Este es un espacio de periodismo de análisis y opinión, desarrollado por Hernán Narbona Véliz, Poeta y Escritor chileno. Administrador Público, Licenciado en Relaciones Internacionales, Columnista de diversos medios, miembro de Periodistas Frente a la Corrupción.
viernes, marzo 04, 2022
HÉCTOR CATALDO ÁVILA ha fallecido esta tarde. Honor y Gloria
jueves, marzo 03, 2022
Parte un luchador imprescindible, Héctor Cataldo Ávila
sábado, febrero 19, 2022
Chile: Inserción internacional sin malas prácticas
Chile: Inserción internacional sin malas prácticas
Por Hernán Narbona Véliz [i]
En este
artículo se releva la importancia creciente que está alcanzando en el comercio
mundial la variable ambiental, como consecuencia de una toma de consciencia
planetaria frente a la crisis climática, lo cual ha generado acciones desde la
sociedad civil, para exigir un cambio de paradigmas a las élites empresariales
y políticas, colocando la armonía con la Naturaleza como el centro, y la sustentabilidad
como prioritaria.
En el escenario global
contemporáneo se advierte un movimiento social contestatario disruptivo, contra
la institucionalidad que ha llevado al actual punto de crisis. Contra élites
que tienen una actitud negacionista y que siguen en la intención de mantener un
orden mundial basado en el petróleo y sus derivados, persistiendo en un
extractivismo depredador, recurriendo al uso de la fuerza o a la retorsión diplomática para debilitar la
soberanía de los Estados que intentan proteger sus territorios.
Pero, también hay sectores más centrados,
que buscan surfear la convulsión social, admitiendo que se vuelva a un Estado Regulador,
que se tribute debidamente, que se pueda accionar coordinadamente en medidas
que frenen el calentamiento global y sus consecuencias sociales.
Con el Acuerdo de Marrakech, 1995,
al crearse la OMC, Organización Mundial de Comercio, el Comercio Mundial
consolidó la mayor parte de las variables que hacen al intercambio de
mercancías y de servicios, incorporando la Protección de la Propiedad
Intelectual como nuevo ámbito del control, que interesa principalmente a los
sectores de producción tecnológica. Se fijaron parámetros en matera de
Inversión Extranjera, Libre Competencia, Dumping y Subvenciones. En general, se
establecieron reglas de conducta obligatorias para los Estados miembros,
quedando fuera los temas laborales y los ambientales. Los temas relacionados con
el trabajo, sindicatos, quedaron en la OIT, Organización Internacional del
Trabajo, mientras que el tema medio ambiental se siguió desarrollando por otros
carriles de las relaciones internacionales.
Con esta referencia inicial, el
cambio climático es la preocupación central de la última década. 26 Cumbres del
Clima se han realizado y la emergencia que surgió en Glasgow, Escocia, fue estar
cruzando la línea roja del no retorno. Ahora, más que nunca, los 197 países que han
ratificado el Convenio Marco de las de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), deben tomar decisiones
para lograr mitigar los efectos climática.
En este contexto, está cobrando
relevancia la aplicación de las reglas de la OMC en materia de prácticas
desleales contra las cuales los Estados pueden accionar, usando los mecanismos contemplados
para la Solución de Controversias en la OMC, principalmente respecto a Dumping
y Subvenciones y, en especial respecto al Eco-dumping. El dumping es la acción
persistente de un agente económico que aplica precios artificialmente bajos a
sus productos, causando un daño real o inminente a otros competidores. En la
OMC se han dirimido controversias por acusaciones por dumping al acero, al
cemento, resinas. En general, China ha sido muchas veces acusada y esto ha sido
parte de la guerra comercial de la era Trump. Algo importante de entender es que
cuando un país es denunciado por dumping, la investigación se extiende a todos
los exportadores de sector y no se acota al operador cuestionado. Esto
significa que un exportador con malas prácticas puede perjudicar a exportadores
que venden a precios no distorsionados. Razón que exige una fiscalización
pertinente para evitar ser denunciado como sector exportador/país.
En una controversia por dumping o
subsidios, el país denunciante debe demostrar la relación de causalidad entre
un daño, sufrido o inminente, y el
precio irreal del competidor. Entonces, puede aplicarle derechos antidumping.
En Chile la aplicación del
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, el Acuerdo
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, el Acuerdo sobre Salvaguardias, el
Acuerdo sobre la Agricultura, el artículo VI del GATT de 1994 y el artículo XIX
de este último. quedó radicada en la Comisión Nacional Anti Distorsiones, la
cual está integrada por el Fiscal Nacional Económico; dos representantes del
Banco Central de Chile, ) el Director Nacional de Aduanas y representantes de
los Ministerios de RREE, Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, y Agricultura.
El eco-dumping o Dumping
Ambiental
Se incurriría en dumping
ecológico (o ambiental) cuando un exportador gana competitividad internacional
gracias a que no cumple una regulación ambiental, o bien ésta es ineficaz o
laxa.. Vale decir, cuando el productor incumple
normas ambientales, esto le significa no asumir costos ambientales, que en
rigor debiera pagar, con lo que vende para exportación a precios
artificialmente bajos, desplazando así, deslealmente, a la competencia. El
dumping ambiental se configura con el hecho objetivo de no cumplir una norma o bien
eludirla ante una autoridad feble; causando un daño a quienes sí cumplen las normas
exigibles.
En las dos primeras décadas de este
siglo XXI, los conflictos socio-ambientales
se ligan principalmente a actividades económicas extractivas como la minería,
la explotación forestal o la generación de energía (centrales hidroeléctricas,
termoeléctricas o gas). En la medida que la ciudadanía ha ido escalando en sus
reclamos frente al modelo imperante, más se han ido transparentando los conflictos sociales y socio-ambientales,
en especial, a partir de la explosión social de octubre 2019.
La permisividad que ha existido
en las reglas ambientales, manipuladas por el tráfico de influencias, ha significado cargar los costos ambientales a
las comunidades afectadas por la contaminación. Con esto, los pasivos
ambientales no los paga la industria y exporta en situaciones pasibles de
denuncias por dumping ambiental. Aparece, por ende, la urgente necesidad de
revisar las normas regulatorias y las actividades contaminantes, al trasluz de
lo que debe ser una correcta inserción internacional de Chile, con proyectos
que cubran sus obligaciones con el medio ambiente y los trabajadores. En este
sentido, mantener vigente la Ley de Pesca, rotundamente viciada por la corrupción,
daña profundamente la imagen país frente a nuestras contrapartes.
Las exportaciones de celulosa,
madera (pino y eucaliptos), paltas, salmones, minerales, deben dar cuenta de los
pasivos ambientales que están dejando, de la depredación de ecosistemas y la morbilidad
derivada de la polución sobre las personas.
Fijar regulaciones con los
estándares de otros países, sería nivelar a nuestra industria a parámetros de aceptabilidad
internacional, preservando el bien común y el medio ambiente.
Dumping Social
Otra arista de incumplimiento de
los proyectos exportadores es cometer dumping social, lo cual se configura cuando
un productor- exportador elude las leyes del trabajo u otras que protejan la
niñez o que establezcan reglas sanitarias, de equipos de protección personal, de
seguridad social. Cuando el empresario incumple,
se generan distorsiones en los precios
de exportación y eso es competencia desleal, denunciable ante la OMC.
Este tipo de dumping social se configura en
situaciones como, el trabajo de niños, en el trabajo esclavo, trabajo de reos, en
la evasión de leyes sociales, al incumplir las normas sobre accidentes del
trabajo, faltara los pagos previsionales, no pagar cobertura en salud, no
reconocer tiempos de descanso, vacaciones. Todo trabajo precario, temporero, informal, que signifique violar
reglas establecidas, puede configurar y dar motivo a este dumping social o dumping
laboral.
Conclusión
Las exportaciones chilenas
primarias se han desarrollado con
enormes pasivos ambientales y sociales. Debemos salir del modelo extractivista
neoliberal y entender que los inversionistas internacionales no se irán de
Chile si se les exige cumplir con la legalidad, ya que sus corporaciones están
acostumbradas a cumplir exigentes estándares en los países desarrollados, donde
la fiscalización es inflexible y drástica. Haber aplicado en las exportaciones normas
débiles y un libre comercio mal
entendido, ha significado normalizar en la economía malas prácticas, de abuso y
corrupción, que el comercio mundial rechaza y sanciona.
El extractivismo, sumado a leyes
corruptas en su génesis, que nadie ha tenido la voluntad política de derogar,
nos ha degradado en el concierto internacional a un estadio neocolonial, lo
cual se debe corregir para recuperar el prestigio de un país decente, que
compite lealmente.
viernes, febrero 18, 2022
Sacar a Codelco de un grave error estratégico
En La Razón.cl
conversamos con el Ingeniero Civil Químico (UCN. 1973), Alexis Yovanovic, director
de la Consultora especialista en procesos minerales: MOPE - Modelo Operacional
Ltda., de Belo Horizonte, Brasil, quien es ex - funcionario de Codelco y que
hoy tiene una extensa experiencia en minería a nivel internacional. Frente al
proceso constituyente y la próxima gestión de las nuevas autoridades, quisimos
conocer su mirada respecto al momento que atraviesa la Minería chilena, en
especial la pública.
¿Cómo especialista,
qué piensas de esas voces que pretendían privatizar Codelco?
No estoy de acuerdo.
Codelco es de todos los chilenos y debe continuar siendo una de las
herramientas con la cual el gobierno deberá contar para protagonizar su propio
destino como nación soberana. Las responsabilidades sociales y ambientales
deberán quedar claramente establecidas para toda la minería, así como la
estabilidad jurídica y tributaria para quien invierte en nuestro país.
Naturalmente, el nuevo gobierno deberá involucrase mejor en los problemas que
la minería vive en estos últimos años: “desde hace casi 20 años la
producción de cobre fino en Chile es la misma (5,7 millones de toneladas año),
el costo operacional triplicó, las leyes de los depósitos cayeron para casi la
mitad y el aporte al fisco es de 7 a 8 veces menos que lo aportado 20 años
atrás”.
El nuevo gobierno deberá constatar las prácticas equivocadas, que han
llevado a la minería chilena al cuadro desastroso de hoy, donde nuestra minería
estatal no es una excepción.
En favor de Codelco debo reconocer que ya he tenido algunas
conversaciones sobre estas alternativas tecnológicas y, dentro de la estatal,
existen excelentes profesionales que están conscientes del problema y trabajan
en su solución.
¿Cuál es tu
diagnóstico y qué malas prácticas hace falta cambiar?
La drástica caída de las leyes de mineral (cobre y otros minerales) es
la fuente de los mayores problemas que vive la minería y ha sido mal enfrentada
por las mineras. Se ha impuesto la visión del mercado financiero global,
alimentada con discursos del tipo ESG, que lucra sin lastre con el desempeño
operacional real y se trabaja en beneficio de grupos globales proveedores de
grandes equipos e insumos que, predatoriamente, han crecido por sobre la tecnología,
practicando el gigantismo de las inversiones y promoviendo el uso exagerado de insumos
(cuerpos moledores, reactivos, etc.) para tratar cada vez más ganga (junto con
la caída de las leyes), produciendo estrictamente la misma cantidad de metal
fino.
El epicentro de este cuadro se encuentra en el equivocado fundamento
tecnológico y de ingeniería que soporta las operaciones de beneficio
(Concentradoras), las cuales, orientadas por grandes fabricantes globales de
equipos y de insumos, han llevado a la minería por el camino contrario a sus
propios intereses y del país en general. La tecnología mineral perdió el rumbo
y fue atropellada por el “mercado” a partir de los años 80. La mayor parte de
los fundamentos de ingeniería para las operaciones de beneficio mineral quedó
estacionada en los años 50 a 70. El ambiente académico de hoy patina en
teorías, sin salir del lugar. La tecnología real fue a parar en manos de los fabricantes
de equipos, que eran decenas de pequeñas fabricas hasta los años 70 (inclusive
empresas chilenas) y que hoy se resumen a dos grandes grupos globales.
¿Quiere esto decir
que se impuso el interés de los grandes proveedores en vez de una opción
tecnológica propia del proyecto minero? ¿cuál debió ser la decisión estratégica
distinta a lo hecho?
- Es lo que digo. Las empresas mineras globales actúan como clubes de
futbol, presentando balances deficitarios, atrasando o pagando pocos impuestos,
pero, en sus laterales y en su manejo global, se observan ventajosos negocios
que benefician a pocos dirigentes o inversionistas. Los precios de “mercado”
premian la incompetencia de las mineras, incluso ante desastres ambientales
(como en Brasil), en cuanto grandes fabricantes de equipos inflan las
inversiones y proveedores de insumos se nutren corroyendo el costo operacional.
Codelco, como herramienta de Estado, debería seguir su propio rumbo, en
favor de la economía chilena, en vez de seguir las mismas conductas de las
empresas multinacionales. Es posible enfrentar el gran
problema de la caída de las leyes mediante estrategias de Concentración
Selectiva, fragmentando correctamente y descartando tempranamente el exceso de
ganga que trae el mineral, evitando grandes inversiones en concentradoras.
La generación de relaves finos podría ser radicalmente reducida.
La acción reguladora del gobierno deberá tener un foco general en la
actividad, en sus relaciones socio ambientales y en la seriedad de los
compromisos asumidos, pero, ante la operación específica de Codelco, debería
aquí ser exigida una actitud diferente, que traiga nuevamente a esta empresa
estatal al servicio del país, a través de mejores prácticas, rompiendo viejos
paradigmas, privilegiando proveedores que fabriquen localmente las maquinarias
e insumos, estimulando el uso de cobre refinado y, naturalmente, aumentando sus
aportes al fisco y al pueblo chileno.
¿Qué recomiendas a
las nuevas autoridades que asumirán el 11 de marzo?
- El primer paso es entender el real problema de la minería chilena: la
drástica caída de las leyes, que, equivocadamente, ha llevado a Codelco (así
como a las otras grandes mineras) a tratar cada vez más ganga para producir lo
mismo, triplicando los costos operacionales y reduciendo el aporte fiscal.
Lo explico en números simples:
20 años atrás, 1 tonelada de mineral de cobre extraída de la mina
generaba 10 o más kilos de cobre metálico, por ejemplo. Hoy, por la caída de
las leyes, la misma tonelada genera sólo 5 kilos de cobre metálico. Entonces,
la “minería actual” (que muchos equivocadamente defienden), pasa a extraer 2
toneladas desde la mina y duplica la planta concentradora para beneficiar todo
ese exceso de ganga y producir la misma cantidad de cobre fino de años atrás
(10 Kg), duplicando los costos operacionales, reduciendo utilidades que son
aportes al país y agrediendo desmedidamente al medio ambiente mediante la
duplicación de la generación de relaves finos.
¿Y que debería hacerse?
Fragmentar mejor y preconcentrar el mineral antes de llegar a las
operaciones más caras de la concentradoras, como se ilustra en el diagrama que sigue
Yo propondría algunas regulaciones:
• Para Mineras en Operación (proyecto Brown Field), la caída de las
leyes debe ser enfrentada preconcentrando el mineral antes de entrar a las
Concentradoras, las cuales deberían ser impedidas, por una norma precisa, a
partir de ahora y dentro de ciertos límites, de aumentar la generación de
relaves finos. La instrucción que debiera dar a una empresa en operación será
congelar los proyectos de ampliación de plantas o de nuevas plantas
concentradoras, hasta concluir estudios de preconcentración.
• Ejecutar acciones de preconcentración a seco (operaciones más simples
y económicas), descartando polvo y ganga granulada pobre, antes de esta entrar
a las operaciones húmedas y caras del proceso, permitiría mantener la planta
concentradora con el mismo tamaño y concepto original, preservando el medio
ambiente. Si cae la ley, se debe recuperar la calidad del mineral mediante
acciones de preconcentración.
• Para Nuevos Proyectos (Green Field), el mineral alimentado a las
operaciones a húmedo de la planta concentradora deberá tener una ley de cabeza
mínima (a definir en una norma técnica complementaria). Esta ley de cabeza
mínima podrá ser alcanzada mediante operaciones de preconcentración a seco del
ROM. Podría también definirse el valor mínimo de 1% para mineral de Cobre y de
2 a 3 g/t (o más) para mineral de Oro, por ejemplo.
• Pirquineros debieran entregar mineral con ley mínima o superior en
plantas de ENAMI y ésta pagar por el preconcentrado. ENAMI podría ejecutar la
preconcentración a seco y devolver la ganga al pirquinero, para que este la
lleve de vuelta al local de origen
¿Con estas medidas
que significan racionalizar la renovación de plantas y equipos gigantes, se enfrentaría
un seguro reclamo y presión de las corporaciones que venden esos equipos, pero
se podría, además de reducir costos operacionales reducir el impacto ambiental,
el consumo de agua y la polución aérea?
La Razón.cl 18 febrero 2022.
Periodista Hernán Narbona Véliz, Corresponsal en Región de Valparaíso
jueves, febrero 17, 2022
Hacia una Economía Circular
domingo, febrero 13, 2022
DEFENSORÍA CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS Y LA NATURALEZA ¿Por qué se generó esta propuesta transversal desde la sociedad civil?
DEFENSORÍA CONSTITUCIONAL DE
LOS PUEBLOS Y LA NATURALEZA
¿Por qué se generó esta
propuesta transversal desde la sociedad civil?
La propuesta de una Defensoría
Constitucional de los Pueblos y la Naturaleza, que 21 organizaciones de la
sociedad civil presentamos el 22 de diciembre ante la Convención Constitucional
logró el patrocinio de 9 convencionales, lo que permitirá su debate. A efectos
de propiciar desde la sociedad civil un conocimiento cabal y un seguimiento
ciudadano a esta propuesta, dejamos, como gestores coordinadores de la misma,
esta columna de opinión en las redes sociales.
La Nueva Constitución que se
está generando en la Convención Constitucional consagrará un catálogo de
Derechos, pero, simultáneamente deberá establecer las formas concretas para
poder garantizar tales derechos.
Nuestra propuesta no entra a
la discusión del catálogo de derechos, sino que apunta a lograr que la
Constitución pueda, en su sala de máquinas, crear un organismo que vigile el
respeto y fiel cumplimiento de la norma constitucional, en materia de Derechos
Humanos, Sociales, Ambientales y de la Naturaleza. La misión de la Defensoría será
evitar que tales derechos queden en letra muerta, al asumir la fiscalización de
los demás poderes del Estado y de los agentes económicos privados que actúen en
el ámbito de esos derechos.
En estos términos, nuestra propuesta significa
un cambio histórico en la concepción clásica del Ombudsman escandinavo,
toda vez que éste está concebido como un organismo unipersonal, nombrado por el
Ejecutivo con anuencia del Parlamento, lo que limita esencialmente su autonomía
y legitimidad. Mal podría ese Defensor controlar o fiscalizar a quien lo designa.
Por otra parte, sus funciones han sido de mediación y buenos oficios, en aras
de una supuesta “autoridad moral”.
En definitiva, la experiencia
muestra evidencias cercanas, donde ese Defensor es cooptado por los gobiernos
de turno como una entidad irrelevante y decorativa que sirve como
pacificador social y, mediáticamente, para lavar la imagen de gobiernos autoritarios.
Es lo que no queremos para Chile, porque están a la vista los penosos resultados
del INDH frente a la explosión social de octubre 2019 y la represión
consecuente, en donde se manipularon cifras de víctimas de daño ocular, se
restringió la calificación de los casos de abusos, llegando a un repudio
extendido de la opinión pública por la obsecuencia demostrada frente al
gobierno. En el mismo orden de ideas, tenemos el caso patético de los abusos a niños
en el SENAME, donde la Defensoría de la Niñez, pese al esfuerzo personal de su Directora,
no ha logrado llegar al fondo de un sistema donde los derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes se han mercantilizado y el abuso sigue ocurriendo en total
impunidad.
Para asegurar que se instale
en Chile una sincera cultura de respeto a los DDHH no sirven entidades
temáticas febles, sin autonomía, facultades ni presupuesto adecuado. Eso sólo le
sirve a los gobiernos para demostrar a nivel internacional que se está haciendo
algo. Es lo mismo que un Servicio Nacional del Consumidor que funciona como
amortiguador de reclamos, con mediaciones inconducentes que jamás han logrado
denunciar delitos económicos contra los consumidores. Por todo lo anterior, lo
que se propone es un organismo permanente y autónomo de la administración de
Estado que tenga una función fiscalizadora del cumplimiento y respeto a las
normas constitucionales y las derivadas de tratados internacionales, en materia
de derechos humanos.
Al inicio de este siglo se
creó una ONG para impulsar el Defensor del Pueblo en Chile en el sistema
público y siempre los intentos quedaron en vía muerta o bien fueron
tergiversados, dándoles un carácter de oficina de reclamos y orientación a las
personas que reclamaran. Una oficina sin ninguna atribución real para ejercer
cambios de conducta en situaciones reclamadas. En perspectiva, hemos entendido
que jamás el modelo iba admitir un organismo que lo fiscalizara en serio. Esas
experiencias del Ombudsman en Chile fueron frustrantes. Como también lo ha sido
su rol decorativo en España o Colombia. Defensores unipersonales, sin
atribuciones efectivas, son un lavado de imagen para el poder político de
turno, por más se busque justificarlos como “los hombres buenos”, con “carisma”,
funcionales al statu quo.
Persistir en un Ombudsman,
defensor del pueblo, unipersonal, decorativo, manteniendo otras defensorías
temáticas parciales, significa, además, no entender que los Derechos Humanos son
integrales y existe un principio de indivisibilidad respecto a ellos. La
persona, por otra parte, no puede separarse de la Naturaleza, como tampoco
puede separarse el agua de la tierra o la cultura de la natura. La cosmovisión
que está en el fondo de nuestra propuesta reivindica en la nueva Constitución
una relación inseparable del ser humano con la naturaleza, sus ciclos y sus
ecosistemas. La defensa de la Vida se expresará en este organismo nuevo y
permanente del Estado, teniendo a su cargo, de manera vigilante, científica,
multidisciplinaria, todo el espectro de derechos garantidos en la constitución,
con una visión inter generacional, de largo plazo.
La Defensoría de los Pueblos
y la Naturaleza que se propone es integral y sistémica, pues, abarca la defensa
de todos los derechos incorporando los derechos de la naturaleza, en una
connotación adelantada que se hace cargo de la cosmovisión de los pueblos
originarios, en donde no hay una separación entre la actividad del hombre y la
armonía con la naturaleza; el respeto a la vida en todos sus aspectos es
fundamental y esto sintoniza con la crisis climática que está viviendo el
planeta y que afecta gravemente a Chile.
Pero, además, la propuesta tiene
racionalidad orgánica y económica. Primero, porque este organismo profesional
será legítimo en su dirección, a cargo de Consejeros Regionales de las
Defensorías, generados por elección popular; y, segundo, como organismo
permanente, tendrá una planta de funcionarios, generada por concurso público con
la incorporación de los funcionarios de los organismos que serán incorporados
por la Defensoría. En los conversatorios sostenidos a lo largo de décadas, se
han recogido todos los aportes y miradas, lo que permite asegurar viabilidad
para lograr cimentar este nuevo organismo en la futura institucionalidad. A
partir de los territorios se podrá elegir el Consejo Directivo Nacional y esto
es profundamente democrático, totalmente transparente y evita que la gestión
pueda ser influida desde los otros poderes, cuestión que no ocurre con el Defensor
unipersonal, que puede ser cooptado por grupos de presión o por el poder que lo
designa.
La propuesta de Defensoría Constitucional
de los Pueblos y la Naturaleza sintoniza perfectamente con la concepción de un Estado
Regional, Pluricultural y Plurinacional, en donde la gestión se lleve en el
ámbito del territorio, con una interrelación permanente con las organizaciones
que eligen a los Consejeros Defensores territoriales.
Finalmente, en su misión de
alcanzar en la sociedad chilena una cultura de respeto irrestricto a los
Derechos Humanos, Sociales, Ambientales y de la Naturaleza, la Defensoría tendrá una misión educativa y la
facultad para dictaminar la correcta aplicación por parte de los organismos
públicos, de las normas en estas materias, vale decir, velar por una coherencia en las resoluciones e instructivos,
impidiendo que la discrecionalidad administrativa haga perder el espíritu de
dichas disposiciones constitucionales.
Que el organismo sea autónomo
y tenga una capacidad de funcionar como organismo permanente del Estado, significa
que tendrá personería de Derecho Público, con patrimonio propio, con una Ley
Orgánica que la propia Constitución enmarque en ciertos principios, para
asegurar que se respete su concepción constitucional. Racionalmente, se postula
generar un sistema de defensoría potente, autónomo, con facultades
fiscalizadoras, que absorberá las actuales defensorías temáticas, las que serán
áreas funcionales dentro de la nueva orgánica. Se busca, precisamente,
encasillar a ese personal que ha venido trabajando en forma precaria, en esta nueva
Defensoría potente, incorporados a una planta funcionaria a través de un
concurso, con cargos servidos en propiedad, en los que podrán gozar de fuero y
de expectativas de carrera funcionaria, de lo cual hoy carecen. Con esto se asegura
la autonomía e independencia frente a las presiones políticas de cualquiera de
los demás poderes del estado o de otros poderes fácticos.
Por eso, cuando hablamos de Defensoría
Constitucional de los Pueblos y la Naturaleza, hablamos de un sueño colectivo
que parte desde la cosmovisión de pueblos que construimos paz social, en
territorios que recuperan armonía con la Naturaleza; de la racionalidad de una orgánica
legítima, transparente y democrática; de un presupuesto viable, de una misión
con basamento científico, ético y político. Por lo tanto, creemos que es el
camino que Chile deber seguir, sin desviarse hacia alternativas que sigan
ofreciendo una débil y manejable institucionalidad.
Si decidimos por esta
Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza, estaremos generando un hito en los
procesos de profundización democrática. Chile marcará un camino de empoderamiento
de la sociedad civil. Para que otra era avance y que las nuevas generaciones
puedan recuperar la armonía con la Naturaleza en todo su esplendor y como parte
consciente de ella.
Hernán Narbona Véliz, Administrador
Público, Secretario Mesa Coordinadora DDHH Valparaíso, Periodista, Corresponsal
Diario La Razón.cl,
Juanita Fernández Álamos, Médico
Cirujano, Asesora de MUZOSARE, Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia,
Activista Social DDHH, Ambientales y de la Naturaleza.
Valparaíso, 13 de febrero de
2022
jueves, febrero 10, 2022
Doña Tere y Don Agustín contra la Convención
Doña Tere y Don Agustín contra la Convención
Hemos conocido esta semana
de los insultos que Teresa Marinovic hizo a la Convención y a los
convencionales, en el exabrupto que llenó las redes sociales. Por otro lado, a
través del Mercurio, Agustín Squella ha salido, una vez más, pontificando
acerca de la necesidad de reflexión y autocrítica en la Convención.
Qué duda cabe que los poderes
fácticos e institucionales están histéricos. El proceso constituyente enfrenta la
procacidad visceral de un personaje que está ahí con la misión de destruir lo
que se haga; y, simultáneamente, está recibiendo los embates del gatopardismo
ilustrado, que presiona por mantener los pivotes del sistema intocables, con la
complicidad, en ambas situaciones, de los medios oficiales, la prensa, radio y televisión
de propiedad de los grupos económicos.
El efecto es que los medios
instalan el escándalo y lograr quitarle atención a los avances y acuerdos que
se van logrando en las distintas Comisiones y que comienzan a esbozar ese país
por el cual se manifestó en las urnas el 80% de la ciudadanía. La tergiversación cotidiana de los hechos no es
casual, sino articulada y metódica, sirviendo abiertamente a los intereses de
sus dueños.
Aparece engolada y mercurial la
petición de autocrítica de Agustín Squella, todo apuntando a dejar en tela de
juicio la redacción de principios que formulan nuevas relaciones
interculturales, aspirando al respeto a la Vida, a la Naturaleza y sus
ecosistemas. Con su posición de soberbia y el respaldo permanente del Mercurio,
Squella se suma con una procacidad de fondo, elegante pero igualmente grosera,
a poner en tela de juicio los debates de la Convención, buscando manipular a la
opinión pública, desprestigiando tales acuerdos porque atentan contra los
poderes instituidos. Al final, las dos situaciones demuestran que hay
convencionales insertos con el solo fin de frenar los acuerdos sociales, admitiendo
cambios cosméticos, que preserven el neoliberalismo, cambios para que nada
cambie.
Los grupos económicos, la Corte
Suprema, el Senado, el Tribunal Constitucional, han expresado con descaro su
preocupación frente a los avances soberanos de la Convención. Cuando se toma
acuerdo a nivel de Comisión de la necesaria anulación que se debe hacer al Código
de Aguas para poder considerar al Agua como un derecho humano y un bien de uso
público, salta Ignacio Walker rasgando vestiduras e invocando un Plan B, que
sería a todas luces sedicioso, porque sería patear el tablero y volver a
nostalgias golpistas. En su columna de opinión, en el Mostrador, el constituyente,
Patricio Fernández Chadwick, siembra dudas, planteando el supuesto desorden que
habría en la Convención, dejando esa suspicacia negativa que, en definitiva,
sirve a los del Rechazo.
Definitivamente, la élite se
atrinchera y no asume que la ciudadanía se pronunció por cambios profundos al
modelo y, a medida que se van estructurando acuerdos para una nueva forma de
relacionarnos como sociedad, salen descontrolados a sacarles la madre a los
convencionales o a llamar desde El Mercurio a la sensatez, al orden, a la autocrítica.
Los poderosos salen a expresar, sin tapujos, su profundo sentir, que es defender
a toda costa sus privilegios. Los episodios comentados, el de doña Teresa y don
Agustín, son parte de una estrategia, para frenar el avance del cronograma, ralentizando
el proceso de toma de decisiones, con distractores mediáticos que no permitan
el debate cívico ciudadano, sino sembrar la chimuchina y dentro de ella, la
mentira.
La Convención tiene que defenderse de quinta
columnistas que fueron instalados en ella por la ultraderecha o la ex
Concertación, con ánimo gatopardista. A medida que se avanza, se van explicitando
posiciones, se va viendo quien atornilla al revés o quien cae en el juego
mediático farandulero. Pero, pese a todo, se va avanzando, llegándose con
distintas aproximaciones a puntos medulares y transversales. El proceso
colectivo fluye con legitimidad y legalidad. Nadie cae en la trampa de que
pudiere haber más plazo, nadie se distrae con circos preconstruidos por los
operadores mencionados.
Debemos salir de la trampa
mediática que tergiversa y distrae. El poder instituido tratará de evitar que
nos movilicemos y que sigamos actuando con actitud vigilante. Autoconvoquémonos
de manera colaborativa, en un compromiso militante por la nueva constitución, todos
los ciudadanos, periodistas, comunicadores sociales, medios alternativos, para
ir conociendo y apoyando cada paso que se dé, para preparar intensamente un
Apruebo Informado. Tenemos la convicción de poder sentar los cimientos para un
país diferente, entendiendo que ello será protagonizado por las nuevas
generaciones. Por eso, la desinformación debe ser neutralizada con la acción proactiva
de los colectivos, de las mayorías. Próximamente en nuestros sindicatos,
cabildos y organizaciones sociales tendremos a convencionales para conversar y
comprender cada párrafo que se vaya acordando. Debemos centrarnos en lo
importante: el plebiscito de salida.
La Convención Constitucional debe
ponerse anteojeras y tapones en los oídos para que nada la distraiga de su
cronograma.
Hernán Narbona Véliz, Corresponsal Diario La Razón.cl, 10 de
febrero, 2022
Una mirada libre a nuestro entorno.
domingo, enero 30, 2022
Gobierno de Gabriel Boric, la participación es la clave
domingo, enero 23, 2022
Volver de nuevo la vista a la integración regional
Volver de nuevo la vista a la integración regional
En el
umbral del gobierno de Gabriel Boric, es oportuno rescatar experiencias exitosas
de cooperación regional, en especial con la Argentina, generando una nueva
impronta de cooperación bilateral, en sintonía con la descentralización y el
nuevo Estado Regional que se postula desde el proceso constituyente en marcha.
En el
ánimo de generar conversaciones que vayan nutriendo nuevas relaciones con
nuestros vecinos, quiero dejar este registro de una experiencia generacional de cooperación,
vivida desde la sociedad civil y los territorios.
La Argentina de Cámpora acogió
una importante corriente de chilenos perseguidos por la dictadura a partir del
73, que debieron salir del país, en búsqueda de refugio y seguridad. Fue una
mano fraterna que permitió salvar muchas vidas, estableciendo una red de protección
que permitió a miles de compatriotas partir desde Buenos Aires a Europa, Canadá,
Australia. Pero, en junio de 1974 moría
Perón y se precipitaba un negro período que llevaría en 1976 a una sangrienta
dictadura, en una doctrina de exterminio que cubrió todo el cono sur.
Fui un inmigrante en ese tiempo y
viví más de 7 años en Buenos Aires. Como todos los argentinos viví la negra
época de la dictadura, esquivando sus zarpazos. De ese inicio familiar nos
quedó nuestra hija del medio, nacida en Palermo. Desarrollé mi vida profesional
con éxito, nuestros hijos vivieron su primera infancia en torno al jardín botánico, al zoológico.
Cursé mi postítulo en Relaciones Internacionales en la Universidad del
Salvador, allí en el barrio de Once. Se generaron lazos imborrables, siguiendo
de cerca la realidad que los medios ocultaban. Chile y Argentina habían vivido
la casi guerra de 1978, etapa que viví en Buenos Aires percibiendo la escalada belicista
desde la city porteña por donde trabajaba. Cuando
la economía trasandina se vino abajo con la recesión del Ministro Martínez de
Hoz, antes de la guerra de Las Malvinas, con mi familia decidimos volver a
Chile, viviendo un duro reinicio local, ya que comprobé que formaba parte de
las listas negras de la dictadura, a quienes se nos prohibía trabajar en
nuestra área profesional. Diversificando proyectos y en medio de la profunda crisis
económica de 1982, me pude insertar en la vida académica y, en paralelo, comencé
a escribir libros técnicos en Comercio Exterior y Aduanas, lo que me abrió
espacios en la academia como profesor de la Escuela de Ingeniería de Transporte
de la entonces Universidad Católica de Valparaíso, desde 1983.
En 1985 se firmaba el Acuerdo de
Paz Perpetua entre Chile y Argentina, luego de los buenos oficios del Papa y su
delegado, el Cardenal Antonio Samoré. Con ese tratado se consolidaba una paz
que nunca debió verse amenazada.
A fines de 1985, viajé a Mendoza
para conocer del proceso de recuperación democrática que estaba ocurriendo. En
esa visita, lo oficial fue conversar con el Rector de la Universidad Nacional
de Cuyo, poeta y amigo, Luis Triviño,
primer Rector en democracia. Le propuse esa tarde la idea de formar una red de
universidades, de Cuyo y la V Región, que se comprometieran con la integración
entre nuestras regiones. Asumíamos la realidad política de un Chile que aún
luchaba por recuperar la democracia y una Argentina que en suerte ya lo había
logrado, después de la tragedia de las Malvinas. Luis esa misma tarde me llevó a
un Instituto de corriente peronista, el Insteco, donde me presentó a Rodolfo
Gabrielli y seguidamente a José Octavio Bordón, entonces Gobernador de Mendoza
y quien fuera Embajador de Argentina en Chile, pero entonces, simplemente el “Pilo
Bordón”.
Rápidamente surgió el proyecto y
regresé a Chile a plantearlo al Rector Juan Enrique Froemel, quien respaldó mi
iniciativa y formalizó la creación del Consejo Académico de Integración Chileno
Argentina, del cual fui el Secretario Ejecutivo. Se sumaron las universidades
de Valparaíso, Playa Ancha, la Federico Santa María. Del lado argentino se
organizó un capítulo que agrupaba a todas las universidades de Cuyo, tales como
la Champagnat, la Congreso, la Aconcagua, el Insteco y la UNC. El resultado de
esta aventura fue la realización de sendas Jornadas por la Integración Chileno
Argentina que se realizaron en Viña del Mar y en Mendoza, en un hecho político
sin parangón histórico, ya que, por primera vez, se articulaba un eje de
cooperación a nivel de regiones y no por la vía de las capitales.
170 empresarios, políticos y
académicos debatieron en el Hotel O’Higgins de Viña del Mar por más de una
semana. La integración física, el corredor bioceánico, la integración cultural,
la complementación de las dos economías, fueron algunos de los temas tratados.
Al proyecto se sumaron las federaciones de estudiantes y surgió una dinámica
que tuvo diversos canales. Y, lo más trascendente, por primera vez un
Gobernador de una Argentina democrática, José Octavio Bordón, compartía testera
con un Intendente Regional del régimen militar, el Almirante Pablo Wunderlich,
quien había tenido un rol importante en la crisis de 1978. Los caminos de la
paz y la democratización regional se abrieron con la mirada de futuro que
construimos a partir de esta experiencia. El hecho fue relevado por las
Cancillerías de ambos países y marcó un hito en la integración micro regional.
Con el advenimiento de la
democracia en Chile, las cosas volvieron a su realidad centralista, pero en la
retina de una generación quedó esa experiencia en donde universitarios,
académicos, políticos de diverso signo, empresarios, se comprometieron con la
paz y la colaboración en este eje de integración, que tiene un destino de integración
física común.
Posteriormente, la vida me llevó
a reencontrarme con la Argentina trabajando como Consultor del Centro
Interamericano de Comercialización de la OEA, desde donde pude colaborar con
cámaras de comercio y universidades de diversas regiones, en especial Entre
Ríos, Tucumán, Córdoba, La Rioja. En Chamical, localidad de la Rioja, en una
ocasión expuse sobre el rol de los medios de comunicación en los procesos de
integración. En la mesa académica como anfitrión del Encuentro estaba Carlos
Saúl Menem, con su mejor pinta de Facundo Quiroga, antes que viniera a recibir
las llaves de la ciudad de Valparaíso en los noventa, cuando ya lo hizo con un
look de yuppie. Durante el gobierno de Aylwin, creamos en Valparaíso el
Instituto Chileno Argentino de Cultura.
Entre el 2007 y el 2013, mis
lazos con Argentina se centraron en el eje de ATACALAR, proyecto de integración
en el que participan la región de Atacama, por el lado chileno, y las
provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba, por
el lado argentino. Por 7 años viví esa experiencia, fundamentalmente impulsando
desde la Aduana chilena, el eje que cruza por los pasos de Pircas Negras y San
Francisco.
Como lo decía Raúl Scalabrini
Ortíz, fui ese hijo adoptivo de Buenos Aires, que se acodaba en Corrientes y
Esmeralda a contemplar la vida, con esa filosofía particular del citadino que
recrea sus lecturas y sus sueños, encontrando espacios generosos en la
Argentina. En distintos momentos, la idea fuerza libertaria de la integración
por la base fue consolidándose como mirada al barrio, América.
Por ello, levantar nuevamente la vista a la colaboración,
a la unidad de propósitos, debiera significar el rescate de estas experiencias
que han sido iniciativas de la sociedad civil, cámaras empresariales,
universidades, organizaciones estudiantiles y sociales, actores políticos. Para
capitalizar en la mirada democrática de los nuevos tiempos, el largo derrotero
que nuestros pueblos han desarrollado a lo largo de nuestra extensa frontera.
Pensar en que se pueda hacer
realidad a breve plazo el sueño de Gobernadores democráticamente electos, a las
dos puntas del camino, resulta emocionante. Con regiones en Chile empoderadas
se podrán construir proyectos pertinentes de colaboración horizontal a nivel de
Comités de Fronteras, lo que marcará un cambio cualitativo frente a la mirada
centralista que ha imperado hasta la fecha.
Para poder planificar, en alianzas
estratégicas, complementación energética, turismo, intercambio cultural, joint
ventures en servicios, espacios micro regionales de tráfico fronterizo, entre
otros espacios de colaboración. Tal como lo viviéramos en el eje Cuyo Valparaíso
con el CAI. Consejo Académico de Integración, donde se llegó al diseño de
programas educativos en complementación.
Espacios actuales y urgentes para
cimentar un respeto a la naturaleza, erradicando la depredación de los glaciares y
desmantelando las hipótesis de conflictos vía cooperación, con roles proactivos
de la sociedad civil y los territorios.
Soplan aires de cooperación en
una nueva era y con una savia joven que trae la misión de salvar el planeta, se
podrá superar las divisiones inventadas por intereses foráneos, que dividen
para reinar.
Esta tribuna del diario La Razón.cl nos permitirá seguir conversando, rindiendo su
merecido reconocimiento a los pioneros y motivando a los jóvenes para que
profundicen este acercamiento cultural, con el ánimo de colaboración y
complementación innovadora, por encima de los gobiernos, en esa dinámica que es
de sangre, de hermandad, de música y poesía. Por todo este cúmulo de recuerdos,
iniciemos nuestras conversaciones. La memoria debe ayudar a iluminar un futuro
común, de aprendizaje y hermandad.
