los delincuentes y esto no es consignismo politiquero sino una alerta temprana que espero sea escuchada con el más amplio criterio por las autoridades.
Una mirada libre a nuestro entorno
No hay comentarios.:
Publicar un comentario